Renta solidaria traba diálogo por nueva Ley de Pensiones
Disenso. La COB plantea Bs 5.400 como monto máximo y el Gobierno mantiene su propuesta de Bs 2.400
El Gobierno y la COB no logran ponerse de acuerdo sobre el monto máximo de la pensión solidaria. La falta de consensos en ese punto constituye el principal obstáculo para que el proyecto de la nueva Ley de Pensiones sea remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
«Estamos todavía en negociación, el punto que nos ha detenido es el monto (máximo) de la pensión solidaria, que nosotros hemos ofrecido sea Bs 2.400 con 30 años (de aportes). Ellos han planteado reducir la sostenibilidad (del fondo solidario) de 40 a 20 años y elevar el monto de la pensión de Bs 2.400 a aproximadamente Bs 5.000», informó a La Razón el viceministro de Pensiones, Mario Guillén.
El Ejecutivo propone la creación de un fondo solidario que sea sostenible por un período mínimo de 40 años. El mismo sería financiado con un aporte patronal del 3%, el aporte laboral adicional del 0,5%, el descuento a los salarios superiores a Bs 13.580 y el 20% de la recaudación por riesgos previsionales (muerte, accidentes, entre otros).
Dicho fondo permitiría incrementar las rentas bajas hasta un máximo de Bs 2.400 y de Bs 3.000 en el caso de los trabajadores del sector minero. «En la medida en que encontremos fuentes de financiamiento vamos a poder mejorar (la oferta), pero por ahora ésa es nuestra propuesta», dijo Guillén.
«En este momento, un profesional gana arriba de Bs 5.000 y algunos Bs 8.000 y Bs 9.000, ¿dónde irá ese remanente, ya que se van a jubilar con Bs 2.400?», preguntó el secretario de Finanzas de la COB, Ramiro Condori.
En ese sentido, precisó, el planteamiento del ente matriz de los trabajadores consiste en Bs 5.400 como renta tope y Bs 3.600 como monto mínimo, para quienes perciban un salario superior a 3.500 bolivianos.
En cuanto a la sostenibilidad del fondo, Condori señaló que se propone 20 años porque otra comisión de diálogo trabaja en la reactivación del aparato productivo. «De aquí a 20 años, la situación económica del país va a cambiar», manifestó.
Guillén sostuvo que «si nosotros bajamos los años de sostenibilidad, lo que estaríamos haciendo es no garantizar la jubilación de las personas más jóvenes y con esto se beneficiaría (sólo) a las que hoy están en edad de jubilación, pero no a las personas que están aportando».
«Solucionamos ese punto y estaríamos en condiciones de mandar (el proyecto) a la Asamblea (…). Todo depende del consenso con la COB, me imagino que esta semana o la próxima habrá otra reunión para llegar a los últimos consensos», acotó la autoridad.
Sin embargo, Condori fue enfático al declarar que «no queremos entrar más en discusiones, se ha roto el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Viceministerio de Pensiones; ahora estamos pidiendo una solución, una reunión de alto nivel con el Presidente del Estado para zanjar de una vez por todas este tema».
COB sugiere echar mano del IDH
«Ellos (el Gobierno) tienen que buscar formas de financiar la sostenibilidad (del nuevo sistema de pensiones). Hay tantos bonos que está dando el Gobierno, por qué no puede dar un porcentaje del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para la sostenibilidad de las pensiones», indicó el secretario de Finanzas de la COB, Ramiro Condori.
El Gobierno descarta las sugerencias de empresarios
Para el Gobierno, la administración pública de los fondos de pensiones y el aporte patronal del 3% son temas innegociables dentro del proyecto de la nueva Ley de Pensiones. Las principales observaciones y sugerencias de los empresarios abordan esos aspectos.
«Hay temas que son innegociables. El tema del aporte patronal implica la sostenibilidad del sistema (de jubilación), entonces no lo podemos tocar y el tema de la administración, está establecido en la Constitución que tiene que ser pública», afirmó el viceministro de Pensiones, Mario Guillén. Los empresarios plantean una administración pública y ven en el aporte patronal un riesgo para su capacidad financiera.