Economía

lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 02:41

Gobierno dará fin al contrato con Jindal si ésta no invirtió

El Ejecutivo ratificó que resolverá el contrato con Jindal si la empresa no invirtió los $us 600 millones comprometidos para los primeros dos años del proyecto de industrialización del Mutún. La salida “voluntaria” de la siderúrgica india no provocaría ningún daño económico al Estado.

Mutún. Mineral de hierro primario y secundario acumulado y chancadoras cerca del yacimiento.

/ 28 de abril de 2012 / 06:05

El miércoles, el Gobierno y Jindal Steel Bolivia (JSB) acordaron reprogramar en un plazo de 60 a 90 días (a definir por el directorio de la ESM) los niveles de producción y el cronograma de inversiones para la fase “previa” del proyecto siderúrgico del Mutún. El convenio también amplía por 60 días el plazo para la renovación de la boleta de garantía de $us 18 millones.

“Dentro de los 60 días resolveremos definitivamente el tema del gas, de las auditorías y conoceríamos ya el dictamen respecto a las inversiones que hasta ese momento habría hecho la empresa. Si éstas cumplen con los niveles previstos en el contrato, Jindal continúa, y si no, obviamente entraríamos a la fase de resolución de contrato”, confirmó Virreira a medios locales.

El 14 de agosto de 2011, el vicepresidente Álvaro García advirtió que si no realiza una inversión comprobada y no comprometida, el Gobierno rescindirá el contrato con la firma india. El contrato suscrito entre Jindal y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) establece que la firma india debe invertir $us 2.100 millones ($us 600 millones en los dos primeros años) para la industrialización del Mutún.

Según información de Jindal, la empresa “ha venido cumpliendo y cumplirá con todas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de riesgo compartido Mutún-RC”. A decir de Virreira, aunque el Ejecutivo está realizando “todos los esfuerzos” para dar continuidad a la industrialización del Mutún, la empresa demostró muchas “debilidades” en la implementación del proyecto.

“Estoy informando claramente, no es el Gobierno boliviano el que está tomando acciones fuera de la ley para descomprometernos (sic) con Jindal (…). Si en definitiva, Jindal no tiene en sus planes a Bolivia, estoy seguro que vamos a poder conseguir otras empresas, otros consorcios —socios mucho más serios y efectivos— que de manera más rápida sí van a poder implementar el proyecto”, remarcó Virreira.

Asimismo, sostuvo, la eventual salida “voluntaria” de Jindal de Bolivia no ocasionará daños económicos al Estado boliviano. “Estamos cuidando celosamente que cualquier accionar nuestro no ocasione daños al Estado. Por ello, si Jindal desea voluntariamente abandonar el proyecto ya es responsabilidad de ellos, no del país. En ese caso, no vamos a tener ningún daño económico”, manifestó ayer el Ministro de Minería y Metalurgia.

Avances en el proyecto del Mutún

Aunque las auditorías definirán la inversión real de Jindal en el Mutún, parte de los recursos que empleó se pueden observar en la infraestructura civil que hay en proximidades del yacimiento y las labores de explotación que realiza la empresa, dijo el ministro de Minería, Mario Virreira. Hasta el momento, Jindal exportó “más de 11.000 toneladas de mineral de hierro”.

El arbitraje en contra de la ESM estará en la negociación

Las negociaciones que se realizarán al menos en los dos próximos meses entre el Gobierno y Jindal incluirán el desistimiento de la demanda arbitral presentada por la siderúrgica india en contra de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por la ejecución de su primera boleta de garantía.

“Uno de los temas a tratar es qué ha de pasar con el arbitraje que está buscando Jindal (en la Cámara de Comercio de París) sobre la primera boleta de $us 18 millones. Nuestra posición como país fue que levante ese arbitraje, porque en realidad esa boleta se ejecutó más por descuido de Jindal que por nosotros mismos”, aseveró el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.

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Ministro Montenegro plantea diálogo para resolver observaciones a la ley 1386

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó los anuncios de medidas de presión de políticos y advirtió de riesgos para la reactivación económica

Movilización, el lunes, en rechazo al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Foto: Álvaro Valero

/ 17 de octubre de 2021 / 16:57

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, planteó un diálogo para tratar los cuestionamientos de sectores sociales y políticos a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Lo correcto es un diálogo racional, sentarse a una mesa y evaluar los elementos, creo que esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el estado de derecho, la vida de agentes económicos, más aún en una reconstrucción económica”, reflexionó en una entrevista con Bolivia Tv.

En Santa Cruz se formó el lunes el bloque de oposición política-cívica, formado por comités cívicos, expresidentes, partidos políticos de oposición y el llamado Comité de Defensa de la Democracia (Conade). El sábado, en un comunicado, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, el Conade y el Comité Cívico Pro Santa Cruz anunciaron que se sumarán a las protestas convocadas por los gremiales.

Montenegro calificó de “ridiculez” las acciones de presión cuando el Gobierno hace esfuerzos por reconstruir la económica. “Creo que es un atentado contra la gente más humilde que vive el día a día, esto es político si ya no hay una voluntad de diálogo”.

Enfatizó en que el Gobierno siempre estará a favor del diálogo para evitar que posteriormente Bolivia sufra, como efecto de la falta de normativas de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, efectos negativos en operaciones de comercio exterior, giros o remesas, y los exportadores e importadores tengan dificultades para traer sus mercancías o hacer sus transacciones financieras.

La bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de ley para abrogar la ley 1386 de estrategia nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El proyecto de ley fue presentado ante la presidencia de la Cámara de Senadores.

Los gremiales exigen la anulación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, además de su anexo; para ello, dieron un plazo de 72 horas al Gobierno, tiempo que corre desde el lunes; caso contrario, anunciaron un paro indefinido desde el jueves.

En tanto, el sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir de mañana en demanda de la abrogación de la Ley 1386.

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YPFB garantiza calidad en despacho de gasolina tras denuncia de gasolina mezclada con agua

Varios choferes denunciaron problemas en sus vehículos tras cargar gasolina en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz

La moto, con desperfectos mecánicos tras cargar gasolina mezclada con agua

/ 16 de octubre de 2021 / 16:40

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aseguró la calidad de gasolina despachada de la Planta de Almacenamiento de Senkata y deslindó responsabilidades sobre el combustible que aparentemente estaba mezclado con agua en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz.

“La gasolina especial cuenta con la constancia de conformidad ya que es verificada como ‘producto despachado sin contenido de agua’ antes de salir de la planta. En ese sentido, una vez que el medio de transporte de combustible abandona las instalaciones de Senkata, es responsabilidad del propietario de la estación de servicio realizar el control y verificación correspondiente, previa a la descarga del combustible en sus tanques para la comercialización a los usuarios”, informó en un comunicado.

Al menos 15 choferes denunciaron desperfectos en igual número de vehículos que poco antes habían cargado combustible en la Estación de Servicio (EESS) Gas Centro de la ciudad de La Paz. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó el lugar e informó que se realizarán estudios para definir el origen del problema.

En la nota, YPFB garantizó la calidad de los productos que entrega y aclaró que cumple con la calidad y volumen establecidos en el despacho bajo la normativa vigente en el país. “En este sentido la planta de almacenaje de Senkata, operada por YPFB Logística, realiza todos los controles necesarios para la entrega de productos a las estaciones de servicio con las que trabaja”.

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Arce acusa a la oposición y afirma que ‘no dudará’ en hacer lo necesario por la reactivación

El presidente Luis Arce denunció que la “derecha golpista” intentó frenar la reactivación económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”

Luis Arce en La Paz Exporta. Foto: ABI.

/ 16 de octubre de 2021 / 12:21

El presidente Luis Arce aseguró que “no dudará en hacer todo lo que sea necesario” para mantener la reactivación económica, luego de denunciar que la “derecha golpista” pretendía poner en riesgo los avances en materia económica con los paros anunciados, “excusándose en una ley”.

“El Gobierno Nacional no dudará en hacer todo lo que sea necesario para mantener ese crecimiento que estamos logrando. La reactivación económica no para y seguiremos construyendo esa Bolivia que todos necesitamos”, afirmó en su cuenta en Twitter.

Al primer semestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se expandió un 9,36% con relación a similar período de 2020, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa está siete décimas por encima del Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), que proyectó un crecimiento del 8,7%.

Arce denunció que los conflictos sociales alentados desde diferentes frentes de oposición en contra del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas pretendían afectar los esfuerzos y logros en materia económica.

“Estamos reactivando la economía y esto se comienza a sentir en el bolsillo de las y los bolivianos. Ese avance estaba en riesgo porque la derecha golpista, excusándose en una ley, estaba llevando adelante medidas de presión y pretendía desestabilizar al país con paros”, sostuvo.

Cívicos, expresidentes, políticos de oposición, plataformas ciudadanas y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) formaron un Santa Cruz un bloque de oposición cívica-política al gobierno de Arce. Una de las primeras acciones fue sumarse al paro convocado por los gremiales, y cumplido el lunes, en contra de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Para conseguir su objetivo, anunciaron para la próxima semana un nuevo paro, esta vez de 48 horas.

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La ANH precinta e investiga surtidor denunciado por venta de gasolina con agua

“Hemos tomado la determinación clara de precintar esta estación de servicio, nuestra principal labor es preservar los derechos del usuario y consumidor", dijo Gabriel Campero, de la ANH

/ 15 de octubre de 2021 / 22:38

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) precintó este viernes una estación de servicio de combustible en la ciudad de La Paz e inició una investigación tras denuncias de venta de gasolina mezclada con agua. Se informó que al menos 15 vehículos sufrieron desperfectos.

“Hemos tomado la determinación clara de precintar esta estación de servicio, nuestra principal labor es preservar los derechos del usuario y consumidor, por eso se tomó la determinación de precintar acorde a lo establecido en el procedimiento y la norma. La finalidad de la ANH es fiscalizar, controlar, supervisar y regular toda la cadena hidrocarburífera”, informó el director general de Regulación, Comercialización y Redes de Gas Natural de la ANH, Gabriel Campero.

Un laboratorio móvil llegó hasta la estación de servicio “Gas Centro S.R.L.” para la recolección de muestras en vista de un control de calidad.

Una persona que se identificó como propietario de la estación explicó a la red Unitel que la cadena de provisión tiene filtros de seguridad. “Esos cisternas vienen precintados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, al igual que los dispensadores, tienen calibración mensual de Ibmetro”.

Propietarios de vehículos protestaron en la estación de servicio, luego de que sus vehículos sufrieran desperfectos o quedaran parados por falta de gasolina después de haber cargado el combustible.

Uno de los afectados explicó que tendría que invertir al menos Bs 300 para limpiar la bomba de gasolina a fin de evitar desperfectos en el motor.

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El retiro de ley contra el lavado de dinero tendrá ‘grandes consecuencias’, dice Mamani

Freddy Mamani recordó que el Gobierno planteó la norma en el marco del cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Freddy Mamani, presidente de Diputados. Foto: APG

/ 15 de octubre de 2021 / 13:02

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, advirtió que, tras la determinación del Gobierno de retirar el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, el país tendrá “grandes consecuencias” en la actividad económica internacional.

Recordó que el Gobierno planteó la norma en el marco del cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para evitar que el Bolivia nuevamente sea incluido en la lista gris de países que no ejecuta acciones para la lucha contra el lavado de dinero.

“Esto puede tener grandes consecuencias, pero nosotros, como Gobierno, vamos a seguir trabajando para hacer que no se incluya en esta lista gris. (Este retiro del proyecto) qué significa. Podemos tener dificultades en transacciones bancarias a nivel internacional y eso sería una lamentable consecuencia que afectaría a nuestro país, no solo al Gobierno sino a los empresarios que hacen estas transacciones internacionales”, dijo en conferencia de prensa.

También puede leer: Arce justifica el retiro de la ley: Los ‘golpistas’ pretendían desestabilizar el país

Lamentó que sectores de oposición hayan generado en la población una “gran desinformación”, una especie de miedo en los sectores sociales como en los gremialistas, microempresarios, transportistas entre otros.

No obstante, afirmó que desde la Asamblea Legislativa se trabajará en las normas para que el país pueda cumplir con los acuerdos internacionales, pero escuchando al pueblo, y evitar que acontezcan otros sucesos como el acaecido en las pasadas horas.

El lunes los gremiales, respaldados por sectores sociales y políticos, realizaron un paro nacional en rechazo al proyecto de ley. En esa línea otros sectores como transportistas, mineros cooperativistas y otros dieron un ultimátum al Gobierno si no anulaba la norma.

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