La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que la falta de inversiones importantes que incrementen la capacidad productiva del sector, ocasionada principalmente por la incertidumbre jurídica, podría generar en el mediano plazo un desabastecimiento de productos en el país.
Al segundo trimestre del presente año, el índice de ventas de la industria manufacturera registró un crecimiento acumulado de 14,4%. Sin embargo, el nivel de producción se mostró rezagado y creció sólo 4,9%. Así lo informó ayer el presidente de la CNI, Armando Gumucio, como parte de su informe de fin de año.
«Esto significa, de alguna forma, que podrían generarse riesgos de desabastecimiento en el mediano plazo, algo que de alguna manera hoy sentimos. Esto debido a que los inventarios de las empresas industriales tienen que ser repuestos con mayor producción, misma que no está creciendo al ritmo de la demanda», explicó el ejecutivo.
Con la escasez, «nos referimos a todo en general, hemos tenido desabastecimiento en diferentes ámbitos y lo más preocupante para la población son los alimentos», dijo.
Ampliación. Según Gumucio, en la actualidad, las industrias están en pleno uso de su capacidad instalada de producción. «En los últimos años (a partir del 2003), las inversiones industriales se han circunscrito fundamentalmente a la reposición de activos y no tanto al incremento de capacidad productiva masiva. Hay algunas empresas que sí lo han hecho, pero en el nivel general no ha ocurrido», aseguró.
El presidente de la CNI afirmó que ello no se debe a la falta de capacidad del sector, «que está decidido a seguir haciendo inversiones, pero requiere de la certidumbre necesaria desde el punto de vista de lo que son reglas, normas y leyes». En la industria, para tomar decisiones de inversión, se requieren de períodos largos de equilibrio macroeconómico y certezas políticas de larga duración, complementó.
«De aquí a tres o cinco años, si no hacemos inversiones importantes, el país va a atravesar por momentos complicados en abastecimiento», sostuvo Gumucio y añadió que es preciso que la oferta de productos sea cubierta desde adentro del país y no provenga del extranjero a través de la importación.
Energía. A decir del empresario, otro riesgo que enfrentan los industriales está relacionado con la dotación de gas natural y electricidad. «Normalmente, el país siempre está viviendo al filo de la navaja. El crecimiento de la demanda de energía va a un ritmo muy ajustado con el crecimiento de la oferta», indicó.
En ese sentido, el informe de la Cámara Nacional de Industrias señala que si no se apresura la conclusión de los proyectos en curso para el incremento de la capacidad del Gasoducto al Altiplano (GAA) y la construcción del segundo tramo del Gasoducto Carrasco Cochabamba (GCC), «el primer semestre del siguiente año podríamos tener racionamiento de gas natural».
En cuanto a energía eléctrica, el documento menciona que «el nivel de confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN) continúa baja debido a la reducida capacidad de reserva del mismo».
Rechazan incursión del estado
Posición
«No es sano que el Estado se vuelva competencia de nuestro sector a través de la inversión en empresas estatales. Esto, sin ninguna duda, lo único que hace es incentivar e incrementar la incertidumbre», afirmó Gumucio.
Efectos
Según el presidente de la CNI, la intervención estatal «empeora el clima de la actividad empresarial, ahuyenta las inversiones que podrían venir al país y distorsiona el mercado», porque el Estado «es dueño de los recursos, de la ley, de los decretos, de los reglamentos».
García pide a soyeros bajar precio del grano
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera pidió a los industriales soyeros bajar el precio del producto en el mercado interno y no entrar en «confrontación» con el Gobierno.
«Bajen el precio de la torta de soya para el consumo interno (…). No queremos confrontación con estos grandes industriales, pero ellos tienen que entender que no pueden abusar de la ganancia, no pueden hacerle daño al pueblo boliviano», dijo en rueda de prensa, según la agencia ABI.
El Gobierno estableció una banda de precios de entre $us 340 y $us 360 por cada tonelada de torta de soya para asegurar el abastecimiento de alimento balanceado para la industria avícola y porcina. García Linera aseguró que en el extranjero los soyeros comercializan el alimento a $us 350 la tonelada, pero que en Bolivia, de forma «abusiva», lo venden entre $us 380 y $us 400.
«Nosotros la vamos a procesar (la soya) si fuera necesario, tenemos mercados en abundancia. En otras palabras, no vamos a aceptar el chantaje, las presiones y la ganancia abusiva en el mercado interno de parte de los grandes industriales de la soya», sostuvo.
Denunció que los industriales intentaron poner a los pequeños y medianos productores de soya en contra del Gobierno, argumentando que su exportación estaba prohibida. Ante esas «mentiras», dijo, el Estado está dispuesto a comprar toda la producción.
A través del Decreto Supremo 0725, el Ejecutivo condicionó la venta externa del grano a la certificación de abastecimiento interno y venta a precio justo.»El Estado va a usar todos los medios económicos y políticos a su alcance para defender la canasta familiar», subrayó García Linera.