El Estado busca tener una participación no menor al 51% en las utilidades generadas por operaciones mineras. Lo haría a través de contratos de asociación con firmas privadas, nacionales o extranjeras, que operen en áreas de propiedad estatal.
Así lo establece el borrador del proyecto de la nueva Ley de Minería, el cual establece seis tipos de contrato para el sector, uno de ellos, el llamado de asociación.
El documento define el mismo como «aquel por el cual el Estado Plurinacional, a través de una empresa estatal autárquica, acuerda con un sujeto de derechos mineros, nacional o extranjero, la realización de actividades mineras en toda o parte de la cadena productiva, en un Área Minera de Aprovechamiento Estatal (AMAE)».
Condiciones. El anteproyecto de ley señala que en esos contratos, la participación en las utilidades se acordarán entre partes «y en ningún caso la participación de la empresa estatal será inferior al 51% de las mismas, una vez deducidas regalías e impuestos establecidos por ley o su equivalente en caso de acordarse otras formas de participación».
Estos convenios, añade, se suscribirán previo proceso de licitación pública y tendrán una vigencia máxima de 30 años.
Según el ex ministro de Minería, Dionisio Garzón, la participación del 51% para el Estado sería una figura nueva, ya que actualmente no es parte de ninguno de los contratos mineros vigentes.
Sin embargo, la ex autoridad advirtió que «eso va a limitar las inversiones» en el sector, debido a que «el negocio minero se hace para ganar plata y si la utilidad del operador baja, también lo hace la tentación por invertir».