La jueza de Sucre Jimena Mendizábal ordenó hoy el arraigo del empresario y político Samuel Doria Medina en la audiencia para definir medidas cautealres contra él y otros involucrados en el caso Fancesa.
«Se ha fijado el arraigo contra los señores Samuel Doria Medina, Jaime Barrón y Jaime Robles y la libertad del señor Walter Arízaga, pero sin que salga del caso», dijo la jueza tras concluir la audiencia en la que determinó además que Doria Medina se presente cada 15 días ante el Ministerio Público.
Doria Medina está acusado por presunto daño económico al Estado por la supuesta compra irregular de acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
Barrón y Robles fueron rectores de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, otro de los socios de Fancesa. Arízaga es el actual rector de esa institución de educación superior.
La justicia también dispuso que el político líder de Unidad Nacional presente cuatro personas que garanticen su comportamiento de acatamiento a las decisiones judiciales.
El empresario y político reiteró el miércoles al salir de la audiencia que responderá al proceso y que no tiene previsto dejar el país. Además, calificó las medidas como «ilegales» y dijo que su «único pecado, al ser socio de Fancesa en el departamento de Chuquisaca, fue haber promovido el crecimiento de la empresa y la creación de 1.000 nuevos empleos».
El Ministerio Público, representado por el fiscal Weimar Guzmán, había pedido la detención preventiva de Doria Medina y de las ex autoridades de la casa de estudios superiores.
Guzmán señaló que existe el peligro de fuga de los imputados o que lleven adelante acciones que obstaculicen el proceso.
Enfatizó que el empresario «se adjudicó irregularmente el 33,34 por ciento de las acciones de Fancesa y en 1999, Soboce (empresa de la cual Doria Medina es accionista) asumió el control de la cementera chuquisaqueña a través del pago de 12 millones de bolivianos a la universidad departamental. El Gobierno dispuso en septiembre de 2010 la recuperación de los títulos.
Doria Medina y los accionistas de Soboce exigieron al Gobierno una compensación de 82 millones de dólares por la reversión de las acciones al Estado.
La jueza Mendizábal determinó la pasada semana la anotación preventiva de los bienes de Doria Medina y la congelación de las cuentas bancarias de Soboce.