Jindal anuncia que demandará a Bolivia por daños y perjuicios
Mediante un comunicado enviado desde su central en Nueva Delhi (India), la empresa Jindal Steel & Power (JSP) anunció ayer que interpondrá una demanda contra el Estado boliviano por daños y perjuicios causados por la rescisión del contrato para la explotación de hierro del Mutún.
El vicepresidente Álvaro García lamentó la “actitud” de la empresa india y dijo que “se verán ya los procedimientos legales” que corresponde adoptar en este caso. El lunes, Jindal Steel Bolivia (JSB), cuya matriz es JSP, decidió rescindir el contrato de riesgo compartido suscrito con la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) tras una larga reunión con el ministro de Minería, Mario Virreira, y los miembros del directorio de la empresa boliviana.
Ayer, en su comunicado, la firma extranjera explicó que la decisión fue asumida debido al “incumplimiento y la falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales”.
El 8 de junio, Jindal había notificado a la ESM su intención de terminar el contrato, debido a la falta de un acuerdo que garantice la provisión de gas natural para el funcionamiento del complejo en la zona de explotación y a que no se les entregó el total de las tierras comprometidas. El viernes, JSB envió una carta a la ESM señalando cuatro condiciones “no negociables” para retomar las tratativas con el Gobierno y analizar su continuidad en el proyecto.
Pidió una garantía para no nacionalizar sus inversiones, levantar el proceso contra sus ejecutivos, solucionar la ejecución de la segunda boleta de garantía y dejar sin efecto la auditoría. Virreira explicó ayer que como dichas condiciones fueron rechazadas, la firma decidió “por voluntad propia” rescindir el contrato, pese a que el Gobierno “hizo los esfuerzos” para que continúe en el país.
En el comunicado difundido ayer, además de ratificar la rescisión del contrato, JSP anunció que “mediante la vía legal que corresponda, ejercitaremos nuestro derecho al pago de todos los daños y perjuicios”.
El Ministro de Minería anticipó que el proceso para contratar una nueva empresa demorará al menos medio año. “Son licitaciones internacionales que tienen sus plazos, que están alrededor de los seis meses”. El Vicepresidente admitió que hubo “retraso” en el avance de los proyectos de industrialización, aunque se declaró confiado en que los mismos serán reencaminados. “No debe dudarse de que esto va a ir para adelante”.
Indicó que con “esta experiencia dolorosa” se hará una calificación más rigurosa a las firmas que deseen adjudicarse proyectos y luego anticipó que hay cinco “empresas serias” interesadas, entre ellas de Corea del Sur, China e Italia. Virreira dijo que la interesada deberá demostrar que dispone del 25 al 30% del total de la inversión.
Proceso de licitación se demorará
El exministro de Minería Dionisio Garzón estimó que la licitación para contratar a una firma demorará dos años. Dijo que “el Gobierno debe dar las condiciones”.
García dice que la firma especuló en los mercados
El vicepresidente Álvaro García lamentó que Jindal haya apostado por la “especulación bursátil” antes que a la “inversión productiva”. Dijo que Bolivia necesita empresas extranjeras que “no especulen en la bolsa de valores” como lo hizo esta empresa.
“Aquí necesitamos empresas extranjeras que no especulen en la bolsa de valores sino que inviertan. Queremos ver fierros y maquinaria en el lugar, no queremos ver cotizaciones de bolsa como ha sucedido”, sostuvo García. El ministro de Minería, Mario Virreira, indicó que la empresa “lo que estaba haciendo es capitalizar sus acciones e intentar invertir (en el país) en base a nuestro potencial.
Ellos no tenían capitales propios, simplemente estaban especulando en la bolsa de valores”. Añadió que, en el fondo, “Jindal demostró que no tiene capacidad económica”. Incluso dijo que en el contrato se permitía que la firma india adquiera créditos con “la garantía de la propia inversión”.
Jindal: Nos trataron ‘como a delincuentes’
Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de la india Jindal Steel & Power Limited (JSPL), afirmó ayer en un comunicado que en el país se los trató como a delincuentes y acusó al Gobierno de tener “actitudes antiinversionistas y de no cooperación al inversionista extranjero”. “No se nos trata como amigos de los bolivianos, sino como a delincuentes”, señaló la siderúrgica india en referencia al proceso penal iniciado por la Fiscalía en contra de altos ejecutivos de la compañía.
Según Jindal, esta acción penal “demuestra que el Gobierno maltrata y persigue a los inversionistas extranjeros que han introducido millones de dólares en la economía de Bolivia” y que están brindando oportunidades de empleo a miles de trabajadores. La empresa sostuvo que debido a esta situación se aleja “toda presente y futura inversión de capitales en Bolivia”, ya que “la falta de seguridad jurídica” ahuyentará a los inversionistas extranjeros.
En cuanto al cobro de la segunda boleta de garantía bancaria, Jindal ratificó que la misma fue “equivocada” y acusó al Gobierno y a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) de haber incumplido sus obligaciones contractuales porque no se entregó el total del área destinada a la siderurgia así como los volúmenes requeridos de gas natural para el proyecto de industrialización.
También reafirmó su posición en sentido de que realizó la inversión comprometida de $us 600 millones, para lo cual “proveyó todos los documentos y contratos firmados con empresas internacionales”. En ese marco, Jindal dijo que se vio obligada a rescindir el contrato “debido al incumplimiento y falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales”.
