El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para combatir el comercio ilegal incorpora a las FFAA en la lucha contra esa actividad. Establece que los militares asentados en puntos fronterizos deberán interceptar y detener a los contrabandistas.
Las Fuerzas Armadas «están en gran medida dislocadas en lugares fronterizos; su rol principal efectivamente no es perseguir al contrabando, pero al velar por la seguridad nacional en una interpretación abierta pensamos que ellos (los militares) pueden colaborar transitoriamente, como se incorpora en el proyecto de ley, en esta lucha contra el contrabando», informó ayer el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, en una entrevista con radio Erbol.
«No estamos delegando una enorme responsabilidad sólo a las Fuerzas Armadas, pero creemos que su presencia misma ya es válida y es persuasiva; de hecho, ellos pueden, como cualquier ciudadano, en algún momento lograr interceptar a estos ingresos (de contrabando) que se dan y luego remitirlos a las autoridades competentes para el juzgamiento, para el remate y para la confiscación de los bienes que se puedan interceptar en un lugar no autorizado, en una ruta no autorizada», agregó la autoridad.
El viernes, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que el Gobierno alista la aprobación de una ley de lucha contra el contrabando que confiscará los bienes muebles e inmuebles y medios de transporte de los contrabandistas, y radicalizará la sanción penal en contra de los funcionarios públicos involucrados en el comercio ilegal hasta los 15 años de presidio.
Consultado si el Órgano Ejecutivo dispondrá que ciertos regimientos o destacamentos militares se trasladen a las fronteras del país, Chávez respondió: esa parte técnica y de coordinación seguramente la harán en su momento las autoridades del área (como) el Ministro de Defensa; lo que nosotros estamos planteando es que haya una participación presencial de las Fuerzas Armadas porque es la institución que tutela la seguridad nacional».
Aseguró que la Aduana, la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial también son parte de la «guerra absoluta contra el contrabando». El proyecto de ley ya fue remitido para su análisis a la Comisión de Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja y será enviado al plenario entre hoy o mañana.
126 policías controlan fronteras
Planilla
El Control Operativo Aduanero (COA) está conformado por entre 122 a 126 policías.
Renovación
La Aduana pretende hacer del COA un grupo de élite que realice inteligencia aduanera.
Se aplicará la detención preventiva inmediata
Los contrabandistas encontrados en flagrante comisión del delito serán detenidos preventivamente de forma inmediata y no podrán acceder a mecanismos de libertad como las medidas sustitutivas, afirmó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
«Las personas que participan de un delito (de contrabando), todas ellas, inmediatamente pasarán a una detención preventiva sin posibilidad de libertad en ninguna de sus medidas, en ninguna de sus formas y luego de un juicio rápido se practicará un sistema de juzgamiento por flagrancia previsto ya en la Ley (de Aduanas) 007», aseguró ayer la autoridad, en entrevista con la radio Erbol.
Debido a un principio constitucional, explicó, no se crearán tribunales especializados para juzgar a los acusados de contrabando, tarea que recaerá en tribunales de justicia ordinarios. Añadió que el proceso contra esas personas durará un máximo de 90 días y que similar plazo se calcula para acciones de apelación o recusación posteriores.
«Hablamos de no más de seis meses para que estas personas tengan sentencia condenatoria ejecutoriada (…). No queremos que se entre al juego de las incidencias, de las nulidades u otros mecanismos de los que a veces se ha abusado para que no haya ninguna persona detenida por el delito de contrabando», dijo.
Según el viceministro, con la futura aplicación de la norma se pretende romper la cadena delictiva del contrabando que llega hasta la venta de productos provenientes de esa actividad ilícita.