Un comunicado de Jindal Steel Bolivia (JSB) emitido el 11 de mayo señala que, para la siderúrgica india, el fiscal Aldo Ortiz inició de oficio un proceso de investigación “sin tener ningún elemento material que demuestre la comisión del delito de incumplimiento de contrato” y desconociendo que el 8 de marzo la compañía había intimado notarialmente a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Según Jindal, “el fiscal se anima públicamente a emitir criterio en contra de nuestros ejecutivos en un prejuzgamiento que carece de imparcialidad”. A decir del Fiscal Anticorrupción, “lo que se está investigando es la existencia de incumplimiento del contrato” suscrito entre Jindal y la ESM.
“Tenemos algunos indicios y vamos a continuar con los mismos”. Por ejemplo, “se tiene el informe de auditoría que da lugar a que, antes de ejecutar la primera boleta, Jindal Steel Bolivia tenía una inversión de $us 12 millones y no así los montos comprometidos. Esa inversión debía estar en función a los ítems acordados en el contrato y no así en otros ítems que no han sido valorados”, indicó.
Además, la Fiscalía cuenta con la copia legalizada del contrato y la documentación relacionada con el mismo, así como con entrevistas realizadas en el lugar del proyecto siderúrgico del Mutún (Puerto Suárez). Lo que aún no llegó es el informe de la segunda auditoría de Delta Consult, agregó.
Como parte de la etapa preparatoria de investigación, se alistan las citaciones para que los miembros de los directorios de la ESM y del Riesgo Compartido presten sus declaraciones desde el lunes. El presidente de la ESM, Sergio Alandia, también será citado la siguiente semana, anunció Ortiz.
Discusión. Actualmente, Jindal y la ESM sostienen varias controversias relacionadas con el contrato de provisión de gas natural; la entrega del 100% de los predios para el proyecto; y la ejecución, por falta de renovación, de dos boletas de garantía que totalizan $us 36 millones (15 de abril de 2010 y 2 de mayo de 2012).
Jindal informó que dará continuidad a las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sólo si se solucionan los conflictos causados por el proceso que sigue el Ministerio Público a sus ejecutivos (entre ellos, el presidente de su directorio, Vikrant Gujral) y la ejecución de sus dos boletas de garantía.
Ayer, el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, insistió en que el contrato con Jindal “está vigente” y que la empresa puede continuar con sus operaciones. Además, respecto a la posibilidad de levantar el proceso legal en contra de los ejecutivos de Jindal, la autoridad remarcó que “hay procedimientos para ello (…). Ésta es una denuncia de oficio de un fiscal que ha observado ciertas irregularidades (en el proyecto) y, por tanto, no corresponde a Minería realizar esta acción. Esta denuncia no es del Ministerio”.
Paro cívico contundente
Los cívicos de la provincia Germán Busch calificaron de “contundente” el paro de 24 horas efectuado ayer en demanda de del cumplimiento del proyecto siderúrgico del Mutún y advirtieron con radicalizar sus medidas de presión, informó ANF.