Así lo informó a La Razón el director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas, quien explicó que a partir del 29 de junio las administradoras de fondos de pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión iniciaron los juicios coactivos y penales a los deudores al SIP con el objetivo de recuperar dichos recursos adeudados.
«Hay más de Bs 15 millones de mora que se ha dado en el nuevo sistema (de pensiones), es decir de enero a junio del 2011», cuya cifra no toma en cuenta los intereses moratorios «que los empleadores no habrían transferido y hoy eso es un delito gracias a la nueva Ley de Pensiones», afirmó Rojas.
Judicial. Aclaró que los procesos judiciales que se iniciaron a los deudores, excepto en La Paz, a causa de la vacación judicial, serán realizados por las AFP entretanto se constituya la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo (GPS).
El 26 de junio, a través de un comunicado, las dos AFP informaron del inicio de acciones penales con el «fin de recuperar las contribuciones en mora» al SIP debido a que el 28 de junio feneció el plazo para que los deudores se pongan al día en sus depósitos. Iván Rojas no dio a conocer detalles sobre quiénes son los deudores al SIP que fueron sometidos a procesos judiciales ni cuánto de dicha deuda corresponde al sector público y privado. Sólo se limitó a señalar que se pidió un informe detallado a las dos AFP sobre estos temas. Dijo que los resultados se conocerán en dos semanas.
El pago de contribuciones al SIP se inició a partir del sueldo de enero de este año y el plazo para su depósito venció el último día hábil del siguiente mes, que fue el 28 de febrero.
Según el artículo 22 del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones, se otorga un plazo de 120 días calendario para la recuperación de las contribuciones y aportes por mora del empleador.
Acusados. Rojas estimó que en octubre de este año se registrarían los primeros acusados formalmente ante un juez, los que podrían ser sancionados con la privación de libertad de 5 a 10 años por el delito de apropiación indebida de aportes, según el artículo 118 de la Ley 065.
La Razón se constituyó ayer en las oficinas de las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión para conocer detalles sobre este tema, pero en éstas evitaron dar información.
Las deudas anteriores
Según el sitio web de la APS, la mora o deuda acumulada en el Seguro Social Obligatorio (SSO) del antiguo sistema de pensiones por cobranza administrativa y judicial, es de Bs 627 millones.
Habrá doble proceso para funcionarios públicos
El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas, informó que los funcionarios públicos que incurran en el delito de apropiación indebida de aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP) no sólo serán sometidos a procesos coactivos y penales, sino también a sumarios administrativo y civil.
«La Ley (de Administración y Control Gubernamentales) 1178 ya castiga ese tipo de omisiones porque hay que devolver estos recursos con intereses y esos intereses generan una responsabilidad administrativa, aparte de que puede ser objeto de una demanda penal», afirmó la autoridad.
Empero, Rojas aclaró que los deudores al SIP tienen la opción de saldar la deuda contraída antes de que se inicie la acusación formal ante un juez, lo cual supone que los infractores deban realizar el pago adicional de los intereses que se tendría que haber ganado durante el tiempo que no se realizó el depósito.
«La ley se aplica para el sector público como para el sector privado. En algún momento podríamos tener al más importante empresario en la cárcel», concluyó.
Dos aseguradoras gestionarían seguros
El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), Iván Rojas, estimó que dos compañías aseguradoras se harían cargo por unos dos años del seguro de riesgo laboral, profesional y común, entretanto se constituya la aseguradora estatal.
«Se va a licitar por un período donde van a administrar las empresas de seguros privadas hasta que se forme la aseguradora estatal. El momento en que la aseguradora estatal esté funcionando será la que manejará los riesgos común, profesional y laboral».
Rojas considera que no es beneficioso entregar la administración de los tres seguros a una sola aseguradora, porque se crearía monopolio, razón por la cual «al menos dos (aseguradoras) deberían adjudicarse» este servicio.
En la actualidad, los tres riesgos son administrados por la AFP, quienes cobran una comisión de 1,74% sobre el sueldo mensual de cada trabajador y similar porcentaje a su empleador. La APS está a la espera de que el Ejecutivo reglamente el funcionamiento de las aseguradoras privadas para que pueda emitir la licitación de este servicio.
El titular de la APS dijo que existen seis aseguradoras privadas con capacidad de presentarse a la licitación que son: La Vitalicia, Provida, Alianza Vida, Zurich Personales, Nacional Vida y Bupa, que es «poco probable» que esté interesada en la licitación, porque se dedica al rubro de la asistencia y los gastos médicos.
La autoridad adelantó que la aseguradora que sea elegida será la que proponga la prima más baja por el servicio que preste. Además, las compañías aseguradoras privadas interesadas en participar en la licitación deberán contar con la precalificación acerca de los estándares de solvencia financiera más altos.