Tras una inspección de autoridades y profesionales de Bolivia y Chile al complejo fronterizo de Colchane, se determinó mejorar las condiciones de habitabilidad y funcionalidad del recinto aduanero.

Según una nota de prensa, la verificación se realizó este miércoles y jueves y las obras se realizarán entre 2023 y 2026.

Con la información recopilada se avanzará en diversos frentes para materializar una serie de intervenciones en este complejo fronterizo.

Las obras posibilitarán que los funcionarios de los servicios a cargo del control migratorio en Colchane cuenten con mejores instalaciones para desarrollar sus labores.

Por el lado chileno, la comitiva estuvo integrada por el director nacional de Fronteras y Límites, Carlos Dettleff y otros funcionarios. Este jueves se unió al grupo el embajador Fernando Velasco, Cónsul General de Chile en La Paz y la directora de la Aduana de Oruro, Patricia Jaramillo.

La delegada de Bolivia también informó de las inversiones realiza su institución en el complejo Pisiga. Asimismo, se intercambiaron puntos de vistas con el propósito de hacer más expedito el paso por frontera.

 La actividad se realizó en el marco del Plan Nacional de Complejos Fronterizos que anunció el presidente chileno Gabriel Boric el 15 de marzo pasado en su visita a Colchane. Mediante el proyecto, se realizarán obras de conservación, mejoramiento, ampliación y/o reposición en la mayoría de los 40 complejos fronterizos que existen en Chile.

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Obras

Las autoridades anunciaron que en el Complejo Fronterizo Colchane se realizarán tres intervenciones distintas durante los próximos años.

Durante el segundo semestre de este año se habilitarán edificaciones prefabricadas de carácter modular para mejorar las condiciones de habitabilidad de los funcionarios.

Asimismo, durante 2024 se efectuarán obras de conservación en el edificio de control y en el área de habitabilidad.

 Asimismo, está considerado que en el segundo semestre de 2024 se licitarán las obras de construcción de un edificio para el control de carga. Además, la ampliación de la losa de control de buses y camiones.

Considerando la priorización que se ha dado a los complejos fronterizos de la macrozona norte, se ha programado repetir esta labor en Chacalluta, en Arica y Parinacota.

El paso fronterizo de Pisiga-Colchane es uno de los más utilizados por el comercio boliviano. En varias oportunidades hubo reclamos por conflictos debido a la lenta atención o la falta de personal en ambas aduanas.

Tras más de 90 días parados en la frontera con Perú, el comercio boliviano volvió a circular por el Desaguadero. El transporte pesado tiene tres días a la semana para salir e ingresar al vecino país; sin embargo, este viernes esperan que el ampliado de pobladores de Puno, defina abrir por completo el paso internacional.

Ramiro Sullcani, dirigente de la Cámara de Transporte Pesado de La Paz, informó que los camiones con carga de exportación pueden circular los sábados, domingos y lunes. Adicionalmente y para no perjudicar las exportaciones e importaciones, mantienen la ruta alterna a Chile.

“Han dado flexibilidad en Puno a la semana cinco días y martes y miércoles es paro seco sin movimiento de nada. Pero en Desaguadero a nosotros nos han dado sábado, domingo y lunes como sector de transporte. Así estamos ya dos semanas”, señaló a radio Fides.

Sullcani explicó que este viernes la población tendrá una reunión para definir qué medidas asumirán de aquí en adelante. El dirigente espera que levanten todas las medidas de presión y la vía esté expedita todo el tiempo.

“Pasamos las exportaciones por días. En Puno barajan habilitar el paso de esta forma (por días) hasta junio”, indicó.

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Ruta alterna para el transporte

Este jueves, autoridades de Bolivia, Chile y Perú acordaron ampliar hasta el 30 de abril la ruta alterna que pasa por territorio chileno para que las exportaciones lleguen a puertos peruanos.

La ruta pasa por Tambo Quemado (frontera con Chile), paso fronterizo Chacalluta (Chile)-Santa Rosa (Perú) y llega hasta Tacna (territorio peruano). Este periplo permite a los transportistas bolivianos tener una alternativa para llevar la mercancía con destino a los puertos de Ilo y Matarani.

El transporte pesado internacional permaneció parado más de tres meses en la frontera con Perú y solo pudo circular cuando se dictaba alguna tregua. Cientos de camiones fueron perjudicados.

Esta semana y tras más de tres meses de bloqueos en Perú, el paso fronterizo en Desaguadero fue habilitado.

Según radio Río de Desaguadero, el paso se habilita por cinco días cada semana y en los otros dos regirá un paro seco en la frontera binacional.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este jueves que recibió denuncias de que algunos comerciantes de la Huyustus y Eloy Salmón están vendiendo electrodomésticos en dólares y con un tipo de cambio de hasta Bs 7,50. Inmediatamente determinó iniciar controles en esos mercados y advirtió que, si se comprueba el ilícito, los comerciantes serán sancionados como manda la ley.

Además, se controlará la venta de vehículos y muebles, negocios en los que generalmente suelen cobrar en moneda extranjera.

“En los comercios de venta de electrodomésticos, vehículos y muebles, que normalmente lo hacen en dólares, están pretendiendo hacerlo en Bs 7,10 y Bs 7,50. Tenemos ya ‘recepcionadas’ las denuncias y vamos a realizar los controles, especialmente en la Huyustus”, remarcó.

 Puso como ejemplo una de las denuncias que recibió, en la que indican que querían comprar un televisor y les pidieron $us 1.000, pero al tipo de cambio de Bs 7.10.

“Eso ya es una actividad ilícita. Estamos realizando el rastrillaje para identificar las tiendas de la Huyustus y Eloy Salmón y lo haremos en otros mercados del país para evitar estos atropellos”, advirtió en Bolivia Tv.

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No es obligatorio pagar en dólares

La autoridad aclaró que la norma vigente en el país posibilita que las personas puedan pagar en bolivianos, incluso aquellas que tienen acuerdos firmados para cancelar en dólares.

“Recordar que la norma civil, la norma de Comercio señala que no estás obligado a pagar en dólares, aún hayas firmado un contrato. Estas normas dicen que puedes pagar en bolivianos de acuerdo al tipo oficial. La población que firmó en dólares, puede pagar en bolivianos, la norma les protege, nadie puede obligarles”, justificó.

Indicó, además que la población que está sufriendo algún tipo de presión para cancelar en dólares, puede denunciar al 8100202 para que las autoridades intervengan.

“Ya hay una persona detenida, esperamos que sea la única. Aquellas personas que están acaparando los dólares y vendiéndolos luego más caro, sepan que estamos controlando”.

La semana pasada, una librecambista fue enviada preventivamente a la cárcel tras comprobarse que estaba vendiendo dólares a Bs 7.10. La acusaron de agio y especulación.

La Actualización Cartográfica Estadística (ACE) rumbo al Censo 2024 concluyó en las nueve ciudades capitales más El Alto y el avance en Bolivia llegó al 82%. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, informó que esos datos se consignan hasta las 16.00 horas de este jueves 30 de marzo.

Santa Cruz de la Sierra es la décima ciudad capital en concluir su ACE. “Entre estas 10 ciudades sumamos casi el 80% de toda la población boliviana, muy significativo para nosotros”

“Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande de Bolivia fue concluida en un 100% en su actualización cartográfica. Gracias a su población, pero sobre todo agradecer a las más de 260 personas que trabajaron para recuperar de manera eficiente el tiempo perdido por los 36 días de paro. Hoy decimos con orgullo que los 36 días de paro no solo fueron recuperados, sino que el INE demuestra técnicamente que está cumpliendo el cronograma a cabalidad”, dijo Arandia.

Más cifras

A nivel departamental, la ACE fue concluida en Pando, Beni y Oruro; mientras, que en Potosí se tiene un avance del 90%; en Chuquisaca del 85%. Le siguen Tarija con 81%; La Paz con 78%; Santa Cruz con 77% y en Cochabamba con 76%.

En las ciudades intermedias, Potosí tiene un avance del 93,5%; Chuquisaca del 76,8%; Cochabamba del 66,2%; Tarija del 58,1%; Santa Cruz del 54% y La Paz del 36,5%.

Por área dispersa, Tarija presenta una cobertura del 83,9%; Potosí del 72,7%; Chuquisaca del 60,2%; La Paz del 33%; Cochabamba del 29,2% y Santa Cruz del 13,1%.

El INE tiene programado concluir la ACE en agosto, para luego iniciar la segmentación de datos y establecer las zonas de trabajo rumbo al Censo 2024. Este trabajo permitirá cuantificar las boletas censales, el personal que se desplegará y el material logístico para el empadronamiento nacional.

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Convenios

Arandia destacó que la cobertura al 100% de la ACE en Santa Cruz posibilitó que el INE firme un convenio interinstitucional con el Gobierno Municipal de Santa Cruz. Este acuerdo garantizará la ejecución de las próximas etapas del Censo y la logística a emplearse el 23 de marzo de 2024.

Además, remarcó que de las 342 Etas (Entidades Territoriales Autónomas), se han firmado convenios con 240.

Prueba piloto

Respecto a la prueba piloto que se realizó el pasado fin de semana en cuatro municipios del país, dijo que la actividad fue exitosa y que en los siguientes días se darán a conocer los resultados.

“La próxima semana se dará un detalle de las conclusiones, pero según los organismos internacionales, que fueron veedores, la prueba puede ser calificada como un éxito”, acotó.

La actualización cartográfica estadística es la actividad de la etapa pre censal que actualiza el número de viviendas ocupadas, desocupadas y colectivas existentes en todo el país.

En noviembre de 2022, el presidente Luis Arce aprobó el decreto 4824 que garantiza la realización del Censo para el 23 de marzo de 2024.

Además, garantiza la redistribución de recursos en septiembre del mismo año.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) advirtió este jueves que los avasallamientos de propiedades productoras atentan contra la seguridad alimentaria de los bolivianos. En ese contexto, observa la inacción de las autoridades y pide al Gobierno que otorgue seguridad jurídica a los productores.

En conferencia de prensa, el presidente de la CAO, José Luis Farah, dijo que hace mucho que solicitan respeto al estado de derecho; sin embargo, la situación se torna cada vez más violenta para la producción, para la seguridad alimentaria y la generación de empleos.

“Esto es inseguridad jurídica y atenta contra la seguridad alimentaria de todos los bolivianos”, enfatizó.

Exhortó a las autoridades de Gobierno a hacer cumplir la ley y no esperar que se llegue a enfrentamientos entre bolivianos con muertos y heridos.

Farah se refirió a los enfrentamientos ocurridos el miércoles en el predio Santagro, en el municipio El Puente en Santa Cruz. Allí avasalladores, que tomaron el predio hace casi tres meses, se enfrentaron con trabajadores que intentaban cosechar soya. Producto de la pelea, dos personas murieron y hay varios heridos.

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Tierras privadas

El presidente de la CAO dijo que si bien la tierra es todos los bolivianos, como justifican los avasalladores, el Estado se encarga de administrarlas. Por lo tanto “quien quiera tierra debe solicitarla al Estado”.

“La tierra que actualmente nosotros los productores la trabajamos es nuestra porque la estamos trabajando, por eso no podemos permitir el avasallamiento. Son tierras privadas, las que compramos al Estado, las que tenemos por dotación y las que estamos trabajando son nuestras. Son del empresariado privado, pequeño productor, mediano o grande y producimos alimentos para todos los bolivianos”, remarcó.

Asimismo, aseguró que el año pasado se reunieron con el ministro de Gobierno, quien le aseguró que no se tolerarán los avasallamientos. “Esperamos que esto se cumpla y no lleguemos de nuevo a los muertos”.

Indicó, además, que los cultivos tienen un principio y un final y esta es época de cosecha y los productores necesitan cumplir esa labor. “No podemos permitir que se perjudique al productor y se dañe la inversión y el trabajo de cuatro meses para cosechar su fruto”, explicó.

Falta de acciones

La CAO expresó también su malestar por la “falta de acciones de las autoridades competentes que están dando un mal ejemplo a futuras generaciones.

Recordó que este tipo de conflictos no se dan solo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba y La Paz y con similares grados de violencia.

“La inseguridad jurídica se ha generalizado para todos los que se dedican a la producción de alimentos, sean pequeños, medianos, grandes e incluso comunidades. Hacemos un llamado a las autoridades competentes en la materia, para frenar esta ilegalidad que ya es una pesadilla para los productores. Además de atentar contra la producción de alimentos, las inversiones, también se está poniendo en riesgo la vida de las personas”.