Conocida la invitación formal para entablar un diálogo con los ministros de Estado sobre la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza decomisos, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia está divida en cuanto a su participación.

Un sector confirmó que asistirán la reunión y destacaron que el Gobierno busque el diálogo.

“Estamos complacidos con esta invitación y vamos a participar en esta mesa de diálogo. Creemos que es importante participar de la reglamentación”, indicó Juan Carlos García, ejecutivo de la confederación, en contacto con Bolivia Tv.

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Gremiales

Sin embargo, otra facción de los gremiales rechazó la convocatoria y puso como condicionante que primero se elimine la norma para poder entablar cualquier tipo de diálogo.

“Esta ley ya la promulgaron y ya está en la gaceta, primero la tienen que sacar y luego vamos al diálogo”, sostuvo César Gonzáles, secretario ejecutivo de la confederación de gremiales.

En criterio del dirigente, el Gobierno debería haber realizado las reuniones antes, en la recta final de 2024, y no imponer la norma de manera unilateral y buscar consensuar sobre un punto que se les está imponiendo. 

Las autoridades buscan entablar un diálogo con los gremiales y los representantes del sector privado para explicar y aclarar las inquietudes que puedan tener en relación a la disposición confiscatoria.

La norma autoriza el decomiso de productos, alimentos y mercaderías en general que se acopien con el objetivo de incrementar su precio más adelante, para frenar los delitos de agio, especulación y el contrabando.

Sin embargo, el sector productor y comercial considera que se afectará y violará la propiedad privada, además que las autoridades pueden interpretar la norma de manera arbitraria.

El ministro de Justicia, César Siles, por su parte, explicó este jueves que las acciones que se autorizan en la disposición ya están vigentes y se aplican en la actualidad; reiteró que no afectará a quienes operen dentro del marco legal.

En la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados los legisladores aprobaron un segundo crédito por hasta $us 150 millones. Se trata del Proyecto de Ley 276/2024-2025 de Gestión Resiliente de Agua para Riego Comunitario y Familiar, que autoriza un préstamo con el Banco Mundial (BM).

“Habiéndose aprobado el proyecto de ley en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen, remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, leyó el titular de la Cámara Baja, Omar Yujra.

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Crédito

En su estación en detalle, 63 diputados votaron a favor y 37 en contra, por lo que el proyecto fue aprobado.

Algunos asambleístas de oposición pidieron que el proyecto se reconsidere, pero no lograron su objetivo, a falta de apoyo de los otros legisladores.

En criterio de los opositores, al igual que con el otro crédito por $us 250 millones que se había aprobado con anterioridad, para atender desastres naturales, denunciaron que existió fraude, debido a que la votación se realizó de manera electrónica, sin manera de “corroborar” los resultados.

Sin embargo, Yujra descartó esta posibilidad, pues el equipo técnico se encontraba supervisando los votos de los diputados.

De acuerdo con una publicación de la Cámara Baja, el proyecto de ley “busca el apoyo a programas como Mi Riego y otros de producción agropecuaria, que beneficiarán a 256 municipios del país, categorizados como vulnerables”.

Según el Gobierno, este crédito beneficiará a 30.000 familias rurales con proyectos de recursos hídricos y de riego en 15 cuencas. El objetivo es enfrentar los impactos del cambio climático y potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.

El proyecto deberá ser aprobado también por la Cámara de Senadores para entrar en vigencia y realizar el desembolso del crédito que, como explicó el ministro de Planificación del Desarrollo, no se realizará de manera inmediata, sino conforme las condiciones que se presenten.

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, informó que en los últimos seis días el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO – LCC) realizó incautaciones por un valor aproximado de Bs 1.203.256, en el marco de un trabajo constante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De acuerdo con un reporte del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, entre el 17 y el 22 de enero se llevaron a cabo comisos en diferentes regiones del territorio nacional.

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Contrabando

El 17 de enero, el Grupo de Reacción Inmediata Aduanera en Potosí incautó un camión F-12 que transportaba 500 quintales de harina en inmediaciones de la capital potosina, generando una afectación al contrabando de aproximadamente Bs 160.000.

Además, el 19 de enero, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Bravo – «Huachacalla» interceptó un camión con mercadería ilegal en Oruro, el cual fue entregado a la Aduana Nacional para su correspondiente aforo, con un valor de Bs 600.000.

Posteriormente, el 21 de enero, la FTC «Charly» – Llica, en el sector de Bella Vista, confiscó dos vehículos indocumentados, un Nissan Note y un Nissan March, con una afectación estimada en Bs 42.000.

Los últimos operativos datan del 22 de enero, cuando la FTC «Villamontes» intervino un camión F-12 tipo tráiler en el sector de Caigua, el cual transportaba aproximadamente 700 quintales de harina valuados en Bs 252.000.

Ese mismo día, la FTC «Agropecuaria» realizó múltiples operativos en el departamento de La Paz. En Puerto Acosta, incautó un minibús con 400 litros de diésel, valorados en Bs 1.496. En Santiago de Machaca, confiscó un camión F-12 con 350 quintales de maíz, con un valor de Bs 126.000. En Kasani, interceptó nueve cajas de aceite y dos garrafas de gas, con un costo de Bs 2.560. En Viacha – Santiago de Machaca, se incautó un camión F-12 con ganado ovino, con una afectación aproximada de Bs 19.200.

Las autoridades ratificaron su compromiso de intensificar los controles para frenar el contrabando en todo el país, evitando el ingreso y salida de productos, alimentos y mercancía de manera ilegal.

Comunarios, representantes de organizaciones sociales y miembros de la Federación de Juntas Vecinales de Ixiamas (Fejuvix) se trasladaron hasta el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para demandar la intervención preventiva y el retiro definitivo de la estación de servicio Sayhogas, en respuesta a denuncias sobre el desvío de combustible.

“Denunciamos y exigimos que la justicia actúe de manera imparcial, en beneficio de la población de Ixiamas. A través de nuestra organización vecinal, solicitamos la salida de la empresa Sayhogas del municipio, ya que existe una denuncia sobre el desvío de ocho cisternas de combustible y 20.000 litros de diésel, que debían abastecer a nuestra región”, expresó un dirigente de la Fejuvix durante su declaración a los medios.

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Estación

En la conferencia de prensa, realizada en las puertas del TDJ de La Paz, se informó que el caso está en la Sala Segunda Constitucional, bajo la dirección del vocal René Delgado.

Los comunarios exigieron el cumplimiento de la resolución de intervención preventiva de Sayhogas y solicitaron una actuación justa y transparente que sancione a la empresa involucrada en el presunto desvío de combustible.

“Reclamamos que se respete la decisión de intervención y que se haga justicia. Este desvío afecta gravemente a la población y a las empresas de transporte que dependen del suministro de combustible en la zona”, señalaron los manifestantes.

Algunos protestaron que el desvío ocasionó que el litro de diésel se comercialice hasta en Bs 25, cuando el precio oficial es de Bs 3,72 el litro.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) iniciaron la intervención a la estación de servicio desde diciembre de 2024, luego de que se detectara un presunto desvío de combustible ocurrido entre julio y agosto del mismo año.

El pasado viernes, el alcalde de Ixiamas, Félix Laime, junto con el control social del municipio, expresaron su respaldo a la intervención efectuada por la ANH, la cual determinó que ocho cisternas con combustible no llegaron a la estación de servicio, sino que fueron desviadas hacia la región de los Yungas y posteriormente a la ciudad de El Alto.

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 garantiza una inversión pública superior a los $us 4.000 millones, lo que refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico y social del país, según el presidente Luis Arce.

“En el PGE 2025 hemos asegurado una inversión pública que supera los $us 4.000 millones, demostrando nuestra firme determinación de impulsar el bienestar de nuestra población”, señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

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Inversión

Del total asignado, el 46% se destinará al sector productivo, abarcando sectores clave como la agricultura, energía, hidrocarburos, minería, turismo e industria, con el fin de fortalecer la economía y generar nuevas oportunidades de empleo.

En el área social, se invertirá el 30% del presupuesto, priorizando aspectos fundamentales como la educación, salud, cultura, deportes, vivienda, urbanismo y saneamiento básico, con el objetivo de garantizar un desarrollo equitativo en todo el territorio nacional.

El 21% de los recursos se dirigirán a proyectos de infraestructura, con el fin de mejorar las redes de transporte, comunicaciones y el acceso a recursos hídricos, elementos cruciales para el crecimiento económico del país. Finalmente, el 3% restante será destinado a iniciativas multisectoriales que atiendan las necesidades más urgentes.

“La inversión pública será fundamental para mantener el dinamismo de nuestra economía y generar mejores condiciones de vida para nuestra población”, enfatizó Arce.

El Ministerio de Economía, a través de un comunicado emitido a principios de enero, destacó que el PGE 2025, aprobado mediante la Ley 1613, impulsa diversas políticas destinadas a fortalecer y potenciar el aparato productivo del país.

El presupuesto también proyecta un crecimiento económico del 3,51%, una inflación estimada del 7,5%, un precio promedio del barril de petróleo de $us 75,3 y un déficit fiscal equivalente al -9,2% del Producto Interno Bruto (PIB).