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Sunday 19 Jan 2025 | Actualizado a 01:38 AM

En defensa de la memoria de Sandra Aliaga

Puede Archondo seguir entregado a la triste ocupación en la que está desperdiciando sus largos años de estudio y su talento escritural. Allá él. Pero que no se meta con un nombre que ya debería estar más allá de los odios, las miserias y los rifirrafes del periodismo nacional.

/ 16 de julio de 2020 / 23:30

Mi padre, que entonces era filocomunista, estaba preocupado por mi inminente ingreso al Partido Obrero Revolucionario de Guillermo Lora, así que pidió la ayuda de algún conocido del PCB, quien, a su vez, le pidió a uno de sus camaradas que hablara conmigo para tratar de disuadirme de dar semejante paso. Corría el año 1983 y la persona que se ofreció a cumplir ese insignificante encargo fue Sandra Aliaga. Tomamos un café en alguna de las cafeterías que estaban cerca del Monoblock, donde yo comenzaba a estudiar economía. Ella era unos diez años mayor y ya se había convertido en docente universitaria en el área de su especialidad, la comunicación social.

Como era totalmente previsible, el encuentro no logró su objetivo, pero en cambio nos hizo –por así decirlo– conscientes el uno del otro. Las ocasiones de encuentro se multiplicaron después, en especial desde que yo cambiara la economía por el periodismo y me convirtiera en un “comunicador social”, en un colega de Sandra, aunque con inclinaciones distintas a las suyas: Mientras que ella se dedicaba a la comunicación para el desarrollo, lo mío eran las salas de redacción de los periódicos y la edición de libros. Nunca fuimos amigos en el sentido fuerte del término, pero en cambio nos tuvimos afecto por nada menos que 36 años, desde ese café algo incómodo de nuestra juventud hasta diciembre del año pasado, cuando Sandra falleció prematuramente.

Como quienes la conocieron pueden confirmar, era una persona amable y benigna, y fue una precursora en muchos campos. Se merece un recuerdo agradecido o al menos compasivo, y sobre todo no se merece eso que en este momento le está haciendo Rafael Archondo a su memoria, con una reiteración que no permite pensar en el descuido o la casualidad, y que indigna por su malicia y su simultánea puerilidad.

Archondo anima un blog con muchos lectores llamado La Hache Parlante, que se dedica principalmente a la chismografía sobre periodistas y políticos. Ahora mismo está empeñado en una campaña contra los propietarios, gerentes y directores de La Razón, tratando, como se dice, de “hacer leña del árbol caído”. Pues bien, tal es su negocio y no tiene caso objetarlo. Cada uno sabe a qué dedica su breve tiempo sobre la tierra. Sin embargo, no sería correcto permitirle desmanes contra una persona estimable y que no tiene la posibilidad de defenderse (y que, por otra parte, está visto que nadie más va a defender en este tiempo de miedo y de calculados reacomodos políticos y periodísticos).

Como buen cultor del sensacionalismo, Archondo presenta un hecho normal y hasta trivial —que Sandra Aliaga fuera parte del directorio de La Razón— como la prueba —descubierta primicialmente por La Hache Parlante, claro está— de que aquel periódico estaba al servicio del vicepresidente del anterior gobierno, Álvaro García Linera. Este hecho puede ser cierto o no, no interesa para lo que aquí tratamos. Lo que cuenta es que la presencia de Aliaga en el mencionado Directorio no conduce a esta conclusión, y sugerirlo, como hace Archondo, es INJURIOSO.

Archondo menciona los nombres de los miembros del Directorio de La Razón en 2019 y luego hace esta pregunta: “¿Qué tienen en común estos nombres? Sin duda alguna, su afinidad de larga data no solo con el gobierno del MAS, sino sobre todo con el entonces vicepresidente Álvaro García Linera”.

“Sin duda alguna” una mentira, al menos en lo que se refiere a Sandra Aliaga, que no era “muy cercana” a García Linera, como señala Archondo en otra parte. Pero, ojo, que no estamos hablando de una simple imprecisión. Archondo NECESITA que Aliaga sea “alvarista” para poder sostener, acto seguido, que el exVicepresidente controlaba La Razón A TRAVÉS DE ELLA (y otros). Aquí ya entramos en el terreno de la difamación.

Sin duda Sandra simpatizaba con el gobierno de Morales, aunque con críticas que no se callaba. Esta es una cosa. Otra muy distinta, decir que era la operadora de este gobierno en La Razón. Y también resulta muy distinto decirlo no solo una vez, sino reiteradamente, ensañándose con una colega que acaba de fallecer y que no puede decidir, como los otros aludidos, si quiere contestar o no.

Resulta especialmente desagradable el reciente artículo de Archondo (“La separata/ El fallo”) sobre un veredicto del Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas, que presidía Sandra, en torno a una separata de la Vicepresidencia contra Página Siete aparecida en La Razón: “El diario agredido, Página Siete –dice Archondo–, recurrió un mes más tarde al Tribunal de Ética Periodística presidido por Sandra Aliaga y conformado por otras cuatro personalidades. La queja fue desestimada por los tribunos. Aliaga no firmó el fallo. La Razón cantó victoria de inmediato. Se convalidaba el derecho de cualquier medio a circular textos y fotos del cliente que pudiera pagarlo… Lo que muy pocos sabíamos entonces era que García Linera mandaba en La Razón…»

¿Por qué Archondo trae a colación este hecho, que no tiene ninguna actualidad, resulta intrascendente y en poco ayuda a su causa contra La Razón (ya que fue este periódico el que venció el envite)? ¿Y por qué acompaña esta nota con una foto del Tribunal de Ética con el siguiente pie: “En la foto, del 6 de febrero de 2018, Aliaga, Villena, Soruco, Casassa e Ichazo juran al TEP. Ella lo hace con el puño”? ¿Qué busca esta alusión al puño en alto de Sandra? Sin duda no se trata de identificarla mejor, ya que ella es la única mujer de la foto. Lo que Archondo quiere sugerir, entonces, es que si Aliaga levanta el puño, es masista y —como ya sabemos que es miembro del Directorio de La Razón— además favorece a este periódico en su calidad de presidenta del Tribunal de Ética… Los hilos de la insidia son sutiles, pero Archondo no es tan hábil como cree para tejerlos. En realidad, con esta incursión en la historia última del periodismo ha dado un paso en falso. En su nota, no ha podido evitar incluir que Aliaga “no firmó el fallo”, lo que, leído sin sesgos, echa abajo sus presunciones. Incluso si él, prudentemente, se cuida mucho de informar a sus lector que Aliaga no firmó JUSTAMENTE por su condición de miembro del Directorio de La Razón. Una condición que solo era secreta para La Hache Parlante o, mejor dicho, que este blog vuelve secreta a fin de rodear su cuento de una atmósfera conspirativa. La prueba que Archondo esgrime sobre la supuesta clandestinidad de este cargo es pueril: Según él, Aliaga “nunca” se habría jactado públicamente del mismo.

Sandra Aliaga no entró al susodicho Directorio por sus contactos con García Linera, como supone, inventa y miente Archondo, sino por su amistad —archiconocida en el mundo periodístico— con la directora de La Razón, Claudia Benavente. Y por afinidad ideológica con la línea editorial del periódico, como por otra parte resulta absolutamente lógico. ¡Bueno sería que los dueños de los periódicos buscaran asesores y directivos que fueran feroces adversarios de sus ideas y sus formas de hacer las cosas! Tal extremo no ocurre, estoy seguro, ni siquiera en el directorio –unipersonal– de La Hache Parlante.

Puede Archondo seguir entregado a la triste ocupación en la que está desperdiciando sus largos años de estudio y su talento escritural. Allá él. Pero que no se meta con un nombre que ya debería estar más allá de los odios, las miserias y los rifirrafes del periodismo nacional.

*Fernando Molina es periodista

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Brasil: la daga verde-amarilla

/ 18 de enero de 2025 / 06:00

Recordando que el 8 de enero de 2023, una importante masa humana de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, luciendo camisetas verde-amarillas irrumpieron en Brasilia, ocupando los tres palacios sede de los poderes del Estado, en lo que aparentó ser un golpe contra el flamante presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, el New York Times comenta el informe de 884 páginas elaborado por la Policía Federal brasilera acerca de las investigaciones realizadas en estos dos últimos años sobre esos hechos. Sorprende en ese documento la meticulosidad de los planes que tenían los subversores para conseguir sus nefandos objetivos. Aquellos incluían el asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes. Un total de 37 personas figuran indiciadas en la pesquisa, incluyendo al propio Bolsonaro que, a la sazón, se hallaba exilado en la Florida. Las averiguaciones fueron facilitadas por cuanto a los complotados se les ocupó un documento titulado “La daga verde-amarilla” en alusión a la bandera nacional. Allí se detallaba el armamento requerido para la misión: una ametralladora, lanza-granadas, un lanza-roquetes, todo para asegurar al 100% el éxito. Sin embargo, se anotaba que como alternativa —en caso dado— se contemplaba el envenenamiento de Lula. También, en el plan se revela que un decreto, oportunamente aprobado, suspendería los poderes de la Corte Nacional Electoral, posibilitando que Bolsonaro retome el cetro presidencial. ¿Pero… qué falló? Al parecer, si bien el comandante de la Marina estaba firme, sus homólogos del Ejército y de la Fuerza Aérea se retractaron a último momento. La imputación a Bolsonaro dice textualmente que él “planificó, actúo y estuvo directamente al tanto de las acciones de esa organización criminal decidida a cometer un golpe de Estado para eliminar la democracia”. Aunque el implicado niega esos cargos, su condena estaría próxima.

Los hechos antes descritos en el autorizado rotativo americano, llaman la atención por la analogía con el asalto al Capitolio, protagonizado por seguidores de Donald J. Trump, el 6 de enero de 2021, cuyos cabecillas fueron juzgados y condenados, lo mismo que el propio Trump acusado de instigar esa asonada. No escapa a la memoria tampoco la admiración que el brasilero sentía por su mentor americano, al extremo de hacerse llamar “el Trump tropical”.

El análisis del Times termina haciendo alusión a que desde 1889 ocurrieron en Brasil nueve intentos de golpes militares, de los cuales cinco fueron victoriosos, particularmente el doble decenio de dictadura militar que acabó en 1985 y que, dado el permanente descontento castrense con la administración de Lula, no se puede asegurar que una acción militar no suceda otra vez, antes de las elecciones presidenciales programadas para 2026.

Carlos Antonio Carrasco es doctor en Ciencias Políticas y miembro de la Academia de Ciencias de Ultramar de Francia.

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De lo maquínico a informacional

/ 17 de enero de 2025 / 06:00

El siglo XX presenció la evolución de la máquina en la vida urbana. Sin embargo, a finales de ese mismo siglo, se produjo una importante transformación con su ingreso a la ciudad informacional. Esta transición no relegó a la máquina industrial, sino que la transformó en una herramienta computarizada, perfeccionando así su funcionalidad tecnológica.

Las grandes ciudades, o metrópolis, hoy experimentan la era de innovación. El desarrollo de las fuentes de valor productivo ha evolucionado del poder mecanizado al poder de producción computarizado, consolidando el ingreso de lo digital como fuente de valor y poder de lo digital. Este proceso de reestructuración tecno-económica dotó a la ciudad contemporánea de una infinidad de nuevas funciones y marcó el inicio de la sociedad informacional.

De esa manera, la ciudad de hoy se encuentra inmersa en un proceso de reestructuración tecnológica que le otorga nuevas funciones contemporáneas. Un claro ejemplo es la transición que tuvo la vida urbana de la era maquínica a la informacional. La primera, la abordamos en un artículo anterior sobre la película Metrópolis (1927). Mientras que hoy nos referimos a la ciudad informacional actual, impulsada por la tecnología digital. Esta evolución busca el perfeccionamiento de la producción industrial, esencialmente por estar respaldada por la programación digital, lo que ha contribuido a su competitividad y su conversión en la fuente de riqueza de la producción.

La revolución de la tecnología informacional es una realidad inobjetable, evidenciada en la investigación de puntos estratégicos para el futuro de la ciudad. Este estudio ha llevado a las empresas digitales a concentrarse en el Silicon Valley, el centro urbano simbólico donde se asientan las empresas tecnológicas informacionales más importantes del planeta.

Silicon Valley, como sede internacional de la alta tecnología digital, reúne centros de innovación tecnológica y programación digital como Apple, Google, Microsoft y Facebook, entre otros. Este enclave, creado en Estados Unidos, desarrolla los nuevos programas tecnológicos para la población global.

Sin embargo, Silicon Valley no solo es eso, sino que también representa la nueva dirección de la vida del habitante contemporáneo, intrínsecamente ligado a lo tecnológico. Esta “ciudadela” aglutina centros digitales, cuya creatividad se convierte en la fuente imaginativa y productiva de los programas de la era informacional. Un hecho que reafirma que la tecnología es el sistema digital del presente y seguramente del futuro; por lo tanto, forma parte integral de la mayoría de las industrias en las grandes ciudades.

En definitiva, la tecnología digital ha trascendido la vida del habitante del planeta, que ahora funciona dentro de una vida en red, una cualidad caracterizada por la interacción de la técnica y la tecnología. Esta última transforma diariamente la existencia del ser humano a partir de la consolidación de lo informacional y tecnológico en la vida contemporánea.

Cabe recordar que, en el siglo XXI, las ciudades demuestran que el nuevo mundo urbano demuestra que el movimiento dual del habitante requiere una formación inclusiva técnica y tecnológica en su conocimiento.

Para terminar, es evidente que hoy lo informacional —que se asentó en las últimas décadas del siglo XX— forma parte del vivir y del trabajar del habitante contemporáneo. Por todo ello, se podría hasta afirmar que la creatividad se convierte en una fuerza productiva cuando se integra a la era informacional digital.

Patricia Vargas es arquitecta.

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Autodeterminación y soberanía

/ 16 de enero de 2025 / 06:02

La autodeterminación y la soberanía son principios que delimitan y definen las relaciones internacionales de los estados miembros de la ONU, es decir de un Estado y gobierno con los estados y gobiernos.

La autodeterminación es la facultad que tienen los pueblos de elegir su propio gobierno sin injerencia externa.

La manifestación del soberano está definida constitucionalmente en el sistema y forma de gobierno de cada Estado o República, es decir en la elección de las autoridades, en la conformación de los poderes públicos. La autodeterminación y la soberanía no está condicionada a ser validada por otro Estado u organismo internacional como legítima, el pueblo que es el depositario de la soberanía no tiene la condición de esclavitud para pedir autorización a su manifestación soberana.

La autodeterminación y la soberanía son conquistas de las luchas de los pueblos, no son derechos adquiridos, por ello mismo son requisitos de existencia de los estados independientes, que no se agota en la enunciación constitucional, sino en el ejercicio pleno.

El valor de la autodeterminación y la soberanía no reside en el principio de no injerencia, sino en el sentido de tutela y propiedad que tienen algunos estados que son el centro hegemónico del sistema imperial, estos estados —americanos y europeos— consideran sus áreas de influencia y seguridad interna a los estados de la periferia, entre los que están Centro América y América del Sur.

EEUU post Segunda Guerra Mundial se arrogó el derecho de intervenir estados e imponer gobiernos con la impunidad que otorgaba su rol hegemónico en el Consejo de Seguridad de la ONU, de la OEA, el control y despliegue militar de la OTAN, tener centenas de bases militares en varios países de los cinco continentes, ser los rectores del FMI, el BM y del Wall Street.

No fueron los que derrotaron al nazismo ni al fascismo europeo, por el contrario, importaron a nuestro continente para imponerlo en la segunda mitad del siglo XX a través de los golpes de Estado organizados por el Departamento de Estado, impusieron gobiernos militares con característica de regímenes fascistas y nazistas.

Ninguno de los gobiernos militares de facto fue hostigado o bloqueado, por el contrario, fueron reconocidos de forma inmediata y avalados en los organismos internacionales como la ONU y la OEA con el padrinazgo imperial.

Fueron décadas de violación sistemática de la autodeterminación y de la soberanía con la complicidad subordinada de las élites militares, políticas, económicas e incluso religiosas de la región.

La derrota a la dictadura militar, la conquista e institucionalización de la democracia como forma de gobierno implicó recuperar la autodeterminación y la soberanía, pero no implicó impedir la injerencia imperial, por el contrario, fueron los tiempos de las “democracias controladas” con las élites multipartidarias subordinadas incondicionalmente al tutelaje del norte.

La ruptura temporal con el tutelaje en la región se inauguró con la oleada continental a finales del siglo pasado con el movimiento y gobierno liderado por Hugo Chávez y los gobiernos antiimperialistas, de izquierda y progresistas de la región de Centro y Sud América.

Los golpes de Estado parlamentarios, judiciales, militares y el no reconocimiento a gobiernos electos democráticamente son el instrumento que utiliza el patrón del norte para acorralar a la oleada continental.

EEUU con la coreografía de la UE y los gobiernos de la región en un acto propia de soberbia de la extrema derecha desconocen la autodeterminación y soberanía del pueblo bolivariano de Venezuela, se arrogan el papel de tutelaje de la soberanía al querer revisar las actas electorales y sin ruborizarse toman juramento a presidentes de Walt Disney —Guaidó y González— reconocen a Mickey Mouse, Tom y Jerry como sus embajadores, los reciben en sus palacios de gobierno sin mayor argumento que la utilización de frases y adjetivos.

La autodeterminación y la soberanía tiene valor en el ejercicio pleno estatal, gubernamental y social, la diferencia está en la cualidad política e ideológica de subordinación o liberación de las autoridades y del pueblo.

Tener derechos enunciados no te otorga el cumplimiento de los derechos, ejercerlos es siempre afrenta al poder, ese es el momento de quiebre, sintetiza la sensación termina del tiempo político, de los actores y de las implicancias para la vida de los hombres y mujeres que habitamos un país.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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‘Marcha por la pedofilia’

/ 16 de enero de 2025 / 06:00

Esta semana se inició con la llegada a la sede de gobierno, La Paz, de miles de seguidores del expresidente Evo Morales y que derivó en enfrentamientos con la policía, gasificaciones y detenciones. Fue llamada “la marcha por la vida” por quienes recorrieron los 85 kilómetros desde la localidad de Patacamaya y “marcha en defensa de la pedofilia” por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En realidad, ¿a quién, de ambas partes, les importa los abusos sexuales a menores de edad? ¡Ja!

Es evidente que se trata de una movilización política para hacer posible la candidatura de Morales en las elecciones generales de 2025 o, al menos, que se deje de lado lo que llaman “persecución judicial” contra él por un, supuesto, caso de trata cometido contra una adolescente con la que él habría tenido relaciones cuando era presidente y, luego, cuando renunció forzado y se fue del país a Argentina, a donde ella le habría acompañado. Fruto de esa relación habría nacido una niña.

Lo cierto, también, es que lo más probable es que este proceso judicial no tendría sentido y quedaría en el olvido si él no insistiera en ser candidato, al margen de lo que digan las leyes; aunque, éstas son muy permisivas, como la Ley 603 que permite el matrimonio o unión libre a los 16 años. Allí ya no hay delito, si la menor de edad quiere, los padres lo permiten y se celebra un matrimonio o se registra la unión libre ante oficial de Registro Cívico ¿Qué edad tenía la supuesta pareja conviviente de Evo? Se entiende que ella quería y sus progenitores, encantados, pese a los 60 años de él ¿Ella 15 o 16? Legal o ilegal, el asco por la diferencia de edad y el poder ejercido es el mismo.

A principios de año, la Fiscalía informó sobre los casos de violencia registrados en 2024, habiendo 2.696 violaciones sexuales a niño, niña o adolescente (93 menos que el año anterior) y 1.864 casos de estupro (con un incremento de 55 víctimas). En suma 4.560 personas menores violentadas sexualmente sobre las que poco o nada se hace, por las que nadie marcha y por las que no se aplican políticas serias.

En junio de 2024, la Defensoría del Pueblo informaba que en los últimos diez años se tenían registrados 4.804 matrimonios en los que las mujeres eran adolescentes de entre 16 y 17 años, que estarían permitidos por la Ley 603; mientras que había otros 487 casos de niñas entre 12 y 15 años, lo que sí constituyen un delito ¿De qué edad eran los maridos? De ello no habla esta cuestionable ley, habría que establecer un máximo de 5 años de diferencia, por ejemplo. Porque con más años hay una relación desigual de madurez y experiencia que deriva necesariamente en situaciones de abuso, señores, por eso.

Pero el dato más real de la situación la da el Ministerio de Salud y Deportes: de 2015 a septiembre del 2023 se registraron 458.246 embarazos en niñas y adolescentes ¡Medio millón! en un país de 12 millones ¿Cuántos fueron producto de violaciones y estupro? Por las edades, una buena parte.

Basta ¿no? ¡Basta de utilizar políticamente las situaciones de abuso y violencia! En este caso contra menores de edad. Si de verdad quieren hacer algo, modifiquen la ley 603, persigan y sancionen seriamente a los violadores, trabajen en cambiar estructuras mentales sociales que ven con normalidad que una niña o adolescente trastoque su vida con un embarazo o un marido que condiciona el resto de su existencia.

Es tan bajo quien protege o disculpa a quien ha cometido un delito como quien usa ese hecho en su provecho, al margen de la víctima.

Drina Ergueta es periodista y antropóloga.

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La estabilidad exige pacto público-privado

/ 15 de enero de 2025 / 06:05

Las empresas son duramente golpeadas por una crisis casi ineludible. La demanda interna se desacelera, y con ella, las ventas privadas. La inflación tiene como origen la elevación de los costos de importación —a causa de la escasez de dólares— dado que las empresas trasladan este incremento a los consumidores. Otras empresas se han visto obligadas a resignar menores ganancias o incluso sufrir pérdidas. La cadena logística para el aprovisionamiento de bienes y suministros se ha vuelto toda una vía crucis. La escasez de combustibles amenaza con la continuidad normal de los ciclos productivos. Los costos de los materiales de construcción están por las nubes. Algunas empresas ya se sienten al borde de la quiebra, otras optaron por reducir sus costos de manera extrema, se endeudaron o cambiaron de rubro, para no cerrar.

Pero, las realidades empresariales no son todas iguales. Mientras una gran mayoría afronta los embates de los desajustes macroeconómicos con valentía, un reducido grupo de empresarios, principalmente exportadores, hoy viven lo que podría considerarse un periodo de mini bonanza. Se benefician ampliamente de las subvenciones estatales, de la suba del dólar paralelo que ha elevado sus ingresos contables en un 90% y de las recientes deducciones impositivas concedidas por el gobierno.

El gobierno, por su parte, denuncia una guerra especulativa motivada por un trasfondo político que buscaría sabotear su gestión. El año comienza con más desconfianza y fricciones entre ambos sectores. Lo cierto es que el gobierno ha perdido su capacidad de estabilizar la economía por cuenta propia y ha cedido este rol tan importante al mercado.

Desafortunadamente, el mercado no funciona eficientemente. Hoy, las leyes de oferta y demanda invitan a especular, porque los incentivos individuales no están alineados con los colectivos. Hay incentivos al acaparamiento y desvío de bienes, lo que genera desabastecimiento y escasez de alimentos y dólares.

Ello no quiere decir que todas las empresas sean especuladoras. Por el contrario, son pocas empresas, pero con un poder económico asombroso. Estos empresarios deben ser conscientes que sus acciones están dañando a sus similares. Además, está claro que más inflación afectará tarde o temprano a la competitividad del país, porque si la producción nacional se encarece será más difícil luego exportar. Una inflación más alta detonará también incrementos salariales cada vez más altos, afectando a sus propios flujos de cajas.

Pero no todo está perdido, hay señales de entendimiento. Los representantes privados han mostrado ser mucho más pragmáticos —y no dejarse llevar por ideologías— porque han asistido a las convocatorias del gobierno a pesar de las críticas de sus afiliados. También se debe ponderar la voluntad del poder ejecutivo a reunirse, aunque más que un deseo aparente, parece ser un recurso de extrema necesidad, que lo ha llevado a ceder parte de la definición de la política económica y con quienes prácticamente ha coadministrado el país en los últimos meses.

En 2024, hubo varios intentos de diálogo y coordinación entre ambos estamentos, pero el problema es que estos acuerdos han sido poco efectivos en la práctica porque no se han dado cumplimento a los compromisos asumidos. El sector privado acordó importar de forma directa combustible, pero por el momento son pocas las empresas que tramitan su autorización, aunque la cifra va en aumento. También se dotó de una ventanilla única para facilitar las exportaciones y se prometió agilizar la devolución de los CEDEIM, a las cuales no se han acogido. También se ha liberado del pago del IVA y GA para la instalación de plantas de biodiésel, pero sin repercusión ninguna. El sector público también ha fallado. Se comprometió a gestionar nuevos financiamientos externos, que aún no lo ha hecho. También aseguró elaborar un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos que todavía se desconoce. El gabinete de turismo no avanzó en 2024 y el lanzamiento del plan de turismo para el bicentenario se hizo esperar hasta el 12 de enero. Si bien se escogió una fecha conmemorativa, como es el Día Nacional del Turismo, ¿acaso no había la urgencia de hacerlo más antes?

Para superar esta difícil coyuntura, es fundamental que se reestablezcan las relaciones entre ambos sectores. Las empresas privadas tienen que contribuir a la estabilidad de precios en lugar de alentar la especulación. Aquí un listado de roles fundamentales a desempeñar por los privados: 1) eficiencia productiva; 2) contribución al Estado; 3) sustitución de importaciones; 4) responsabilidad social; 5) respeto al medio ambiente; 6) industrialización; y 7) innovación tecnológica. El gobierno por su parte debe dejar de enfrentarse con el sector privado y escuchar más las necesidades que afrontan. Del restablecimiento de las relaciones entre el sector público y privado dependerá la estabilidad económica de 2025.

Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.

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