Las protestas contra la minería en la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, siguen hoy tras el fracaso del último intento de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, cuya solicitud de que no exista minería en la zona fue calificada de «despropósito constitucional» por el presidente Alan García.
Según informó hoy el ministerio de Energía y Minas, el diálogo iniciado el miércoles se rompió tras siete horas de negociaciones a raíz de que la comisión enviada por el Ejecutivo a la zona no accedió a los reclamos de los pobladores de Puno, que mantienen una huelga desde el pasado 9 de mayo, informa EFE.
Con la suspensión del diálogo, los huelguistas regresaron hoy a las protestas y bloqueos de carreteras, incluido el puesto de Desaguadero, principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.
En Puno, los mercados estaban cerrados, las clases fueron suspendidos y los buses -que circulaban la víspera- ya no lo hacían este jueves, comprobó la AFP.
Temprano en la mañana miles de campesinos que llegaron a la ciudad desde distintos puntos, que durmieron por segundo día consecutivo en un coliseo deportivo al sur de la urbe, comenzaron a marchar hasta la Plaza de Armas arengando por el fin de la minería.
En las inmediaciones del puerto lacustre, grupos de turistas esperaban poder partir hacia las islas de los Uros, Taquile y Amantaní, pero los campesinos les impedían el acceso.
Aunque en algunos puntos sí se llegó a un acuerdo entre las partes, la exigencia de una norma que cancele las concesiones mineras en el sur de Puno provocó la ruptura de las negociaciones y la decisión de los huelguistas de continuar con las protestas.
«Estos pedidos, ya lo habíamos explicado, son totalmente ilegales y traería serias contingencias al país», afirmó el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, miembro de la comisión de alto nivel del Ejecutivo que se desplazó hasta la localidad de Juliaca, en Puno.
El Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur reclamó hoy la presencia en la zona de los titulares de las carteras ministeriales involucradas y no de los viceministros.
Los huelguistas también explicaron que la propuesta del Ejecutivo de suspender por 180 días las operaciones de la minera Santa Ana en la zona no haría más que retrasar la solución al problema y recordaron que su reclamo es la suspensión definitiva de las actividades de la empresa.