La Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEAF) generó cerca de Bs 123 millones durante la gestión pasada, lo que representa un incremento del 28,1% respecto a lo obtenido en 2022.

“En la gestión 2023 impusimos una dinámica muy importante, producto de ello el balance general da cuenta de que generamos ingresos por 123 millones de bolivianos, y de estos obtuvimos utilidades por 35 millones de bolivianos”, precisó el gerente técnico de EEAF, Orlando Achu.

Lea también: La planta de fertilizantes inicia operaciones y Bolivia avanza en la industrialización

De acuerdo con los datos de la Rendición Pública de Cuentas Final 2023, el monto alcanzado el año pasado fue de Bs 122,2 millones y en 2022 se generó Bs 95,4 millones por la venta de los productos.

Explicó que esos recursos permitieron el pago de impuestos por un valor de Bs 10 millones, además se contribuyó para la cancelación del Bono Juancito Pinto con un monto de Bs 2,5 millones.

“Ello refleja que, con relación a gestiones anteriores, la empresa creció enormemente. Asimismo, la proyección que se tiene para este año es alentadora”, dijo el gerente.

En el marco de las políticas de industrialización con sustitución de importaciones que impulsa el Gobierno, se asignaron aproximadamente Bs 510 millones para la implementación de 10 plantas de producción de bioinsumos y agroinsumos con el sello nacional.

“Estas plantas serán localizadas en lugares estratégicos del ámbito nacional”, afirmó Achu.   

Plantas

Explicó que estas industrias tendrán tres líneas de producción: la generación de bioinsumos, productos naturales que están orientados a proteger el ataque de plagas y enfermedades a los cultivos; la otra es la de fertilizantes líquidos para incrementar la productividad de los suelos; y la tercera línea de producción es la de abonos orgánicos, amigables con la “Madre Tierra”.

“Cada planta comprende un complejo de laboratorio que brindará los servicios de análisis de suelo, agua y folear, un análisis químico del contenido en nutrientes de la planta y por extensión del cultivo”, anunció.

Señaló que las plantas de agroinsumos y bioinsumos acompañan las políticas de industrialización de todos los procesos productivos y sustituirán las importaciones, ya que estos productos, en gran medida, son importados de otros países a precios relativamente elevados.

Dijo que estos precios elevan el costo de producción y generaron dependencia en el ámbito agrícola.

“El desarrollo de esta industria es necesario para contribuir con la mejora de la productividad de los alimentos que son requeridos en el ámbito nacional”, manifestó Achu.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que la próxima semana se definirá el porcentaje del incremento salarial para este año y para ello se solicitó una reunión con el presidente Luis Arce.

“Esperemos ya la próxima semana sentarnos ya con el presidente del Estado (Luis Arce), ya hemos solicitado, previa a una reunión con el ministro de Economía (Marcelo Montenegro) en el tema económico, y la próxima semana ya estuviéramos definiendo el porcentaje del incremento salarial”, manifestó el dirigente de los trabajadores.

Lea también: Montenegro prevé que hasta la siguiente semana haya resultados en la mesa del incremento salarial

La dirigencia de la COB presentó el 22 de febrero, en reunión con el presidente Luis Arce, el pliego petitorio de los trabajadores para este año, en el que se plantea un aumento salarial del 8% al mínimo nacional y 7% al salario básico.

Huarachi sostuvo que se tiene ya un segundo planteamiento para el tema del incremento salarial, pero se espera que el Ministro de Economía haga conocer “de manera formal y escrita” la contrapropuesta a la presentada el 22 de febrero.

Sostuvo que entre este jueves y el viernes varias de las comisiones irán culminando el trabajo de negociación, incluso la mesa económica donde se trata el tema salarial y de la jubilación.

Gobierno

Montenegro informó ya el domingo que hasta la siguiente semana habrá resultados en la mesa del incremento salarial y de la jubilación que se abordan en la comisión económica con la COB.

Además, afirmó que continuarán las discusiones entre las autoridades del Ministerio de Economía y los dirigentes de la COB hasta llegar a un resultado, ya sea positivo o negativo.

“Las conclusiones, pues, tendrán que conocerse una vez que cerremos las mesas (…). Tenemos que seguir escuchándonos entre ambas partes, COB y Gobierno, y, obviamente, si no hay o hay un acuerdo, pues se cerrará el mismo y se hará conocer los resultados”, sostuvo el domingo.

Según los trabajadores, el Gobierno informó la primera semana de abril sobre la tasa de inflación registrada en 2023, que cerró en 2,12% y que sería un factor para determinar el incremento salarial para este año.

El coordinador nacional del programa Pro-Camélidos, Roberto Bonifacio, informó que se prevé el lanzamiento del Año de los Camélidos para el 7 de mayo de esta gestión.

En entrevista con La Razón Radio, afirmó que el presidente Luis Arce determinará y consolidará la fecha del evento.

Contó que en la actividad habrá un desfile de los ejemplares “campeones” de camélidos, entre ellos llamas y alpacas, además de una plaza de comidas donde se servirá carne de estas especies y una feria artesanal.

“Vamos a tener expositores, transformadores que van a poner a consideración sus productos”, señaló. 

Anunció una ruta internacional de camélidos para que Bolivia muestre la potencialidad, los avances y las condiciones de producción. Todo ello se ejecutará en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz.

El Año Internacional de los Camélidos 2024 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociendo la importancia económica y cultural de estos animales en la seguridad alimentaria.

Bonifacio señaló que la inversión para ese sector data desde 2016 y que, a la fecha, esa industria cuenta con “buena cantidad de infraestructura, alimentación y sanidad”, destinada a optimizar la producción.

“El Estado boliviano ha hecho inversiones para implementar infraestructura productiva, corrales con mallas olímpicas y extracción de agua”, detalló.

Lea también: Bolivia apunta a fortalecer la producción de camélidos

El Senado observó el proyecto de Ley de Préstamo de Apoyo de Emergencia Para la Respuesta a la Situación de COVID-19, por un total de $us 112 millones, otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por lo que fue remitido nuevamente a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de esa instancia legislativa.

La senadora Virginia Velasco, del ala arcista del MAS, manifestó que nuevamente se explicará a los legisladores sobre el requerimiento de esos recursos para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 que aún persiste en el país.

Lea también: El Senado aprueba la ley de un crédito para electrificación rural por $us 325 millones

“En la comisión vamos a explicar de manera muy exhaustiva y de la misma forma necesitamos explicar a la bancada opositora, que es de Comunidad Ciudadana y de Creemos, porque todos debemos entender que la salud es tan importante para todos los bolivianos y bolivianas y no podemos dejar de lado el tema salud”, manifestó la senadora.

Por su parte, el senador Hilarión Mamani del ala evista del MAS afirmó que más de dos tercios votaron para que se aplace el tratamiento de ese proyecto debido a las observaciones en la solicitud de esos recursos.

“Se ha pedido su aplazamiento correspondiente, significa que va a retornar a la comisión correspondiente y ahí se va a tratar si corresponde o no porque hay observaciones de todos los senadores, incluso la mayoría hemos aprobado dos tercios para su aplazamiento”, explicó.

Tratamiento

El lunes, la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de crédito de JICA y lo remitió al plenario para su tratamiento.

El 30 de marzo del año pasado, JICA firmó un acuerdo de préstamo con el Gobierno de Bolivia para otorgar un préstamo de Japón de hasta 15.000 millones de yenes (unos $us 112 millones) para el Proyecto de apoyo de emergencia en respuesta a la crisis derivada del COVID-19.

El financiamiento tiene una tasa de interés del 0,01% por 15 años y un periodo de gracia de cuatro años.

De acuerdo con JICA, el préstamo contribuirá al desarrollo socioeconómico y a la estabilidad de Bolivia, así como al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Objetivos No a la pobreza, Hambre cero y Buena salud y bienestar.

El economista y gerente del privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que por la situación de la economía nacional no corresponde un incremento salarial porque afectaría a las empresas y conduciría a reducir personal.

“La respuesta es no porque la economía nacional no es de las mejores ya que crecemos menos y tenemos déficit fiscal y comercial. El dólar está subiendo, están aumentando los costos de producción así que nos estamos complicando la vida innecesariamente. Por lo que deberíamos tener un diálogo tripartito como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta para el tratamiento de incrementos salariales”, esbozó Rodríguez a Unitel.

Lea: FMI prevé que la economía boliviana crecerá 1,6% este 2024, menos de lo esperado

Incremento salarial

El economista argumentó que cuando se estila obligar a las empresas se incurre en una “discriminación”. Porque no todas las empresas tienen la misma situación financiera. 

“Este incremento complicaría aún más a nuestras empresas del sector legal e informal que compiten en condiciones de desigualdad”, acotó.

También manifestó que, con esa intención, se expone a la clase de trabajadores a que se vea disminuida en la cantidad de empleos formales.

Según el gerente del IBCE, la carga efectiva para la empresa significaría un costo del 40% o más y con eso va a reducir personal y tendrán que pasarse a la informalidad por lo que se precarizarían los empleos.

“No hay problema para el gobierno porque se maneja en base a un incremento de la deuda, pero no es el caso de la empresa privada”, arguyó.

El año pasado, con base en datos de 2022, el incremento fue del 5% al mínimo y 3 al básico cuando el crecimiento del PIB fue de 3,6% y la inflación 3,12%, de acuerdo con los datos del IBCE.

“Si vamos a hablar de reponer el poder adquisitivo ni siquiera se debería considerar un incremento del 5%”, detalló Rodríguez.

Mesa de diálogo

Rodríguez ve que en la mesa de diálogo debería participar el empresariado privado y considera que muchas veces las decisiones se toman desde un punto de vista político.

“A veces hay valoraciones de orden político si los empresarios tuvieran voz en la propia mesa podrían llegar a ponerse de acuerdo y sensibilizar a los trabajadores, pero como hay que darle el gusto a la COB pues la decisión la toman con un cálculo político”, fundamentó.

El 22 de febrero, el comité ejecutivo de la COB, en una junta con el presidente Luis Arce presentó su pliego de peticiones en la que planteó un incremento salarial del 8% al mínimo nacional y de 7% al básico.

Durante este jueves, el Gobierno decidirá en una mesa de diálogo el incremento y la jubilación que se abordarán en la comisión económica con la COB y sin la presencia de los privados.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado, pidió un trato igualitario para definir el incremento.

(18/04/2024)