La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, admitió ayer que en la administración aduanera de Charaña se presentaron irregularidades en el ingreso de 22 camiones con parte de la mercadería que era de contrabando.
Por tal motivo, la autoridad anunció que «todos los funcionarios» que trabajan en Charaña serán investigados y, en caso de ser encontrados culpables, serán procesados en el marco de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Ley de Modificación al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas.
Esta última norma, aprobada en agosto de este año por la Asamblea Legislativa, sanciona con una pena de privación de libertad de 10 a 15 años para los funcionarios públicos que incurran en contrabando.
«Los funcionarios aduaneros tendrán que presentar sus descargos, porque en este momento se presume su inocencia», sostuvo Ardaya, quien señaló —a modo de ejemplo— que en el caso de un Técnico Aduanero I su obligación es verificar ítem por ítem la mercadería que ingresa y sale de la administración aduanera.
Por este motivo, indicó la autoridad, no se justifica que los funcionarios aduaneros hayan dejado pasar un convoy de camiones con sobrecarga. El 22 de octubre, en un operativo conjunto entre la Aduana, el Comando Conjunto Andino (CCA) y el Control Operativo Aduanero (COA), se detuvo un convoy de 22 camiones con mercancía supuestamente transportada de manera ilegal.
«Concluimos de manera tácita que hubo irregularidades en los despachos de 22 camiones, lo que implica decir que esta investigación se va a extender a los funcionarios de la Aduana que han dejado pasar esos camiones con sobrecarga», manifestó.
Los 22 camiones, cargados con electrodomésticos, juguetería, prendas de vestir, equipos multimedia, entre otros, fueron confiscados en proximidades de la población de Viacha.
De los 22 camiones retenidos en el Regimento Max Toledo, funcionarios de la Aduana y la fiscal asignada al caso hicieron hasta la fecha la revisión de ocho motorizados y en todos ellos se encontró que una parte de la mercadería era de contrabando.
Ardaya dijo que al momento de la revisión ni los propietarios de la mercancía ni los choferes de los camiones quisieron ser parte de la verificación, por lo que se decomisará toda la mercadería ilegal y se procederá a la devolución de la que cuenta con el Documento Único de Importación (DUI).
«Los propietarios tienen que atenerse a la norma y tienen que perder lo que han introducido ilegalmente», sostuvo la autoridad. «No se devolverá la mercadería excedente que no está amparada en las autorizaciones, porque eso sí es contrabando. Si el delito es contravencional, el transportista tiene que pagar el 50%», afirmó.
La Ley de Aduanas estipula que los transportistas deben responder por el 50% del delito si la justicia determina que hubo contravenciones a la norma. Ardaya dijo que a partir del operativo realizado de manera conjunta entre la Aduana, el Ejército y el COA, se logró determinar uno de los mecanismos utilizados por los contrabandistas para ingresar mercadería ilegal al país.
Seguimiento duró 3 meses
Durante tres meses, Inteligencia Aduanera hizo un seguimiento a los camiones que salían y entraban con mercadería de la administración aduanera de Charaña, lo que permitió confirmar las irregularidades cometidas en ese recinto.
Comerciantes denuncian supuesta extorsión
Pobladores, comerciantes y choferes del municipio de Desaguadero del departamento de La Paz denunciaron ayer a la red Erbol una presunta extorsión por parte de miembros de la Armada Boliviana, motivo por el que decidieron marchar rumbo a la Capitanía de Puesto de «Guaqui» para protestar por los actos ilícitos de los cuales son víctimas.
«Los militares no entienden, pese a que los comerciantes rogamos pidiendo por favor que no nos quiten nuestras cosas porque de eso vivimos, (pero) nada. Hay un capitán, no sé qué nombre tiene, que no entiende nada, incluso estos militares ya nos están cobrando dinero», denunció uno de los afectados, quien prefirió guardar su identidad en reserva para evitar represalias. Otro explicó que ya se volvió costumbre para los cerca de 5.000 comerciantes que trabajan en la zona, el pagar a los militares para que dejen pasar su mercadería.
La marcha comenzó ayer a las 18.30 en dos puntos: el primero en la población de Tiwanaku y el segundo, desde Desaguadero.