Durante más de un decenio, la ecuación de la gobernabilidad en Bolivia estaba relativamente resuelta. Se basaba en la hegemonía política del MAS, circunstancia que para algunos podía ser desagradable pero que tenía la ventaja de definir con cierta claridad los roles de cada uno de los actores. Era un contexto cómodo y bien cuadriculado, cada uno tenía su espacio y operaba en base a certezas y con escasa responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos.

El fin de ese mundo estaba escrito desde hace mucho, aunque no quisiéramos reconocerlo, es de raíz estructural y está asociado, en primer lugar, al debilitamiento de las lealtades electorales de cientos de miles de votantes de los dos bloques, particularmente en el predominante, es decir en el nacional-popular masista, pero también con la emergencia de actores institucionales y sociales con mayor poder y capacidad de incidencia autónoma en el Estado.

El conflicto interno del MAS con sus consecuencias en términos de ausencia de una mayoría parlamentaria estable y una evidente ruptura en la cohesión de los sindicatos campesinos, su base histórica, parece ser, entonces, solo la consagración de un proceso más amplio de erosión del poder de los actores políticos tradicionales y nuestra entrada al universo de la incertidumbre.

Hoy la gobernabilidad se (re)construye parcialmente en barrocas negociaciones y transas parlamentarias, que nadie quiere reconocer ni transparentar, en la instrumentalización de las organizaciones sociales a cambio de espacios de influencia y prebendas o en la aguda judicialización de la política que refuerza el juego propio de los operadores del sistema judicial. Los políticos creen que así se consolidan en el poder, pero, al contrario, están hilando una red de intereses que a mediano plazo los aprisionará y les cobrará caro su apoyo.

Quiero precisar que no soy un nostálgico de la hegemonía, ya fue y no volverá, aún más, estoy convencido que hacerse cargo de la complejidad socioeconómica del país y de los cambios que experimentamos en los últimos decenios, implica pensar en una gobernabilidad pluralista, tolerante y democrática. El problema es que tenemos ahora pocas ideas de la naturaleza de ese nuevo artefacto y sobre todo acerca de sus instrumentos concretos, los actores y las dirigencias que los impulsarán.

El problema es que en este desordenado interregno hay una serie de graves problemas económicos e institucionales que se están acumulando y que no podemos eludir. Se precisa pues de un mínimo de decisión y acuerdo, quizás no para resolverlos, por su complejidad, sino, al menos, para canalizarlos sin rupturas o costos excesivos para la nación. Quedan aún dos años de gobierno y su ruta parece, cada día, más tortuosa y difícil.

Frente a ese reto, el panorama político sigue incierto y no hay señales de que se aclare hasta las elecciones de 2025, donde necesariamente se van a rebarajar las cartas del juego. Por lo pronto y más allá de las declaraciones altisonantes de unos y otros, la cuestión del control del MAS parece empantanarse en una maraña de decisiones judiciales y procedimentales que posiblemente hagan imposible su resolución ordenada en el corto plazo, contaminando todo y absorbiendo energías gubernamentales y partidarias que urgen en otros ámbitos.

Al mismo tiempo, las rupturas y contradicciones en la Asamblea Legislativa se están volviendo la norma, no hay mayoría clara y los arreglos oscuros para hacerla funcionar a fórceps tampoco auguran que se logre establecer un clima mínimo de respeto y cooperación para que las cosas avancen sin dramatismos y constantes peleas.

En vez de transparentar y discutir paciente y abiertamente las contradicciones, pero también las convergencias programáticas o de intereses entre los varios bloques pseudo oficialistas y opositores, la vía elegida parece ser la negociación por debajo, la queja y la confusión ideológica. Eso resuelve poco y mal, aumenta la radicalización, bloquea y destruye la imagen pública de la institución. De igual modo, la instrumentalización grosera de la Justicia puede producir resultados en el corto plazo, pero en el mediano alienta el descreimiento de los ciudadanos.

Esto último no es algo menor y las dirigencias no deberían obviarlo, no estamos, a escala global, en tiempos de tolerancia y sumisión de los ciudadanos frente a políticos que hacen cualquier cosa por el poder. Al contrario, hay señales de irritación social y malestar generalizado. Cuidado que la “nueva gobernabilidad” venga por otro lado, no como una reconstrucción al mando de las actuales dirigencias sino desde la bronca con todos y la insurgencia electoral. Al tiempo.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

A un poco más de la mitad del mandato del presidente Arce, el escenario político aparece más incierto y paradojal de lo que se podría haber pensado cuando asumió las riendas del país allá por noviembre de 2020. En medio de la agitación de estos años, persisten, desde mi punto de vista, incógnitas sobre el personaje y su estilo de ejercicio del poder.

Debo precisar que le tengo aprecio por su valentía en 2020, ese año en que todos vivimos en peligro, y un respeto por su trayectoria de servidor público. Hay que ser muy mezquinos para no entender lo compleja que debió haber sido su labor como el piloto de una economía que tuvo resultados positivos durante más de un decenio.

Parece que Arce será nomás el hombre de la gestión de las crisis, ese es su karma, su misión. Se hizo cargo de una nación convulsionada, no solo por la pandemia sino por una crisis política en la que sorprende cuanto llegamos a odiarnos entre nosotros. Con nuestro voto nos aferramos a una salida pacífica y esperábamos un retorno a cierta calma. Lamentablemente, los reflejos polarizadores de unos y otros y un mundo pospandémico desordenado nos precipitaron a nuevos episodios de inestabilidad. Así estamos desde hace cuatro años.

Pese al vértigo de un país que parece atrapado en desequilibrios permanentes, el hecho de que estemos algo maltratados pero vivos, es quizás uno de sus grandes resultados. Las encuestas lo ratifican, la salida ordenada de la pandemia y cierta estabilización económica son los logros que siguen sosteniendo su imagen. Después de un semestre muy complicado, el hombre sale magullado, pero lejos de estar fuera del juego, la economía parece resistir en un contexto difícil y su apoyo se estabilizó en torno a un 35%, porcentaje modesto pero el más elevado entre todos los dirigentes políticos.

Y sospecho que los números serían mejores si no habría subestimado los desequilibrios financieros que desataron la escasez de dólares y si el conflicto interno en el oficialismo no se hubiera adelantado sin tener, al parecer, mucha idea de lo que eso iba a implicar. El destino tiene vericuetos traicioneros.

Lo llamativo es que, en ese tipo de episodios, el Presidente aparece poco y no se explaya demasiado sobre sus razones y soluciones. Ya conocemos algo la mecánica de su manejo de las crisis, mientras el furor se desata a su alrededor, algunas cosas se hacen y se resuelven a su propio ritmo, pero todo en un silencio que a veces irrita. Algunos lo atribuyen a una decisión de ser prudente y tomarse su tiempo en una sociedad hastiada del barullo y los falsos afanes, mientras otros le reprochan su indecisión y escasas ideas. En todo caso, no parece querer ser el hiperjefe ni el peleador callejero que algunos anhelan.

Es así que las percepciones sobre su estilo de gestión son llamativamente contradictorias según el paladar del opinador: ¿paloma o halcón? ¿renovador de un proceso de cambio anquilosado o apparátchik con apoyos poco escrupulosos? ¿tecnócrata modernizador o ideólogo rígido? ¿persistente o testarudo? ¿silencioso por estrategia o sin narrativa?

Lo cierto es que su presidencia parece inevitablemente marcada por nuestra entrada paulatina a un mundo político nuevo, sin hegemonías evidentes y con poderes reconfigurándose, lo cual explica que haya más dudas que certezas y donde no existe manual para hacer funcionar una gobernabilidad y un mundo descompuestos.

Por todo eso, su futuro político depende principalmente de sus resultados concretos y no tanto de su capacidad discursiva. Si el hombre logra llevarnos a un momento más estable en lo económico, desbaratando el fatalismo del colapso que montón andan deseando y alentando, y mostrarnos además con claridad que tenemos opciones de progreso con el litio como locomotora, habrá cumplido largamente con su mandato. Será el que supo evitarnos el abismo, el que callado resolvió mientras el resto se agitaba. Pero atención, esa es solo la condición necesaria para que pueda pensar en seguir dirigiendo a la nación en un tiempo que quizás será más benigno y estable. Sin mayor claridad sobre lo que viene después, es decir sin innovaciones y más escucha de las expectativas de la gente sobre el futuro, posiblemente sus logros no sean suficientes para imponerse en un juego electoral que será el más abierto y feroz de este decenio. ¿Cómo se verá Arce en una batalla que podría culminar, en su peor escenario, en algo fatal para su legado histórico: entregar el Estado Plurinacional a un opositor al MAS? Gran destino y riesgo, al tiempo.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

A ratos parecería que el debate sobre la cuestión económica se resume a una defensa cerrada de los principios supuestamente anti-neoliberales de las políticas económicas aplicadas por el oficialismo, y por otra, a una predica casi evangélica en favor del retorno a un liberalismo de manual que exorcice nuestras tentaciones populistas.
Ambas lógicas coinciden en una descalificación absoluta de todas las orientaciones que identifican como contrarias a sus principios y una notable incapacidad para ver los matices, adaptaciones y ambigüedades que caracterizan las políticas económicas realmente existentes.
Es así que, para nuestros liberales criollos, el modelo económico social comunitario productivo no podía en ningún caso tener algún éxito, debía colapsar tarde o temprano porque supuestamente transgredía todos los dogmas que sustentan su fe casi religiosa en los beneficios del libre mercado y el individualismo sociológico. Para ellos, es casi un detalle que ese modelo haya funcionado por casi 15 años permitiendo acumulación de riqueza, cambios socioeconómicos, mejoras en el bienestar bastante evidentes y, por supuesto, acumulando también desequilibrios e insuficiencias.
Desde el dogma, esas políticas siempre fueron un error, una anomalía. Ahora, 15 años después, la historia les estaría dando la razón, ya era tiempo que todos nos diéramos cuenta de eso y que nos arrepintiéramos de nuestros espejismos populistas. Incluso sería mejor para ellos si el colapso es contundente porque solo así todos nos purificaremos y no volveremos a equivocar el camino.
En la otra vereda, tenemos a los críticos acérrimos del neoliberalismo, el cual es descrito siempre como una máquina únicamente pensada para producir desigualdad, pobreza y concentración de la riqueza y del poder. Desde esa perspectiva, las políticas aplicadas desde 2006 en Bolivia fueron una ruptura conceptual y revolucionaria que debería tener obviamente éxito porque está naturalmente a tono con el sentido de la historia de liberación del ser humano.
Para ellos es difícil explicar cómo en estos 15 años de revolución coexistieron orientaciones liberales, por ejemplo, en la política cambiaria y monetaria, con las fuertes pulsiones desarrollistas y distribucionistas. Es de igual modo paradójico observar que los resultados del modelo económico masista sean también el crecimiento del sector servicio, el fortalecimiento de la informalidad o la expansión del consumismo en todos los segmentos de la sociedad.
Se hace difícil explicar desde la simplificación ideológica, por ejemplo, que los bolsones de mayor voto por el oficialismo se sitúen en el mundo socioeconómico informal y entre los millones de emprendedores y trabajadores por cuenta propia populares del campo y de las ciudades. Agentes económicos y grupos sociales bastante diferentes al idealizado proletariado revolucionario industrial al cual parecería que aspiran a consolidar las élites dirigenciales oficialistas.
Una somera observación de las dinámicas económicas y sociales de los últimos decenios nos muestra, al contrario, un panorama más complejo de adaptaciones de la política a la realidad, innovaciones desde una lógica de una prueba y error, en suma, una notable heterodoxia y pragmatismo que, desde mi punto de vista, es el secreto de la sostenibilidad de eso que llamamos “modelo económico”. Luces que están obviamente acompañadas de inercias estructurales que siguen impidiendo un mayor crecimiento y de varios errores en las políticas y enfoques de desarrollo.
Sospecho además que las salidas más viables a los límites reales que está encontrando el modelo económico tienen que ver con una mayor capacidad adaptativa y una heterodoxia que combine disciplina macroeconómica, preocupaciones de corto y largo plazo, bastante Estado y mucho mercado a la vez, dosis razonables de nacionalismo económico, políticas sociales renovadas y una gran transformación microeconómica y educativa que refuerce las capacidades productivas y de emprendimiento de las mayorías.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

En el cotilleo político del último tiempo se discute bastante la posible aparición de un outsider que modifique súbitamente el escenario electoral en 2025. Algunas encuestas recientes y varias experiencias en la historia política latinoamericana alimentan esas suposiciones. Sin embargo, las condiciones y características de esa posibilidad son menos evidentes de las que se supone.

Usualmente, un outsider suele ser un o una candidata que no pertenece al elenco de dirigentes políticos tradicionales o incluso que no habría ejercido antes algún cargo electivo o gubernamental. A veces, se califica también de esa manera a personajes que durante su campaña electoral se apartan de los discursos y temáticas convencionales, o se apoyan más en estructuras o redes informales alejadas de los aparatos partidarios ya establecidos.

En Sudamérica, el Perú es evidentemente el mejor ejemplo de ese fenómeno desde la elección sorpresiva de Fujimori en 1990, un desconocido profesor universitario de origen japonés a solo meses de su consagración como presidente. Bolsonaro y Castillo también podrían ser clasificados pese a que contaban con el apoyo de pequeñas estructuras partidarias, aunque sus propuestas y figuras fueran más bien marginales antes de sus rápidos triunfos electorales.

Casi todos sustentan sus aventuras electorales en un rechazo radical a las dirigencias políticas tradicionales, aprovechando la desconfianza e insatisfacción creciente con el funcionamiento de los partidos y de varias de las instituciones clave de la democracia. Como se puede observar, el signo ideológico no es un rasgo determinante, algunos se sitúan en el terreno de la izquierda y otros en la derecha.

En Bolivia, la experiencia que mejor se adecua a ese perfil es la de Carlos Palenque y tal vez Max Fernández en los años 90 del anterior siglo, aunque ninguno de ellos llegó a la presidencia. Aunque algunos sugieren que Evo puede ser catalogado también como un outsider, su larga presencia en la vida política en su calidad de dirigente cocalero y luego como diputado y candidato presidencial dificultan que se lo califique de esa manera, aunque sus propuestas, perfil y campaña eran evidentemente rupturistas con el establishment que hegemonizaba el poder en el periodo de la democracia pactada.

Encuestas recientes indican un notable crecimiento de la insatisfacción y una erosión fuerte de la confianza en todos los dirigentes políticos del oficialismo y las oposiciones. Al mismo tiempo, un apreciable porcentaje de ciudadanos manifiestan su deseo de un “candidato nuevo” y se resisten a elegir entre el elenco de los candidatos habituales. Hay pues condiciones para la emergencia de un outsider, pero eso no es suficiente.

El deseo de la renovación es natural en cualquier sociedad, pero su traducción en votos no es automática. Importa mucho la fuerza del personaje que no tiene quizás tanto que ver con sus rasgos o experiencias propias, sino con su adecuación a los humores mayoritarios que predominan en la sociedad en esa coyuntura.

Es decir, es insuficiente ser alguien por fuera del sistema o incluso crítico severo del mismo, lo determinante es comprender los sentimientos de malestar y/o las expectativas sociales para que tanto la imagen como el discurso que se transmiten respondan y sean coherentes frente a ellos.

Desde esa perspectiva, hay una cuestión estratégica inevitable que cualquier aspirante a outsider tendría posiblemente que plantearse: ¿desde qué lugar propondrá una superación del actual escenario político? ¿desde algunos de los extremos, como Milei lo está intentando con su liberalismo radical en Argentina, o desde un centro o lugar indefinido, pero claramente diferente de las fuerzas tradicionales como supo hacerlo magistralmente Bukele rompiendo el bipartidismo histórico ARENA (derecha) y FMLN (izquierda) en El Salvador?

Por otra parte, la estrategia es solo un primer paso, queda la gran incógnita sobre la viabilidad electoral de un personaje por fuera de los partidos y fuerzas sociales tradicionales en un país territorialmente muy diverso, con culturas políticas locales bastante arraigadas y con apenas dos años hasta la elección de 2025. Aunque las redes sociales tienen hoy la capacidad de amplificar muy rápido la información, las estructuras sociales e imaginarios tradicionales siguen teniendo una gran importancia en nuestro país, no hay que subestimarlos.

Hay pues límites reales y grandes incógnitas estratégicas para un despliegue exitoso de cualquier novedad política hasta 2025, aunque es evidente, por otra parte, que hay una notable fatiga que está generando condiciones muy favorables para este tipo de experimento.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

La discusión sobre la economía se está contaminando peligrosamente de confrontaciones, cálculos politiqueros, aproximaciones irresponsables, malos augurios y simplificaciones ideológicas. No sería tan grave si ese mal rollo político no estuviera obstaculizando decisiones cruciales y erosionando la confianza de la sociedad y de los agentes económicos.

La política se está transformando en un factor de incertidumbre que contribuye al deterioro de la economía. Esa constatación no implica desconocer los desafíos concretos que enfrenta la política económica, pero la falta de acuerdos mínimos, el radicalismo destructivo asociado a la polarización y el desorden oficialista son igual de responsables de los problemas cambiarios que la subida de tasas de interés globales o el gasto elevado de las subvenciones.

Sin un reordenamiento político la solución a los problemas económicos se pone cuesta arriba. Se trata, en suma, de negociar y acordar algunas decisiones básicas, sobre todo al interior del propio masismo. Eso es lo mínimo, hay que resolver.

Admitir que estamos en un momento complejo no es un pecado, es reconocer apenas lo que se ve en las calles. Obviamente acompañado, al mismo tiempo, de una buena contextualización sobre el origen de esas dificultades, de su matización y de certezas sobre la manera cómo se irán superando en el corto y mediano plazos.

No hay dónde perderse, cosas negativas pasaron en enero y la caja de truenos se abrió dejando libres a los males de la economía, reales y exagerados. No se la cerró a tiempo y ahora tenemos que lidiar, guste o no, con fenómenos de desconfianza y temor que no pueden ser subestimados. Es imposible volver a diciembre de 2022, estamos en un nuevo tiempo.

Ya se sabía que la economía tenía desequilibrios que debían ser absorbidos, que había que construir un puente para superarlos en el corto plazo y un horizonte de llegada. Tarea compleja considerando que esa ruta estaba rodeada de tormentas. Por esa razón, convencer a la gente, a los inversores y a los prestamistas internacionales que se sabía a dónde se iba y que la ruta era más o menos sólida era determinante. A eso se denominan expectativas. Eso es lo que se sostuvo en estos dos años y que ahora se está erosionando.

Parte de las respuestas tienen que ver con la comunicación y la política. Para empezar, no ayuda para nada la cacofonía y el tumulto en el que está inmerso el oficialismo. No tapemos el sol con un dedo: la división del bloque masista implica de facto un gobierno sin mayorías claras, lo cual obliga a negociar, convencer y quizás ceder. En suma, requiere una renovación urgente del arsenal gubernamental de gestión política.

Dejemos de lado las ingenuidades, las oposiciones, externas e internas, hacen su laburo, mostrando los tropiezos del Gobierno, llevando agua a su molino y pensando en reposicionarse en un contexto que les es favorable. Obviamente, se esperaría algo de más de responsabilidad y reflexión sobre los efectos de sus acciones y palabras, pero eso tampoco se logra si no hay señales de algún diálogo.

Tampoco hay que quejarse de la mala onda de comentaristas y redes sociales. Este es un momento ideal para los augures del apocalipsis y los ideólogos que prometen soluciones simples a problemas complejos. Por ejemplo, de los profetas de un fiscalismo primitivo que resuelve todo con un estado mínimo y un recorte feroz del gasto público, sin que se tenga idea de lo que eso implica o si alguien lo aceptara. Eso seguirá ahí, responder todos los días a sus provocaciones no solo es insulso sino contraproducente.

No es momento de ofuscarse o alentar la confrontación, urge serenar la política para ganar tiempo para que las políticas económicas de estabilización se asienten. Hay ciertamente desajustes, pero existen fortalezas y capacidades económicas que podrían permitirnos resistir. No hay ninguna fatalidad, hay opciones para salir adelante, más de las que creemos. Aún más, el estado de ánimo de la gran mayoría es de incertidumbre, pero, de igual modo, de prudencia y deseo de encontrar salidas constructivas, se debe aprovechar esa fuerza social.

Se suele decir que la capacidad de un liderazgo político se mide en la adversidad, cuando surgen cosas imprevistas o incluso indeseables, cuando los planes se desbaratan. El error sería quedarse pasmado, atrapado en certezas agotadas, buscando culpables o intentando ganar alguito en medio del conflicto. Al contrario, hay que hacer mejor política. Cuando la contingencia nos castiga, hay que ser aún más virtuosos, pero también pensar en el país, su gente o al menos en los electores que les otorgaron su confianza.

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.