La elevada demanda de combustibles en el país no para de crecer. Al tercer trimestre de 2023, los volúmenes importados de gasolina y diésel se han incrementado nuevamente. En valor, los precios del diésel han disminuido, pero han subido los de la gasolina.

Hace dos años, en 2021, los precios de la gasolina y del diésel que importaba la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaban por debajo del dólar el kilogramo, según la nomenclatura que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para 2022, los precios de los carburantes se dispararon luego de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero. Al tercer trimestre de este año, el coste de los combustibles ha descendido, aunque todavía se mantiene elevado.

Lea también: El PGE 2024 prevé un crecimiento del PIB de 3,71% y garantiza subvención a los hidrocarburos

COMBUSTIBLES

De acuerdo con los datos publicados por el INE en su página de internet (www.ine.gob.bo), de enero a septiembre de este año se incrementaron los volúmenes de importación de diésel en 9,7% y de gasolina en 6,5%. (Ver infografía).

En cuanto a valor, se pagó un 4% más por la compra de gasolina y se redujo en 10% el costo por la importación de diésel. Si bien el precio que se paga por la importación de este último carburante es menor en dicho período de análisis, el coste sigue siendo elevado y es mayor al registrado en 2021.

El presidente Luis Arce advirtió el lunes que el Estado paga un “precio descomunal” en la importación de diésel y gasolina debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y dijo que aquel que “no entienda los efectos negativos y positivos” de este conflicto bélico, “ignora cómo se maneja la economía de un país”.

SUBVENCIÓN

Explicó que, como país, “dependemos de la importación de diésel y gasolina”, carburantes que son importantes para el desarrollo de las diferentes actividades, como la agricultura y el transporte.

“El precio que estamos pagando ahora es un precio descomunal producto de la guerra, por lo tanto el que no entienda que hay efectos positivos y negativos en la guerra y que América Latina y nuestro país está sufriendo un efecto negativo de los precios del petróleo simplemente ignora cómo se maneja la economía de un país”, subrayó el Mandatario.

La Razón publicó el 27 de agosto pasado que el costo de la subvención a la gasolina y el diésel importado en la última década ha representado para las arcas del Estado la suma de Bs 47.300 millones ($us 6.796 millones), monto equivalente al 15% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país.

Esta política, cuestionada por algunos sectores académicos y partidos de la oposición, incluido el expresidente Evo Morales, ha permitido una estabilidad de precios. En los últimos 10 años, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que mide la tasa de inflación— no ha superado el dígito y se mantiene entre los más bajos de la región y el mundo, favoreciendo a las familias de menores ingresos.

POLÍTICA

Pero esta política no es nueva. Bolivia la aplica desde fines del siglo pasado, cuando el entonces presidente Hugo Banzer (1997- 2000) decidió congelar los precios de los carburantes. Cuatro años más tarde, a fines de 2004, el gobierno de Carlos Mesa hizo algunos ajustes y subió el precio de los combustibles. Y, el 27 de diciembre de 2010, Evo Morales quiso hacer lo mismo, pero cuatro días después tuvo que retroceder en su medida debido al malestar social que se había generado.

El 9 de abril de este año, Morales arremetió nuevamente contra esta política y sugirió eliminar la subvención a los combustibles porque “es un cáncer” para la economía nacional. Afirmó que el actual Gobierno eroga demasiados recursos para mantener esa política.

Aunque el país no produce todo el petróleo que consume, debiendo importar en los últimos años grandes volúmenes de combustibles para cubrir las necesidades del mercado interno, Bolivia se mantiene entre las 15 naciones del orbe con los precios más bajos de la gasolina y el diésel gracias a la política de subvención a los carburantes.

(29/11/2023)

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,71% y se amplía en $us 3.000 millones con relación al de esta gestión. Además, garantiza la subvención de hidrocarburos y alimentos, con casi Bs 10.000 millones.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, socializó este martes el documento con legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y remarcó que garantiza la subvención a los combustibles.

La previsión del crecimiento del PIB es menor a la programada en el PGE 2023, de 4,86%. «Se proyecta un crecimiento de 3,71%, pero lo más importante es que se invierta más de 4.274 millones de dólares el siguiente año para seguir estabilizando la economía y creciendo», informó el diputado Jerges Mercado (MAS), a los medios de comunicación.

Respecto a la inflación, el legislador indicó que se prevé que llegue a 3,60%, “por debajo del crecimiento, que es lo importante”. Asimismo, la inversión pública llegará a $us 4.274 millones, o sea, $us 268 millones respecto a los $us 4.006 millones presupuestados para 2023.

Si bien Mercado no quiso dar la cifra exacta del PGE 2024, dijo que crecerá en aproximadamente $us 3.000 millones. “Es un presupuesto interesante porque si bien el mundo está en recesión, Bolivia amplía en $us 3.000 millones aproximadamente su presupuesto. Habrá más recursos para universidades, municipios, gobernaciones y para las empresas estratégicas”.

El PGE 2023 contemplaba un presupuesto agregado de Bs 317.129 millones  y uno consolidado de Bs 243.950 millones de bolivianos.

Subvención

Además, el PGE 2024 «contempla que mantengamos los subsidios a la canasta familiar básica y, por supuesto, el subsidio a los hidrocarburos», explicó el asambleísta del MAS.

«Es un alto costo, pero preferimos cuidar la canasta familiar del pueblo boliviano antes que tomar medidas drásticas que pongan en riesgo la estabilidad política, económica y social del país. Quiero decirles que entre alimentos y combustibles estamos previendo cerca de Bs 10.000 millones de subvención para 2024».

Según datos del Ministerio de Economía, el Gobierno destinó el año pasado Bs 8.079 millones para la subvención de alimentos e hidrocarburos. Solo para hidrocarburos, la cifra alcanzó a Bs 7.642 millones. La subvención mantiene el litro del diésel en Bs 3,72 y de la gasolina, en Bs 3,74.

Mercado dijo que el proyecto será también socializado con las organizaciones sociales y autoridades departamentales y municipales durante los próximos días. “El PGE 2024 es el principal instrumento de política de gestión del Gobierno, por lo tanto, es importante que todos lo conozcamos”, dijo, remarcando que es fundamental que sea aprobado lo antes posible.

Lea más: Arce promulga el PGE 2023 reformulado, Gobierno lamenta demora en la aprobación

Socialización del PGE

Al respecto, el presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yujra (MAS), indicó que una vez acabe la socialización del proyecto de ley que el Ejecutivo remitió en octubre, se iniciará el tratamiento en esta comisión para luego pasarlo al pleno de la Cámara de Diputados.

También garantizó que se mantendrá el subsidio a los hidrocarburos y el tipo de cambio del dólar.

“Los datos se están socializando con la Cámara y después serán analizados en la comisión. Estamos viendo los números, hay un incremento importante en el presupuesto, pero vamos a ir socializando en los próximos días. Se continúa con la subvención (a los hidrocarburos), eso está garantizado para tranquilidad del pueblo. Algo que resaltar es el tema de la inversión pública; sobre todo en la parte productiva, más de un 56% se está destinando a aquello”, dijo, sin confirmar las cifras.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizó este martes la distribución de combustible para todo el país y anunció que publicará en su página la cantidad de carburante que distribuye en todo el país y el stock que tiene cada estación de servicio para la venta.

El presidente de la estatal, Armin Dorgathen, aseguró que la información estará disponible en su página web y sus redes sociales. El objetivo es frenar la especulación y que la población conozca los datos y sepa dónde acudir a comprar el combustible en vez de formar largas filas.

Lea también: Corte de Arbitraje se declara ‘sin jurisdicción’ en demanda por nacionalización de Fancesa

«El combustible está disponible y la fuente oficial es YPFB, vamos a publicar en nuestras páginas oficiales los datos de cuánto combustible estamos despachando normalmente, cuál es la cantidad que se despacha en el eje troncal y cuáles son las estaciones de servicio que tienen combustible», explicó, en conferencia de prensa.

Dorgathen aseguró que la alta demanda de carburantes obligó a la estatal a incrementar en 2 millones de litros por encima del despacho regular. Actualmente, YPFB despacha en el eje troncal 12 millones de litros (6 millones de litros de gasolina y 6 millones de litros de diésel).

YPFB

Dijo que, en comparación a la gestión pasada, la demanda creció debido a la especulación. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de los 2 millones de litros de gasolina que demandó en promedio en 2022, se elevó a 2,5 millones de litros. Mientras que en diésel se pasó de una demanda regular de 2,5 millones a 3 millones de litros.

«Hemos despachado el viernes, sábado y domingo más de 5 millones de litros entre todos estos días tanto en capital (Santa Cruz) como en provincia», precisó.

“Hay combustible, no hay que alarmarse. En las páginas de YPFB se puede ver qué estaciones de servicio cuentan con combustible para que no estemos especulando sobre el tema de que una estación de servicio no tiene combustible».

Y acotó que «siempre habrá temas logísticos, hoy, por ejemplo, estamos descargando un buque en Arica, después de 20 días de marejadas altas, que es un factor climático, hoy ya se está descargando diésel, con lo cual ya vamos a poder incrementar los saldos de diésel en el país».

CALIDAD

Asimismo, Dorgathen defendió la calidad del combustible que importa YPFB que, en relación al diésel, llega a 10 partes por millón de azufre, por debajo de las 500 partes por millón de azufre que establece la norma.

«Estamos importando un combustible de muy buena calidad, y en el futuro estamos haciendo un combustible de mucha mejor calidad que desde 2015 existe en Brasil, el biodiésel, entonces, a partir de diciembre, vamos a tener biodiesel que es un combustible de muchísima más calidad».

Con relación a la gasolina, dijo que se importa con hasta 95 octanos, superior a los 81 octanos que se tenía hace años.

Esta semana nuevamente aparecieron largas filas en las estaciones de servicio del país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) atribuyó esa demanda a rumores mal intencionados y garantizó la normal distribución de combustible.

El Senado de Brasil aprobó este martes el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur), y lo remitió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su promulgación.

La autorización de Brasil era el último paso para la aprobación de Bolivia como miembro pleno del bloque. Antes ya habían cumplido con ello Argentina, Paraguay y Uruguay.

La propuesta (PDL 380/2023) tiene en cuenta el protocolo de adhesión firmado por el Estado Plurinacional de Bolivia en 2015, en Brasilia, al Tratado de Asunción.

Actualmente, el país tiene condición de asociado en el bloque, al igual que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. En estas condiciones puede establecer acuerdos de libre comercio con los miembros; y participar en reuniones del bloque.

Durante la sesión, senadores brasileños de la oposición condicionaron su voto a que una delegación de la CRE visite Bolivia para comprobar la situación de lo que consideran “presos políticos”.

Lea más: Comisión del Senado de Brasil aprueba adhesión de Bolivia al Mercosur

La comisión temporal de cinco miembros titulares tiene un plazo de 180 días para verificar en el terreno la situación política y social en Bolivia; y el cumplimiento de la cláusula democrática del Mercosur.

Una vez que Brasil formalice la incorporación plena de Bolivia al Mercosur, el Estado Plurinacional tendrá un plazo de hasta cuatro años para adoptar todo el bagaje normativo del bloque. Y consolidar el libre comercio recíproco con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CRE) del Senado de Brasil el 23 de noviembre; bajo la relatoría del senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

La Corte Permanente de Arbitraje (CPA) se declaró «sin jurisdicción» para resolver la demanda por $us 269,4 millones del Consorcio Cementero del Sur SA, Yura Inversiones Bolivia SA, Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA, Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce), contra el Estado de Bolivia, por la nacionalización de sus acciones en Fancesa, en 2016.

Mediante un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) celebró el fallo, asegurando que implica que la causa se resolvió a favor del país.

A través del Decreto Supremo 0616 del 1 de septiembre de 2016, se dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones que transferidas a Soboce en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Soboce, el Consorcio Cementero del Sur, Yura Inversiones Bolivia SA y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

Alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje «una notificación de arbitraje».

Lea más: Soboce presenta su nueva imagen alineada a la sostenibilidad e innovación

Soboce

“Los demandantes solicitaron una reparación dividida en dos componentes: reclamo 1, evaluación de una compensación económica más intereses por un total de $us 183,2 millones, desde la emisión del Decreto Supremo 0616 hasta la fecha de la demanda; reclamo 2, montos percibidos por la Gobernación de Chuquisaca como dividendos del 33,34% de las acciones de Fancesa, más intereses, por un monto de $us 86,2 millones. Ambos reclamos suman $us 269,4 millones” (sic), explica el comunicado.

En respuesta, el Estado presentó un escrito de «Objeciones a la Jurisdicción del Tribunal y Solicitud de Bifurcación», alegando falta de jurisdicción.

«La Audiencia principal se realizó en abril de 2023 y el Laudo dictado el lunes 27 de noviembre del presente año 2023 decidió admitir la objeción ‘ratione voluntatis’ (por motivo de la voluntad), presentada por el Demandado, declarándose sin jurisdicción el Tribunal Arbitral para resolver la controversia de fondo entre las Partes» (sic), agrega el informe de la Procuraduría.

«La Procuraduría General del Estado celebra este fallo que admite las solicitudes, objeciones y argumentaciones presentadas por el Estado Boliviano, declarándose sin competencia ni jurisdicción el Tribunal Arbitral para tramitar el litigio arbitral y consecuentemente resolviendo la causa en favor del Estado boliviano» (sic), remarca.