Columnistas

lunes 10 ago 2020 | Actualizado a 14:57

Catástrofe sanitaria en Bolivia

/ 14 de julio de 2020 / 12:04

Hace algo más de tres meses, por este mismo medio, publicamos una seria advertencia en el sentido de que nuestro sistema sanitario no estaba en absoluto preparado para afrontar la crisis que se le venía encima. En aquella ocasión también dijimos que era necesario tomar consciencia de que nuestro sistema de salud carece de la capacidad de proteger a la ciudadanía en circunstancias como la actual. Hoy, a casi 100 días de aquella voz de alarma, vemos con enorme tristeza cómo el país se ve abocado a una crisis sanitaria de proporciones bíblicas sin que los actuales gobernantes muestren la más mínima sensibilidad ni capacidad para gestionarla.

La parálisis de la acción gubernamental solo es comparable, en su gravedad, con la propia pandemia, pero lo más preocupante del caso es que el actual “gobierno transitorio” tampoco parece mostrar ningún “síntoma” de querer o siquiera intentar mejorar su performance.

El anunciado colapso del sistema sanitario e incluso de los servicios funerarios y la falta de respuesta ante hechos tan dramáticos como el abandono de cadáveres en calles de las ciudades por falta de apoyo de las autoridades, ha puesto a Bolivia en las pantallas de todo el mundo como el más claro ejemplo del horror más descarnado y de la ineptitud de una administración, que no merece ese nombre.

Hay una serie de tareas urgentes que es necesario encarar de forma perentoria si no queremos ser testigos de más horror y de más inhumanidad.

El colapso del sistema hospitalario hace necesaria la construcción urgente de hospitales de campaña donde puedan centralizarse los pacientes enfermos de COVID-19. Deberían crearse al menos tres de estos centros de urgencia en las ciudades troncales del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Suponemos que nuestras Fuerzas Armadas están (o deberían estarlo) capacitadas para poner a funcionar ese tipo de instalaciones en un plazo muy breve. Eso inicialmente, pero se deben tomar previsiones de que estos centros provisionales puedan ser levantados también en otras áreas del país.

A los pacientes del resto del territorio nacional se les debería ofrecer, según triaje y valoración médica de la gravedad del caso, su desplazamiento a cualquiera de los centros COVID-19 principales o secundarios que se vayan creando. No debemos olvidar que, además de los pacientes con COVID-19, hay otros pacientes con otras patologías, que también requieren atención médica u hospitalaria, por lo cual es imperativo descongestionar la red de hospitales para evitar un colapso aún mayor. Esto es urgente, no hay tiempo que perder y se debe hacer en el plazo más breve posible.

Otra tarea urgente es la dotación de insumos al personal sanitario: equipos de protección individual (EPI), barbijos de alta protección (N95 o FFP2), batas o mandiles de protección, pantallas de protección facial y guantes.

Por consideración y respeto a nuestros ciudadanos, las autoridades pertinentes tienen que arbitrar las medidas más urgentes para que no se sigan produciendo los casos lamentables de personas fallecidas en sus domicilios, cuyos cadáveres sean recogidos en el plazo más breve posible a las dependencias que esas mismas autoridades consideren oportuno.

Aunque sea por vergüenza de país, no podemos seguir dando al mundo un espectáculo tan lamentable y dantesco como el de los cadáveres abandonados en medio de vías públicas solo por falta de atención de las autoridades.

La lista de recomendaciones es muy larga, pero la principal es que de una vez por todas el Gobierno y las otras autoridades del país deben ponerse en marcha sin perder un segundo. El haber asumido sus cargos como autoridades les obliga a responsabilizarse del destino de los ciudadanos en estas duras circunstancias y a poner todos los recursos del Estado al servicio de esos ciudadanos.

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Manifiesto ciudadano

/ 4 de agosto de 2020 / 09:32

Circula por las redes un documento con el título de Manifiesto ciudadano por la defensa de los recursos naturales, la democracia y la vida, respaldado por un grupo de ciudadanos deseosos de expresar su compromiso con el proceso de cambio en Bolivia. Es un manifiesto que recoge las inquietudes de personas de diversos sectores representativos de nuestra realidad nacional y que efectúa un examen razonado de los sucesos de octubre y noviembre de 2019; analiza la actual coyuntura y desgrana, al final, algunas propuestas programáticas dirigidas al próximo gobierno constitucional que salga de las urnas en la próxima justa electoral. Por su interés, hemos querido hacer una breve reseña.

Comienza el documento, como no podía ser de otra manera, mencionando algunas de las causas que dieron lugar al golpe de Estado que entronizó al actual “gobierno transitorio”. Alude a la ya conocida injerencia del imperio norteamericano, que más allá de toda duda, vuelve a erigirse en el principal protagonista del rompimiento del orden democrático en una nación soberana como Bolivia, esto a pesar de su insustancial y permanente cháchara en “defensa” de la democracia en el mundo. Tal parece que para los Estados Unidos la democracia solo es buena cuando sirve a sus intereses. Como ya viene siendo un clásico, la intromisión americana estuvo respaldada eficazmente por ese ente burocrático-ideológico, llamado Organización de Estados Americanos (OEA).

Otra causa es la conocida y repetitiva connivencia de los actores internos: de una parte las clases privilegiadas de mentalidad racista, clasista y excluyente, que no entienden que nuestra diversidad cultural, lejos de ser un estorbo o un problema, es nuestra principal riqueza; y de otra, las fuerzas militarizadas, Policía y Fuerzas Armadas que, por enésima vez, alejadas de su rol constitucional, vuelven a representar un factor de inestabilidad. 

En la parte crítica a la gestión del gobierno anterior se señala su incapacidad para abrirse a sectores de la población que no fueron convocados a la construcción de esa nueva Bolivia que se proponía, y al mismo tiempo concitar su apoyo. Lejos de ello se profundizó la división entre bolivianos. Se mencionan algunos incumplimientos de principios recogidos en el programa del MAS, pero olvidados en la práctica, como la defensa de los derechos de la Madre Tierra o el débil proceso de descolonización del Estado. También se alude, de manera especial, al desconocimiento del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F). A decir de los autores, este último hecho, erosionó las bases mismas del proceso de cambio al ir “frontalmente contra su pilar fundacional: la Constitución Política del Estado Plurinacional” y consideran exigible una autocrítica de los principales actores.

En cuanto al éxito del proceso, se menciona una serie de indudables logros del proceso de cambio, reconocidos de manera unánime por los organismos financieros del mundo, organismos multinacionales y la propia comunidad internacional. Queda para el análisis la pregunta de por qué esta espectacular mejora de las condiciones sociales y económicas del país no tuvo su correlato en un apoyo más decidido y mayoritario por parte de la población en su conjunto.

En cuanto a las propuestas se citan brevemente cinco puntos: 1) Lucha conjunta contra la pandemia del COVID-19, 2) Defensa intransigente de las empresas estratégicas estatales y de los recursos naturales del país, 3) Soberanía de la economía boliviana sin injerencias de organismos internacionales que condicionen y direcciones la economía del país a favor de intereses foráneos, 4) Lucha frontal contra la corrupción presente y pasada, 5) Lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres.

En relación a las elecciones venideras, dicen los autores: “Está claro que en las próximas elecciones se va a jugar algo más que el gobierno de un determinado partido político; se va a jugar la posibilidad de continuar la construcción de una patria soberana o, por el contrario, la de habilitar a los intermediarios del gran capital para que afanosamente abran nuestro país a la voracidad de las transnacionales.”

Los ciudadanos tienen la palabra.

Alfonso Bilbao Liseca es médico anestesiólogo.

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¿Hay tratamiento para la COVID-19?

La diferencia entre uno y otro es tecnológica.

/ 12 de junio de 2020 / 06:02

Mientras arrecia en el país la implacable acometida de la COVID-19, hemos podido comprobar cómo afloran todas las carencias que nuestro sistema sanitario arrastra desde siempre y también cómo, junto a voces autorizadas y sensatas que recomiendan y ponen en práctica terapias adecuadas, basadas en criterios científicos desarrollados a medida que avanzaba la pandemia; van apareciendo expertos en “tratamientos” inverosímiles. Desde el uso de fármacos y cócteles de medicamentos sin ninguna base farmacológica, médica o científica, al consumo de alcohol; antibióticos y potingues de toda clase o incluso sugerencias de tratamientos, dictadas como “mensajes divinos” al oído de lunáticos, que garantizan “curas milagrosas”, son propuestas curativas para la COVID-19.

Si algo debe quedar claro es que, a día de hoy, no hay cura específica para la enfermedad; la casi totalidad de los medicamentos indicados y administrados a pacientes que la padecen, son terapias en cierta forma experimentales. Aun así, deben estar sostenidas por bases científicas, farmacológicas o genéticas. Por otra parte, cada fase de la COVID-19 precisa diferentes enfoques. Con resultados  modestos y en fase temprana de la enfermedad, se indican antivirales de uso común en el tratamiento de otras patologías como el ébola o el VIH. La cloroquina y su derivado la hidroxicloroquina se han mostrado ineficaces en todos los estudios realizados hasta ahora, aunque sin aumentar las complicaciones como se dijo en alguna revista médica de prestigio. La Ivermectina solo actúa in vitro, es decir fuera del organismo, y a concentraciones imposibles de alcanzar en personas vivas.

Respecto al “suero hiperinmune”, la última panacea tras la cual van a la caza personas que buscan alguna esperanza de cura para sus seres queridos, que se sepa, no está disponible en Bolivia. Sí lo está, aunque de manera limitada, el suero o plasma de personas convalecientes. Ambos, el “suero hiperinmune” y el plasma de convalecientes, en teoría también serían útiles pero solo en fase inicial ya que actuarían neutralizando el virus. La diferencia entre uno y otro es tecnológica. El suero o plasma hiperinmune proviene de la sangre de personas que han pasado la COVID-19 y que, como consecuencia de ello, han desarrollado anticuerpos protectores neutralizantes del virus. Es un preparado a partir de plasma de varias personas tras un proceso de separación de la parte líquida y celular de la sangre. Una vez obtenido dicho plasma sin células, de varios donantes, se procede a inactivar cualquier virus, bacteria o patógeno que pudiera contener y a continuación la porción de plasma con anticuerpos se somete a procesos de purificación y concentración hasta conseguir un producto de alta pureza con concentración de anticuerpos titulable o conocida. No requiere determinación de tipos sanguíneos por lo que puede administrarse a pacientes con cualquier grupo sanguíneo. La dosis de suero hiperinmune es de 2 a 10 mililitros.

La otra opción, la terapia con plasma de convalecientes, sigue el mismo proceso inicial del plasma hiperinmune, se separan las células y la parte líquida de la sangre de un solo donante seleccionado según protocolo. El escrutinio de posibles enfermedades del donante como hepatitis B o C, varicela, VIH (sida), sífilis o cualquier otra enfermedad transmisible normalmente se hace antes de la donación. Las unidades obtenidas no suelen ser sometidas a procesos de reducción de patógenos. Además, para poder ser administrado, siempre se debe respetar la compatibilidad sanguínea de plasma y receptor. Cada donante tiene una concentración diferente de anticuerpos y la dosis de plasma de convaleciente suele ser de 200 ml.  Se desconoce la eficacia del uso de estos preparados, tanto del plasma de donante como del suero hiperinmune, siendo una vez más, consideradas terapias experimentales.

En fase avanzada de la enfermedad, cuando la replicación viral desciende, el problema grave ya no es el virus sino la “tormenta inflamatoria” que produce el sistema inmunológico del paciente en respuesta al virus. En esta fase, el uso de inmunomoduladores o inmunosupresores como los corticoides, proscritos en fase temprana, o medicamentos biológicos usados en la artritis reumatoide para suprimir el sistema inmunitario, podrían ayudar a controlar la respuesta inflamatoria.

Las autoridades tienen la obligación de parar la interminable serie de despropósitos que son los tratamientos que ponen en peligro la salud y la vida de nuestros compatriotas. El ensimismamiento con sus propios problemas y proyectos de poder, no justifican la falta de protección a la ciudadanía ni la no intervención con medidas adecuadas para evitar daños al pueblo.

Alfonso Bilbao Liseca, médico anestesiólogo

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Respiradores – ventiladores

En salud no se puede tomar decisiones sin el análisis de quienes tienen el conocimiento técnico y científico

/ 4 de junio de 2020 / 05:27

El caso de la compra de respiradores (ventiladores) para terapia intensiva merece algún comentario. En principio, parece ser que se tomaron decisiones tal vez un tanto apresuradas y sin la necesaria consulta con las instancias que tienen el conocimiento técnico y de manejo de tales aparatos médicos, como son, por ejemplo, la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva o la Sociedad Boliviana de Anestesia y Reanimación.

La ventilación mecánica, como se llama en medicina al uso de medios externos para permitir que pacientes gravemente enfermos, como ocurre con la COVID-19, puedan seguir respirando, es una técnica médica extremadamente compleja que requiere no solo de aparatos de alta sofisticación tecnológica sino de personal cualificado, formado y entrenado, a veces durante largos periodos de aprendizaje como especialistas.

Los intensivistas y los anestesistas reanimadores tienen en los respiradores los instrumentos más idóneos para el manejo terapéutico de pacientes cuyos pulmones ya no son capaces por sí mismos de efectuar el necesario y vital intercambio de gases, siempre, claro está, que los aparatos con los que cuenten sean efectivamente idóneos y ofrezcan las prestaciones necesarias para poder dar un buen servicio. La pregunta cae por su propio peso: ¿por qué entonces el gobierno no consultó, como hubiera sido lógico, a este grupo de profesionales antes de tomar ninguna determinación en la compra de estos equipos?

Si los aparatos adquiridos no cumplen con los estándares mínimos necesarios para el buen manejo de pacientes graves, puede darse el caso de que en lugar de beneficiar a los pacientes se les produzca más daño. Por ejemplo, la guía para la construcción de urgencia de aparatos de ventilación mecánica, publicada en abril del presente año por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) del Reino Unido, dice: “Es probable que un ventilador con especificaciones más bajas que (las mínimas aceptables) no proporcione ningún beneficio clínico y podría conducir a un mayor daño, lo que sería inaceptable para los médicos”; que es exactamente lo mismo que manifiesta nuestra Sociedad Boliviana de Intensivistas.

Los aparatos comprados por el gobierno de nuestro país no es que no sirvan, el problema es que tienen una utilidad limitada, pues técnicamente están construidos como unidades de “ventilación de emergencia”, es decir, son para un uso circunstancial, transitorio y por períodos de tiempo cortos, como puede ser, por ejemplo, el uso momentáneo mientras se espera trasladar a un paciente a un centro en el que se disponga de un aparato de ventilación adecuado a las necesidades de tratamiento intensivo. Estamos hablando de un uso por algunas horas o, como máximo, uno o dos días.

Más allá de esto, el riesgo al que exponemos al paciente aumenta de manera exponencial. Esos aparatos de “ventilación de emergencia” también sirven, por supuesto, para el propio traslado de los pacientes, y poco más. Debemos recordar que los pacientes que padecen cuadros pulmonares graves por causa de la COVID-19 a veces requieren ventilación mecánica durante semanas o incluso meses, como se ha podido comprobar en pacientes tratados en sistemas sanitarios como el italiano o el español, lo cual, por supuesto, no es posible con los aparatos comprados en Bolivia.

En cuestiones de salud no se puede improvisar o simplemente dar a entender que “se está haciendo algo”. El resultado de la toma de decisiones del gobierno, sin el preceptivo análisis por parte de quienes tienen el conocimiento técnico y científico de las actuaciones médicas imprescindibles y vitales, no solo puede resultar desastroso, sino que puede llevar a la siempre lamentable pérdida de vidas humanas, al daño personal infligido a pacientes que confiados se ponen en manos del sistema y al descrédito del propio sistema sanitario.

Alfonso Bilbao Liseca, médico anestesiólogo

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Coronavirus: las pruebas

Ninguna de las llamadas pruebas rápidas es capaz de detectar la presencia del virus en fase temprana, lo cual resulta fundamental para contenerlo

/ 23 de abril de 2020 / 06:39

El debate sobre las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2, causante de la grave enfermedad llamada COVID-19, inunda los medios de información de masas, televisión, periódicos y redes sociales. Todos tenemos una opinión respecto a las dichosas pruebas y queremos hacernos oír, pero quizás vale la pena preguntarnos ¿y si dejamos hablar a los expertos? ¿Quizás ellos saben más y algo mejor que nosotros cuáles son las alternativas más idóneas para manejar correctamente la situación actual con el menor daño posible a la salud de nuestros conciudadanos?

Oigamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en varios informes emitidos desde que comenzó la crisis del coronavirus. Dichos informes están basados y avalados tanto por el criterio científico de sus propios técnicos como por la investigación de cientos de laboratorios a lo largo y ancho del mundo. Intentemos resumirlos en pocas palabras, aunque desafortunadamente, en aras de la precisión, hay que usar algunos términos técnicos.

Hay varios tipos de pruebas para la detección del virus de la COVID-19. La llamada Reacción en cadena de polimerasa (PCR, por en sus siglas en inglés) es la prueba estándar, la más fiable y en realidad la única que sin objeciones es recomendada por la OMS para el diagnóstico y manejo clínico de los casos. Esta prueba, basada en la presencia del SARS-CoV-2 en vías aéreas superiores (nariz y garganta), tiene una muy alta sensibilidad al detectar prácticamente todos los casos de personas que están infectadas con el virus. También tiene muy alta especificidad, lo cual significa que la prueba sale negativa entre quienes no están infectados; es decir, que no tienen el virus.

Entre las otras pruebas, las llamadas rápidas, una (a) está basada en la detección del antígeno, o sea en la presencia de proteínas propias del virus de la COVID-19; y la otra (b), en la presencia de anticuerpos en nuestra sangre. Los anticuerpos son unas moléculas formadas por nuestro organismo para intentar defendernos de la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pruebas? La prueba estándar (PCR) es la única capaz de detectar en fase temprana (un día después de la exposición y el contagio) la presencia del virus en las vías aéreas de las personas infectadas. Permite identificar muy pronto a quienes tienen el virus o a quienes han estado en contacto con personas contagiadas. Al identificar pronto a aquellos que tienen el virus y a sus contactos, podemos tomar medidas para proteger a la comunidad, mediante confinamiento, hospitalización, etc.

Es importante recordar que, tras el contagio, las personas permanecen sin síntomas al menos los primeros cinco días, antes de que surja sequedad en la garganta, malestar general, fiebre, tos, etc. Durante este tiempo, estas personas suelen hacer una vida normal, y por tanto, pueden infectar a otros. De ahí la superlativa importancia de detectar la enfermedad en fase temprana y del  confinamiento de la población. Ninguna de las llamadas pruebas rápidas es capaz de detectar la presencia del virus en fase temprana (primeros cuatro o cinco días).

La eficacia de la prueba de antígeno, prueba (a), depende de varios factores, que incluyen el tiempo de comienzo de la enfermedad, la concentración de virus, el procesamiento y otros. Con base en experiencias anteriores, por ejemplo con el virus de la influenza, se podría esperar una sensibilidad entre un 34% y un 80%. Esto significa que un gran número de pacientes pudieran considerarse no infectados cuando en realidad sí lo están. La otra prueba rápida es aún más tardía, ya que depende de la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos no comienzan a aparecer sino a partir de la segunda semana después del inicio de los síntomas, pudiendo aún ser más tardíos dependiendo de factores como el estado inmunológico de la persona y otros. Estas pruebas rápidas (de anticuerpos) en realidad podrían realizarse solo en la fase de recuperación. Este último criterio es la razón principal por la que la OMS no las considera muy útiles para prevenir o interrumpir la transmisión de la enfermedad, y tampoco para poner en marcha actuaciones clínicas efectivas. Sin embargo, las pruebas rápidas tienen mucha utilidad en la investigación epidemiológica, para determinar el grado de afectación del conjunto de la población y para hacer el seguimiento de los que se recuperan tras haber pasado la enfermedad.

Alfonso Bilbao Liseca, médico anestesiólogo.

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Coronavirus: las pruebas

Ninguna de las llamadas pruebas rápidas es capaz de detectar la presencia del virus en fase temprana, lo cual resulta fundamental para contenerlo

/ 21 de abril de 2020 / 06:16

El debate sobre las pruebas de detección del virus SARS-CoV-2, causante de la grave enfermedad llamada COVID-19, inunda los medios de información de masas, televisión, periódicos y redes sociales. Todos tenemos una opinión respecto a las dichosas pruebas y queremos hacernos oír, pero quizás vale la pena preguntarnos ¿y si dejamos hablar a los expertos? ¿Quizás ellos saben más y algo mejor que nosotros cuáles son las alternativas más idóneas para manejar correctamente la situación actual con el menor daño posible a la salud de nuestros conciudadanos?

Oigamos lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) en varios informes emitidos desde que comenzó la crisis del coronavirus. Dichos informes están basados y avalados tanto por el criterio científico de sus propios técnicos como por la investigación de cientos de laboratorios a lo largo y ancho del mundo. Intentemos resumirlos en pocas palabras, aunque desafortunadamente, en aras de la precisión, hay que usar algunos términos técnicos.

Hay varios tipos de pruebas para la detección del virus de la COVID-19. La llamada Reacción en cadena de polimerasa (PCR, por en sus siglas en inglés) es la prueba estándar, la más fiable y en realidad la única que sin objeciones es recomendada por la OMS para el diagnóstico y manejo clínico de los casos. Esta prueba, basada en la presencia del SARS-CoV-2 en vías aéreas superiores (nariz y garganta), tiene una muy alta sensibilidad al detectar prácticamente todos los casos de personas que están infectadas con el virus. También tiene muy alta especificidad, lo cual significa que la prueba sale negativa entre quienes no están infectados; es decir, que no tienen el virus.

Entre las otras pruebas, las llamadas rápidas, una (a) está basada en la detección del antígeno, o sea en la presencia de proteínas propias del virus de la COVID-19; y la otra (b), en la presencia de anticuerpos en nuestra sangre. Los anticuerpos son unas moléculas formadas por nuestro organismo para intentar defendernos de la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pruebas? La prueba estándar (PCR) es la única capaz de detectar en fase temprana (un día después de la exposición y el contagio) la presencia del virus en las vías aéreas de las personas infectadas. Permite identificar muy pronto a quienes tienen el virus o a quienes han estado en contacto con personas contagiadas. Al identificar pronto a aquellos que tienen el virus y a sus contactos, podemos tomar medidas para proteger a la comunidad, mediante confinamiento, hospitalización, etc.

Es importante recordar que, tras el contagio, las personas permanecen sin síntomas al menos los primeros cinco días, antes de que surja sequedad en la garganta, malestar general, fiebre, tos, etc. Durante este tiempo, estas personas suelen hacer una vida normal, y por tanto, pueden infectar a otros. De ahí la superlativa importancia de detectar la enfermedad en fase temprana y del  confinamiento de la población. Ninguna de las llamadas pruebas rápidas es capaz de detectar la presencia del virus en fase temprana (primeros cuatro o cinco días).

La eficacia de la prueba de antígeno, prueba (a), depende de varios factores, que incluyen el tiempo de comienzo de la enfermedad, la concentración de virus, el procesamiento y otros. Con base en experiencias anteriores, por ejemplo con el virus de la influenza, se podría esperar una sensibilidad entre un 34% y un 80%. Esto significa que un gran número de pacientes pudieran considerarse no infectados cuando en realidad sí lo están.

La otra prueba rápida es aún más tardía, ya que depende de la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos no comienzan a aparecer sino a partir de la segunda semana después del inicio de los síntomas, pudiendo aún ser más tardíos dependiendo de factores como el estado inmunológico de la persona y otros. Estas pruebas rápidas (de anticuerpos) en realidad podrían realizarse solo en la fase de recuperación. Este último criterio es la razón principal por la que la OMS no las considera muy útiles para prevenir o interrumpir la transmisión de la enfermedad, y tampoco para poner en marcha actuaciones clínicas efectivas. Sin embargo, las pruebas rápidas tienen mucha utilidad en la investigación epidemiológica, para determinar el grado de afectación del conjunto de la población y para hacer el seguimiento de los que se recuperan tras haber pasado la enfermedad. 

Alfonso Bilbao Liseca, médico anestesiólogo.

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