La soya, literalmente, pierde terreno ante la ganadería. Según el estudio de la Fundación Tierra, los brasileños que antes se dedicaban a la agricultura, especialmente de la soya, ahora han cambiado de oficio.
Se trata, continúa el documento, de los extranjeros que se dedicaban a la soya desde hace unos 17 años. Las provincias fronterizas son las que reciben a la mayor cantidad de extranjeros; es decir, Germán Busch Velasco y Ángel Sandóval.
Los datos que maneja la Fundación Tierra revelan que durante los últimos cinco años, los brasileños habrían adquirido unas 700.000 hectáreas. «Su renovada presencia (dice el informe) tiende a extenderse a la actividad ganadera; si bien la tierra disponible para el cultivo de la soya habría llegado a su techo».
Pero los brasileños no incursionan por primera vez en el negocio de la tierra boliviana. Durante los años 90 habrían adquirido medio millón de hectáreas; por lo tanto, para esta gestión, los extranjeros del país más grande de la región serían los dueños de 1.200.000 hectáreas.
Al respecto, Miguel Urioste de la Fundación Tierra, aseveró que con la ganadería se repiten los mismos pasos que con la soya, hace casi dos décadas atrás. El investigador indica que en la actualidad, los extranjeros utilizan palos blancos para adquirir una mayor extensión de tierras.
«Algunos compran las tierras, pero viven fuera del país, lo que significaría que se está violando la ley». Para acceder a los predios, algunos extranjeros se casarían con bolivianas para tener la propiedad.
Por su parte, Demetrio Pérez, presidente de Anapo, aseveró que los extranjeros no tienen «tanta tierra» en Bolivia y que existe un prejuicio sobre su participación en el país. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no tiene datos sobre la presencia, aumento o disminución de súbditos brasileños en el país.
Los precios en países vecinos
El costo de la hectárea de tierra en Bolivia oscila los 2.000 dólares. El precio es bajo en comparación con los vecinos de la región. Por ejemplo, en Argentina o Brasil el mismo pedazo de suelo llega a costar 8.000 dólares. Así, el precio se convertiría en uno más de los factores para la incursión de los extranjeros en suelo boliviano.
Las siete tareas para revertir el problema
La Fundación Tierra elaboró una serie de «tareas urgentes» respecto a la reforma agraria. En primer lugar, según el informe, se debe sanear las tierras de las empresas medianas y grandes. ésta sería una tarea postergada desde hace 14 años cuando se creó la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria).
La entidad enfatiza también en la necesidad de eliminar el latifundio. El documento señala: «La Reforma Agraria del presidente Morales tuvo avance en la titulación de territorios indígenas, pero el latifundio sigue vigente».
La tercera tarea para revertir la situación es la de fortalecer la seguridad jurídica de los pequeños, medianos y grandes propietarios que invierten en el país.
En cuarto lugar dice, se debe elaborar un catastro que esté permanentemente actualizado por los municipios del país. En este levantamiento de datos será necesario colocar la nacionalidad del poseedor o propietario; además de otros datos sobre el terreno.
Para la Fundación Tierra, en este momento la incursión de los ganaderos y agricultores en territorio boliviano está fuera de control. Por lo tanto, se debe detener la «extranjerización» de la tierra.
También será necesario regular el mercado de tierras. Dicha tarea debe ser responsabildiad del Instituto Nacional de Reforma Agraria o de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT). La última recomendación de la Fundación Tierra es que se cumpla el plan de uso del suelo (PLUS). Tampoco debe permitirse adecuar el PLUS o cambiar la vocación de uso del suelo.
Al margen de las recomendaciones de Tierra; en este momento el INRA se ha puesto como meta final el saneamiento de tierras hasta finales del 2013. Es decir, quedan tres años para cumplir con el levantamiento de datos en el país. El instituto también tiene la potestad de revertir las tierras que considere no estén cumpliendo una labor social. La medida apunta a dotar de mayores extensiones de suelo a los pueblos indígenas.