Economía

Wednesday 30 Nov 2022 | Actualizado a 15:33 PM

Gobierno suspende a dos aviones de Aerosur

Medida. Los Boeing 727-200 operarán cuando estén en buenas condiciones técnicas

/ 19 de mayo de 2010 / 05:00

Por disposición de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), dos aviones de la aerolínea privada AeroSur no podrán volar mientras no garanticen condiciones técnicas óptimas. La firma tilda la medida como una represalia del Gobierno que busca perjudicarla.

«Mientras no nos demuestren que esas aeronaves están en óptimas condiciones, que no tienen ningún ítem (componente) que las esté demorando, van a permanecer en tierra. Si nos dan la seguridad que van a cumplir con itinerarios establecidos con seguridad, con puntualidad, habría que activarlas nuevamente y retornarlas a operaciones de vuelo», dijo ayer el titular de la DGAC, Luis Trigo.

Explicó que se trata de dos aeronaves Boeing 727-200 que registraron «más de 30 eventos de mantenimiento» entre el 8 de febrero y el 15 de mayo de este año. Precisó que en esa última fecha la aeronave con matrícula 2462, que cubría la ruta Cobija-La Paz, retornó a la capital pandina a los pocos minutos de vuelo por alarma de fuego en un motor. Tras partir nuevamente, complementó Trigo, se desvió a Cochabamba por una baja presión de aceite.

Otro incidente, recordó, fue el aterrizaje de emergencia que realizó el avión con matrícula 2498 —que iba de Santa Cruz a Miami (Estados Unidos)— el 16 de febrero en Cochabamba, tras la pérdida de tres generadores y el apagado de uno de sus motores.

«La DGAC no permitirá que aeronaves que no cumplan con los más altos rigurosos estándares de seguridad atenten contra la seguridad de vuelo», sostuvo Trigo.

«No nos sorprende, porque sabíamos que iban a venir una serie de represalias del Estado boliviano debido a que nosotros no concordamos con el accionar que tiene en el campo empresarial, lo hallamos como una de las acciones que está tomando para perjudicar a AeroSur», aseguró el presidente de la aerolínea, Humberto Roca.

«Se ha tenido 30 incidentes, es verdad, (pero) ninguno ha puesto en peligro a los pasajeros, porque felizmente el avión (727-200) tiene tres motores», indicó el ejecutivo.

Roca sostuvo que la seguridad operacional de la compañía «tiene estándares por encima de los normales». De su lado, Trigo afirmó que su sistema de control de calidad «adolece de fallas»

«Nosotros, felizmente, tenemos más aviones; vamos a tener que cortar algunas rutas, muy pocas, pero vamos a seguir volando igual», señaló Roca. Desde la entidad fiscalizadora del sector se informó que se velará por que la línea aérea cumpla con los boletos ya vendidos a los pasajeros.

La firma ya no vuela a Tucumán

El presidente de AeroSur, Humberto Roca, informó a este medio que la aerolínea ya no realiza vuelos a la provincia de Tucumán, en Argentina. Las autoridades aeronáuticas del vecino país, explicó el ejecutivo, le retiraron el permiso para aterrizar en esa región. El empresario dijo desconocer las razones de tal medida, ya que aseguró que existía un compromiso del Gobernador de Tucumán para permitir los vuelos.

La AEMP auditará las finanzas de la empresa

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) realizará la próxima semana una auditoría a los estados financieros de AeroSur.

«La Autoridad de Empresas ha dispuesto que una comisión de abogados y auditores se haga presente en la ciudad de Santa Cruz la siguiente semana con el objeto de fiscalizar toda la información administrativa financiera que hace al gobierno corporativo de AeroSur», indicó a La Razón el director ejecutivo de la AEMP, Óscar Cámara.

La medida, aseveró, «no corresponde a ninguna denuncia que hayamos recibido; es un acto de fiscalización cotidiano y de oficio de parte de la entidad». Agregó que la auditoría ya estaba programada desde el año pasado y que también se la hará a otras empresas con domicilio legal en Santa Cruz como la Universidad de Aquino y Sudamer.

«En función de la valoración que hagamos de la documentación como corresponde y en el marco de la normativa legal, emitiremos un criterio», señaló.

Por otro lado, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Mario Sapiencia, desestimó la denuncia presentada por AeroSur en contra de la estatal Boliviana de Aviación (BoA) por presunta competencia desleal, según un reporte de la red ATB.

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Patrimonio de las AFP creció en 6,15% a agosto de este año

Entre enero y agosto de este 2022, el patrimonio alcanzó a los Bs 160.455,85 millones (unos $us 23.054 millones al tipo de cambio actual)

Las AFP operarán hasta mayo de 2024. Foto: Archivo La Razón

/ 30 de noviembre de 2022 / 14:17

El patrimonio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión creció en 6,15% a agosto de este año.

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), entre enero y agosto de este 2022, el patrimonio alcanzó a los Bs 160.455,85 millones (unos $us 23.054 millones al tipo de cambio actual).

Mientras que a agosto de 2021 llegaba a los Bs 151.157,6 (unos $us 21.718 millones), lo que muestra un crecimiento del 6,15%, según el boletín estadístico informativo de la APS.

En el caso de la AFP Futuro de Bolivia, el crecimiento de su patrimonio fue del 6,06%. Entre enero y agosto de 2021 llegó a Bs 80.564,96 millones (unos $us 11.575 millones) y a igual periodo de este año alcanzó a los Bs 85.447,6 millones (unos $us 12.276 millones).

En tanto, la AFP BBVA Previsión tuvo un patrimonio de Bs 70.592,64 millones (unos $us 10.142,6 millones) hasta agosto de 2022, lo que muestra un incremento del 6,26% en relación al mismo periodo de la gestión anterior que llegó a los Bs 75.008,26 millones (unos $us 10.777 millones).

De acuerdo con datos de la APS, el patrimonio de las AFP contempla las Cuentas Personales Previsionales que representa el 61,65% del total (Bs 98.927,18 millones).

La cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, el 13,79% (Bs 22.121.69 millones). La cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales, el 4,17% (Bs 6. 695,09 millones). La Cuenta Colectiva de Siniestralidad, el 3,71% (Bs 5. 954,83 millones).

La cuenta del Fondo Solidario, el 16,23% (Bs 26.045,12 millones), Rezagos el 0,17% (Bs 265,87 millones). Otras cuentas, el 0,28% (Bs 445.48 millones).

Las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión operan en el país desde junio de 1997 tras la promulgación de la anterior Ley de Pensiones del 29 de noviembre de 1996.

Pero a partir de mayo de 2023, ambas administradoras dejarán de operar en el país y de ese trabajo se hará cargo la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo como establece la actual Ley de Pensiones 065.

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Mineros de Mallku Khota piden garantizar inversión tras 10 años de su nacionalización

Fernández afirmó que la inversión que se requiere para reactivar el proyecto minero de Mallku Khota asciende a los $us 600 millones

Marcha de los mineros, este miércoles en La Paz. Foto: APG

/ 30 de noviembre de 2022 / 12:44

Nuevamente los mineros de Mallkhu Khota se movilizaron este miércoles por el centro de la ciudad de La Paz en demanda de audiencia con el ministro del sector, Ramiro Villavicencio, y se garantice la inversión para la explotación del yacimiento.

El secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Vicente Fernández, dijo que hace 10 años, cuando fue nacionalizada Mallku Khota, se pide la reactivación y, para ello, se requiere inversión, ya sea nacional o extranjera.

“La principal demanda es que exista inversión, que reactiven el distrito minero de Mallku khota, ese es un potencial ubicado en el departamento de Potosí, son 10 años que no puede reactivarse, 10 años que no hay inversión”, dijo a la prensa.

La pasada semana una treintena de mineros de Mallku Khota realizaron una protesta en puertas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) exigiendo se atienda sus demandas para la reactivación de los trabajos en el yacimiento.

El dirigente lamentó que por 10 años los mineros de Mallku Khota estén en el lugar sin realizar ninguna actividad, siendo que hay predisposición de los trabajadores de producir y aportar para el erario nacional.

En julio de 2012, el gobierno de Evo Morales determinó la nacionalización del yacimiento de Mallku Khota que estaba a cargo de la minera canadiense South American Silver.

Esa determinación le costó un proceso arbitral internacional ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi) al Gobierno boliviano. Silver demandaba una compensación superior a $us 385 millones al revertir el Estado la concesión minera.

En noviembre de 2018, el tribunal internacional falló a favor de Bolivia y solo pagó a la empresa $us 18 millones, correspondientes a los gastos que hizo antes de que se reviertan sus concesiones.

Fernández afirmó que la inversión que se requiere para reactivar el proyecto minero de Mallku Khota asciende a los $us 600 millones.

“No hay una política para reactivar este yacimiento, como es más de 600 millones de dólares, es que el Estado debe aportar a eso. Si el Estado no tiene la posibilidad debiera de buscar una inversión privada o ser una inversión entre privados y Estado”, planteó Fernández. 

En junio de este año, el expresidente de la Comibol, Eugenio Mendoza, indicó que se requiere alrededor de $us 400 millones para poner en marcha Mallku Khota y otros $us 200 millones como capital de trabajo.

La pasada semana los dirigentes de Mallku Khota afirmaron que la firma Montecristo tiene la predisposición de invertir en el yacimiento, pero que no se tuvo respuesta del Gobierno para la firma de un contrato.

Asimismo, aseguró que los más de 100 mineros continuarán en las calles hasta que las autoridades del Ministerio de Minería los reciban en audiencia y se garantice la inversión para la reactivación de Mallku Khota.

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Cadetran alerta que acuerdo en Perú restringirá ingreso al transporte boliviano al país vecino

Sullcani cuestionó al gobierno peruano que condiciona el uso de combustibles y califica al que usan los transportistas bolivianos como de baja calidad

El dirigente Ramiro Sullcani. Foto: Captura Bolivisión

/ 29 de noviembre de 2022 / 17:25

La Cámara Departamental de Transporte (Cadetran) La Paz advirtió este martes que el acuerdo entre la dirigencia del transporte peruano con su gobierno, que permitió levantar el paro en Desaguadero, restringirá el ingreso de los transportistas bolivianos al vecino país.

El presidente de Cadetran, Ramiro Sullcani, explicó que ese acuerdo establece la creación de puertos secos cerca de la frontera con Bolivia para que ellos se encarguen de trasladar la mercadería boliviana a los puntos de destino, decisión que afecta no solo al sector del transporte nacional sino al comercio exterior en su conjunto.

“En el acuerdo, ahí dimensionan el puerto seco, mencionan la cantidad de combustible que debemos llevar, prácticamente quieren que pasemos el puente y, seguramente, su puerto seco lo harán ahí, y hasta ahí vamos a llegar y ahí tenemos que descargar la carga para que ellos se lo lleven”, consideró Sullcani en contacto con La Razón.

“Nos están restringido en su totalidad que el transporte boliviano pueda circular en Perú, eso es lo que han pedido y han hecho un preacuerdo”, lamentó el dirigente.

Según una de las conclusiones del acuerdo entre el Ejecutivo del gobierno peruano y el transporte de carga a nivel nacional de ese país, se estableció que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones peruano emitirá una norma para implementar GPS en vehículos de transporte internacional para que no se realice el movimiento de carga al interior de Perú. 

El objetivo es “para monitorear el cabotaje en territorio nacional, a fin de fiscalizar que los transportistas extranjeros no efectúen el servicio de transporte de mercancías al interior del Perú (cabotaje internacional) en un plazo máximo de 30 días hábiles”, señala el inciso a del acuerdo. 

Además, el inciso b señala que el gobierno peruano gestionará, en el marco de las próximas reuniones internacionales con Ecuador, que se llevará a cabo el 2 de diciembre de este año y con Bolivia en el primer semestre de 2023, abordar la problemática del transporte de carga internacional con ambos países.

En tanto, el inciso k establece que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, efectuarán un estudio del impacto que generaría la implementación de los puertos secos en fronteras, en un plazo de 120 días hábiles.

Los transportistas de carga nacional de Perú iniciaron el 22 de noviembre un bloqueo en la zona fronteriza de Desaguadero, en demanda de la consolidación de un puerto seco en ese paso fronterizo, la rebaja del precio de combustibles y el uso de diésel de los transportistas bolivianos.

La medida ocasionó un perjuicio al transporte de carga internacional y al comercio exterior boliviano y ocasionó que más de 1.200 unidades de transporte se queden parados en la carretera a la espera de poder salir o entrar de Perú.

Sullcani pidió a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores que puedan asumir las acciones ante las instancias internacionales para evitar la vulneración de los acuerdos que se tienen en el traslado de mercancías de exportación e importación.

“El Gobierno boliviano tiene que tomar cartas en el asunto y hacer la demanda internacional ante la Comunidad Andina y Mercosur”, demandó Sullcani.

Según el dirigente, el Mercado Común del Sur (Mercosur) otorga permisos para que los transportistas de carga internacional puedan circular por los territorios de la región.

En el caso de Bolivia le autoriza el permiso de Idoneidad o complementario por el lapso de cinco años, con Chile es por 90 días.

Mientras que la Comunidad Andina otorga el permiso denominado Originario.

Además, pidió el pronunciamiento del sector exportador del país ya que de aplicarse esas medidas se afectaría en el flete de transporte para la exportación o importación de mercancías bolivianas hacia el vecino país.

Combustibles

Otra de las conclusiones del acuerdo entre el transporte peruano y su gobierno es que el Ministerio de Comercio Exterior peruano continuará con las gestiones para la emisión de las sentencias ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos contra Ecuador y Bolivia por la aplicación de precios diferenciados en la venta de combustibles.

Sullcani afirmó que el gobierno de Perú tiene un decreto referido al medio ambiente en el cual condiciona el uso de combustibles y califica al que usan los transportistas bolivianos como de baja calidad.

“Bajo esa norma han querido coartarnos a nosotros los bolivianos porque dicen que nosotros usamos un combustible de baja calidad, sabiendo que YPFB compra petróleo de Petro Perú, estamos comprando del mismo Perú”, dijo el dirigente.

Por tanto, Sullcani pidió al Gobierno boliviano exigir calidad al momento de pagar por el combustible que compra a Perú.

El inciso f del acuerdo, señala que el Ministerio de Energías y Minas de Perú propondrá un el reglamento del Proyecto de Ley 2423-2021 enfocado en imponer multas a los transportistas extranjeros, a fin de que se nivele el costo de manera que se vean obligados a adquirir el combustible en Perú.

Además, se acordó realizar los controles de pesos, medidas y modificación de tanques de vehículos que prestan el servicio de transporte internacional. 

También se evaluará las modificaciones que resulten necesarias para el control de tanques de combustible de vehículos de matrícula extranjera para el servicio internacional de transporte de carga.

A ello se suma que el Ejecutivo peruano evaluará la normativa relacionada con el tránsito de vehículos extranjeros que no cumplan con la tecnología Euro V.

Al respecto, Sullcani afirmó que hace tres meses ya se pidió un informe a las instancias del Gobierno para conocer la cantidad de azufre del combustible boliviano.

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Asfi advierte con sanciones a entidades que no atienden la reprogramación de créditos

La entidad cuenta con un mecanismo para recibir los reportes financieros sobre la atención que ofrecen a los clientes y los reclamos y quejas que puedan emitir los prestatarios

Reynaldo Yujra, titular de la Asfi. Foto: Archivo La Razón

/ 29 de noviembre de 2022 / 14:13

El director general de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Reynaldo Yujra, advirtió este martes con emitir sanciones a las entidades financieras que no atiendan las solicitudes de reprogramación de créditos de los afectados por el paro en Santa Cruz y otros.

Indicó que la Asfi diseñó un mecanismo a través del cual recibe los reportes de las entidades financieras sobre la atención que ofrecen a los clientes y los reclamos y quejas que puedan emitir los prestatarios.

“En caso de advertir nosotros alguna situación que esté vulnerando la norma que hemos emitido, tenemos facultades para iniciar procesos sancionatorios”, dijo en conferencia.

La Asfi emitió el 11 de noviembre la carta circular 13514/2022, que instruye a las entidades de intermediación financieras realizar una evaluación de las solicitudes de reprogramación de créditos de los afectados por el paro indefinido en Santa Cruz y por los efectos climáticos.

Yujra dijo que la Asfi estableció “mecanismos ágiles y expeditos para atender reclamos y quejas de prestatarios que pudieran sentir que las entidades no son empáticas con su situación y están generando algún tipo de limitación u obstaculización”.

Debido al paro indefinido en Santa Cruz, iniciado el 22 de octubre y levantado el 26 de este mes, sectores como los gremiales, transportistas y microempresarios, entre otros, demandaron al Gobierno emita una instructiva para diferir o reprogramar los créditos bancarios.

Según la dirigencia de los microempresarios, durante los días de paro no generaron ingresos económicos, lo que afectaría a sus ventas previstas para las fiestas de fin de año.

El director de la Asfi afirmó que la instructiva no solo es para los bancos sino abarca a las instituciones especializadas de microfinanzas, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito.

Añadió que la normativa señala que quienes fueron afectados por el paro en Santa Cruz y los efectos climáticos podrán solicitar disminución de la cuota mensual, ampliar el plazo del crédito, incorporar periodos de gracia, entre otros.

“Si alguien requiere un periodo de gracia de uno, dos, tres meses tranquilamente va a poder acceder, si requiere disminución de su cuota, también va a poder hacerlo”, dijo.

Por su parte, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, indicó que al momento muchas personas se apersonan a las entidades financieras para recabar información sobre la reprogramación de sus créditos.

“Las personas con base en su nueva capacidad de pago pueden cumplir sus obligaciones”, dijo.

La Asfi sostiene reuniones con diferentes sectores sociales para socializar la normativa y que puedan acceder a la reprogramación de sus créditos si así lo requieren.

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Se normaliza transporte de estructuras metálicas y materiales para el Mutún

El lunes, cerca de la Terminal de Buses de Puerto Suárez, unos cinco camiones esperaban ingresar al complejo siderúrgico para descargar el material, entre ellos una estructura del molino de bolas

Obras en el Mutún se vieron afectadas por el paro. Foto: Archivo La Razón

/ 29 de noviembre de 2022 / 12:52

Después de 36 días del paro cívico en Santa Cruz, la llegada de camiones que transportan estructuras metálicas y materiales para la construcción de la Planta Siderúrgica Integrada del Mutún en Puerto Suárez se empezó a normalizar.

“Después que se levantó el paro, las unidades de camiones con equipos y estructuras metálicas ya están ingresando al proyecto, asimismo ya se está normalizando el abastecimiento de cemento y otros materiales”, precisó el fiscal general del proyecto, José Luis Saire.

En la mañana del lunes, cerca de la Terminal de Buses de Puerto Suárez, al menos cinco camiones esperaban ingresar al complejo siderúrgico, ubicado a 23 kilómetros de la carretera principal, para descargar el material que traían, entre ellos, una estructura del molino de bolas.

El 7 de noviembre, cuando se cumplían 16 días de paro en Santa Cruz, el presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, alertó que la medida perjudicaba al traslado de cemento a la planta en Puerto Suárez, lo que ocasionó la paralización de las obras.

“Estamos sumamente afectados, fundamentalmente en lo que es el suministro del cemento, hemos tenido que paralizar varios frentes de trabajo porque ya se acabó el cemento hace más de una semana”, dijo Alvarado a La Razón en ese entonces.

La pasada semana, Alvarado afirmó que alrededor de 60 a 70 camiones no podían hacer el traslado de los equipos y las estructuras metálicas afectando directamente el avance de la obra, que de acuerdo al cronograma debe concluirse a finales de 2023 y entrar en operación en 2024.

Entre tanto, uno de los transportistas que llevaba las estructuras metálicas para una de las siete plantas del complejo, Dennis Quispe, indicó que tuvo que esperar dos semanas hasta llegar a Puerto Suárez y fueron incontables los puntos de bloqueo hasta llegar a destino.

“Había desvíos por otros lados, pero como son muy altas las estructuras y pesan como 22 toneladas, era mucho riesgo que la carga pudiera volcarse, por eso sí o sí teníamos que esperar nomás en los puntos de bloqueo”, detalló Quispe.

En el complejo del Mutún se emplazan siete plantas: de Concentración, Peletización, Reducción Directa (DRI), Aceración, Laminación, Central Eléctrica y Auxiliares.

La construcción del complejo siderúrgico representa una inversión de $us 546 millones y se tenía previsto culminar hasta finales de 2023.

Esta obra tendrá una capacidad de producción de 200.000 toneladas por año de acero laminado de alta calidad para abastecer, en principio, el 40% del mercado interno.

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