La Procuraduría General del Estado (PGE) abrió la posibilidad de sentarse a negociar con la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) para llegar a un “mejor arreglo” por la nacionalización de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa) en 2010. 

El procurador César Siles dijo que la institución vela por los intereses y recursos del Estado, por lo que se buscará los mecanismos para no afectar al país.

“Seguramente tendremos que, en su momento, sentarnos, como ya lo anunció en un comunicado Soboce y las otras instituciones, para poder llegar a un mejor arreglo posible para el Estado boliviano”, dijo Siles en conferencia de prensa.

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La cementera privada, a través de un comunicado, expresó su intención de buena voluntad y de gestionar un diálogo con las autoridades de Estado boliviano que beneficien a ambas partes sobre los fallos emitidos por la jurisdicción de Bolivia y la internacional.

“En un esfuerzo por buscar una resolución pacífica, Soboce ha indicado que iniciará un diálogo constructivo con las autoridades bolivianas, que buscará una solución que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible del país”, señala la nota de prensa.

En un proceso, la jurisdicción boliviana falló a favor de Fancesa en contra de Soboce por más de Bs 744 millones dentro del proceso de resarcimiento de daños y perjuicios por “competencia desleal”.

En abril de 2011, Fancesa presentó una demanda en contra de Soboce por daños y perjuicios. Luego de más de 12 años de juicios, el 15 de agosto de 2023, el Juez Público en lo Civil y Comercial Número 11 de Sucre emitió una sentencia que obliga a Soboce a pagar a favor de Fancesa Bs 744.315.432.

Procesos

“Con este auto de vista 365/2023 (del 31 de octubre de este año) fuimos notificados todas las partes antes mencionadas y también la parte perdidosa, Soboce; sin embargo, todavía se encuentra en plazo para las partes la posibilidad de presentar un recurso de casación. En este caso se logró una recuperación de 744 millones de bolivianos”, dijo Siles. 

El segundo proceso, fue presentado ante instancias internacionales. El 11 de enero, los accionistas de Soboce presentaron contra el Estado boliviano un procedimiento arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya por la expropiación de sus acciones en Fancesa.

Los demandantes invocaron el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú-Bolivia y pedían una indemnización de $us 260 millones.

Según la Procuraduría General de Bolivia, el conflicto se produjo en el marco del Decreto Supremo 616 de 1 septiembre de 2010, que tuvo por objeto recuperar el 33,34% de las acciones que detentaba Soboce, en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

Soboce, el Consorcio Cementero del Sur, Yura Inversiones Bolivia SA y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) “una notificación de arbitraje”.

No obstante, Siles informó que el 27 de noviembre el Estado boliviano y las partes en conflicto fueron notificados con la determinación arbitral sobre el caso CPA 2020/-47, la Corte Permanente de Arbitraje se declaró “sin jurisdicción” para resolver la demanda por $us 269,4 millones.

“Los demandantes reclaman violaciones del convenio sobre promoción y protección de inversores (…) En este caso, el Estado boliviano rechazó las  alegaciones de los demandantes y opuso excepciones jurisdiccionales y administrativas señalando que los demandantes, las empresas no han satisfecho la carga de la prueba”, manifestó el Procurador.

El grupo empresarial pedía una compensación económica, más intereses, por un total de $us 183,2 millones, además de los dividendos de las acciones estatizadas por $us 86,2 millones, de acuerdo con información de la Procuraduría.

Respecto a este caso, el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Sidney Morales, dijo que el Tribunal Arbitral determinó que tanto el demandante como el demandado paguen costas por un total de 600.000 euros. Cifra que se divide a mitades, es decir, 300.000  euros Soboce y 300.000 el Estado boliviano. 

“Al Estado le corresponde pagar 300.000 euros que ya se ha pagado. Hay un remanente que se nos va a ser devuelto de 22.000 euros para el Estado”, manifestó Morales.

La Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente declaración de no competencia por el Tribunal Arbitral en el proceso de estatización de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa).

A través de un comunicado de prensa, Soboce aclaró que el Tribunal Arbitral de la Haya se declaró incompetente para juzgar el caso y no falló a favor del Estado boliviano.

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“La empresa ha reafirmado que sus reclamaciones se mantienen intactas y continúan fundamentadas en la legislación boliviana, específicamente en el Decreto Supremo 616. En este sentido, el comunicado señala que, a pesar de que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya se declaró incompetente para tramitar la demanda de 269,4 millones de dólares impuesta por Soboce, la empresa cementera y sus accionistas, incluyendo el Grupo Gloria del Perú, mantienen su posición y derechos”, señala la nota de Soboce.

Asimismo, subraya su compromiso con el estado de derecho y el debido proceso, expresando su intención de continuar buscando el reconocimiento de sus derechos a través de los canales judiciales y/o arbitrales correspondientes, ya sean nacionales o internacionales.

La empresa también destaca la garantía constitucional de compensación en casos de expropiación y reitera su prohibición de confiscación de bienes, activos y derechos.

Como gesto de buena voluntad y en un esfuerzo por buscar una resolución pacífica, Soboce ha indicado que iniciará un diálogo constructivo con las autoridades bolivianas, que buscará una solución que beneficie a todas las partes involucradas y contribuya al desarrollo sostenible del país.

A través del Decreto Supremo 616 del 1 de septiembre de 2016, se dispuso la recuperación del 33,34% de las acciones transferidas a Soboce en favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca por la nacionalización de Fancesa.

Soboce, el Consorcio Cementero del Sur, Yura Inversiones Bolivia SA y el Grupo de Inversiones Gloria Bolivia SA activaron la cláusula arbitral del convenio entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

Alegando la vulneración del acuerdo bilateral, el grupo empresarial presentó ante la Corte Permanente de Arbitraje “una notificación de arbitraje”.

El presidente Luis Arce agradeció este miércoles a su similar de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por las gestiones realizadas para que, a través del congreso de su país, haya aprobado la adhesión plena de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur).

“El Pleno del Senado de #Brasil aprobó el Proyecto de Decreto para la adhesión plena de #Bolivia al #Mercosur. Agradecemos las gestiones del hermano presidente @LulaOficial y al pueblo brasilero por este hito histórico en la integración latinoamericana (sic)”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario colgó en su post un mensaje para congratular el ingreso de Bolivia al bloque comercial: «¡Bolivia ingresa en el Mwercosur!»

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Arce añadió que los pueblos del sur apuestan por la integración de la región para hacer frente a los desafíos que representa la “crisis multidimensional” que amenaza a la humanidad.

Más temprano, el presidente Lula da Silva, agradeció al Senado de su país por aprobar el ingreso de Bolivia al Mercosur y felicitó a Bolivia por ser parte del bloque económico.

El Senado de Brasil aprobó la noche del martes el protocolo de adhesión plena de Bolivia al Mercosur; luego lo remitió al presidente Lula para su promulgación.

La autorización de Brasil era el último paso para la aprobación de Bolivia como miembro pleno del bloque. Antes ya habían cumplido con ello Argentina, Paraguay y Uruguay.

La propuesta (PDL 380/2023) tiene en cuenta el protocolo de adhesión firmado por el Estado Plurinacional de Bolivia en 2015, en Brasilia, al Tratado de Asunción.

Actualmente, el país tiene condición de asociado en el bloque, al igual que Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. En estas condiciones puede establecer acuerdos de libre comercio con los miembros; y participar en reuniones del bloque.

El protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (CRE) del Senado de Brasil el 23 de noviembre; bajo la relatoría del senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Para las próximas horas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) espera la llegada de más de 200 camiones cisternas que arribarán al país desde Arica, Chile, con volúmenes de diésel oíl y gasolina.

El gerente de YPFB Logística, Félix Cruz, afirmó este miércoles que el arribo de esos combustibles contribuirá a garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en el territorio nacional.

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“Después de 20 días de marejadas altas, situación que no permitía al buque estacionarse, arribó la embarcación a la Terminal Marítima de YPFB en Arica (Chile). Estamos trabajando 24 horas en la Planta de Almacenaje de Senkata para poder garantizar la recepción de estas cisternas y realizar el despacho correspondiente hacia las diferentes estaciones de servicio”, manifestó Cruz.

La logística de abastecimiento de combustibles líquidos que encara Yacimientos permite garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno con los aportes de la producción nacional y la importación de diésel y gasolina.

Actualmente, la Planta de Senkata tiene una capacidad de almacenaje de 53 millones de litros entre gasolina y diésel, volúmenes que garantizan plenamente el abastecimiento de combustibles líquidos.

“También tenemos una capacidad de forma diaria de despacho hasta 150 cisternas y una capacidad de recepción de hasta 350 camiones cisterna”, agregó.

A través de una nota de prensa, YPFB reiteró que Bolivia no se caracteriza por ser productor de petróleo, pese a ello el abastecimiento del mercado interno está totalmente garantizado. Para complementar la producción nacional se importan combustibles, insumos y aditivos.

Los precios en el mercado interno no han sido afectados por la coyuntura internacional, resguardando el poder adquisitivo de la población boliviana.

La mañana de este miércoles, ejecutivos de la petrolera estatal realizaron una inspección a la recepción y salida de combustibles líquidos en la Planta de Senkata, El Alto.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) lanzó el martes la licitación pública para la construcción de la Doble Vía Santa Cruz – Warnes (Lado Este). Según el formulario 100 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el precio referencial establecido para esta licitación es de Bs 249,9 millones y el método de adjudicación es calidad, propuesta técnica y costo total del proyecto.

La construcción de la carretera, que tiene una longitud de 27,97 kilómetros, un ancho de calzada de 10,5 metros, bermas internas y externas, se divide en dos etapas.

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La primera etapa contempla la finalización del pavimento rígido, el sistema de drenaje, la construcción de seis viaductos, la conclusión de un puente, reposición y arreglo de pavimento inconcluso o dañado, incluyendo las juntas, y otras obras complementarias que permitirán habilitar el tráfico vehicular de forma segura y permanente.

La segunda, incluirá la construcción de las estaciones de peaje, ensanche del pavimento, viaductos, rampas, lazos y accesos para conectar la carretera con otras avenidas, obras complementarias, señalización horizontal, defensas tipo new jersey, flex beam y pórticos.

El cronograma señala que el proceso de contratación se iniciará el 29 de noviembre de 2023 y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2023, durante el cual se llevarán a cabo la inspección previa, consultas escritas y una reunión de aclaración con los proponentes.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 9 de enero de 2024 para presentar propuestas electrónicas a través del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), y se tiene programada la adjudicación de las obras para el 19 de enero de 2024.

El 30 de octubre, una comisión de la ABC se reunió con autoridades locales y representantes de organizaciones sociales de Warnes, donde se discutieron diversas propuestas e inquietudes con el objetivo de asegurar la reactivación, viabilidad y éxito de este importante proyecto.

La construcción de esta Doble Vía tiene como finalidad mantener un flujo continuo en una zona de alto tráfico vehicular, apoyando así el desarrollo económico al facilitar el transporte eficiente de productos a los mercados nacionales e internacionales.