Los familiares de Filomena I. C., encontrada sin vida en un departamento de un edificio en la zona de Sopocachi, el 26 de diciembre de 2024, protestaron este martes en puertas de la Fiscalía Departamental de La Paz.

Argumentaron que el tipo penal debe ser feminicidio y no violencia doméstica, acusación por el que fue imputado el concubino por el Ministerio Público.

El 26 de diciembre, vecinos reportaron a un hombre con intenciones de lanzarse desde la cornisa del piso 15 de un edificio. Personal de Bomberos y la Policía llegaron al lugar, logrando asegurar al sujeto mediante una operación de salvamento desde el piso 16. 

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Cuando ingresaron al departamento del individuo se encontraron con el cuerpo inerte de una mujer.

La Policía y la Fiscalía presumieron que se trataba de un nuevo caso de feminicidio, pero los resultados de la autopsia legal determinaron que la mujer falleció a causa de una broncoaspiración.

Sin embargo, los hematomas en las extremidades superiores de la mujer, que tenían una data de antes de su fallecimiento, motivaron la aprehensión del concubino, Marcelo T. M., a quien se le abrió una investigación por el delito de violencia familiar o doméstica. 

A requerimiento del fiscal, esta tarde se realizará una audiencia de inspección ocular con el fin de contar con mayores elementos de convicción.

La inspección ocular está programada para las 16.00 en “en el lugar de los hechos”, ubicado en la zona de Sopocachi.

En medio de la polémica generada tras el anuncio de la Alcaldía de La Paz de iniciar procesos penales contra los concejales que buscan restituir las tarifas del transporte, la presidenta del Concejo Municipal, Lourdes Chambilla, afirmó que no se “doblegará” ante las amenazas judiciales.

El Ejecutivo edil señaló que los concejales usurparon funciones del alcalde Iván Arias y que la ley es «totalmente inconstitucional e irregular».

“Tengo bien amarradas mis polleras, no me voy a doblegar. Voy a continuar; no me van a amedrentar con denuncias ni con procesos”, declaró Chambilla este miércoles en conferencia de prensa.

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Concejo

Además, aseguró que, de no recibir el apoyo necesario del alcalde Arias para promulgar la norma que restituye las tarifas a los niveles de 2016, ella misma impulsará y promulgará la ley, aun sabiendo que ello la podría llevar a cumplir alguna condena.

El pasado 5 de marzo se aprobó la ley para «congelar los pasajes», en rechazo al incremento autorizado por la Alcaldía por el cual las tarifas pasaron a Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largos.

La controversia radica en que la Alcaldía acusa a los concejales de usurpar las funciones del alcalde, quien es el único facultado para establecer el precio de los pasajes, mientras que Chambilla sostiene que su propuesta se limita únicamente a congelar las tarifas vigentes en 2016, sin realizar ningún ajuste.

En este contexto, la presidenta del Concejo critica la lentitud del trámite, responsabilizando a la Secretaría del Concejo por la falta de avance y claridad en el proceso legislativo. La Alcaldía realizó las observaciones a la ley el pasado viernes y recién se pronunció oficialmente el martes, señalando que no se promulgará la ley porque es contraria a la Constitución.

“Si tengo que ir a la cárcel a dormir con mi familia, lo voy a hacer por defender a la ciudad de La Paz”, afirmó Chambilla.

La concejal remarcó que su compromiso es con el bienestar de la población y la defensa de una política de transporte justo y accesible para todos los ciudadanos.

Cuando se conoció la ley aprobada por el Concejo, los transportistas advirtieron con movilizaciones y con defender las nuevas tarifas que se acordaron tras varios meses de trabajo con la Alcaldía y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Entre 2024 y 2025, todas las ciudades capitales niveleron sus tarifas de transporte público, debido a que los conductores argumentan que el costo de vida se encareció y las ganancias cada vez alcanzan para menos.

La Intendencia Municipal de La Paz realizó un operativo este miércoles en la calle Tarapacá de la zona Garita de Lima, decomisando 35 pollos que se encontraban expuestos directamente en el piso y sin el carnet de manipulación de alimentos.

Las autoridades señalaron que el producto presentaba signos de «contaminación física» y posible descomposición, aunque los comerciantes negaron que la carne estuviera en mal estado. 

Miguel Rivero, secretario general de la Asociación de Comerciantes de Pollo de La Paz, reconoció que los animales no cumplían con las normas de higiene al estar en contacto con el suelo.

«Ningún pollo puede estar así; debe tener una base. Por eso se procedió al decomiso, pero el producto no estaba descompuesto», aclaró. 

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Intendencia

El operativo se realizó en conjunto con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, además del Control Social. Durante el verificativo también se evidenciaron que, de los 25 puestos revisados, tres contaban con balanzas en mal estado y modificadas.

De acuerdo con la Intendencia, al momento del decomiso y del cierre de uno de los puntos de venta el personal fue agredido físicamente, por lo que se iniciarán los procesos legales correspondientes.

El operativo también incluyó la verificación de listas de precios para evitar especulación. Según los vendedores, el kilo de pollo bajó a Bs 18, y el abastecimiento se normalizó tras restablecerse las vías afectadas por las lluvias entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que la reducción en los precios de pollo, res y otros alimentos responde a la mejora climática, la disminución de conflictos y el diálogo promovido por el Gobierno para que los comerciantes no intenten ganar más a costa de la población.

La Paz se abastece principalmente de pollo producido en Cochabamba y Santa Cruz. La intervención municipal señaló que estos esfuerzos por garantizar salubridad y control de precios en mercados son clave para el acceso a costos justos y productos seguros para los consumidores.

Tras la declaratoria de emergencia departamental en Santa Cruz, la gobernación cruceña exhortó al Gobierno central la provisión regular de combustible para afrontar la crisis derivada de las inundaciones y riadas.

El director de Gestión de Riesgos de la Gobernación, Jhonny Rojas, demandó la atención del Gobierno para el abastecimiento regular de diésel y gasolina con el fin de llegar con maquinaria pesada a todos los municipios y poblados que la necesiten con urgencia.

“Hemos solicitado al Gobierno que nos provea de combustible de inmediato para atender a estos municipios y poder desplazar la maquinaria y equipo pesado a las diferentes zonas”, señaló Rojas a la Red Unitel.

El martes, Santa Cruz se declaró en emergencia departamental debido a la afectación por inundaciones, riadas y deslizamientos.

Seis municipios cruceños se declaran en situación de desastre: Pailón, Lagunillas, Cuatro Cañada, Ascensión de Guarayos, San Julián y Moro Moro.

Cuatro en emergencia departamental: El Puente, Yapacaní, Okinawa y Camiri.

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Inundaciones

La Gobernación recomienda a las personas y empresas que realizan actividades al borde de los ríos a levantar esas tareas. Porque están en peligro, ya que los pronósticos del clima no son alentadores.

“Con la declaratoria de emergencia nosotros vamos a poder movilizar maquinaria y equipo pesado tanto del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). Como del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Rio Piraí (Searpi). También la Unidad de Rescate de la Gobernación a solicitud del municipio de Pailón para seguir evacuando a las familias anegadas (sic)”, acotó Rojas.

Además, el Sedcam ejecuta trabajos de emergencia en la ruta Samaipata – Valle Abajo para restablecer el paso, afectado por derrumbes a causa de las intensas lluvias.

Entretanto, la lluvia que cayó sobre la zona oriental del país afectó con severidad a varias localidades del municipio cruceño de Cotoca. Entre ellas Puerto Pailas, cuyos barrios quedaron bajo el agua ante las intensas precipitaciones pluviales de los últimos días y el desborde del río Cotoca.

Cochabamba atraviesa una emergencia sanitaria debido a la acumulación de 2.800 toneladas de basura sin recolectar en calles, mercados y áreas verdes, producto del bloqueo al ingreso del botadero de K’ara K’ara.

La medida, iniciada el sábado por vecinos de la zona sur, cumple cinco días sin avances en las negociaciones entre autoridades y manifestantes, quienes exigen el cierre permanente del relleno sanitario. 

La Empresa Municipal de Aseo (EMSA) confirmó que los desechos se han convertido en un foco de contaminación, con montículos de bolsas rotas, residuos esparcidos y olores nauseabundos que afectan a comerciantes y residentes.

En mercados como La Pampa y 25 de Mayo, vendedoras de alimentos reportan pérdidas económicas debido al rechazo de clientes ante la insalubridad. «Nadie quiere comprar donde el ambiente es pestilente», lamentó una comerciante.

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Basura

La Alcaldía, por su parte, advirtió que es el necesario el ingreso de más basura para “rellenar unas celdas” y proceder con el cierre que se prometió a los vecinos en septiembre de 2024. Si no se permite el ingreso de los desechos, inclusive hay riesgo de deslizamiento, según el Gobierno Municipal.

Mientras tanto, la población recurre a depositar basura en contenedores improvisados en plazas y zonas verdes, los cuales ya han colapsado. En redes sociales se puede observar perros callejeros y aves de carroña rompen las bolsas, agravando el riesgo de enfermedades.

Aunque la Alcaldía intentó habilitar rutas alternas, los manifestantes reforzaron los bloqueos con piedras y tierra en la vía principal, impidiendo el paso de camiones recolectores. 

Los vecinos de K’ara K’ara sostienen que el botadero opera de manera irregular y contamina su entorno. «Llevamos años soportando los impactos ambientales. Exigimos una solución definitiva», declaró un portavoz de la protesta a los periodistas que verificaron la situación este miércoles.

Las autoridades convocaron a los vecinos para explicarles cómo se realizará el cierre del botadero, pero adelantaron que no es una tarea sencilla y que podría tomar hasta 12 meses a partir de la fecha. Sin embargo, destacaron que ya se hicieron las gestiones necesarias para un nuevo botadero y acelerar el proceso para inhabilitar K’ara K’ara.

El botadero de K’ara K’ara, en funcionamiento desde 2006, ha sido objeto de conflictos recurrentes por su gestión y efectos en la salud pública. Por ello, desde 2010 se inició el proceso de preclausura que debía concluir en 2024, pero se extenderá un poco más.