Landívar fue recluido en la misma penitenciaría el 7 de diciembre de 2001, pero fue puesto en libertad el 29 de diciembre de 2006, luego de que pagó una fianza de 10 millones de bolivianos.
La audiencia de modificación de medidas cautelares se realizó ayer entre las 15.00 y 19.00. La sala plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso por unanimidad la medida cautelar de detención preventiva en la cárcel de San Pedro.
El expropietario de Bidesa S.A. es procesado junto con otras 43 personas por los delitos de organización criminal, falsedad material, falsedad ideológica, estafa y otros con víctimas múltiples, por la otorgación de créditos vinculados a exejecutivos de ese banco.
Desfalco. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), uno de los querellantes, espera recuperar aproximadamente 60 millones de dólares, erogados por el Estado para cubrir la devolución de los ahorros de los damnificados por la quiebra del banco.
“La solicitud de modificación de medidas cautelares se sustentó en que Landívar incurrió en actos de intimidación a los otros coprocesados, aspecto que formó convicción en el Tribunal sobre la presunta autoría o participación del procesado en los hechos punibles y la existencia de elementos de convicción suficientes de que no se someterá al proceso”, según la Asfi.
Landívar, en el momento de ser trasladado a la penitenciaría no quiso emitir ningún criterio sobre la resolución del Tribunal. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Iván Campero, informó que existen cuatro personas con detención preventiva en la cárcel de San Pedro y dos con detención domiciliaria en Santa Cruz.
Las personas con detención preventiva son Néstor Portocarrero Zambrana y Alcides Ramiro Sillerico; y con arresto domiciliario, Miguel Ángel Linares Mercado y Virginia Gretel de Rojas. El 12 de diciembre de 1997, el Bidesa fue intervenido por la Superintendencia de Bancos.