Una relativa tranquilidad se respira en Llallagua. Los ayllus acusados de saqueo, las autoridades locales y los sectores afectados firmaron un convenio para «garantizar la pacífica convivencia». Además, se decidió crear una comisión de verificación y control de precios.
El abrogado Decreto Supremo 0748, que data de tres semanas atrás, aún causa estragos en la población. Es más, según el alcalde llallagüeño, Tomás Quiroz, «todo el problema de los ayllus Chullpa y Sikuya y la población empezó con el ‘gasolinazo’, porque antes todos estábamos en paz».
Ayer, los comerciantes y los representantes de los ayllus se contradecían respecto de la supuesta elevación de precios en este poblado minero. Simón Colque, representante del ayllu Sikuya, contó: «Después del Decreto 0748, los productos en su integridad han subido en más del 50%; una vez abrogado el decreto, y a la fecha, siguen los mismos precios y no había ninguna razón para esto».
Aclaró que él no justifica los excesos ocurridos la mañana del lunes, pero dijo que los comerciantes también son responsables de «enfurecer a la población».
CONTROL. Raquel Catari, vendedora de abarrotes en la avenida Linares, negó todas estas acusaciones. «Nosotros no hemos aumentado los precios como dicen, nunca hemos ocultado y siempre hemos estado controlados por la Alcaldía, que se ha encargado del control de precios». El lunes, durante la marcha de los ayllus, su negocio fue apedreado y se destrozó la puerta de metal de su puesto; aunque, según la comerciante, no robaron sus productos.
El alcalde Quiroz explicó que no había ninguna razón para la marcha del lunes y «mucho menos para el destrozo de las tiendas». La autoridad explicó que se reunió durante las últimas dos semanas con comerciantes, panaderos, abarroteros del poblado para velar por la estabilidad de los precios. «Ni siquiera el pan hemos subido, porque se paga 40 centavos y no 50, como en otros lados».
Para zanjar con las discusiones sobre el precio de los productos, la Federación Regional de Cooperativas Mineras del Norte de Potosí (Ferecominorpo), los ayllus Sikaya y Chullpa, las juntas de vecinos, los comerciantes y la Alcaldía de Llallagua acordaron crear una comisión de verificación y control de costos y precios de materiales de uso y consumo.
Esta entidad estará conformada por representantes de Ferecominorpo, los ayllus Chullpa y Sikuya, comerciantes de Llallagua y la Alcaldía. «El objetivo es que verifiquemos si existe alguna diferencia importante entre lo que cuestan los productos en su lugar de origen y en Llallagua», dijo el alcalde Tomás Quiroz.
Los mismos actores sociales participarán en una comisión de evaluación y cuantificación de los daños que sufrieron los comerciantes, el lunes. Hubo una propuesta para descontar parte de los recursos que reciben los ayllus para destinarlo a los afectados.
El acuerdo también reseña: «Exigimos la presencia de autoridades del Gobierno nacional y departamental, en el plazo máximo de 48 horas, a constituirse de forma inmediata en el municipio de Llallagua para dar solución definitiva al conflicto, resarcimiento de los daños ocasionados y brindar plenas garantías de seguridad ciudadana, en vista de que estos hechos son consecuencia directa del Decreto 0748, de responsabilidad del Gobierno Nacional…»
Se acordó suspender movilizaciones y expresiones de protesta para evitar enfrentamientos. También se garantiza la protección de la propiedad privada y el respeto a la Constitución Política.
POLÍTICO. «No existe ningún motivo para el incremento de precios, pareciera que en el fondo existe interés o intención política que busca generar malestar en la población y, por supuesto, a través de eso generar un malestar en contra de este Gobierno», dijo en La Paz el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien pidió al alcalde Quiroz (MSM) «ponga sus mejores esfuerzos para controlar los precios en Llallagua».