Economía

sábado 17 abr 2021 | Actualizado a 19:12

Refuerzan marcha de los comunarios de Mallku Khota

La marcha iniciada el lunes por dos comunidades de Mallku Khota, en demanda del cese de las actividades de exploración minera en esa región, es reforzada cada día con la llegada de originarios de otros pueblos del norte de Potosí y de Oruro.

Caracollo. Originarios de Mallku Khota encabezan la movilización.

/ 1 de junio de 2012 / 07:01

Además de la reversión de la concesión minera, los comunarios exigen la liberación del mallku mayor del cantón Sacaca, Cancio Rojas, y que la administración de los recursos mineralógicos del sector pase a manos de la Nación Charca Qhara Qhara del norte de Potosí.

El 18 de mayo, autoridades del Ejecutivo y de la Gobernación de Potosí debían reunirse en la población de Acasio con los comunarios que apoyan y rechazan el proyecto minero, pero la cita derivó en un enfrentamiento que dejó una decena de heridos y 12 desaparecidos. Tras el hecho, se detuvo a Cancio Rojas, quien fue enviado a una cárcel de Potosí.

Ayer, los marchistas partieron a las 06.00 de la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz. El lunes, cuando la marcha partió de la comunidad de Mallku Khota, los originarios no sumaban más de 300. Ahora, según estimaciones de los propios marchistas, ese número llega aproximadamente a los 5.000.

La Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), filial de la canadiense South American Silver, realiza trabajos de exploración en el cerro del mismo nombre. Según la empresa minera, el yacimiento es uno de los más grandes en reservas de plata, indio y galio. En la región también existe oro, que es explotado artesanalmente por dos comunidades del ayllu Urinsaya. El Gobierno afirma que este es el principal motivo para la marcha de estas comunidades potosinas.

El corresponsal de La Razón en Oruro reportó ayer que la impresionante masa humana de hombres y mujeres ha decidido caminar por las orillas de la carretera interdepartamental, a fin de no bloquear el paso de las flotas y evitar conflictos con los transportistas y los pasajeros.

El mallku mayor de la Federación de Pueblos Originarios del Norte Potosí, Román Colque, dijo que la marcha exige la pronta liberación de Cancio Rojas, quien se encuentra detenido en un penal de Potosí por el caso de dos policías secuestrados.

Riqueza. Los marchistas, además de los que se sumaron a la protesta, provienen de ayllus pertenecientes a cinco provincias del departamento de Potosí. Para las próximas horas se espera el arribo de más originarios. La Segunda Autoridad de Mallku Kota, René Chambi, señaló que “una vez se aleje la empresa privada de la zona, los bolivianos tenemos que explotar nuestros recursos.

Basta de que  las empresas mineras extranjeras se lleven nuestra riqueza. Entonces la marcha está defendiendo nuestra riqueza y el medio ambiente”, indicó.
Según los marchistas, la movilización arribará a la ciudad de La Paz el 10 de este mes.

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El Gobierno desautoriza al director del INE y aclara que no hay definición sobre año del censo

El Ministerio de Planificación del Desarrollo aclaró en un comunicado que solo es una sugerencia lo dicho por el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, sobre lo complejo de realizar el censo en 2022

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 16 de abril de 2021 / 23:35

A pesar de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó de lo complejo de realizar el censo en 2022, el Gobierno salió a aclarar que por el momento no hay ninguna definición sobre el año de realización del Censo de Población y Vivienda.

“Se tiene a bien aclarar que el Gobierno Nacional no ha definido el año en el que se realizará el censo. Por tanto, el planteamiento efectuado por el INE es una sugerencia”, aclaró el Ministerio de Planificación del Desarrollo en un comunicado.

El director del INE, Humberto Arandia, informó el jueves que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

En el comunicado, también se establece: “El cronograma de actividades referido al Censo Nacional de Población y Vivienda deberá estar orientado a recuperar el tiempo perdido durante las gestiones 2019 y 2020”.

El último censo fue en 2012, por lo que el siguiente debiera ser el 2022. El anuncio de Arandia desató una serie de reacciones de crítica, principalmente, en el departamento de Santa Cruz y el anuncio de articular acciones cívicas para la realización del censo.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

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Pese a estar prohibido, en la Gestora Pública mueven Bs 43 MM en venta de valores, hay seis involucrados

Seis funcionarios están involucrado en las irregularidades denunciadas por autoridades de la Gestora Pública. El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación está en marcha y que al momento hay un aprehendido

La Paz. Frontis de las oficinas de la Gestora Pública.

/ 16 de abril de 2021 / 17:16

A pesar de estar prohibido, seis funcionarios de la Gestora Pública vendieron títulos valores con un movimiento de capital de Bs 43 millones. Por el caso hay un aprehendido, dos fueron citados en la ciudad de Santa Cruz y el resto está prófugo.

El fiscal Johan Muñoz informó que la investigación empezó a raíz de la denuncia de autoridades de la Gestora Pública, tras un proceso de fiscalización interna que detectó las irregularidades en la que incurrieron los funcionarios.

No se dio mayores detalles. «Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», detalló.

La Fiscalía de La Paz recibió de la Gestora Pública la denuncia de que seis funcionarios de esa entidad realizaron siete transacciones irregulares que ocasionaron un daño económico de más de Bs 43 millones, informó este viernes el fiscal Johan Muñoz.

«Seis funcionarios de esta Gestora, pese a que existía una prohibición de venta de estos títulos valores, han realizado siete transacciones irregulares en las cuales han movido un capital de casi 43 millones de bolivianos», dijo Muñoz en rueda de prensa.

El aprehendido era asistente de la gerencia de la Gestora y está acusado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las transacciones realizadas corresponde el periodo marzo-agosto 2020.

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El INE aplaza para 2024 el censo, en Santa Cruz amenazan con protestas y articulación nacional

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo el director del INE, Humberto Arandia

El director del INE, Humberto Arandia.

/ 15 de abril de 2021 / 20:47

El Censo de Población y Vivienda que debía realizarse el 2022 fue aplazado hasta el 2024 por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La decisión desató una serie de críticas y una amenaza de protestas articuladas con el movimiento cívico nacional porque aplaza aspectos centrales como redistribución de recursos económicos y escaños.

El director del INE, Humberto Arandia, informó que la preparación del censo toma al menos cuatro años y que el desfase se registró en 2019 cuando el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez descartó el documento precensal, “así de claro y simple”.

“Este proyecto puede tardar tres años y medio, entonces, estamos hablando de manera optimista, si se cumplen todos estos requisitos, que mínimamente el censo se llevaría adelante el 2024”, sostuvo Arandia durante una conferencia de prensa.

La decisión desató una serie de reacciones en el ámbito subnacional porque implicará aplazar aspectos como la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, informó que coordinará con el movimiento cívico de Bolivia acciones para “rechazar este intento del gobierno centralista”.

En El Alto, el concejal Javier Tarqui sugirió a la electa alcaldesa Eva Copa exigir al gobierno una compensación económica para afrontar la disminución del presupuesto edil debido a factores como la crisis en el sector de hidrocarburos.

Cobra más fuerza el reclamo cuando el INE presentó sus proyecciones de población, en las cuales Bolivia tiene este año 11.842.000 habitantes, 164.594 más que lo previsto en 2020, cuando llegaron a 11.677.406.

Las proyecciones por departamento ponen en primer lugar a Santa Cruz, con 3.363.400, seguido por La Paz, con 3.023.800; Cochabamba, 2.086.900; Potosí, 907.700; Chuquisaca, 654.000; Tarija, 591.800; Oruro; 548.500; Beni, 507.100, y Pando, con 158.700.

El electo gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho advirtió que el aplazamiento del censo “puede generar confrontación e inestabilidad en el país; Luis Arce debe actuar responsablemente, tiene un año para organizar el censo”.

“Este retraso de 3 años quita a Santa Cruz recursos que corresponden a 800.000 habitantes más que viven en nuestra tierra desde el 2012”, explicó Camacho.

El 2012 se realizó el censo y el seguimiento debía realizarse el 2022. El alcalde electo de Santa Cruz Jhonny Fernández también cuestionó la decisión y de una declaratoria de emergencia.

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Tras ser posesionada como directora de AASANA, Choque denuncia discriminación por ser mujer de pollera

"Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, dijo Arminda Choque en conferencia de prensa.

La nueva autoridad exhibe documentos que avalan su formación en Derecho

/ 15 de abril de 2021 / 18:50

La nueva directora General Ejecutiva de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (AASANA), Arminda Choque, aseguró este jueves que demostrará su capacidad y profesionalismo al frente de la entidad, en respuesta a mensajes en redes sociales que –denunció- criticaron su posesión y su condición de mujer de pollera.

“Quiero decir a las personas machistas, racistas, que deben superarlo porque el racismo y el machismo solo hace daño a la sociedad, a uno mismo y a las familias. Quiero pedir (además) que me permitan demostrar mi capacidad, mi profesionalismo, porque estoy segura de cumplir con esta responsabilidad”, afirmó la nueva autoridad.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en conferencia conjunta con Choque, anunció que activará ante el Viceministerio de Descolonización una demanda por discriminación y por vulnerar los derechos que tiene “una mujer profesional”.

Choque demostró, con documentos en mano, que es abogada titulada de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y que cuenta con cinco diplomados; además, afirmó que tiene estudios en Secretariado Ejecutivo, lo que le permitió trabajar en instancias privadas y públicas.

“Mi primer trabajo después de formarme como secretaria fue cuando tenía 21 años, luego he trabajado en la Cámara de Diputados, después en el Ministerio de Minería, posteriormente he ingresado a AASANA donde he trabajado 12 años, he empezado desde abajo, hasta ser secretaria de la Unidad de Navegación Aérea durante ocho años”, destacó.

Choque aseveró que tiene una formación que le permite dirigir AASANA. “Tengo los méritos profesionales, a esas personas que por ver mi vestimenta han hecho ataques racistas y machistas les digo: superen el racismo, superen el machismo, les hace daño a ustedes, a sus propias familias y a las familias bolivianas, y no nos hace bien como sociedad”.

Montaño informó que el Ministerio envió una nota al Viceministerio de Descolonización para que se pueda detectar los comentarios discriminatorios contra una mujer indígena capacitada y formada en el área de la aeronavegación.

“He posesionado a una mujer profesional, a una señora abogada con diplomados y hemos visto un ataque sistemático en su contra sin siquiera averiguar cuál es su formación profesional, su currículum, solo por ser mujer indígena está siendo atacada vilmente”, denunció.

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Amplían al 31 de mayo el pago del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000

Mediante decreto 4486, el gobierno de Luis Arce amplió el plazo para el pago del beneficio que se empezó a cancelar en diciembre. El universo de población objetivo superan los 4 millones

El cobro de bonos durante la pandemia. Foto: APG

/ 15 de abril de 2021 / 18:38

Mediante decreto 4486, el Gobierno amplió hasta 31 de mayo el plazo para el cobro del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000. Están habilitados para el cobro los mayores de 18 años al 16 de septiembre de 2020.

“Es necesario establecer un nuevo plazo para el cobro del Bono Contra el Hambre, considerando que no todos los beneficiarios del citado bono, por diferentes motivos, pudieron realizar el cobro en el plazo establecido por el Decreto Supremo Nº 4392, siendo que estos precisan contar con recursos para contrarrestar los efectos negativos del Coronavirus (COVID-19)”, establece uno de los considerandos del decreto.

Hasta el 1 de marzo debía cobrarse este beneficio social que empezó a pagarse en diciembre de 2020, como uno de las primeras medidas del gobierno de Luis Arce para mitigar los efectos económicos del coronavirus y empezar a reactivar la demanda interna.

Quienes pueden cobrar son las mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy; las personas con discapacidad visual que reciben el Bono de Indigencia y registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera – IBC; las personas con discapacidad grave o muy grave registrados en el Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad – SIPRUNPCD; los beneficiarios del Bono Universal, incluyendo las personas que no recibieron ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado a la fecha de promulgación de la Ley Nº 1330; y los asegurados Independientes en el Sistema Integral de Pensiones.

“Se establece un nuevo plazo hasta el 31 de mayo de 2021, a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, para el cobro del Bono Contra el Hambre, conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 4392, de 13 de noviembre de 2020 y su modificación”, refiere el artículo único del decreto 4486.

Más de 4 millones son los beneficiarios.

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