Economía

jueves 5 ago 2021 | Actualizado a 16:10

Los accesos a la veta Rosario son minados por asalariados

Los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC) minaron todos los accesos a la veta Rosario, que es disputada con la Cooperativa 26 de Febrero, y amenazaron con hacer volar toda el área si son hostigados por los cuentapropistas.

/ 2 de septiembre de 2012 / 05:26

“Si los cooperativistas ingresan (a la veta Rosario), nosotros vamos a activar esos minados, que ya los hemos preparado, para hacer volar toda esa área”, advirtió ayer el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Colquiri, Severino Estallani.

Los mineros asalariados tomaron el viernes en la madrugada todos los accesos a la veta Rosario en demanda de la reversión total del yacimiento, operado hasta el 20 de junio por la empresa minera Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore.

Antes de la reversión de las áreas de arrendamiento de la empresa suiza, la Cooperativa 26 de Febrero tomó el 14 de junio la veta Rosario, una de las más ricas del distrito minero, lo que provocó un enfrentamiento con los trabajadores asalariados.

Seis días más tarde, el 20 de junio, a través del Decreto Supremo 1264, las áreas de arrendamiento de Sinchi Wayra fueron revertidas a manos del Estado para que sean administradas por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Con este traspaso se incorporó a 600 cooperativistas a la recientemente  creada Empresa Minera Colquiri. Además, se dispuso la entrega de la veta Rosario a la Cooperativa 26 de Febrero, excepto la parte sur de ésta, la cual debe ser explotada por la Comibol.

El miércoles, el Gobierno emitió un nuevo decreto y además amplió el contrato de arrendamiento con la Cooperativa 26 de Febrero a las vetas Rosario “N” y Rosario “D”, que debían ser explotadas por la Comibol.

Estallani dijo que el Gobierno incumplió con lo establecido en el Decreto 1264, de 20 de junio, que entregaba la veta Rosario al sector cooperativo y no las vetas Rosario “N” y Rosario “D”.

Reversión. “Nosotros no vamos a permitir que el Gobierno esté jugando a las espaldas de los trabajadores. El Ejecutivo debe revertir el 100% del yacimiento (…), no vamos a discutir más”, declaró el dirigente.

La paralización de labores en la EMC le significa al Estado una pérdida diaria de $us 200 mil.

“Si el Gobierno está buscando enfrentamiento y derramamiento de sangre en Colquiri, lo va a tener porque nosotros vamos a hacer desaparecer la mina. Las bocaminas principales también ya están preparadas para hacer volar y tapar todo”.

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Reestructuración de BoA involucró el retiro de 150 empleados y reducción de salarios en 23%

Ronald Casso prevé que el proceso de reestructuración terminará en septiembre.

Un avión de la estatal BoA.

/ 5 de agosto de 2021 / 16:07

El proceso de reestructuración de Boliviana de Aviación (BoA) significó el retiro de aproximadamente 150 empleados y la reducción de los salarios de todo su personal en 23%, informó este jueves Ronald Casso, gerente de la empresa estatal.

“Hemos entrado a un periodo de reestructuración de toda la empresa y esa reestructuración, que nos está llevando todavía y esperamos terminar en septiembre, ha involucrado el retiro de alrededor de 150 personas, jubilaciones, (el pago de) beneficios sociales y todo lo demás, y (además) hemos tenido que hacer una reducción, en promedio, del 23% de los salarios a todos”, dijo Casso en una entrevista con el programa “Piedra, Papel y Tinta” de La Razón.  

Estas medidas, según el gerente, se asumieron porque la empresa “ha sido muy afectada” durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, primero, por algunas decisiones “perjudiciales”, y luego, principalmente, por la pandemia.

Entre esas decisiones estuvo, por ejemplo, “el quitar o ceder rutas (importantes) como el Salar de Uyuni, siendo Uyuni es la ruta que mejor tarifa tiene en Bolivia o tenía, porque ahora ya no se vuela a Uyuni; (y asimismo) se bajaron (los vuelos en rutas como) La Paz-Santa Cruz, que es la siguiente (o segunda) ruta con mayor cantidad de pasajeros en el país, (entonces ahí) se bajaron los vuelos y hasta  se cambiaron los horarios, (lo cual) benefició claramente a la competencia”, lamentó.

Sobre estas decisiones contrarias a la empresa, según Casso, la Contraloría ya tomó cartas en el asunto y está haciendo un trabajo de investigación como corresponde y ahora se espera que pueda “delimitar quién tiene la responsabilidad”.

Ahora también “es verdad que la industria del turismo y particularmente las aerolíneas fueron los sectores más afectados por la pandemia porque esta industria es de altos costos fijos, es decir, costos que siguen corriendo aunque cuando uno deja de funcionar, (por ejemplo el alquiler de aviones o mantenimiento)”, admitió.

Entonces, eso ha generado una deuda “muy grande”. Es así que, durante “la primera semana de diciembre de 2020, cuando entramos a controlar (nuevamente) la empresa, teníamos 43 millones de dólares para pagar en ese momento, o sea de deuda inmediata, y eso es mucho para un tamaño de empresa como la nuestra”, subrayó.

Sin embargo, frente a esa crítica situación, según recordó el gerente, el presidente Luis Arce aprobó 5,5 millones de dólares de inyección económica de emergencia en diciembre de ese mismo año porque incluso se tenía que pagar “sueldos atrasados”.

La empresa en 2020 tenía 1.700 trabajadores y actualmente cuenta con 1.403 funcionarios.

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Presidente de Puerto Jennefer lamenta la difícil situación que atraviesa la industria nacional

Observa que Bolivia compra alimentos transgénicos por contrabando y no se permite utilizar biotecnología para mejorar la producción nacional.

Jorge Arias Lazcano, presidente de Puerto Jennefer.

/ 5 de agosto de 2021 / 13:10

En una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Jorge Arias Lazcano, presidente de Puerto Jennefer y Nutrioil SA, lamentó la difícil situación por la que atraviesa la industria nacional, la misma que atribuye a dos razones: el tipo de cambio fijo y las condiciones de exportación impuestas por el Estado.

Dijo que si bien el tipo de cambio fijo se traduce en estabilidad para la moneda nacional, resta competitividad de las industrias frente a la de países vecinos. “No logramos convencer al gobierno de que no es necesario sujetar las exportaciones a una serie de normas internas porque la oferta está, hay suficiente para el mercado nacional y para la exportación”, dijo en referencia a la segunda razón que no permite el empuje industrial.

El empresario observó que “la pasión por el conflicto” en el país no permita el impulso de la agroindustria, sumando a este motivo la negativa de utilizar biotecnología para la producción de alimentos.

“La biotecnología es rechazada sin mayores argumentos válidos, simplemente por una tradición, no es posible que estemos en un nivel de productividad de soya de 2.3 o 2.4 toneladas  por hectárea y países vecinos están en 3.5 o 4 toneladas por hectárea, porque todo el mundo ha emigrado a las nuevas formas de producción”.

Además señaló la contradicción que existe, pues el maíz y el arroz que entran al país por contrabando son transgénicos. “Compramos transgénicos del resto de los países, pero no podemos producir aquí, es paradójico e injusto”.

Puntualizó que hasta 2013 se producía en el país  14 millones de toneladas de alimentos y que en 2019 la cantidad se incrementó hasta 17 millones de toneladas. Sin embargo, dijo que hay potencial para producir 45 millones, 20 millones de los que cubrirían la demanda interna y el resto debería ser para exportación.

Puntualizó que el puerto Jennefer, atracadero boliviano con salida hacia el océano Atlántico por la Hidrovía Paraguay-Paraná, ha sido concebido con la capacidad de albergar 5 millones de tonelada de carga. “Esto está estancado en la comunicación con el gobierno, en pequeñas cosas que nos traban y que podrían solucionarse siendo más racionales”.

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El Presidente prevé que Envibol generará ingresos por Bs 69 millones hasta fin de año

La empresa da empleo a 160 personas, según el Jefe del Estado.

Arce durante la inspección a la planta de Envibol en abril. Foto: Presidencia.

/ 5 de agosto de 2021 / 11:34

El presidente Luis Arce informó este jueves que la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol) actualmente está produciendo 250 mil botellas al día y en ese contexto calculó que hasta fin de año generará Bs 69 millones de ingreso económico para el país.

“Nuestra Empresa Pública Productiva Envases de Vidrio de Bolivia está produciendo 250 mil botellas al día, da empleo a 160 personas y hasta fin de año generará ingresos por Bs 69 millones. Fortalecemos el aparato productivo y reactivamos la economía”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.

La planta industrial de Envibol, creada en abril de 2015, está ubicada en el municipio de Zudáñez, distante a 105 kilómetros de la ciudad de Sucre, y su construcción demandó una inversión de Bs 396,4 millones.

El pasado 1 de abril, el propio Arce llegó a la planta a realizar una inspección y en esa ocasión denunció que durante el gobierno de Jeanine Áñez se causaron “daños económicos” en la empresa.

Pero ahora “venimos a relanzar (la fábrica) porque estaba trabajando solo una fase y (desde) ahora ya van a trabajar las dos fases. (Además) es un éxito nuestra fábrica Envibol, hay que pensar en la ampliación (para) empezar a pensar también a entrar en la producción de vidrio plano y con todos los estudios, lo vamos a hacer”, afirmó entonces.

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Rómulo Calvo considera que hay que cambiar la forma de distribución de tierras

En la transmisión Piedra, Papel y Tinta, desde Santa Cruz, el líder cívico cuestionó que el Gobierno esté distribuyendo tierras en “una oficina”.

El líder cívico Rómulo Calvo en el estudio de La Razón en Santa Cruz.

/ 4 de agosto de 2021 / 13:37

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, insistió en que la principal demanda de Santa Cruz es cambiar la forma de distribución de la tierra, ahora en debate debido a las divergencias entre el Gobierno y la Gobernación cruceña.

En entrevista con la transmisión Piedra, Papel y Tinta, que La Razón emite por sus platadormas digitales, el líder cívico graficó su demanda haciendo alusión a que nadie ajeno puede venir a la casa de uno y empezar a disponer de sus cosas. Lo mismo pasa con la relación Gobierno central-Gobernación cruceña, apuntó.

En esta línea, demandó “más respeto” a las autoridades departamentales y municipales en la gestión del recurso tierra.

Por esto se justifica, aseguró, el actual enfrentamiento que lleva adelante la gobernación de Santa Cruz ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Hay que recordar que, según la Constitución, la “política general sobre tierras y territorio, y su titulación” es una competencia privativa (indelegable) del nivel central del Estado. (artículo 298)

Con todo, Calvo insistió en que la entrega de tierras no debe “ser en una oficina”, como hasta ahora dijo está ocurriendo. Aunque sin dar nombres, señaló que “los mayores terratenientes hoy son exautoridades del INRA”.

A tiempo de ratificar que el mayo reclamo que tienen los productores cruceños son los avasallamientos de predios privados por parte de colonos, reivindicó que los primeros con derecho a la tierra y el territorio son los “originarios”, los comunarios.

Calvo hizo el llamado a cuidar el recurso de la tierra, especialmente en Santa Cruz, debido a que ese departamento a la fecha es el que aporta “con el 73% de los alimentos que consume el país”.

Al declararse pleno anticomunista, el presidente cívico señaló que su convicción es derribar el “muro” que constituye hoy día el “socialismo”; por eso su abierto y radical antagonismo con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dijo que está convencido de que en las elecciones de octubre de 2019 hubo fraude, porque —aseguró— él mismo fue parte de la investigación del hecho, aseguró.

En cuanto a su preferencia entre el gobernador y líder cívico Luis Fernando Camacho y el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, Calvo no quiso expresar opinión alguna. Aseguró ser un “militante de la libertad y la democracia”, y que lo que aspira es dejar a los que vienen un país en paz, sin miedo ni persecución.

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En El Alto dan luz verde a la amnistía con la ‘Rebajita tributaria’

Se trata de una amnistía para pagar las obligaciones impositivas impagas. Estará vigente por 150 días a partir de este martes

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa

/ 3 de agosto de 2021 / 19:11

Desde este martes los alteños podrán acogerse a la “Rebajita Tributaria”, una amnistía en el pago de impuestos que alienta a que la población regularice sus obligaciones tributarias y se ponga al día en sus pagos sin multas ni sanciones.

Desde la oficina de recaudaciones de El Alto, la alcaldesa Eva Copa dio a conocer la vigencia de la norma y pidió a los alteños pagar sus obligaciones pendientes.

La norma entra en vigencia el 3 de agosto y por los siguientes 150 días. En una primera instancia la condonación de multas e intereses será de un 100%, luego de 60% y se finalizará con 40%, según lo aprobado por el Concejo edil de esa ciudad.

El beneficio está dirigido al pago de impuesto de inmuebles, vehículos, tasas y patentes.

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