Economía

sábado 15 may 2021 | Actualizado a 10:46

Movilización de comunarios del norte de Potosí niega apoyo a la IX marcha por el TIPNIS

La caravana que pide la reversión de la concesión minera de la Compañía Minera Mallku Khota se encuentra rumbo a Uncía, donde ahí reanudarán su paso hacia la sede de Gobierno.

/ 29 de mayo de 2012 / 17:46

El jilakata de la provincia Bustillos de Potosí, Wilmer Muruchi, negó que la marcha de comunarios de ayllus del norte Potosí esté apoyando a la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

“Nosotros como originarios del norte de Potosí tenemos nuestras demandas, nuestras peticiones. Vamos a marchas conforme a nuestros derechos. No estamos en ningún momento sumándonos a ellos (a la marcha del TIPNIS)”, sostuvo Muruchi en una entrevista a radio Panamericana.

Al menos unos 300 comunarios de ayllus del norte de Potosí se trasladan en buses desde la comunidad de Kolloma hacia el municipio de Uncía, donde retomarán su camino hacia La Paz para exigir la reversión de la concesión minera de la Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), subsidiaria de la empresa canadiense South American Silver.

También piden que la administración de los recursos del sector pase a manos de la Nación Charca Qhara Qhara del norte de Potosí y que se libere al mallku mayor del cantón potosino de Sacaca, Cancio Rojas, quien fue acusado de ser el responsable de los hechos de violencia registrados el 18 de mayo, en esa zona.

 “Esa clase de trabajos (mineros) van a dejar secas nuestras lagunas, contaminar nuestros lagos y es por eso que no se quiere que se trabaje como actualmente lo hace (la Compañía Minera Mallku Khota)”, manifestó.

El dirigente cree que el Gobernador de Potosí, Félix Gonzales, junto al ministro de Minería, Mario Virreira, tienen intereses por debajo, ya que esta empresa tiene compromisos con el Gobierno nacional y con el Gobierno Departamental. “Es por eso que no quieren que se anule la concesión minera”, dijo la autoridad originaria.  

Asimismo indicó en las próximas horas algunos suyus del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (Conamaq) se sumaran a la marcha.

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Ferreira garantiza apertura de archivos de FFAA y Defensa para la Comisión de la Verdad

La entidad será posesionada este lunes 21 de agosto cuando se recuerdan 46 años del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez. Esta comisión se encargará de investigar los crímenes de las dictaduras entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

/ 21 de agosto de 2017 / 12:04

La apertura de los archivos relacionados a la época de la dictadura y que se encuentran en las Fuerzas Armadas fue garantizada por el ministro de Defensa, Reymi Ferreira. El objetivo de este trabajo es ayudar a la investigación de la Comisión de la Verdad que este lunes será presentado por el presidente Evo Morales.

La nueva entidad nació en virtud de la Ley 879, de la Comisión de la Verdad, promulgada por Morales el 23 de diciembre de 2016. En la norma se establece que la comisión estará conformada por cinco miembros, quienes serán designados por el mandatario boliviano.

“Nosotros vamos a instruir en todos los archivos que podamos tener en el Ministerio de Defensa pero, igual, están abiertas todas la gavetas y documentos del Ministerio y de la institución militar (de las FFAA)”, afirmó el ministro Ferreira durante una entrevista al programa El Pueblo es Noticia que se emite por los medios estatales.

Explicó que la Comisión “tiene plenos poderes” de no solamente revisar los archivos sino requerir la cooperación de todos los entes estatales además de la Policía. “La apertura de secretos que pueden estar cubiertos por ley, la cooperación del Órgano Judicial, de la Fiscalía”, señaló.

La Razón informó el sábado que la Comisión de la Verdad estará conformada por la exministra de Salud Nila Heredia, el exdirigente sindical Édgar “Huracán” Ramírez, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos.

La entidad será posesionada este lunes 21 de agosto cuando se recuerdan 46 años del golpe de Hugo Banzer Suárez. Esta comisión se encargará de investigar los crímenes de las dictaduras entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.

Según Ferreira, el trabajo de la Comisión de la Verdad consistirá en recabar toda la información posible respecto a las dictaduras, determinar la verdad histórica, las responsabilidades y también las posibilidades en la indemnización a los que han sido víctima de aquellos atropellos.

Durante la dictadura de Luís García Meza, informó el Ministro de Defensa, el exministro del Interior Luis Arce Gómez hizo desaparecer todos los archivos del Departamento II y de Inteligencia, según lo pudo constatar la primera comisión que se encargó de investigar los hechos de la dictadura ordenara en 1984 por el expresidente Hernán Siles Suazo.

En ese entonces, en su calidad de Capitán General de las FFAA, ordenó, a través de una instructiva, abrir todos los archivos para la investigación de esa comisión; sin embargo, de ese periodo no se encontró ni un solo documento.

“Además, habían sustraído también la documentación correspondiente a la dictadura de Banzer, por eso es que las posteriores (comisiones), con orden judicial, comisiones parlamentarias, requerimientos fiscales que se constituyeron en los archivos de las FFAA no han podido encontrar nada”, añadió.

Ferreira adelantó que en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad se tendría que interrogar al coronel Luis Arce Gómez para saber el destino donde puedan estar esos documentos, que los consideró “incriminatorios, sin duda”. (20/08/2017)

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Juez aplaza para este miércoles audiencia cautelar del expresidente de YPFB por el caso Taladros

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el Ministerio Público solicitará al juez la detención preventiva de Guillermo Achá. La defensa legal de la exautoridad de YPFB asegura que su cliente no incurrió en delitos

El expresidente de YPFB, Guillermo Achá, cuendo fue trasladado a su audiencia cautelar por el caso Taladros. Foto: APG Noticias

/ 20 de junio de 2017 / 20:18

La audiencia de medidas cautelares del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso Taladros fue pospuesta este martes hasta este miércoles debido a errores de notificación. La defensa de Achá ratifica su inocencia.

La juez 4° de Instrucción Anticorrupción, Melina Lima, decidió postergar la audiencia -donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel- debido a que por error se notificó al Ministerio de Justicia y Transparencia sin que forme parte del proceso. El Viceministerio de Transparencia es el denunciante.

La Fiscalía emitió la orden de aprehensión contra Achá la madrugada de este martes luego de haber prestado una declaración informativa voluntaria por más de cinco horas en el marco del caso abierto por irregularidades en la contratación de la italiana Drillmec para la compra de taladros.

“La juez ha indicado de que estaban mal notificadas las diligencias y que, como ella tenía mucho trabajo, lo ha remitido a un juzgado de turno”, informó a La Razón el abogado del expresidente de la estatal petrolera, Héctor Castellón.

Horas antes, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el Ministerio Público solicitará al juez la detención preventiva de la exautoridad, quien fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

“Nosotros vamos a demostrar que no existe ningún riesgo procesal y que puede asumir su defensa dentro de este proceso en libertad”, insistió el abogado.

Castellón afirmó que su cliente al tomar conocimiento de las observaciones jurídicas, administrativas y técnicas que hizo la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos a la contratación de compra de taladros decidió detener el proceso sin que haya habido un daño económico para el Estado.

Juez envía a la cárcel a la gerente Legal de YPFB Andina por caso Taladros

El abogado negó además que su defendido haya entregado a la gerente Legal Corporativa de YPFB Andina S.A., Carmen Tellería, una autorización especial para participar de la comisión encargada del proceso de contratación de los tres taladros y apuntó a una falta de conocimiento de la Fiscalía de los procedimientos en este tipo de contratos.

“El Ministerio Público desconoce las normas administrativas. Es sorprendente que en un tema de contratos, el Ministerio Público no se haya tomado ni la molestia de revisar los decretos que hacen a la función específica de lo que es un proceso de licitación, de cada una de los alcances y de los que participan”, explicó. (20/06/2017)

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Morales pide al nuevo Presidente de YPFB realizar ‘inmediatamente’ una revisión a todos los procesos de contratación

El Presidente pidió que el trabajo de revisión de los procesos que estableció YPFB debe ser acompañado por la Unidad de Transparencia junto al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, posesiona a Óscar Barriga Arteaga como nuevo presidente de YPFB. Foto: ABI

/ 15 de junio de 2017 / 18:48

El presidente Evo Morales encomendó al nuevo presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga Arteaga, a realizar “inmediatamente” una revisión detallada de todos los procesos de contratación que hizo la estatal petrolera.

El pedido del primer Mandatario surge luego de que la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos haya detectado irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de tres taladros,  adjudicada a la firma italiana Drillmec, en abril de 2016.

El proceso irregular fue enviado la Fiscalía por el Ministerio de Justicia y actualmente hay siete personas que guardan detención preventiva en diferentes cárceles del país por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Con estas experiencias, yo quiero pedir al hermano nuevo presidente de YPFB que nuestra empresa tiene que realizar inmediatamente una revisión detallada de todos los procesos de contratación”, pidió Morales a Barriga luego de su posesión en reemplazo de Guillermo Achá.

El trabajo de revisión de los procesos que estableció YPFB, dijo Morales, debe ser acompañado por la Unidad de Transparencia junto al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

“No tenemos nada que ocultar o esconder, la mejor forma de una gestión pública es honestidad y transparencia, informar la verdad”, afirmó y reiteró que la investigación al caso Taladros fue detectado gracias al Gobierno mediante la Unidad de Transparencia.

“Oportunamente detectamos (el proceso irregular), gracias a la Unidad de Transparencia y bien, ahora se ha anulado el contrato, por tanto, no hay ninguna pérdida económica por la compra de taladros. Si bien dentro del proceso, alguna gente estaba insinuando o rumbo a la corrupción que se defienda en la justicia, pero es una investigación del Gobierno nacional”, insistió. (15/06/2017)

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Fiscalía allana vivienda para aprehender a una acusada en el caso Taladros

El 2 de junio, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en la contratación de una firma italiana para la compra de taladros para la estatal YPFB

La puerta principal de la estatal YPFB en La Paz. Foto: La Razón

/ 7 de junio de 2017 / 20:31

La directora Jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Cynthia N. se ocultaba en su domicilio por lo que se tramitó una orden de allanamiento para aprehenderla y llevarla a declarar por el caso Taladros, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero.

Guerrero explicó que desde hace algunos días se la buscada sin resultados a la acusada para citarla a declarar, pero no se la encontró porque se “ocultaba” en su domicilio.

Una vez aprehendida fue trasladada hasta al Ministerio Público, donde presta declaraciones por la contratación de la firma Drillmec para la compra de taladros para la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB.

Además de Cynthia N. están otros implicados en el caso.

“(La investigación) se ha ampliado contra otras cuatro personas más, una de ellas, la señora (aprehendida). En ese trámite o transe de la investigación que realiza la comisión de fiscales seguramente se va a convocar a otras personas más”, explicó.

La investigación preliminar detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para YPFB por un valor aproximado de $us 148 millones.

“Ella (Cynthia N.) era directora jurídica y muchos de esos cambios y esas enmiendas que se han hecho (al contrato) han pasado por la dirección jurídica”, afirmó Guerrero, quien informó que todo el trabajo que se vino desarrollando hasta el momento fue sobre la base de documentos, declaración de testigos y las personas que fueron denunciadas.

De las tres personas nuevas investigadas, dos de ellas trabajan en la estatal petrolera en Santa Cruz y participaron “directamente en este proceso” de contratación y una última sería nexo entre la empresa Drillmec y YPFB. “Es una persona que ha estado en las reuniones de las comisiones representando a la empresa. Hay un flujo de llamadas, hay mensajes, cartas relativos a la participación de esta persona”, afirmó.

“Estamos buscando a estas tres personas, hemos ubicado ya los domicilios pero cerca de una semana que no van a su fuente de trabajo, entonces, eso nos está generando una cierta dificultad”, señaló Guerrero y ratificó que contra esas personas pesa mandamientos de apremio.

Añadió que se hizo nuevos requerimientos a la Embajada de Italia para aclarar la legalidad de la acreditación de Drillmec y el cumplimiento de todos los procedimientos para la suscripción del contrato con YPFB.

“Se ha hecho un requerimiento, el pedido a través de requerimientos para que certifique si evidentemente esos documentos tenían valor legal en Italia, si esos documentos existían en ese país. Hay muchas contradicciones que han surgido de la misma investigación que ha hecho la unidad de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos”, indicó.

En este mismo caso, el 2 de junio, la juez Cuarto Anticorrupción en lo Penal, Melina Lima, determinó la detención preventiva de cinco imputados en el caso Taladros. La medida extrema fue tomada ante riesgos de fuga y obstaculización.

Bigmarck S. P., David P. A., Félix B. M. y Gizel S. R. fueron enviados a la cárcel de Palmasola en la ciudad de Santa Cruz y Julio C. N. deberá permanecer en el recinto de San Pedro en La Paz. Todos fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Guerrero añadió que mientras avance la investigación “en cualquier momento” se podrá determinar la convocatoria al presidente de YPFB, Guillermo Achá, para que pueda declarar en el caso. (07/06/2017)

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Fiscalía ve favorecimiento ‘directo’ en caso taladros y anuncia convocar a representante de Drillmec

El fiscal del caso Rudy Terrazas informó de los primeros resultados de la investigación sobre irregularidades en la contratación de la empresa para la provisión de taladros para la estatal YPFB

/ 1 de junio de 2017 / 20:54

La Fiscalía detectó indicios de favorecimiento “directo” a la empresa Drillmec en el proceso de contratación de compra de tres equipos de perforación para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Aademás anunció convocar al representante de la firma italiana.

El fiscal del caso Rudy Terrazas informó que los indicios preliminares dan cuenta que “el beneficio ha sido directo para la empresa Drillmec”.

En la víspera, cinco funcionarios suspendidos de la estatal petrolera fueron imputados por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias por este caso.

El fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó ayer que entre los indicios encontrados están las “contradicciones en las declaraciones” y «serie de irregularidades» en la documentación de licitación para la compra de los taladros.

“Tenemos la auditoría especial (de YPFB), los informes que nos ha proporcionado la empresa YPFB y entre otros el sumario respectivo que ha sido ya un auto final (para) los denunciados”, añadió Terrazas.

El caso fue destapado a mediados de marzo por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos tras detectarse irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en el proceso de contratación de compra de los tres taladros por aproximadamente $us 148 millones.

Con la investigación en curso, la Fiscalía anunció convocar a los ejecutivos de la empresa italiana Drillmec.   

“De convocar, se los va a convocar y vamos a ver la mejor manera de que el representante de Drillmec (acuda). Es una persona extranjera, entonces, vamos a ver la forma de hacer un exhorto suplicatorio o los medios que correspondan para que se lo cite”, señaló Terrazas.

En reiteradas oportunidades el presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que se obró con transparencia en todo el proceso y dijo estar predispuesto a prestar su declaración ante la Fiscalía para aclarar su situación.

“Hay indicios de que la adjudicación habría sido irregular e ilegal”, aseguró el representante del Ministerio Público.

Terrazas señaló que los informes de Transparencia de Hidrocarburos y de la auditoría interna mostraron observaciones como en la documentación legal y el trámite técnico.

“Pese a ello se lo adjudican y pasa a una fase de concertación y posteriormente pasa a una fase de elaboración del contrato y consiguiente la fase de firma del contrato”, señaló.

El Estado no desembolsó el pago a la firma italiana. “El proceso de contratación es adjudicado por $us 148 millones, no se ha pagado esa cifra, entonces, preliminarmente no podemos hablar de un daño económico salvo que la empresa Drillmec o la empresa YPFB entren a un proceso de arbitraje y se dañe los intereses del Estado boliviano”, indicó. (1/06/2017)

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