Con el objetivo de mantener los productos básicos de la canasta familiar a precios justos, el Gobierno, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), prevé acopiar una gran cantidad de maíz, grano de arroz y trigo a lo largo de esta gestión.

“Estamos pensando acopiar 65.000 toneladas de maíz (…), con el tema del arroz, tenemos previsto acopiar 80.000 toneladas (…), en caso del trigo, se tiene planificado acopiar 150.000 toneladas”, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, en entrevista con Bolivia Tv.

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Maíz

Para ello, el Gobierno destinará Bs 528 millones a la subvención de alimentos durante 2025, para que los precios se mantengan a un costo accesible para las familias bolivianas.

En el caso del maíz, por ejemplo, éste se destina al sector pecuario, particularmente al sector avicultor, para que tengan los insumos necesarios y no eleven de sobre manera el costo de sus productos.

De acuerdo con Huanca, el quintal de maíz subvencionado se les entrega a los productores a Bs 70, mientras que la misma cantidad en el mercado se comercializa a más de Bs 125.

Subvención

De igual manera, Emapa comercializa la arroba de arroz a Bs 50,50, pero en los centros de abasto puede incrementar su precio hasta tres veces más. Lo mismo sucede con la harina.

Para este año, se incrementará la cantidad de harina subvencionada, entregando en promedio cuatro quintales por día, para que el precio del pan se mantenga en Bs 0,50 por unidad.

Por ello, Huanca calificó a estas medidas como un “esfuerzo” y que requieren “invertir recursos”, pero es la política del Gobierno para que la población pueda acceder al producto a precios justos.

En el caso del arroz, además, se realizó la importación de 60.000 toneladas del grano para que incremente la oferta en los mercados y los precios reduzcan.

Una vez más, el Gobierno reiteró que la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) no está orientada a perjudicar al sector productivo, sino que pretende eliminar prácticas como la especulación y el contrabando, para proteger el abastecimiento de alimentos y otros productos.

“Ese artículo del PGE está orientado a proteger y garantizar el abastecimiento de los alimentos que se producen en el territorio nacional; es lo que las familias bolivianas están demandando”, explicó en entrevista con Bolivia Tv el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

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Disposición

La denominada disposición confiscatoria autoriza el decomiso por parte de las autoridades estatales de productos y mercancías que se acopien con el objetivo de incrementar su costo más adelante.

Por ello, el sector productivo, empresarial, industrial, gremial rechaza la medida, pues consideran que se trata de una violación a la propiedad privada y que el Gobierno la podría emplear de manera arbitraria.

Huanca aclaró que solo afectará a quienes se dediquen al agio y a la especulación, pero quienes operan de manera normativa no deben preocuparse.

“Estamos trabajando en algunas reuniones, aclarándole al sector gremial que esta medida no les debería afectar”, señaló el ministro.

Las reuniones con el sector gremial en particular se deben a que otorgaron un plazo máximo al Gobierno para eliminar la disposición y advirtieron con medidas de presión en caso de una respuesta negativa.

El ministro también indicó que lo que se pretende es tener una mayor coordinación con el sector productor para que no haya un “aumento desmedido” del precio de los productos, como ocurrió en 2024.

“Lo único que queremos es que exista ese intercambio de información y que garanticen esa producción a precios justos a las familias bolivianas”, afirmó Huanca.

Por ello, la autoridad resaltó la importancia de la disposición, pese a todos los pedidos de derogación, y aseguró que los controles al sector productor no serán asfixiantes, como acusan algunos sectores.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que el Gobierno remitió cuatro proyectos de ley de financiamiento externo a la Asamblea Legislativa en la última semana, por lo que ya son 16 los créditos que están a la espera de ser aprobados por los legisladores.

Uno de ellos es para la construcción de una planta refinadora de zinc en Oruro y los tres restantes son proyectos que fueron rechazados en la gestión anterior, en los cuales el oficialismo insistirá una vez más en su aprobación.

“Con éstos son 16 proyectos de ley que estarían en la Asamblea para su tratamiento y son aproximadamente más de 1.600 millones de dólares que estarían en tratamiento. Esperamos que puedan ser tratados, analizados, discutidos y esperamos que puedan ser aprobados”, indicó Cusicanqui en entrevista con Bolivia Tv.

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De los 16 créditos, el último, para la planta de zinc, establece un préstamo de $us 329 millones y debería concluirse en un lapso de hasta máximo cuatro años.

“Nos va a permitir generar una economía de base ancha, ya no vamos a exportar mineral en bruto, sino que vamos a tener la posibilidad de refinarlo. Esto nos va a dar pie para que en el futuro podamos generar otro tipo de industrias”, destacó el ministro.

Asimismo, Cusicanqui recalcó que la nueva planta generará nuevos empleos, directos e indirectos, durante su construcción y una vez que inicie operaciones.

Los tres créditos que se rechazaron en 2024 y se volvieron a presentar son la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico en La Paz; un programa de infraestructura caminera, que abarca la construcción de puentes y carreteras en varios departamentos del país; y un proyecto para culminar el saneamiento de tierras en el territorio nacional. Los tres suman un total de $us 223.000.

El ministro resaltó que la mayoría de los 16 proyectos buscan favorecer a la población y las necesidades de algunas regiones en particular. Por ello, espera que en esta gestión los legisladores prioricen su aprobación, a diferencia de lo que se observó en 2024. Además, Cusicanqui aclaró que el desembolso de los créditos no es inmediato en su totalidad, sino que se van desembolsando conforme a los avances que se presentan.

Ahora que el tema del litio es motivo de críticas, por los contratos con empresas trasnacionales, el Gobierno aclaró que los acuerdos no ocuparán ni el 2% de las reservas de litio que tiene el país en sus salares.

“Con estos dos contratos, de los 21 millones de reservas que tenemos de litio, solo se está ocupando el 1,64% de lo que es el total del 100%; no llegamos ni al 2% de las reservas que tenemos y existe una inversión de más de 2.000 millones de dólares”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en entrevista con Bolivia Tv.

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Contratos

En septiembre de 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología de extracción directa de litio (EDL) y con una inversión superior a los $us 970 millones.

Posteriormente, en noviembre, YLB y la empresa china Hong Kong CBC firmaron otro contrato para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio también con EDL de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de $us 1.030 millones.

Actualmente, ambos contratos se encuentran en la Asamblea Legislativa a espera de ser aprobados. Una vez los legisladores les den el visto nuevo, los “proyectos demorarán aproximadamente un periodo de tres años”, según Gallardo.

Además, de acuerdo con el ministro, antes de realizar los contratos, se hizo un estudio de todos los tipos de escenario, tomando en cuenta los comportamientos del precio del litio en el mercado, de manera que, incluso en el peor caso, el país obtenga beneficios.

“Se realizó todo ese tipo de escenarios, tomando en cuenta el pesimista, el operativo y el optimista. Entonces, si se cumple que los precios tengan una banda negativa, igual se tendrán indicadores positivos del proyecto, recuperar la inversión, tener una tasa de retorno positiva”, detalló Gallardo.

Reservas

Debido a que el país posee una de las reservas de litio más grandes del mundo, la autoridad considera que no se debe cerrar la puerta a las empresas extranjeras.

“No podemos coartar inversiones, no podemos vernos como un país que siempre se cierra ante la oportunidad de inversiones extranjeras”, señaló.

Sin embargo, recalcó que aquellos interesados en la industrialización del litio boliviano deberán respetar las “características específicas” del país y respetar lo que establece la Constitución.

Debido a las críticas recientes sobre los contratos que suscribió Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con una empresa china y una firma rusa, el Gobierno considera que el tema de la industrialización del litio se está convirtiendo en un tema político, cuando se trata de una cuestión económica.

“Se está politizando bastante esta situación, se está usando como una bandera política el tema de la industrialización del litio, cuando es un tema enteramente técnico y financiero. Entonces, yo creo que hay que separar esas dos cosas”, protestó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en entrevista con Bolivia Tv.

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Litio

La autoridad se refirió a los contratos, por un monto superior a $us 2.000 millones, con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio Hong Kong CBC, de China, que se encuentran a la espera de aprobación en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, varios legisladores y sectores denuncian que Bolivia perderá el control del litio, pues los contratos son entreguistas y favorecerán a las empresas internacionales.

Por su parte, Gallardo reiteró que estas acusaciones son falsas, ya que YLB mantendrá el control de cada fase de los proyectos y obtendrá el 51% de las utilidades. Por ello, sugirió que se debe facilitar cualquier inversión extranjera, pues, en su criterio, permitirá mejores resultados a corto plazo.

“Si tenemos inversiones extranjeras que desean realizar todo este tipo de actuaciones con su inversión propia para desarrollar e industrializar el litio boliviano, creo que deberían ser bienvenidas”, indicó el ministro.

Además, señaló que son contratos que benefician a Bolivia, ya que el riesgo lo asumen las empresas extranjeras.

En ese sentido, reiteró que Bolivia debe aprovechar sus recursos y mostrarse como una “ventana abierta al mundo”, demostrar que existen las condiciones necesarias para la inversión.

Asimismo, Gallardo insistió en la alta demanda de litio que existe en la actualidad, por lo que se debe “aprovechar este periodo para su comercialización”, debido a que los cambios en la tecnología avanzan y tienen desarrollos, entonces la demanda de litio podría reducir a futuro.