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viernes 14 ago 2020 | Actualizado a 13:21

Legitimidad y legalidad

/ 13 de julio de 2020 / 01:29

Giorgio Agamben en su pequeño libro «El misterio del mal» (Buenos Aires, AH editores, 2013) trata de encontrar en la renuncia del papa Benedicto XVI la excusa para cuestionar las relaciones entre legalidad y legitimidad, dos de los principios esenciales de la tradición ético política del derecho occidental.

Entendamos inicialmente por legalidad a aquello relacionado o conforme a la ley en su aspecto formal, y por legitimidad a aquel consenso voluntario para aceptar la autoridad y la ley.

Giorgio Agamben considera que la crisis de la sociedad contemporánea no es solo de legalidad sino y ante todo de legitimidad, esto quiere decir que no se trata de cuantas leyes existan o cuantas reformas a la ley se realicen sino que el problema de fondo radica en que está ausente ese consenso voluntario para aceptar la ley, está ausente la credulidad en la ley y en las instituciones que las aplican.

Una crisis que golpea la legitimidad no puede resolverse exclusivamente en el plano del derecho y en consecuencia no es un problema que convoque solo a juristas. En casos de crisis de legitimidad el derecho pierde su contacto con la realidad y empieza a experimentar un exceso de legalidad en lo formal. Dicho en otros términos, a menor legitimidad mayor cantidad de leyes, decretos y reformas y también mayor desesperación por llevar estas reformas a cabo.

En palabras de Agamben: el intento de la Modernidad de hacer coincidir legalidad y legitimidad, buscando asegurar por el derecho positivo la legitimidad de un poder, es —como resulta del indetenible proceso de decadencia en el que han entrado nuestras instituciones democráticas— absolutamente insuficiente.

Entonces, siguiendo este razonamiento, la crisis de las instituciones de justicia no es una crisis de legalidad, es decir no se soluciona con la proliferación de normas ni con la reforma legal de dichas instituciones, sino que se trata de una crisis de legitimidad. No existe el consenso voluntario para creer en el poder judicial ni en los abogados.

En consecuencia, un programa de reforma de la justicia no debe concentrarse únicamente en desarrollar más leyes, sino que debe partir con un balance de lo que es necesario para que las instituciones de justicia sean legítimas, independientes y aspiren a realizar la justicia. Es decir un sinceramiento de la justicia que se quiere. Y este no es un problema de juristas. Es más, el razonamiento de éstos los lleva a proponer más leyes y más reformas, pretendiendo que el problema es de papel.

La crisis de legitimidad es en el fondo un asunto político que tiene que ver con el uso que se hizo de las instituciones de justicia en el pasado inmediato y el que se quiere hacer hoy.

La fuerza del derecho se encuentra en la credibilidad de las instituciones de justicia.

* Farit Rojas T. es abogado y filósofo

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Misión imposible en Ecuador

/ 18 de julio de 2020 / 00:58

¿Se imaginan utilizar una vacuna que todos saben que es incapaz de curar? Según el método científico, cualquier experimento probado un cierto número de veces sin resultados satisfactorios queda refutado e invalidado. Y deja de tener sentido volver a ensayarlo.

Sin embargo, en la política latinoamericana contemporánea, esta premisa tan básica no es aceptada mayoritariamente por muchos gobiernos conservadores, que se empeñan una y otra vez en procurar hacer desaparecer una identidad política mediante un ataque sistemático por la vía judicial, mediática, económica, internacional, política y electoral contra su principal figura. A pesar de los incesantes intentos, los resultados continúan siendo infructuosos.

Entre los muchos ejemplos disponibles de esta reiterada ofuscación está Ecuador. Han sido más de tres años de persecución contra Correa: dos procesos en etapa de juicio (Balda, Sobornos) y alrededor de 30 investigaciones previas abiertas y pendientes (declaradas como “reservadas” en la propia Fiscalía); infinitas portadas y titulares en su contra; apropiación de las siglas del movimiento Revolución Ciudadana; intentos múltiples de proscripción electoral del nuevo partido (Compromiso Social); y, cómo no, no quieren permitirle que se presente como candidato a ningún cargo posible en la próxima cita electoral.

Y después de los múltiples intentos para erosionar y desgastar la figura de Correa, definitivamente no han logrado hacer que desaparezca de la centralidad de la política ecuatoriana. No aprendieron ni un ápice de la experiencia contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina durante los cuatro años macristas; se olvidaron que esa misma estrategia tuvo un efecto bumerán, que condujo al desenlace que ya todos conocen: el Frente de Todos ganando las elecciones y con Cristina como vicepresidenta.

En el caso ecuatoriano, se viene replicando el mismo manual, pero adaptado a su episteme local. Y hasta el momento la misión resulta imposible. Correa a día de hoy sigue siendo la principal fuerza electoral y política, como lo certifican todas las encuestas publicadas en el país.

En estos años, la mala administración económica empobreció a la ciudadanía; hubo gran inestabilidad institucional —hasta el punto de tener cuatro vicepresidentes en este periodo—; la deficitaria gestión de la pandemia causó muchas muertes. Y es que el sol no se puede tapar con un dedo. El fracaso del gobierno conjunto de Lenín y su Gran Alianza (partidos de la derecha, banca, grandes medios, cámaras empresariales, gobierno de Estados Unidos) no puede esconderse echándole la culpa a Correa al mismo tiempo que se le persigue judicialmente. Intentarlo es asumir que la gente es tonta y, evidentemente, esto no es así.

Muchas veces se asume erróneamente que un vaivén electoral implica que se borre totalmente la huella que deja un largo periodo de gobierno progresista. De hecho, en el caso ecuatoriano, ni siquiera Correa perdió las elecciones. Las ganó el correísmo con un programa electoral no neoliberal. La gente votó esa opción y luego fue Lenín quien tomó la dirección contraria. La mayoría ciudadana todavía recuerda con anhelo las mejores condiciones de vida en la era correísta, así como la gran transformación en cuanto a infraestructura. Seguramente no todo fue visto con buenos ojos, como ocurre en cualquier Gobierno, pero lo que sí es cierto es que el saldo de su gestión fue positivo, y aún lo es más si lo comparamos con estos años tan difíciles para la ciudadanía ecuatoriana.

Correa todavía nuclea la política ecuatoriana. Pero sabe que no estará solo en la próxima disputa electoral presidencial de febrero de 2021. Todos irán contra él. Seguramente, el fenómeno político-electoral del voto útil en su contra se activará en los últimos meses de campaña. Y por esa razón se crea un frente progresista que amplíe las fronteras que tiene el propio correísmo: Unión por la Esperanza (UNES), que aglutina un gran conjunto de organizaciones sociales, campesinas, indígenas.

La mesa está servida para decidir el futuro del Ecuador en los próximos años. A un lado, está la estrategia continuada de destrucción del correísmo sin resultados a la vista, y que ahora goza de poco tiempo para reinventarse; que debe elegir si continúa erre que erre con la “obsesión Correa” o si finalmente opta por plantear alternativas en positivo, tanto al correísmo como al desastre que ha supuesto el gobierno de Lenín Moreno. Los principales referentes de este bloque son Otto Sonnenholzner (hasta hace poco vicepresidente) y el banquero Guillermo Lasso. Y al otro lado está la coalición UNES, que es una suma de espacios progresistas, agrupados por el rechazo al neoliberalismo, en el que están el correísmo y otros muchos sectores de la sociedad.

La estrategia de invisibilizar al correísmo no solo no funcionó, sino que además lo viene transformando en un espacio más amplio.

Alfredo Serrano es doctor en Economía y director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)

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¿Cuál es nuestro límite?

/ 17 de julio de 2020 / 08:53

Mal acostumbrados a vivir crisis políticas, recuerdo que se solía decir que Bolivia siempre llega con sus conflictos hasta las penúltimas consecuencias. Luego está el histórico dato de que, antes de caer al precipicio, solemos encontrar un nuevo inicio en las urnas, yendo a votar. Y volvemos a empezar. 

Si los graves hechos de octubre y noviembre de 2019 habían ya producido un profundo shock en nuestra sociedad y democracia, ningún boliviano hubiera podido avizorar que este escenario solo podía ponerse peor con una pandemia de por medio y sus derivadas consecuencias. No obstante, incluso entonces era difícil imaginar que después de una crisis sanitaria global, podría ocurrir algo que pudiera revolver aún más este manido, cansino y prolongado conflicto político que estamos atravesando.

Pero también recuerdo que se suele decir —en un lamento entre chauvinista y fantástico— que Bolivia es el país de lo posible. Siendo así perfectamente viable que podamos encontrar la forma de agravar hasta el límite el futuro a corto y largo plazo de nuestra democracia a través de nuestras acciones propias como sociedad y las de nuestra clase política. 

Como ciudadanía, durante los últimos años, producto de la erosión a la democracia que se generaba desde nuestras instituciones políticas, hemos deteriorado al límite nuestra convivencia democrática. Nuestros otrora diálogos, con algún que otro argumento de por medio, han devenido en simplones intercambios de adjetivos que hoy, sin poder sonrojarnos ante la mirada del otro, se profieren incansablemente detrás de una pantalla, mientras nos hundimos cada vez más a fondo en nuestra propia cámara de eco. 

Y, como no, nuestra clase política que hace ocho meses había acordado encaminarnos hacia las urnas para iniciar (una vez más) un camino común de re-construcción de lo público, hoy demuestra no tener ya ni la voluntad ni la capacidad para hacerlo (probablemente lo tuvo el año pasado). Visto de esa manera, resulta casi anecdótico que los intercambios entre la ciudadanía se hayan limitado a la adjetivación y anulación del otro, cuando hemos empezado a ver como la “nueva normalidad política” consiste en una total falta de comunicación y respeto entre dos de los principales poderes que nos gobiernan. Como si la democracia aguantara realmente todo, las afrentas simbólicas y de hecho entre Legislativo y Ejecutivo se están volviendo la moneda común con el paso de los días, haciendo pedazos los resabios de institucionalidad que nos quedaban para retomar el rumbo plenamente democrático. 

Es posible que los supuestos que damos por sentado nos hacen pensar que somos una sociedad que políticamente aguanta todo. Huelga entonces recordar que también solíamos dar por hecho que nuestra democracia había tenido las décadas suficientes para cimentarse sólidamente en los valores y prácticas de su ciudadanía, las que hoy también vemos esfumarse. Quizá estas palabras están amplificadas desde el ojo de la tormenta sanitaria, política, económica y social que vivimos estos días y la historia contenga episodios aún más trágicos en sus espaldas o nos guarde muchos episodios terribles hacia adelante. A reserva de ello, es urgente que hoy nos preguntemos nosotros y se pregunte la clase política, ¿cuál es nuestro límite? Porque aunque pareciera que todo puede repararse con el tiempo, muchas veces aquello que se rompe lo hace de forma irremediable. 

Verónica Rocha es comunicadora social

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La crónica de Soledad

/ 17 de julio de 2020 / 08:39

“Para una fotografía sin nombres” es el título de la crónica con la que Soledad Domínguez ganó un premio el pasado año. A diferencia de quienes abrazan el género como valor en sí mismo, más allá de cuan anecdóticos o trascendentes puedan ser sus contenidos, a Domínguez lo que le interesa es reivindicar el valor decisivo y la calidad humana de cuatro mujeres, esposas de trabajadores mineros, que con su decisión de instalar una huelga de hambre, comenzaron a tumbar la dictadura de Banzer en 1977.

La historia de Nelly Colque, Angélica Romero, Luzmila Rojas y Aurora Villarroel es dramática, potente, desgarradora, profundamente triste, y con todas esas características queda honrada y relievada por el talento narrativo de Domínguez, que además de ejercitar una retrospectiva de las condiciones político sociales reinantes en la época, desvela una realidad que ayuda a romper con la idealidad del perfil del obrero de interior mina, y que consiste en que éste, por más rasgos de compromiso y valentía que haya sabido exhibir en su histórica lucha contra la opresión conservadora empresarial militar, forma parte de un sistema patriarcal y machista, del que no puede liberarse por más ideas progresistas que abrace puertas para afuera. 

La fotografía en blanco y negro que inspira este texto registra a esas gigantescas madres y compañeras rodeadas de sus pequeñ@s hij@s, que hicieron huelga a pesar de las amenazas represivas y de haber vivido siempre subestimadas y minimizadas por sus compañeros, en épocas en que ser varón era indiscutible y no había igualdad de género instalada en el escenario de la deliberación pública. En democracia tan patriarcal y falocrática como la nuestra, no podrían alcanzar todas las reencarnaciones posibles para guardar agradecidos en nuestras memorias, lo que significó semejante determinación de valentía y compromiso con sus familias, sus compañeros, la vanguardia minera y el país íntegro. 

Gracias a esas mujeres comenzamos a vislumbrar democracia en Bolivia, y gracias al talante para contar historias de Soledad Domínguez, la narración sobre las huelguistas mineras ya no es un simple apunte de refilón, en tanto se ha convertido en un testimonio provisto de nervio y garra en el que la riqueza temática adquiere contundencia por la calidad del relato.

Pero la otorgación de este premio periodístico literario es todavía más interesante, si examinamos con precisión quién lo confiere y quienes lo reciben, directamente la autora, e indirectamente las mujeres protagonistas de la huelga. Quien entrega este Premio Nacional de Crónica Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela es el diario propiedad del heredero-primogénito de un empresario muy cercano al dictador Banzer, Raúl Garafulic Gutiérrez, hecho al que muchos podrían calificar de justicia poética. En otras palabras, un diario hijo del banzerismo y de la derecha capitalizadora y gonista del país, termina entregándole un premio a la autora de un texto que da cuenta de la lucha popular contra Banzer, el General que entre 1971 y 1978 gobernó de facto Bolivia a punta de persecución política, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos incluidas las masacres de Tolata y Epizana en 1974. 

Para decirlo pronto y claro, un diario de orígenes ideológicos banzeristas premió hace un año a una cronista ahora preocupada por el regreso del fascismo y que en su documental “Hermana constitución” (2006-2007), refiere una serie de acontecimientos en los que las mujeres del campo popular boliviano aportaron con su combatividad a la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política que abre las compuertas al Estado Plurinacional. Para decirlo metafóricamente, el banzerismo premió desde el más allá a una documentalista y cronista de izquierda y a unas mujeres mineras  que combatieron al dictador, desde la palabra, la memoria y una acción político social como la huelga de hambre.

En homenaje a la solidez de las fuentes informativas para referirnos a personajes públicos influyentes en nuestra historia política, será bueno releer “Incestos y blindajes, Radiografía del campo político periodístico”, importante libro de investigación de Rafael Archondo (Plural, 2003) en el que se pueden encontrar significativos elementos que describen quién fue Garafulic, a propósito de la capitalización de la entonces línea aérea bandera nacional, Lloyd Aéreo Boliviano. Dicho sea de paso, en la introducción de tan riguroso trabajo, el autor cuenta cómo fue definitivamente suspendida la columna que publicaba habitualmente en éste diario, La Razón, entonces propiedad de este empresario, que fue censurada, lo mismo que le aconteciera hace algunos meses a la activista María Galindo en el diario que preside en la actualidad Raúl hijo.  

“¿Qué había de reprochable en la conducta solapada de Garafulic?” pregunta Archondo para ejecutar el desmontaje  que parte con la siguiente afirmación: “A mediados de noviembre de 2002, la adormecida opinión pública boliviana se enteró que el empresario Raúl Garafulic Gutiérrez había usado a su ex amigo y socio Ernesto Asbún como prestanombres para comprarse las acciones privatizadas del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). La ilegítima operación quedaba al descubierto gracias a la propia auto-incriminación de Garafulic, quién acudía a los  tribunales de Cochabamba para reclamar la titularidad de sus supuestas posesiones de la aerolínea.”

Además de haber escrito una valiosa crónica, y de haber rescatado del olvido y la ingratitud a esas cuatro mujeres de las minas bolivianas, Soledad Domínguez ha logrado, sin siquiera sospecharlo, que Garafulic castigue simbólicamente a Banzer con el premio que le fue otorgado, y que al cabo de medio siglo los hechos expliquen, sin necesidad de ejercitar juicios de valor, por qué estos personajes ocupan el lugar al que la historia los tiene condenados.

Julio Peñaloza Bretel es periodista

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En defensa de la memoria de Sandra Aliaga

Puede Archondo seguir entregado a la triste ocupación en la que está desperdiciando sus largos años de estudio y su talento escritural. Allá él. Pero que no se meta con un nombre que ya debería estar más allá de los odios, las miserias y los rifirrafes del periodismo nacional.

/ 16 de julio de 2020 / 23:30

Mi padre, que entonces era filocomunista, estaba preocupado por mi inminente ingreso al Partido Obrero Revolucionario de Guillermo Lora, así que pidió la ayuda de algún conocido del PCB, quien, a su vez, le pidió a uno de sus camaradas que hablara conmigo para tratar de disuadirme de dar semejante paso. Corría el año 1983 y la persona que se ofreció a cumplir ese insignificante encargo fue Sandra Aliaga. Tomamos un café en alguna de las cafeterías que estaban cerca del Monoblock, donde yo comenzaba a estudiar economía. Ella era unos diez años mayor y ya se había convertido en docente universitaria en el área de su especialidad, la comunicación social.

Como era totalmente previsible, el encuentro no logró su objetivo, pero en cambio nos hizo –por así decirlo– conscientes el uno del otro. Las ocasiones de encuentro se multiplicaron después, en especial desde que yo cambiara la economía por el periodismo y me convirtiera en un “comunicador social”, en un colega de Sandra, aunque con inclinaciones distintas a las suyas: Mientras que ella se dedicaba a la comunicación para el desarrollo, lo mío eran las salas de redacción de los periódicos y la edición de libros. Nunca fuimos amigos en el sentido fuerte del término, pero en cambio nos tuvimos afecto por nada menos que 36 años, desde ese café algo incómodo de nuestra juventud hasta diciembre del año pasado, cuando Sandra falleció prematuramente.

Como quienes la conocieron pueden confirmar, era una persona amable y benigna, y fue una precursora en muchos campos. Se merece un recuerdo agradecido o al menos compasivo, y sobre todo no se merece eso que en este momento le está haciendo Rafael Archondo a su memoria, con una reiteración que no permite pensar en el descuido o la casualidad, y que indigna por su malicia y su simultánea puerilidad.

Archondo anima un blog con muchos lectores llamado La Hache Parlante, que se dedica principalmente a la chismografía sobre periodistas y políticos. Ahora mismo está empeñado en una campaña contra los propietarios, gerentes y directores de La Razón, tratando, como se dice, de “hacer leña del árbol caído”. Pues bien, tal es su negocio y no tiene caso objetarlo. Cada uno sabe a qué dedica su breve tiempo sobre la tierra. Sin embargo, no sería correcto permitirle desmanes contra una persona estimable y que no tiene la posibilidad de defenderse (y que, por otra parte, está visto que nadie más va a defender en este tiempo de miedo y de calculados reacomodos políticos y periodísticos).

Como buen cultor del sensacionalismo, Archondo presenta un hecho normal y hasta trivial —que Sandra Aliaga fuera parte del directorio de La Razón— como la prueba —descubierta primicialmente por La Hache Parlante, claro está— de que aquel periódico estaba al servicio del vicepresidente del anterior gobierno, Álvaro García Linera. Este hecho puede ser cierto o no, no interesa para lo que aquí tratamos. Lo que cuenta es que la presencia de Aliaga en el mencionado Directorio no conduce a esta conclusión, y sugerirlo, como hace Archondo, es INJURIOSO.

Archondo menciona los nombres de los miembros del Directorio de La Razón en 2019 y luego hace esta pregunta: “¿Qué tienen en común estos nombres? Sin duda alguna, su afinidad de larga data no solo con el gobierno del MAS, sino sobre todo con el entonces vicepresidente Álvaro García Linera”.

“Sin duda alguna” una mentira, al menos en lo que se refiere a Sandra Aliaga, que no era “muy cercana” a García Linera, como señala Archondo en otra parte. Pero, ojo, que no estamos hablando de una simple imprecisión. Archondo NECESITA que Aliaga sea “alvarista” para poder sostener, acto seguido, que el exVicepresidente controlaba La Razón A TRAVÉS DE ELLA (y otros). Aquí ya entramos en el terreno de la difamación.

Sin duda Sandra simpatizaba con el gobierno de Morales, aunque con críticas que no se callaba. Esta es una cosa. Otra muy distinta, decir que era la operadora de este gobierno en La Razón. Y también resulta muy distinto decirlo no solo una vez, sino reiteradamente, ensañándose con una colega que acaba de fallecer y que no puede decidir, como los otros aludidos, si quiere contestar o no.

Resulta especialmente desagradable el reciente artículo de Archondo (“La separata/ El fallo”) sobre un veredicto del Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas, que presidía Sandra, en torno a una separata de la Vicepresidencia contra Página Siete aparecida en La Razón: “El diario agredido, Página Siete –dice Archondo–, recurrió un mes más tarde al Tribunal de Ética Periodística presidido por Sandra Aliaga y conformado por otras cuatro personalidades. La queja fue desestimada por los tribunos. Aliaga no firmó el fallo. La Razón cantó victoria de inmediato. Se convalidaba el derecho de cualquier medio a circular textos y fotos del cliente que pudiera pagarlo… Lo que muy pocos sabíamos entonces era que García Linera mandaba en La Razón…»

¿Por qué Archondo trae a colación este hecho, que no tiene ninguna actualidad, resulta intrascendente y en poco ayuda a su causa contra La Razón (ya que fue este periódico el que venció el envite)? ¿Y por qué acompaña esta nota con una foto del Tribunal de Ética con el siguiente pie: “En la foto, del 6 de febrero de 2018, Aliaga, Villena, Soruco, Casassa e Ichazo juran al TEP. Ella lo hace con el puño”? ¿Qué busca esta alusión al puño en alto de Sandra? Sin duda no se trata de identificarla mejor, ya que ella es la única mujer de la foto. Lo que Archondo quiere sugerir, entonces, es que si Aliaga levanta el puño, es masista y —como ya sabemos que es miembro del Directorio de La Razón— además favorece a este periódico en su calidad de presidenta del Tribunal de Ética… Los hilos de la insidia son sutiles, pero Archondo no es tan hábil como cree para tejerlos. En realidad, con esta incursión en la historia última del periodismo ha dado un paso en falso. En su nota, no ha podido evitar incluir que Aliaga “no firmó el fallo”, lo que, leído sin sesgos, echa abajo sus presunciones. Incluso si él, prudentemente, se cuida mucho de informar a sus lector que Aliaga no firmó JUSTAMENTE por su condición de miembro del Directorio de La Razón. Una condición que solo era secreta para La Hache Parlante o, mejor dicho, que este blog vuelve secreta a fin de rodear su cuento de una atmósfera conspirativa. La prueba que Archondo esgrime sobre la supuesta clandestinidad de este cargo es pueril: Según él, Aliaga “nunca” se habría jactado públicamente del mismo.

Sandra Aliaga no entró al susodicho Directorio por sus contactos con García Linera, como supone, inventa y miente Archondo, sino por su amistad —archiconocida en el mundo periodístico— con la directora de La Razón, Claudia Benavente. Y por afinidad ideológica con la línea editorial del periódico, como por otra parte resulta absolutamente lógico. ¡Bueno sería que los dueños de los periódicos buscaran asesores y directivos que fueran feroces adversarios de sus ideas y sus formas de hacer las cosas! Tal extremo no ocurre, estoy seguro, ni siquiera en el directorio –unipersonal– de La Hache Parlante.

Puede Archondo seguir entregado a la triste ocupación en la que está desperdiciando sus largos años de estudio y su talento escritural. Allá él. Pero que no se meta con un nombre que ya debería estar más allá de los odios, las miserias y los rifirrafes del periodismo nacional.

*Fernando Molina es periodista

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Un país DESQUICIADO

/ 15 de julio de 2020 / 09:33

Han desconfigurado el país. Desconfigurado significa que los factores cardinales que determinan el orden, la estabilidad y la convivencia social en el Estado se han desordenado profundamente hasta permanecer en una situación de descontrol. Elementos raciales, identitarios, culturales, dialógicos, institucionales, sociales y, esencialmente constitucionales, se han desconectado de la normalidad Estado-sociedad-gobierno. La desconfiguración estatal es una secuela lógica de algo. En el caso de Bolivia, es el corolario de quien expropia la presidencia para desplazar y atender sus ansiedades políticas, es una captura del poder que sojuzga y no construye.

En política se llega al control del gobierno por dos travesías líneas: la institucional eleccionaria que señala siempre el ordenamiento mayor e interno de los países y la vía forzada, colindante a estados de fuerza que trastocan el precepto constitucional. Cuando se asalta el poder, tanto la legalidad como la legitimidad de los nuevos gobernantes queda en entredicho de forma indeleble. Los esfuerzos retóricos y las modernas estrategias de construcción de imagen no retiran de escena aquello que en el imaginario social se instala asociativamente a un hecho de ruptura de la estabilidad democrática. Es previsible en ese escenario, cuando el ciclo impiadoso de la venganza no logra consumarse y agotada ya la fuerza de la represión, ver como la falsedad gobernante se desquicia en forma acelerada. Si a esta situación se incluye impericia y ausencia de capacidades por desconocimiento de las lógicas de incidencia sociales, el resultado es un desgobierno con retirada anunciada.

Shakespeare por medio de su persistente Hamlet nos expresó unas palabras: “el tiempo está fuera de quicio”. En un tiempo desquiciado, “un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo…” decían Marx y Engels. Sobre esta fórmula, Jacques Derrida documentó su obra «Espectros de Marx». Los espectros —y acá su valía— no son solamente aquellos que retornan de un ya recorrido pasado, sino de algo que está por llegar. Los espectros son reapariciones de lo acaecido, pero también algo que prorrumpe a ser y concretarse. Los espectros del autoritarismo antidemocrático y segregador insinúan hoy reinstalarse en nuestro espacio nacional. En tiempos de odio incontrolado, no es uno solo, sino varios: injusticias, derechos perdidos, violentar al otro, dañar, detener. El espectro es la incivilidad política que pensamos ya suprimida.

¿Tiene la política todavía algún sentido? se preguntaba Hannah Arendt en los años 70. Una interpelación que abandonaba la simplicidad y rechazaba la respuesta sencilla para centrarse en el daño que había producido la política, los hechos desgarradores y angustiantes de los que era responsable y los que amenazaba aún desencadenar. Ante el emplazamiento entonces, la mirada y la voz que habla y que refiere al sentido mayor de la política: la libertad.

En este Estado desquiciado, desconfigurado en cada ángulo, la sensación de que la política nos está matando se convierte en una aporía real. La insolvencia para desprendernos del odio racial, debería llevarnos a algo más que leer los periódicos del día buscando ver reflejadas nuestras satisfacciones de desprecio al otro, siempre disfrazadas de cobertura noticiosa, y preguntarnos, si este sin sentido construido por la obsesión de juzgar y castigar, de arrogarse el derecho de encontrar culpables, de marginar y de definir quiénes son dignos de ser aceptados en esta sociedad, es algo que nos hace mejores. Madison aseguraba que en las sociedades se trata de convivencia de hombres y no de ángeles, y para ello, evitar la destrucción de unos con otros solo es posible mediante un Estado centrado en la libertad e igualdad de sus ciudadanos y organizado de forma institucional.

Bolivia, julio de 2020, gobierna un grupo desquiciado que piensa que imponer es mejor que elegir democráticamente.

*Jorge Richter es politólogo.

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