La Paz – La Ley de Modificación al Código Tributario y la Ley General de Aduanas, promulgada por el Gobierno el 11 de agosto, establece sanciones más duras como la confiscación de bienes de los contrabandistas y una pena de cárcel hasta de 15 años.
El artículo segundo de la Ley 780 detalla que «constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los delitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos».
En ese marco, el artículo 4 establece que en caso de delitos tributario-aduaneros, los instrumentos del delito, propiedades, depósitos o recintos de depósito, vehículos automotores, lanchas, avionetas y aviones, serán confiscados a favor del Estado y luego de su registro se entregarán definitivamente a las Fuerzas Armadas (FFAA), a la Policía Boliviana, al Ministerio Público u otras entidades conforme a reglamentación».
El artículo cinco incorpora el artículo 192 del Código Tributario con el siguiente texto: «En caso de comiso de bienes perecibles o mercancía perecible, el juez o tribunal competente, a requerimiento fiscal fundamentado, determinará el remate de los bienes en un plazo no mayor a 10 días calendario siguientes de dictada resolución, bajo responsabilidad».
Las sanciones más duras están establecidas en el artículo 6 inciso I. «Se modifica de cinco a diez años la sanción penal de privación de libertad a los delitos previstos en los artículos 178, 179 y 181 del Código Tributario.
II. Se modifica de cuatro a ocho años la sanción penal a los delitos previstos en los Artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176 y 177 de la Ley General de Aduanas, modificados por la Disposición Final Tercera del Código Tributario».
Este artículo además establece que «se agravará la sanción penal en una mitad si el delito fuere cometido por servidores públicos». Esto quiere decir que podría haber una pena máxima de 15 años de prisión en caso de que se compruebe la participación de un servidor en delitos de contrabando.
El día de la promulgación de la ley, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, informó que el contrabando genera un movimiento económico de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares al año, en tanto que el Estado deja de percibir por concepto de tributos entre 300 y 400 millones.
De igual forma el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, aseguró que esta nueva ley de lucha contra el contrabando fomentará la mayor producción nacional y la generación de más empleos en el país, porque se está poniendo fin a una competencia «desleal».
Buscan formalizar su negocio
E. Salmón
Dos vendedores de línea blanca dijeron que piensan formalizar su negocio y traer mercadería de manera legal.
Opción
La Cámara Nacional de Despachantes de Aduana manifestó que poco a poco comerciantes de todo el país optarán por lo legal.
La Aduana recaudó 24% más que la gestión 2009
Por la nacionalización de mercadería, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) recaudó en lo que va de esta gestión 790 millones de bolivianos más que el 2009; esto equivale a un 24,33% de crecimiento.
«Hay una proyección de la Aduana de que hasta fin de año nosotros llegaríamos a una recaudación de mil millones de bolivianos más de la gestión pasada, ése es un récord muy importante», explicó la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya.
La autoridad manifestó que esta alza en la recaudaciones se debe fundamentalmente a la conciencia de los comerciantes en buscar la opción legal para importar su mercadería al país.
«Está ocurriendo un fenómeno interesante y es que la gente está yendo a nacionalizar su producto a las aduanas interiores, donde se han recibido entre 300 a 400 camiones más que en la gestión pasada», agregó Marlene Ardaya.
De los 790 millones bolivianos de recaudación mencionados, el 46,7 por ciento se generó en la Aduana Interior Santa Cruz.
Ardaya ratificó que los controles aduaneros son ahora mucho más rigurosos y por esa razón gran parte de los comerciantes opta por la importación legal. «En estos últimos meses hay un flujo importante en el país de traer todos los productos por la vía legal». El 2009, el total de la recaudación por el gravamen arancelario (GA) fue de 1.178,9 millones de bolivianos.
Empresarios Privados de Bolivia
La mercadería legal garantiza la calidad
Considero que la ley que introduce modificaciones al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas constituye una señal positiva, de una voluntad política en el Estado para encarar con firmeza la lucha contra el contrabando. Durante mucho tiempo, el sector empresarial ha venido reclamando, precisamente, la falta de voluntad política en los poderes públicos para poner freno al flagelo del contrabando. Por ello, frente a la promulgación de la nueva ley, los empresarios no podemos tener sino una expectativa positiva. Respecto al endurecimiento de las sanciones que establece la ley, debo decir que esto es comprensible y lógico. Una de las razones que alienta al contrabando es que los delitos de contrabando no se castigan, al menos no con la severidad que sería necesaria, para disuadir a que se siga incurriendo en los delitos. Como no hay castigos severos, los contrabandistas y funcionarios públicos, que son sus cómplices, siguen actuando a plena luz del día, amparados en la impunidad. Esto tiene que terminarse. Pero no basta que las penas sean duras si ellas van a quedar en el papel. Tan importante como una ley que defina mejor los delitos y contravenciones, es que los órganos judiciales apliquen correctamente las normas y actúen con prontitud, idoneidad e imparcialidad. Es preciso que se respeten los derechos constitucionales de las personas acusadas o sospechosas y se cumpla el debido proceso, de manera que la aplicación de la ley sea correcta, y se eviten abusos y arbitrariedades.
Daniel Sánchez
es presidente de la CEPB