Economía

lunes 25 ene 2021 | Actualizado a 00:23

Bolivia quiere transferencia de tecnología en negocio del litio

El Gobierno condicionó el contrato de explotación de litio con la empresa francesa Bolloré a la transferencia de tecnología, un día después de que ésta pidiera acelerar el proyecto, informó ayer el canciller David Choquehuanca.

/ 29 de abril de 2010 / 05:00

La Razón – El Gobierno condicionó el contrato de explotación de litio con la empresa francesa Bolloré a la transferencia de tecnología, un día después de que ésta pidiera acelerar el proyecto, informó ayer el canciller David Choquehuanca.

Choquehuanca exhibió en rueda de prensa el proyecto del grupo europeo que consiste en fabricar autos eléctricos que funcionan con pilas de litio, mineral que se encuentra en el salar de Uyuni (sudoeste de Bolivia).

«No se ha tomado todavía una decisión política, si vamos a trabajar con esta empresa, pero toda inversión ahora tiene que estar acompañada por la transferencia de tecnología», dijo el Canciller, según AFP.

El Gobierno busca tecnología «amigable con la Madre Tierra», lo cual ofrecería Bolloré con vehículos eléctricos —desde pequeños hasta buses— que no funcionan con carburantes, agregó. «Este tipo de industrialización vamos a llevar adelante», afirmó.

El Ejecutivo boliviano busca que la explotación del litio sea 100% estatal, y que la industrialización del mineral se realice en el país, hecho que, según la autoridad, marca la diferencia con las intenciones de Bolloré, que pretende fabricar las baterías para automóviles en Francia.

La Razón informó ayer que el consorcio francés Bolloré-Eramet reiteró su intención de ser socio del país en la industrialización del salar de Uyuni y pidió al Gobierno iniciar el proyecto «lo más pronto posible». El director central de Bolloré, Thierry Marraud, recordó que al margen de la fabricación de litio metálico (carbonato de litio), el proyecto del consorcio tiene como finalidad construir en Bolivia una planta de producción de baterías eléctricas y, a futuro, de coches que funcionen con la misma.

Las firmas japonesas Mitsubishi y Sumitomo también mostraron su interés por quedarse con el negocio del litio, e incluso propusieron crear una joint venture para explotar el yacimiento ubicado en el salar de Uyuni, el más grande del mundo.

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Arce anuncia un contrato con Petrobras que ‘mejora en 51%’ el precio de la octava adenda

A principios de marzo de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó la llamada octava adenda con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras).

Parte del ducto que transporta gas natural hacia Brasil. Foto: La Razón-archivo

/ 24 de enero de 2021 / 19:25

El presidente Luis Arce anunció la firma de un contrato con Petrobras, para la compraventa de gas, que —según dijo— mejora en 51% la octava adenda suscrita por el régimen transitorio de Jeanine Áñez y que reportará para el país $us 25 millones en dos meses.

 “Suscribimos un nuevo contrato con @petrobras que mejora en un 51% el precio con relación a la Octava Adenda firmada por el gobierno de facto. De esta manera, vía YPFB, el Estado recibirá $us 25 millones en dos meses. Trabajamos sin descanso para generar más ingresos para #Bolivia”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

A principios de marzo de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó la llamada octava adenda con Petróleo Brasileiro SA (Petrobras), que, se preveía, iba a generar para el país entre $us 4.000 millones y $us 6.000 millones en los próximos seis años.

El acuerdo establecía un volumen mínimo de entrega de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm3d) y un máximo de 20 MMm3d. Con las anteriores adendas el volumen máximo era de 30,08 MMm3d y el mínimo, de 24 MMm3d.

La fórmula de pago, que es el precio internacional del petróleo más una canasta de fuels, no había sido modificada con ese acuerdo.

Sin embargo, como informó La Razón en agosto de 2020, con la octava adenda YPFB había dejado de percibir mensualmente unos $us 5,34 millones por el transporte del energético entre Río Grande y Puerto Suárez (Mutún), en la frontera con Brasil, costo que antes de la firma del nuevo convenio lo pagaba la petrolera brasileña.

Desde Río Grande hasta el Mutún la longitud del ducto es de 570 kilómetros. Antes de la firma del nuevo acuerdo el punto de entrega del gas boliviano era Río Grande. Con la octava adenda, el punto de entrega se había cambiado al Mutún, en la frontera con Brasil, según el documento al que tuvo acceso entonces La Razón.

En suma, las pérdidas para el país alcanzarían los $us 233 millones tras la octava adenda.

Este extremo había sido admitido después por el entonces ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. “En este año (2020) son 58 millones, en 2021 deben ser alrededor de 80 millones y en 2022, unos 85 millones de dólares aproximadamente”, afirmó.

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En la gestión de Áñez, Easba compró 1.200 toneladas de urea con sobreprecio

“Tengo entendido que compraban (urea) de una empresa privada de Santa Cruz”, dijo a La Razón impresa el gerente actual de Easba, Ramiro Lizondo.

La producción de la planta de azúcar de San Buenaventura, en el norte de La Paz. Foto: La Razón-archivo

/ 23 de enero de 2021 / 11:53

La actual administración de la estatal Easba detectó varias irregularidades cometidas en la gestión de Jeanine Áñez, como la compra con sobreprecio de 1.200 toneladas (t) de urea. En 2019 se adquirió el fertilizante a $us 350 la tonelada y para 2020 se había elevado a $us 850.

El gerente general de la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Ramiro Lizondo, informó a La Razón que tras asumir el cargo tomó la decisión de efectuar una investigación a la gestión pasada y realizar auditorías especiales para conocer a detalles los “malos manejos” cometidos.

“Estamos hablando de 1.200 toneladas que se han comprado (con sobreprecio) durante la gestión 2020. Todo eso va a averiguar la auditoría especial”, dijo Lizondo en contacto con este medio.

Añadió que se registraron compras de insumos con “sobreprecio” y que en el caso del fertilizante “nosotros adquiríamos (en 2019) la urea en 350 dólares la tonelada, (mientras que) el año pasado, durante la gestión del Gobierno de facto y los gerentes que manejaban la empresa, la urea fue comprada a 850 dólares la tonelada; por lo tanto, esto se debe investigar y estamos hablando de cantidades muy grandes”.

Explicó que durante el tiempo que él administraba Easba se adquiría la urea de la Planta de Amoniaco y Urea de Bulo Bulo en el trópico de Cochabamba, cerrada en la administración transitoria.

Mientras que en la gestión pasada se tiene conocimiento de que la gerencia adquiría el fertilizante de empresas privadas. “Tengo entendido que compraban de una empresa privada de Santa Cruz”, dijo.

En octubre de 2020, el entonces gerente de Easba, Jorge Barrios, indicó que la empresa concluyó la zafra con un récord de producción de 320.000 quintales de azúcar y la creación de 1.600 empleos entre directos e indirectos. Además, para 2021, se tenía garantizado más de 1.000 hectáreas de superficie de cultivos de caña adicionales.

Irregularidades

Reveló también que se habría contratado personal eventual de manera discrecional elevando los costos de la empresa en Bs 4 millones, cuando en anteriores gestiones se contrataba con apenas Bs 500.000.

“En el tema de gasto se ha cuadruplicado el tema de personal. Todo eso vamos a averiguar bien por qué se han dado esos cambios tan grandes en la administración de la empresa”, indicó la autoridad de la estatal Easba.

Otra de las anomalías registradas en la anterior administración, sostuvo Lizondo, es la emisión de facturas falsas por servicios que supuestamente prestaban “empresas fantasmas” en la planta azucarera, ubicada en el norte paceño.  

Durante 2020 la factoría continuó produciendo azúcar y alcohol que eran comercializados en los mercados interno y externo.

“Hubo producción, pero hubo declaraciones juradas falsas. Respecto a la producción dijeron que tenían que producir tanto y produjeron otra cosa y eso estamos investigando que es lo que ha pasado ahí”, añadió Lizondo.

Con relación a la producción de alcohol, durante 2020 se comercializó este producto, pero los compradores realizaban los pagos a cuentas privadas y no a nombre de la empresa azucarera, denunció el ejecutivo de la empresa.

Recordó que en su gestión, hasta principios de noviembre de 2019, la empresa sucroalcoholera estatal exportaba el alcohol a Perú, Colombia y una parte a Europa, pero en 2020 no se tiene el registro a qué países se lo comercializaba. Por este motivo se realiza auditorías especiales a todas las secciones de la estatal, indicó.    

“Eso es lo que estamos evaluando ahora, la producción dónde ha ido a parar porque hay saldos de stock que no coinciden con las ventas realizadas, queremos ver que ha pasado”, dijo.

Lizondo afirmó que, por instrucción del presidente Luis Arce Catacora, se realiza una evaluación minuciosa a la anterior gestión para establecer responsabilidades y a los culpables de haber cometido estas irregularidades.

Además, denunció que se habría quemado una de las turbinas de la maquinaria, que costaría alrededor de $us 5 millones.

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La situación económica del país es crítica, ‘no será fácil’ enfrentarla, dice Arce

El Presidente pidió unidad al pueblo boliviano para superar la crisis que sufre el país por “errores” del gobierno transitorio y la pandemia.

El presidente Luis Arce ante el vicepresidente David Choquehuanca. Foto: ABI

/ 22 de enero de 2021 / 17:04

Al celebrarse 12 años de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Arce aseguró este viernes que la situación económica del país es crítica no solo por la pandemia del COVID-19, sino también por “decisiones erróneas y la ausencia de políticas económicas claras, oportunas y efectivas” del gobierno transitorio.

Anticipó que superar esa crisis “no será fácil”, pero con unidad de todos los bolivianos el país saldrá adelante. “Hemos reactivado la inversión pública, hemos dinamizado la demanda interna, fortaleciendo nuestra política de redistribución de los ingresos para volver a reducir la pobreza y el hambre, así como las desigualdades económicas y sociales”, puntualizó el mandatario.

Añadió que el país está volviendo a la senda de estabilidad política, económica y social, de la diversificación productiva, de la industrialización de los recursos naturales, de la sustitución de importaciones y el crecimiento con justicia social.

“Sabemos que las familias bolivianas estamos pasando momentos muy difíciles por la pandemia y la crisis económica. Estamos trabajando sin descanso para superar estas múltiples crisis y ahora más que nunca necesitamos de la unidad del pueblo boliviano; les pido acompañarnos a cada paso que damos para volver a sentar las bases del futuro que se merecen nuestras hijas e hijos. Vamos a salir adelante”, aseguró Arce en el acto celebrado la mañana de este viernes en el hall de la Casa Grande del Pueblo.

Afirmó que uno de los mandatos del pueblo boliviano cuando asumió el Gobierno fue reconstruir la economía que “resultó seriamente afectada no solo por la pandemia sino también por las decisiones erróneas y la ausencia de políticas económicas claras, oportunas y efectivas desde noviembre de 2019”.

“La situación que nos dejaron la economía es crítica y el pueblo boliviano debe saberlo ya que no será fácil superar esta crisis, pero unidos lo lograremos como lo hicimos en el pasado”.

Situación de la economía

El Presidente hizo un balance las finanzas del país precisando que al segundo trimestre de 2020 Bolivia registraba un decrecimiento de más del 11% de la economía, del Producto Interno Bruto (PIB). Fue “algo que no habíamos experimentado desde 1953, cuando se observó un decrecimiento del 9,5%”, dijo.

Siguió indicando que a octubre de 2020 se registró una caída general del 9% del índice de cantidad de consumo de servicios básicos, cayó el consumo de electricidad, agua potable y gas licuado de nuestro país. “En similar período, el valor de las ventas y servicios facturados en restaurantes decreció en un 53%”.

La inscripción de empresas que entre enero y octubre de 2019 fue de 16.011 a octubre de 2020 cayó en 26%.

También cayeron las exportaciones e importaciones en 27% y 30%, respectivamente.

La inversión pública ejecutada se contrajo en 66%. De 3.272 millones de 2019 cayeron a solo 1107 millones en 2020.

La tasa de desempleo abierto urbano se duplicó de 4,8% a casi 9% y la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) pasó de $us 5.950 millones en octubre de 2019 a $us 9.457 millones en similar período de 2020.

La deuda externa subió de $us 10.998 millones en octubre de 2019 a  $us 11.739 millones en octubre de 2020.

El déficit fiscal subió de $us 5,2 millones del PIB en 2019 a 12% del PIB en 2020.

Las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) descendieron de $us 6.830 millones en octubre de 2019 a $us 5.778 millones en similar período del año pasado.

“Estos son tan solo algunos indicadores que reflejan la profunda crisis económica en la que nos dejó el gobierno de facto. Aumentó la incertidumbre; por tanto, en la economía boliviana el desempleo, la pobreza y el hambre”, sostuvo el mandatario, quien destacó que frente a esa situación se determinó el pago del Bono contra el Hambre, de Bs 1.000, que a la fecha benefició a 3,5 millones de bolivianos.

Con la Ley del Presupuesto General del Estado 2021 se impulsó la reconstrucción económica —dijo— a través principalmente del incremento de los niveles de inversión pública, “variable que se constituye en un pilar  fundamental del modelo económico, social, comunitario, productivo por su efecto dinamizador de la economía y además por su papel del canal para la redistribución de los excedentes hacia los sectores productivos y sociales”.

Finalmente, destacó la implementación de una política de austeridad, que redujo el gasto corriente del Gobierno, especialmente en sueldos, salarios y gastos de funcionamiento, pero también se dio continuidad al gasto asociado a los programas sociales y priorizó el sector de salud y educación con la asignación de recursos del 10% del PGE.

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Aportantes rechazan la devolución del 15% de las AFP propuesta por el Gobierno

Manifestantes califican al proyecto del presidente Luis Arce de “discriminatorio” y exigen que la Comisión Económica de Diputados atienda sus reclamos.

Decenas de manifestantes por la devolución de aportes a las AFP frente a la Asamblea Legislativa, este jueves. Foto: APG

/ 21 de enero de 2021 / 13:16

El movimiento de emergencia nacional por la devolución de aportes rechazó el proyecto de ley para la devolución de aportes a las AFP que plantea el 100% para quienes que tengan en su cuenta previsional hasta Bs 10.000 y 15% para los que tengan hasta Bs 100.000.

El gremio calificó de “discriminatoria” la nueva propuesta del presidente Luis Arce y presentada a la Asamblea Legislativa para su consideración.

Activistas de este movimiento protagonizaron este jueves un mitin de protesta en la puerta de ingreso a las oficinas de la Comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados, donde exigieron una audiencia con los legisladores para el análisis del proyecto.

“Nosotros vemos que este tema debe ser tratado en una mesa técnica y jurídica, sobre todo en el porcentaje, ya que nosotros no estamos de acuerdo con el 15% que estamos proponiendo, porque es una medida que no va a beneficiar a las miles de familias que se encuentran afectadas por el COVID-19, la crisis económica y la falta de empleo”, declaró a La Razón el vocero de este movimiento, Antonio Gutiérrez.

Agregó que la devolución de un 15% de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para los que tengan acumulados hasta Bs 100.000 “no es inclusivo y lo calificamos como un proyecto discriminatorio y que atenta al mantenimiento de las familias bolivianas con la recuperación de los aportes a las AFP”.

La norma, a la que tuvo acceso La Razón, establece una “devolución parcial de hasta el 15% de su saldo acumulado para aquellos (aportantes) que tengan una cuenta personal previsional un monto menor o igual a Bs 100.000, independientemente de su edad”. Además una “devolución total del 100% de su saldo acumulado para aquellos que tengan en su cuenta un monto menor igual a Bs 10.000 y cuenten con la edad de 50 o más años”.

Frente a esa situación, Gutiérrez anticipó que representantes de los nueve departamentos del movimiento se reunirán la próxima semana en La Paz en una asamblea para determinar nuevas medidas de presión si no son escuchados.

“Quieren hacer oídos sordos y quieren aprobar un proyecto de ley entre gallos y medianoche. Nosotros no estamos de acuerdo y nos vamos a ver en la necesidad de  movilizarnos”, advirtió.

El nuevo proyecto de ley para la devolución de aportes a las AFP plantea 100% de reintegro para aquellos que tengan en su cuenta previsional hasta Bs 10.000 y 15% para los que tengan hasta Bs 100.000.

Se trata del Proyecto de Ley 078/2021 para la devolución parcial o total de aportes, el cual fue presentado el viernes a la Asamblea Legislativa por Arce y que a la fecha es analizado por la Comisión de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados.

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Asfi reitera que la banca no puede condicionar el refinanciamiento y/o reprogramación de créditos

La Autoridad exhorta a los prestatarios a denunciar a las entidades financieras que incumplan con la normativa vigente cobrando intereses o seguros.

Cajeros y usuarios en un banco de La Paz. Foto: Radwy Cazón

/ 21 de enero de 2021 / 11:19

Los bancos no pueden condicionar a los prestatarios el refinanciamiento y/o reprogramación de créditos con el pago previo de intereses de cuotas diferidas, primas de seguros ni cualquier otro pago, menos exigir requisitos adicionales, reiteró este jueves la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi).

A través de un comunicado público, la autoridad reguladora anunció también a la población que en caso de observar que una entidad financiera no atienda la solicitud para acceder al refinanciamiento y/o reprogramación de su crédito diferido, puede presentar su denuncia mediante un formulario electrónico disponible en la página web: https://www.asfi.gob.bo/.

En función a los reclamos, la Asfi procederá a verificar y establecer las sanciones correspondientes.

La autoridad reguladora recordó que mediante Carta Circular 669/221 del 14 de enero de 2021 instruyó a la banca cumplir con las operaciones de refinanciamiento y/o reprogramación de aquellos créditos que fueron diferidos durante el 2020, con la inclusión de un periodo de gracia de seis meses, durante el cual los prestatarios no tendrán que pagar ni capital ni intereses.

La Asfi reiteró que tanto en las operaciones de refinanciamiento como de reprogramación, el prestatario no pierde el beneficio del diferimiento de las cuotas de la gestión 2020; éstas se trasladan a la parte final del nuevo plan de pagos, después de la última cuota, sin generar ningún tipo de interés o carga financiera adicional.

En el periodo de gracia, las entidades no podrán efectuar el cobro de intereses adicionales a los pactados.

Durante el tiempo que transcurra hasta que el prestatario firme la adenda a su contrato, ya sea para acceder a una reprogramación o refinanciamiento, se beneficia con un periodo de prórroga; en este lapso la entidad financiera no debe realizar cobros por ningún concepto al prestatario, no puede modificar el estado de su deuda ni su calificación. El tiempo de prórroga no está incluido en los seis meses del periodo de gracia.

Las entidades financieras no pueden condicionar el acceso al refinanciamiento o reprogramación, con el pago previo de intereses de las cuotas diferidas, de las primas de seguros, ni a cualquier otro pago. Tampoco podrán exigir otros requisitos adicionales a los establecidos en la norma.

Aquellos prestatarios que opten por reducir el monto de su cuota original, podrán acceder a la reprogramación mediante la extensión del plazo de su crédito. Para reprogramar la deuda de sus clientes, las entidades financieras no deberán solicitar ningún tipo de garantía adicional.

La tasa de interés para las operaciones refinanciadas y/o reprogramadas debe ser igual o menor a la de la operación original, independientemente de la modalidad de su cálculo. Las entidades financieras podrán otorgar incentivos a prestatarios con buen cumplimiento en sus pagos, incluyendo, entre estos, una disminución de la tasa de interés.

Asimismo, Asfi indicó que si los prestatarios desean acceder a recursos adicionales, podrán optar por el refinanciamiento en función de su capacidad de pago. Para ello, la entidad financiera evaluará sus ingresos presentes y futuros.

Las entidades financieras deberán asumir los costos por las respectivas minutas de las adendas y documentos que emita, necesarios para el refinanciamiento y/o reprogramación.

Los procedimientos que las entidades financieras diseñen para implementar los mecanismos de refinanciamiento y/o reprogramación con periodo de gracia, deben estar publicados en su página web y en lugares visibles en sus oficinas, para acceso inmediato de sus clientes, concluye el comunicado.

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