Gobierno promulga decretos para erradicar extrema pobreza y para ajustar metas fiscales
El Gobierno emitió hoy dos decretos supremos que autorizan la contratación de dos créditos, por un total de 40 millones de dólares, para erradicar la extrema pobreza y para ajustar metas fiscales.
El Gobierno emitió hoy dos decretos supremos que autorizan la contratación de dos créditos, por un total de 40 millones de dólares, para erradicar la extrema pobreza y para ajustar metas fiscales.
La ministra de Planificación, Viviana Caro, informó en conferencia de prensa que el Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID), subsidiario de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), concedió a Bolivia un crédito de 10 millones de dólares para la ejecución de proyectos de infraestructura productiva en aquellos municipios afectados por la extrema pobreza.
«En lo particular pensamos continuar con esa tarea en los valles de Chuquisaca y en otros valles, en los cuales tenemos indicadores de pobreza extrema por encima del 80 por ciento», explicó tras la habitual reunión del Gabinete de Ministros de los miércoles.
Dijo que el crédito de la OPEP tiene un plazo de 20 años y una taza anual de interés del 1,75%, documento que será firmado en Austria, sede de la OPEP.
El segundo crédito es de 30 millones de dólares, que desembolsará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales 55% será donación.
En este crédito, la contraparte del Estado boliviano será alcanzar metas fiscales, de coordinación con los gobiernos subnacionales, control de gastos públicos y transparencia, explicó la Ministra de Planificación.
«Las características de este crédito son de libre disponibilidad. Son recursos que van a ir destinados a proyectos de inversión, van a ir al Tesoro y se van desembolsar conforme las metas que se ha puesto el mismo Gobierno», remarcó.
Se prevé que Bolivia acceda a ese crédito hasta el tercer trimestre de este año.
Caro aseguró esos créditos representan el reconocimiento de la cooperación internacional a la capacidad que demuestra el Gobierno para manejar los recursos y asignarlos a proyectos productivos y de desarrollo social.