Perversa judicialización de la política
Yuri Torrez
Las trifulcas en las entrañas del Movimiento Al Socialismo (MAS) llegan a límites peligrosos con efectos imprevistos no solamente para la existencia del partido gobernante, sino con implicancias para los/las bolivianos/as. En su afán de eliminar al “otro”, bajo la lógica siniestra amigo/enemigo, los distintos actores estratégicos en el MAS emprendieron disputas encarnizadas sin reparar sobre las implicancias de sus acciones.
Por un lado, los adherentes al exmandatario Evo Morales, como parte de su recurso de poder, llevaron a cabo un bloqueo de caminos que puso en vilo al país y, por el contexto de la situación crítica de la economía, estas medidas contribuyen a deteriorar la economía, especialmente de los sectores empobrecidos que, dicho sea al pasar, constituyen el núcleo duro de los votantes del MAS. Al parecer, esta cuestión no fue calibrada por los evistas.
Por el otro lado, los allegados del actual presidente, Luis Arce Catacora, asumieron como táctica la judicialización de la política, sin reflexionar sobre las consecuencias que pueden traer este tipo de acciones para la propia institucionalidad de la democracia boliviana. En efecto, en lo que sigue, nos adentramos a reflexionar sobre este fenómeno de la judicialización de la política en el contexto de la beligerancia interna del MAS.
Los arcistas —como se conoce a los adherentes del actual presidente— asumieron que uno de sus recursos de poder a desplegarse era utilizar a la justicia para sus fines políticos, específicamente, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). A sabiendas de la manía de supeditarse al poder que tienen los miembros del TCP, los arcistas emprendieron una estrategia de control de esta instancia jurisdiccional para desplegar sus acciones tácticas para derribar a su contrincante interno: Evo Morales.
No debemos olvidar, los miembros de este TCP, en su momento, inclusive en contra de los resultados de un referéndum constitucional negando a Morales a una segunda postulación a la presidencia de Bolivia, le habilitaron como candidato para los comicios de 2019 y, posteriormente, en el contexto del golpe de Estado, a través de un comunicado apócrifo, intentaron legalizar al gobierno inconstitucional de Jeanine Añez.
Con estos antecedentes ominosos del TCP, los arcistas hicieron que esta instancia judicial esté al servicio de sus intereses políticos. Para ello, hicieron todo lo posible, en complicidad con la desidia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para suspender las elecciones judiciales que, a la postre, significó la prórroga ilegal de estos magistrados. A contrapartida, estos magistrados sacaron fallos judiciales a pedido de sus aliados. Esta cuestión, en los hechos, significa una desinstitucionalización judicial. O sea, esta judicialización de la política es una cuestión peligrosa para la propia democracia boliviana ya que la soberanía del pueblo, pilar democrático, estaría reduciéndose a las decisiones de este siniestro TCP.
Más allá de la disputa interna en el MAS, con sus beneficios y perjuicios respectivos, lo preocupante son los daños colaterales que implican los mismos para la institucionalidad democrática. De allí, me adhiero a las palabras de mi vecino de columna, José Luis Exeni, al momento de su análisis sobre la judicialización de la política en Bolivia, recordaba esa frase célebre de la Proclama insurreccional de la Junta Tuitiva de La Paz: “Hay un silencio bastante parecido a la estupidez”, o los cochabambinos diríamos con la frase del entrañable Tambor Vargas: “Moriremos si somos zonzos”.