Asistimos a la clásica imagen deformada que imponen los medios masivos transnacionales de (des)información sobre la deportación de migrantes latinoamericanos a sus países de origen. La idea que fuerzan imponer en el sentido común es que son “ilegales, indocumentados, son causantes de inseguridad social-laboral, dedicadas a actividades ilícita, etc.”. Es decir, una serie de clichés que reducen a condición de lumpen social inferior; pero, además, añaden peyorativamente condiciones raciales en la identificación del latino e imponen arbitraria, mediática y comunicacionalmente una lógica de superioridad racial americana.

No es la expulsión de migrantes que se presenta como trágica y necesaria por la promesa de Trump, sino la forma de la deportación es en condición de delincuentes, porque son arrestados, enmanillados y los suben a un avión militar para desecharlos.

Este hecho no es aislado ni tampoco el cumplimiento de una promesa electoral; está inscrito en el ADN religioso, ideológico, político, moral y constitucional de Estados Unidos de América: el Destino Manifiesto. Por ello, es una obligación del stablishment imperial cumplir este designio divino.

Los orígenes del designio divino están en la Reforma Protestante del siglo XVII. Los ingleses migrantes al nuevo continente profesaban el protestantismo opuesto a la religión católica de la Corona. Las colonias que declararon su independencia de la corona británica (1763) y sus líderes fundadores —Thomas Jefferson, Benjamin Franklin— veían que estaban creando el nuevo Reino de Israel, “la tierra escogida por Dios para sus fieles”. Proclamar este designio implicó desde el primer momento sentirse superior sobre los católicos que tenían control sobre territorios hispánicos que se consideraban propietarios de los indígenas.

Duplicaron su territorio en 1803, compraron Luisiana al imperio francés. Dos décadas después, el presidente Monroe proclamó que “el continente americano que declaró su independencia (…) no debe ser considerado colonia europea (…) y cualquier intervención extranjera sería tomada como agresión a Estados Unidos (…) como principio, porque están en juego nuestros intereses”. Es la proclama del naciente imperialismo “América era para los (norte) americanos”.

En 1845 la república de Texas, que fue años antes ‘invadida por los americanos’ motivado por su gobierno, declaró su anexión a Estados Unidos. A este acto el periodista estadounidense John O’Sullivan describía como “(…) el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por el continente asignado por la Providencia”. En el designio providencial de ampliación de territorio, Estados Unidos, en 1848, declara la guerra e interviene militarmente a México; culminó con la anexión violenta de cerca de la mitad del territorio mexicano; en 1867 compra Alaska a Rusia; en su estrategia expansionista en 1898 intervino militarmente Filipinas, impuso un gobierno y formalizó su posesión pagando 20 millones de dólares; también tomó control militar de Guam, Puerto Rico y Cuba.

La geoestrategia expansionista tiene también en la subjetividad americana su razón; el ejemplo que grafica es Ku Klux Klan; autoidentificados como supremacismo blanco religiosos protestantes hicieron de la violencia racial religiosa, étnica y política su única forma de sentirse útiles e importantes.

Es el recorrido violento y expansionista de la iluminación divina en el siglo XIX, que sigue en el siglo XXI. El presidente 45 es descendiente de migrantes ilegales, es protestante presbiteriano del mismo tronco espiritual  de los migrantes ilegales y fundadores de Estados Unidos, es Donald Trump, que en su discurso de juramento presidencial: “EEUU volverá a considerase una nación en crecimiento, que aumenta nuestra riqueza, expande nuestro territorio, construye nuestras ciudades, eleva nuestras expectativas y lleva bandera hacia nuevos y hermosos horizontes (…), perseguimos nuestro destino manifiesto” y él (Trump) se considera a sí mismo el elegido y enviado celestial: “Mi vida fue salvada por una razón, Dios me salvó para hacer a América grande de nuevo”.

En su estrategia expansionista bendecida por la divinidad, ha anunciado que quiere comprar la isla de Groenlandia a los daneses, que Canadá sea el estado 51 anexado de la Unión, arrebatar y controlar nuevamente el canal de Panamá, expulsar a los migrantes latinos y musulmanes, quitar la residencia a quienes apoyen a Palestina.

El Destino Manifiesto hace varias décadas ya tiene el tono ideológico de los regímenes que sembraron de millones de cadáveres los campos de concentración europeo.

Ironizando las vivencias: ¿si volviera a migrar ilegalmente Friedrich Trump (abuelo de Donald), el presidente Trump lo expulsaría?

*Es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda

Los sentimientos y sentidos de pertenencia marcan la diferencia; los pueblos, sectores obreros, populares y barriales, afirman con un alto nivel de emotividad “nuestra Bolivia”, “nuestra patria”, enunciación en primera persona porque manifiesta su sentido de pertenencia a “nuestra”. Esta afirmación no es un chauvinismo regionalista, sino un acto conciencial porque identifica a la Patria como su yo colectivo identitario. En la otra vereda están los que expresan a Bolivia como su propiedad, se ubican por encima del Estado y, obviamente, de la sociedad, y nos dicen “hay que salvar Bolivia”.

Esta última afirmación no es una casualidad de estos tiempos de crisis, sino la reiteración de una frase que sintetiza su relación con la Patria. La fuente identitaria es la propiedad, la explotación y el excedente, razonan no solo como propietarios sino como clase social capitalista.

El capitalismo en nuestro país se desarrolla en condiciones periféricas, tributan o transfieren el excedente a los centros hegemónicos imperiales. Esa relación de subordinación/dependencia dentro el capitalismo construyó simultáneamente una cultura de superioridad colonial capitalista-endógena; nos vieron y nos ven como el objeto y la fuente inagotable de recursos naturales y humanos; por ello no es casual que reivindiquen y defiendan la seguridad jurídica, condición sine qua non para el desarrollo bajo la lógica del capital. Esta posibilidad requiere de un Estado fuerte, de un gobierno que imponga el imperio de la ley, toda la institucionalidad política, jurídica, policial, militar dispuesta a hacer cumplir la verdad estatal como la razón de la civilización.

El capitalismo no defiende solo al capital, sino al capitalismo como sistema; ahí radica el sentido que tiene sobre la patria.

El deseo de que Bolivia vuelva a la senda estatal neoliberal ortodoxa no es nuevo, pero hoy tiene mayor relevancia por la crisis dentro el bloque indígena popular; las opciones con más o menor intensidad giran bajo el paraguas de los referentes de extrema derecha de la región: Bukele, Milei, Bolsonaro y envalentonados con el triunfo de Trump.

Claure, el multimillonario empresario boliviano, considerado por una revista de negocios como uno de los de mayor influencia continental y además ser el propietario de tres equipos de fútbol profesional en Bolivia, Estados Unidos y España. Esa aureola le da el derecho de arrogase y se considera a sí mismo el mediador, gestor, promotor de acuerdos políticos, empresariales, para salvar Bolivia. El capital impone el bastón de mando sobre la patria.

Desde su pulpito empresarial, autoconsiderado su salón oval, se brindó con la cobertura mediática que necesitaba “mediar” entre el expresidente Morales y el presidente Arce; su lógica de razonamiento emerge del sentido de propiedad que le da el capital, se pone por encima del Illimani, ve al indio y al académico pelearse como si fuesen sus vasallos y los llama para que se abuenen.

Recorre a la otra vereda, ve a varios autoproclamados presidenciables, cada uno de los candidatos con o sin sigla, anunciando a los cuatro vientos que serán el próximo presidente; otros, en su orfandad, pidiendo primarias para definir candidatura unitaria, un empresario y eterno candidato comprando espacios en los medios, presentando sus propuestas ante un auditorio lleno de asistentes sin ilusión y un alcalde que se siente el chocolate electoral que endulzará su ascenso presidencial. Lo que prima ante él —Claure— es el sentido de paternidad capitalista; considera a los aspirantes presidenciales parte de su círculo, pero periférico; por ello se “ofrece a conversar con ellos”; pero como ve que es una maraña indescifrable toda la oposición, decidió dar el toque final, contrató una consultora internacional para que haga una encuesta de preferencia electoral, para conocer el veredicto y alinee al club de amigos opositores.

Hoy, el amigo y admirador de los íconos de la extrema derecha internacional, sin rubor, lanza la consigna inspirada en las frases de Trump “Make Bolivia Great” (Haz a Bolivia Grande); su reto es hacer grande el capital explotando la riqueza natural estratégica que poseemos; para ello necesita un gobierno que le rinda pleitesía.

El capitalismo tiene en el sentido de propiedad sobre los Estados su razón de ser; democracia o dictadura son opciones; mientras sean útiles, recurren a cualquier método y tienen los medios y el discurso que justifique uno u otro modelo político de dominación.

El origen del Estado Plurinacional está en la politización de los sindicatos campesinos, que rompieron con la tradición eurocéntrica del Estado-nación impuesta y asimilada como la normalidad estatal.

Es una ruptura que implica la deconstrucción a partir del conflicto contra el Estado, también al interior de las sociedades urbanas y rurales, de las subjetividades individuales y colectivas que tienen en sus creencias códigos de racionalidad expresada en juicos de valor y sentido común sobre el orden social, político, cultural, económico, religioso y sobre los actores del conflicto.

El Estado en una síntesis de una razón hegemónica convertida en verdad, disciplinando y ordenando la forma de vida de las sociedades; sus quiebres no son asumidos como crisis, sino como reafirmación de su razón; para imponer la verdad recurren a la fuerza estatal policial, militar, judicial, mediática o religiosa; es el momento de validar su razón frente a los que subvierten el orden existente.

El Estado, temporalmente, existe a partir de las manifestaciones de su fuerza, derrotando, reprimiendo, encarcelando a los sectores subalternos. Estos hechos en nuestra historia local fueron la postergación del conflicto, que vuelven a emerger en un calendario sin fechas y con agendas diversas; los actores que lideran están más allá del sujeto individualizado porque actúan como comunidad con identidad.

El Estado, al criminalizar la protesta, identifica como “delincuentes”, “terroristas”, “subversivos” a los movilizados y a los dirigentes, por ello buscan la sanción penal para escarmentar y disciplinar a los sectores subalternos.

Los movimientos que cerraron el ciclo del Estado represivo fueron: las movilizaciones de Tierra, Territorio, Coca, Soberanía, lideradas por los productores de la hoja de coca del Trópico de Cochabamba (1994); la Guerra del Agua, liderada por fabriles, regantes/campesinos, sectores urbano-populares en Cochabamba (2000); la instalación del Cuartel Indígena de Qalachaca, liderada por los campesinos aymaras en el altiplano paceño (2001); la Guerra del Gas, liderada por aymaras, quechuas, juntas vecinales de El Alto (2003); son el testimonio de movilización de las comunidades, su forma de organización es predominantemente sindical.

Cerrar ese ciclo implicó que asumieron su responsabilidad de liderar el nuevo tiempo político, se constituyeron en el actor colectivo hegemónico; su razón no fue impuesta, fue propuesta a la Asamblea Constituyente. Por el contrario, el actor sindical campesino, indígena, originario y popular enfrentó a la violencia social, política y racial de los grupos y sectores otrora propietarios del Estado; estos grupos fueron derrotados en dos escenarios democráticos por el soberano: el referéndum revocatorio/ratificatorio y el referéndum constitucional para aprobar la Constitución, el valor del triunfo estuvo en la movilización del pueblo.

Las élites de poder desplazadas no admitieron su derrota, conspiraron constantemente con el padrinazgo imperial, conformaron grupos político-cívico-empresariales atrincherados regionalmente, no para ser oposición liberal y democrática, sino oposición desestabilizadora, ideológicamente de derecha y extrema derecha; su momento más alto fue tomar por asalto el gobierno, que a la vez fue su frustración por la catastrófica gestión de Áñez.

Ahora, el Gobierno desconoció el origen y al sujeto del Estado Plurinacional, retomó los métodos del viejo Estado colonial represivo, deteniendo, penalizando, además de sindicarlos con los clásicos códigos de descalificación y presentándolos públicamente como delincuentes a los campesinos.

El beneficiario político y también electoral son las élites desplazadas, son las que alimentan con su narrativa la utilización de la violencia estatal, esgrimen la misma terminología, “Estado de derecho”, “libre transitabilidad”, “grupos subversivos”, etc., que fue empleada para imponer el neoliberalismo a través de los estados de sitio. Disponen de los medios porque son propietarios, crean la imagen negativa como sentido común contra el actor con rostro sindical campesino, indígena, originario; el conflicto y enfrentamiento dentro el bloque plurinacional-popular es la excusa que necesitaban para enterrar las banderas de este tiempo político.

Para el poder, lo que sucedió significa restituir “el orden, la paz y la tranquilidad”; para los pueblos, es un episodio más de su lucha esta experiencia alimenta emotiva, simbólica e ideológicamente su sentir y praxis.

*César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Para abordar el análisis vamos a partir definiendo el sentido de la utilización del concepto de crisis como “estado de situación negativa”, como temporalidad, que es a la vez —la crisis— consecuencia de lo que antecede y a la vez es causa de lo que le precede.

La crisis política de la institucionalidad democrática de octubre-noviembre del 2019 que derivó en el golpe de Estado, fue superado reencausando los órganos de poder del Estado —Ejecutivo y Legislativo— a la constitucionalidad efecto de la movilización popular.

Reencausar la institucionalidad significó la presencia de otros actores políticos que son consecuencia de la crisis de octubre-noviembre y de la catastrófica gestión del gobierno de facto. La legitimidad no estaba centrada en el resultado electoral, sino en lo que significaba para las y los bolivianos la salida a la crisis, volver a otorgarle democráticamente al MAS la titularía estatal. 

El MAS asumió el gobierno heredando las consecuencias políticas internas de la crisis de octubre-noviembre, con cierta ironía y sabiduría política se decía “recuperamos el gobierno, pero no el proceso”, esta frase sintetizaba que la lógica liberal-representativa electoral no significaba el reencuentro del núcleo orgánico campesino sindical, indígena, originario y popular con el horizonte de la “revolución democrática cultural”.

Esta realidad nos mostraba un déficit interno del proceso, nos obligaba a relecturar autocríticamente el escenario estatal, político, sindical y social donde nos desenvolvíamos, las tareas estatales, económica, productivas, políticas, eran diferentes, ojo no opuestas, a los tiempos políticos desde inicios de siglo, pero se privilegió el “yo revolucionario” frente al otro, ese fue el momento de la visibilización de la grieta.

La grieta se ensanchaba alimentando el vacío que nos alejaba, empezaron a aflorar las diferencias, pero a partir de la negación del otro lo que condujo a crear un estado de situación negativa.

Los congresos de la Confederación de Campesinos, de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, de la Confederación de Interculturales derivaron en la división con la intervención de la policía de por medio, se fracturó el núcleo del proceso, la imagen que se irradia a lo externo es de enfrentamiento, la unidad del núcleo que fue lo virtuoso para liderar y enarbolar la transformación estatal se está diluyendo por la forma como se amplifica mediáticamente el conflicto con una fuerte intencionalidad política conservadora.

El congreso del MAS suspendido indefinidamente por intervención del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional atiza la crisis, la intervención de los órganos estatales no tiene la finalidad de cuidar la institucionalidad partidaria, sino exacerbar el enfrentamiento a partir del no reconocimiento de las competencias partidarias de la dirección política y dilatar la resolución de rechazo al congreso que se desarrolló en El Alto. La única organización política que tiene presencia en la totalidad del territorio nacional se lo presenta diariamente como ingobernable internamente. Esta característica es la fuente mediática pero difundida negativamente.

El MAS, los dirigentes políticos y sociales no son presentados como el factor de la política, sino factor del conflicto, del enfrentamiento, al extremo que dirigentes sociales pro-gubernamental exigen procesos penales y detenciones para los dirigentes opuestos, estas exigencias son amplificadas en los titulares de los noticieros centrales.

Lo que el sentido común está consumiendo es imagen negativa de crisis.

Los medios, los eternos “analistas”, las diversas y folclóricas oposiciones que profesan teológicamente el sentido colonial y racial, este estado de situación de crisis es la mejor justificación para abanderar su vieja y clásica retorica anti-revolución democrática cultural.

Así como el 2019 exacerbaron las emociones urbanas con la idea del “fraude” para oponerse al triunfo electoral, ahora persiguen una meta que no está en ofrecer una alternativa, sino en descalificar al bloque sindical campesino, indígena, originario, popular y al Instrumento Político e invalidar su liderazgo.

Su estrategia esta develada, es mantener y agudizar este estado de situación negativa de crisis indefinidamente, el paso siguiente será difundir masivamente en los medios y en las redes al MAS y las organizaciones como los enemigos de la “civilización democrática”, así tender la alfombra para el retorno de la derecha.

César Navarro Miranda  es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

Desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2109, los actores directos sin intermediarios fueron los cívicos, la consigna era “anulación de elecciones” y “renuncia del Presidente y del Vicepresidente”. Los candidatos y políticos de las derechas políticas se alinearon a la ultra derecha cívica, perdieron iniciativa y su subsistencia dependía de su relación de subordinación-dependencia.

Luis Fernando Camacho asumió de hecho el liderazgo del golpe, empezó una articulación múltiple con las iglesias católicas y evangélicas, desplazamiento y control territorial urbano nacional, coordinación y subordinación a su mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, desde el 23 de octubre hasta las 17 horas del 10 de noviembre, todos los dirigentes cívicos, incluido el Conade estaban bajo el mando cívico cruceño.

El domingo 10 de noviembre, a las 07:30 de la mañana Evo anunciaba la anulación de las elecciones, convocatoria a nuevos comicios y elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) presionado-chantajeado por el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA); ese era el último y mejor momento para Mesa, pero él decidió rechazar, lo que demuestra su condición de político de imagen mediática y no así con liderazgo político.

Camacho al asalto y toma del Estado. Camacho, al estilo de la derecha venezolana en el golpe contra Hugo Chávez en 2002, plantea “renuncia del Presidente y Vicepresidente, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional, renuncia de todos los miembros del Órgano Judicial y del Tribunal Electoral Plurinacional”, es decir, plantea el asalto y control total del Estado con la conformación de un gobierno de “notables”. En Venezuela, militares y empresarios con similar dinámica detuvieron, secuestraron, a Chávez, cerraron el parlamento, cesaron a autoridades judiciales y nombraron presidente de Venezuela a las 3 de la madrugada a Pedro Carmona, que era presidente de la federación de empresarios venezolanos.

Camacho tenía la subordinación y control de militares y policías, subordinación de los políticos de las derechas, por tanto, el mango de la sartén del golpe para definir o designar a los “notables” para tener el control total del Estado sin ningún tipo de institucionalidad. Esta ilusión le duró desde las 10 de la mañana del 10 de noviembre hasta las 17:30. Se trasladó con seguridad policial desde su hotel en la zona Sur de La Paz hacia el edificio de la UTOP en plaza Murillo, de ahí hacia el Palacio Quemado. Tres personajes: Camacho, Marco Antonio Pumari y Eduardo León, con una Biblia y la tricolor boliviana como demostración del poder de la república colonial, del dominio de la religión sobre los paganos del pueblo plurinacional.

Ese es el tiempo mínimo de gloria de Camacho y Pumari, se sentían realizados, libertarios políticos y religiosos mientras oraban de rodillas en el hall de Palacio; los políticos de las derechas, sin capacidad de organizar una sola reunión de café, deciden volver a sus pasos del poder colonial republicano, recurren a la Iglesia Católica. Esta institución, a través de la principal autoridad de la Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Ricardo Centellas, que también denuncio fraude, exigió la renuncia del presidente y nuevas elecciones desde el exterior el 23 de octubre, sin tener o presentar un mínimo de prueba, lo que valía era su voz,  la voz santa, la voz del Señor, la voz de los creyentes; toma bajo su responsabilidad el resultado del golpe, es decir, la organización del gobierno del golpe.

La Iglesia convoca en el edificio de la Universidad Católica Boliviana en La Paz a Camacho, asiste Jerjes Justiniano en su representación, que luego será nombrado ministro de la Presidencia del gobierno de facto; a Carlos Mesa, asiste Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana; a Waldo Albarracín en representación de la Conade; a la Unión Europea, a la representación de la Embajada de Brasil; también son partícipes de la reunión Jorge Tuto Quiroga, Luis Vázques Villamor, Samuel Doria Medina, Roberto Moscoso. Es el momento que Camacho pierde el control del golpe, se vuelve en uno más para las cuotas de poder estatal y burocrático.

Este es el grupo que de facto, bajo la tutela de la Iglesia Católica, le arrebata la organización del gobierno y control del Estado a Camacho. Organizan el gobierno, para ello, como lo reconoció Albarracín en un entrevista (Radio Deseo con María Galindo), se buscó una solución lo “más constitucional posible”; se acuerda que la segunda vicepresidenta del Senado, una senadora sin ninguna relevancia política ni regional, militante de Demócratas solo con la casualidad de ocupar un cargo en la directiva por cuotas que corresponden a las minorías, sea la presidenta.

Esta decisión es determinante porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se subordinan de manera inmediata a la senadora que estaba en Trinidad, es decir, los políticos de las derechas empezaron a operar quirúrgicamente para que no exista escisión en militares y policías en esta definición sobre el poder político de facto.

48 horas de gobierno de militares y policías. La Policía deja el amotinamiento y se desplaza territorialmente al igual que los militares en todo el país, vivimos 48 horas de gobierno militar-policial. Represión con balas a las movilizaciones, muertes en Ovejuyo, Rosales, Chasquipampa, El Pedregal, el control policial en plaza Murillo para impedir el ingreso de los senadores del MAS a la Cámara de Senadores e instalar la sesión y de esa manera garantizar que la senadora Jeanine Áñez se autonombre presidenta del Senado, luego en sesión (que nunca se instaló) sin quórum de la Asamblea Legislativa Plurinacional se autoproclame presidenta.

El control armado del territorio nacional y de la infraestructura de la Asamblea, la protección militar a Jeanine desde Trinidad hasta La Paz, posibilita que se consolide el golpe suave con la auto-elección-proclamación, era el procedimiento como excusa para mostrar que hubo sucesión constitucional.

Mesa y Camacho perdieron sus oportunidades en los momentos decisivos, les arrebataron las derechas políticas con la bendición, auspicio y organización de la Iglesia Católica.

(*) Segunda y última parte de la crónica de la crisis de octubre-noviembre de 2019 enviada por el exministro.

(**) CÉSAR NAVARRO M. exdiputado del MAS, exministro de Minería