El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, aseguró hoy que Bolivia exigirá a la empresa india, Jindal, al menos 800 millones de dólares de indemnización, si insiste en asumir la vía legal para resolver las controversias contractuales y si rompe el contrato, según informa la agencia gubernamental de noticias ABI
Pimentel abrió esa posibilidad consultado por los periodistas sobre esa contingencia, aunque dijo que el Estado pretende respetar y mantener el contrato de explotación en su integridad.
Los 800 millones de indemnización se calcularían por falta de operaciones e inversiones en tres años, 200 millones por cada año, además de la expectativa de la utilidad que tenía el Estado y la población de Puerto Suárez, de 200 millones de dólares.
«Al igual que Jindal nosotros vamos a pedir una indemnización por tres años de falta de operación de este contrato. Este monto sería por la inversión que debía realizarse en estos tres años de trabajo, que son 600 millones de dólares, y la expectativa que tenía el Estado boliviano y la región de Puerto Busch, que era tener una ganancia de 200 millones de dólares anuales», sentenció.
Pimentel insistió que el Estado buscará respetar y mantener el contrato en su integridad, pero dijo que esa acción implica que Jindal acepte las sanciones impuestas, como el cobro de sus boletas de garantía, que se constituyen en la única forma de precautelar la vigencia del contrato.
Dijo que una acción judicial significaría una tácita vulneración al contrato, porque el documento establece una forma de solución de discrepancias.
«Nosotros estamos extrañados por la acción dual de la empresa Jindal porque por una parte solicita entrar a una etapa de conciliaciones para viabilizar el cumplimiento del contrato y paralelamente inicia acciones de tipo judicial», señaló.
El Ministro de Minería explicó que el martes, el directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) decidió enviar una nota a Jindal para que la empresa defina su posición, si es que asume la vía judicial como solución a las controversias, o si es que deciden respetar el contrato para iniciará una nueva etapa de discusión para el reinicio de las operaciones.
«La ESM está pidiendo una posición clara de Jindal para ver si lo solucionamos en forma amigable a través de este periodo de solución de discrepancias, o finalmente vamos a la vía judicial», aseveró.
Pimentel aseguró que la posición de Jindal solo fue conocida por el Estado a través de los medios de comunicación y que en ningún momento presentó una posición oficial, situación que hace que la empresa caiga en la «informalidad y poca seriedad».