El precandidato presidencial Samuel Doria Medina alertó este miércoles que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) está devaluando el dólar oficial y aplicando un nuevo “dólar tarjeta” con la implementación de una nueva comisión al uso de tarjetas en el exterior.

El político hizo alusión a la circular 857/2025, emitida el 14 de marzo, mediante la cual la Asfi instruyó el pago de una comisión variable para transacciones por encima de $us 100 con tarjetas de débito en el exterior.

“La ASFI acaba de devaluar el dólar creando el “’tarjeta’ para compras superiores a 100 dólares en extranjero. Este dólar costará más del precio oficial (6,97 bolivianos). El precio exacto lo definirá la ASFI con un complicado procedimiento que genera riesgo de corrupción”, escribió el precandidato en sus redes sociales.

Según la circular “Modificaciones al Reglamento de Tasas, de Intereses, Comisiones y Tarifas”, las entidades bancarias deberán cobrar a sus clientes una comisión variable (que fija la Asfi con un cálculo matemático) por el uso de sus tarjetas en el exterior cuando el monto de la transacción supere los $us 100.

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Dólar

La CMV (Comisión Máxima Variable) que menciona la Asfi varía diariamente y, por ejemplo, el 19 de marzo alcanzó al 51%.

Para Doria Medina, el Gobierno muestra “cada vez más clara” su “udepización”, en referencia al gobierno de Unidad Democrática y Popular (UDP) de 1982 a 1985; y alertó que “toma medidas parche porque no se atreve a dar soluciones integrales a los problemas del país”.

Asimismo, al precandidato advirtió que “el dólar tarjeta no cambiará la situación de abandono y vulnerabilidad en la que están los bolivianos”.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles alertó el lunes sobre la nueva comisión que cobraría Asfi por el uso de tarjetas en el exterior; y anunció que pediría una explicación a las autoridades de esa institución.

La norma ya está en vigencia y las diferentes entidades financieras comunicaron la resolución a sus clientes. Los avisos indican que el valor de la CMV se publicará diariamente a través de la página de Asfi.

Según la norma, el cálculo del CMV se realizará con siete variables para establecer el tipo de cambio y se toma en cuenta el tipo de cambio de dólares; un promedio ponderado del tipo de cambio de 30 días previos y otras consideraciones.

En Bolivia el tipo de cambio oficial del dólar es Bs 6,96; sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente por encima de Bs 11.

El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, alertó que en Bolivia rigen varios tipos de cambio para los dólares y que, con la emisión de una nueva comisión instruida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), surge ahora el “dólar tarjeta”.

Se refirió así a la circular 857/2025, emitida el 14 de marzo, mediante la cual la Asfi instruyó el pago de una comisión variable para transacciones por encima de $us 100 con tarjetas de débito en el exterior.

“Existen ya varios tipos de cambio en Bolivia. Por ejemplo, el tipo de cambio para exportadores e importadores, el tipo de cambio en las fronteras, el de las casas de cambio, el de los librecambistas; el de mayoristas y minoristas y ahora se ha instaurado el tipo de cambio del dólar turista o dólar tarjeta”, explicó Romero a La Razón.

Indicó que estas diferencias se asemejan a los tipos de cambios que existen en Argentina; “donde existe un corralito bancario oficial y en Bolivia existe uno de mercado”, dijo.

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Dólar

Romero aseguró que surgirán más tipos de cambio y que, aunque el Gobierno no lo diga “oficialmente”, ya hay una devaluación y que, con la nueva medida que hizo conocer la Asfi, el Gobierno está “aceptando que el tipo de cambio oficial es solo referencial, normativo”.

“El (dólar) que está dominando como en este caso para las comisiones de tarjetas es el del mercado paralelo; por eso en su misma fórmula dice que se usará a cuánto es la cotización en los últimos días en el mercado negro. Por eso hay pocos dólares y hay varios tipos de cambio que rigen la economía nacional dentro y fuera del país. Es el dólar blue de Argentina y para nosotros el dólar paralelo”, argumentó.

Según la norma, el cálculo de la comisión para el uso de tarjetas en el exterior se realizará con siete variables para establecer el tipo de cambio y se toma en cuenta el tipo de cambio de dólares, un promedio ponderado de 30 días previos y otras consideraciones.

El lunes, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Mayra Zalles alertó sobre la nueva comisión que cobraría Asfi por el uso de tarjetas en el exterior y anunció que pediría una explicación a las autoridades de esa institución.

Este miércoles, el precandidato presidencial Samuel Doria Medina alertó que, con esa normativa, la Asfi está devaluando el dólar oficial y aplicando un nuevo “dólar tarjeta”.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó este miércoles que un eventual incremento salarial pondrá en riesgo la estabilidad de varios sectores, por lo que solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para hacer conocer su posición respecto a la solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB).

Hace unos días, la COB presentó al Gobierno su pliego petitorio para esta gestión, en el que solicita un incremento salarial del 15% al salario mínimo nacional y del 20% al haber básico.

Mediante un comunicado, la CEPB expresó su preocupación y pidió una cita con el presidente para exponer¨le su posición. Asimismo, alertó el riesgo que implicaría para varios sectores la aplicación de un incremento.

“Por la grave situación que afecta a todos los empresarios del país y el riesgo que implica esta cuestión para la estabilidad de los sectores; es imprescindible que se escuche nuestra propuesta antes de tomar cualquier determinación”, dice el comunicado.

Ya antes, la CEPB expresó su rechazo a las propuestas “exorbitantes e irreales” de incremento salarial planteadas por algunos sectores; y alertó que un incremento desproporcionado podría provocar cierre de empresas y un “descontrol inflacionario”.

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Empresarios

“Recordamos que la grave crisis económica que afecta a las empresas privadas, especialmente las medianas y pequeñas, las ha colocado en una situación de indefensión extrema; que se vería seriamente agravada por aumentos salariales desproporcionados; y provocaría un escenario incontrolable de cierres, desinversión y precariedad”, dijo en un comunicado.

No es el único sector que se manifestó en contra del pedido de alza salarial planteado por la COB.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, rechazó la demanda de incremento salarial de la Central Obrera Nacional (COB) y dijo que en plena época de crisis es “inviable”.

“En época de crisis, hablar de un incremento del 15% o del 20% es totalmente inviable. Pero ahí tiene responsabilidad la COB para defender los derechos de los trabajadores; que hoy están sufriendo y que hoy están en las calles”, cuestionó el ejecutivo.

También se pronunció el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Pablo Camacho, quien alertó que un eventual incremento salarial en medio del actual contexto económico del país terminará por “asfixiar” a las industrias y empresas privadas.

En tanto el Gobierno y la COB iniciaron ya el análisis del pliego petitorio en varias comisiones de trabajo.

Una vez más, el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó a sesión para tratar el crédito de $us 100 millones financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para el ‘Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al tema COVID 19’.

Además de tratar el proyecto de financiamiento externo, la sesión convocada para el próximo martes buscará aprobar otros cuatro proyectos relacionados con declarar los días nacionales de algunas de las danzas folklóricas del país.

En el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Asamblea Legislativa se comprometió a garantizar los recursos para la realización de las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Para ello, el Órgano Ejecutivo pide la aprobación del crédito con JICA, que se encuentra pendiente de aprobación desde 2023 cuando se remitió a la Cámara de Diputados. En 2024 fue aprobado por la Cámara Baja, pero el Senado no la trató, por lo que una sesión de la Asamblea definirá si se aprueba o no.

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Sesión

El Gobierno explicó que se trata de un proyecto de crédito de reposición, pues en los años de la pandemia se destinó los recursos de otros rubros para atender la emergencia sanitaria; entonces, ahora se puede disponer de los $us 100 millones para garantizar el voto exterior de los próximos comicios.

Debido a la escasez de dólares, el Ejecutivo no puede garantizar que los bolivianos residentes en el extranjero puedan realizar su voto, por lo que urgen la aprobación del crédito.

Pese al acuerdo con el Legislativo, el pasado jueves la sesión que debía tratar el proyecto de financiamiento externo no pudo instalarse debido a la inasistencia de los senadores, pues 19 de los legisladores no estuvieron cuando se llamó la lista de presentes.

Ese día, ni el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, estuvo presente.

Por ello, Choquehuanca y el Gobierno denunciaron que se incumplía el compromiso para garantizar la realización de las próximas elecciones generales. El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, criticó duramente a los senadores y dijo que no están “a la altura” de lo que exige el pueblo boliviano.

Los rectores de las universidades públicas del país se reunirán de emergencia este miércoles y el jueves en Sucre para analizar la falta de presupuesto para garantizar la gestión académica 2025.

El rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, Boris Calancha, informó que todas las universidades públicas están con problemas financieros debido a la crisis por la que atraviesa el país.

“El jueves tenemos una reunión extraordinaria de rectores en Sucre. El punto más importante a tratar es específicamente el requerimiento que tenemos que hacer, con el afán de tener un presupuesto que nos permita terminar el año sin sobresaltos”, dijo la autoridad universitaria.

El rector indicó que la UMSS tiene un déficit de casi Bs 100 millones. “No hemos tenido recortes, pero tenemos déficit. Arrastrar el déficit durante tantos años ya no es posible. Dentro de esta negociación, queremos que el déficit lo absorba el Gobierno y nos dé un presupuesto adicional para que podamos partir como nueva gestión”, dijo.

Al respecto, Wálter Arízaga, rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX), dijo que el Gobierno limita los recursos destinados a las universidades.

“Están llegando todos los rectores del sistema de la universidad boliviana para analizar el requerimiento que tenemos ante el Gobierno. La USFX tiene bien claro su planteamiento: ya no podemos seguir haciendo proyectos, planes para pedir recursos económicos; porque se hacen la burla de nosotros”, dijo en radio Fides.

Asimismo, denunció que el Gobierno entrega recursos económicos solo a las universidades de su línea política y quién le cae mejor.

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Presupuesto

Lamentó que en los últimos años el sistema universitario esté afectado por la falta de recursos económicos debido a la disminución de recursos de coparticipación y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que incluso pone en riesgo la continuidad de sus actividades.

“En torno de quién le cae mejor al Gobierno le da recursos económicos y eso no puede ser, algunos piden 50 millones y les dan 5 millones, piden 30 millones y les dan 3 millones. El Gobierno tiene que atendernos, todos los años se hacen documentos, se preparan papeles, estadísticas y no sirven de nada; de acuerdo quién le sonría al Gobierno le dan recursos y eso no puede ser”, dijo.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Morreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, advirtió que las universidades públicas saldrán a la calle para demandar más presupuesto.

Remarcó que solicitarán un soporte extraordinario para evitar el cierre de varias casas de estudio. Explicó que el jueves consolidarán todas sus demandas para presentarlas al Gobierno.

Según datos del Presupuesto General del Estado (PGE), para 2025 se asignan Bs 7.390 millones que se distribuirán entre las entidades que conforman el sistema de universidades estatales. La cifra es superior a los Bs 7.239,3 millones del 2024.

Sin embargo, en 2024 hubo movilizaciones en demanda de recursos adicionales para concluir el último trimestre del año.