Este miércoles, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, negó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) haya incrementado el precio de la arroba de arroz. Lo que sucedió es que entró otro grano al mercado, de mayor calidad, que se vende a un costo superior.

“Lo que ha hecho Emapa es catalogar de acuerdo a la calidad del arroz. Hay una cierta calidad importante de arroz que evidentemente en el mercado cuesta un poco más y eso es lo que se está vendiendo a un precio que ya ha comunicado Emapa oficialmente. Pero el arroz que se vendía normalmente es el arroz ‘kaja’ y se mantiene a 50,50 bolivianos”, explicó la autoridad al ser cuestionado por los periodistas.

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Arroz

La aclaración surge tras las declaraciones del exgerente regional de Emapa en Cochabamba Manuel Mamani, quien informó el incremento de la arroba de arroz a Bs 70 en las sucursales de la estatal.

Huanca, por su parte, reiteró que se trata de un “grano especial” que acopió Emapa en los pasados meses y que ahora se pone al mercado, junto con el arroz que cuesta Bs 50,50.

“Hay que tomar consciencia, no simplemente confundir a la población diciendo que Emapa ha subido los precios”, protestó el ministro por la desinformación que se generó respecto al tema, debido a que el grano es un producto de primera necesidad.

Sin embargo, reconoció que en algunas sucursales de la empresa estatal de alimentos solo se comercializa la arroba del producto a Bs 70, debido a la ausencia del arroz ‘kaja’.

“El problema es que hay poca cantidad, pero se está vendiendo. Con la cosecha del mes que viene entendemos que va a haber mayor producción y con eso vamos a seguir abasteciendo”, afirmó.

A partir de febrero se espera que Emapa acopie 80.000 toneladas de la última cosecha de arroz, lo que le permitirá abastecer la demanda interna. Además, el Gobierno realiza la importación de 1.500 toneladas del grano de manera diaria.

El objetivo es regular los precios y permitir que la población acceda al producto a un costo económico.

La Cámara de Diputados convocó a sesión este jueves para tratar dos proyectos de créditos de financiamiento externo por un monto que alcanza los $us 400 millones. De acuerdo con el presidente esa instancia legislativa, Omar Yujra, se trata de un proyecto para atender fenómenos climáticos y otro para un programa de riego.

El presidente de la Cámara Baja explicó que uno de los créditos permite el préstamo de hasta $us 250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a financiar el proyecto Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública.

“Es para el tema de los efectos del cambio climático, como las lluvias, las riadas. Estamos viendo cómo la crisis climática ha afectado a Quime, Luribay, aquí en el departamento de La Paz, también en la zona Sur y en varias partes del territorio boliviano. Así que creo que este crédito es muy importante”, señaló Yujra.

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Créditos

Además, el crédito también servirá para cubrir otros desastres climáticos, como sequías, incendios e inclusive un posible terremoto que podría presentarse.

El otro proyecto que se tratará el jueves es sobre un préstamo de $us 150 millones de parte del Banco Mundial (BM) para apoyar la “Gestión Resiliente del Agua para Riego Familiar y Comunitario”.

De acuerdo con el Gobierno, este crédito beneficiará a 30.000 familias rurales con proyectos de recursos hídricos y de riego en 15 cuencas y 256 municipios de Bolivia. El objetivo es enfrentar los impactos del cambio climático y potenciar su productividad mediante un mejor uso del agua para riego.

Ambos créditos están pendientes de aprobación desde la gestión pasada y Yujra espera que sus colegas comprendan su importancia.

“Esperemos que los asambleístas comprendan la necesidad y a partir de eso aprobemos estas dos leyes”, señaló el titular de Diputados.

La sesión de este jueves iniciará a las 09.00 con solo los dos proyectos de créditos más la correspondencia en agenda.

Este miércoles, el presidente Luis Arce reconoció que existe una “presión inflacionaria” en los productos de consumo masivo. En su criterio, esto se debe al agio y a la especulación que realizan personas inescrupulosas. Para frenar esa actividad, el Gobierno elaboró “normas legales” que no afectan al sector productivo.

“No buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al productor, al comerciante, no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito del agio y la especulación y afecten al bolsillo de los bolivianos”, explicó durante su discurso por el Día del Estado Plurinacional.

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Disposición

De esta manera, el Presidente se refirió a la criticada disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), la cual es ampliamente criticada por múltiples sectores.

La norma autoriza el control y decomiso de mercadería, productos y alimentos por parte de las autoridades estatales, lo que genera zozobra, principalmente en el sector productivo y gremial.

Sin embargo, Arce considera que el incremento de precios en los productos de primera necesidad se debe a que durante la pasada gestión algunos sectores aprovecharon la coyuntura para especular con los costos.

“Se ha evidenciado agio, ocultamiento y especulación que daña la economía nacional”, indicó el mandatario.

Por ello, pese a la postura de los industriales, productores, gremiales, empresarios, transportistas y otros sectores, el Presidente considera que se trata de un disposición que protege la economía de la población.

Arce también pidió a estos sectores buscar el diálogo y no “medidas que dañan la economía nacional”, en referencia a las movilizaciones con las que advirtieron si el Gobierno no deroga la norma en los próximos días.

El Gobierno, por su parte, invita a los interesados a participar en la reglamentación de la disposición antes de su entrada en vigencia.

El presidente Luis Arce, durante la conmemoración del Estado Plurinacional, pidió a los legisladores y a los sectores de oposición no “bloquear el desarrollo de Bolivia”, afirmó que su gobierno es pasajero, pero los beneficios se quedarán para la población.

“Necesitamos avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente de nuestros recursos naturales. El Gobierno pasa, pero los beneficios se quedan para la población”, afirmó el mandatario.

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Bloqueo

En criterio del Presidente, en las últimas dos gestiones, los legisladores de oposición y del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se empeñaron en impedir que el Gobierno realice sus proyectos. Sin embargo, recalcó que los perjudicados no son las autoridades, sino el resto de los bolivianos.

Arce reiteró que son más de $us 1.600 millones de créditos de financiamiento externo pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, lo que calificó como prueba del “bloqueo económico” hacia su gestión.

Asimismo, se refirió al cuestionado tema del litio, debido a que múltiples instituciones observaron irregularidades y desventajas para el Estado en el contrato de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group.

Desarrollo

Al respecto, el mandatario señaló que los contratos son transparentes y el Gobierno no oculta nada.

“El Gobierno no tiene nada que ocultar, los contratos están en la Asamblea Legislativa y está en sus manos bloquear el desarrollo de Bolivia o viabilizar la generación de ingresos para beneficio del pueblo boliviano”, indicó.

Sin embargo, Arce pidió que se acelere su tratamiento, pues calificó al litio como una “oportunidad histórica” para el país, por lo que no se puede demorar más su inserción en el mercado internacional para generar beneficios para toda Bolivia.

Además, el Presidente reiteró en la importancia del diálogo, en la “responsabilidad”, pensando siempre en el país, antes de tomar acciones que afectan a la economía, como bloqueos, marchas o protestas.

Pese a las advertencias de múltiples sectores de iniciar movilizaciones si el Gobierno no deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el oficialismo descarta eliminar la norma.

Al ser cuestionado por uno de los periodistas si “queda descartada la posibilidad de derogar la disposición”, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, respondió “por el momento sí”.

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Disposición

Además, la autoridad considera que las reuniones, pronunciamientos y ampliados multisectoriales son una exageración. “¿Por qué tanto show por eso?”, cuestionó este miércoles.

Poco antes de las declaraciones del viceministro, gremiales, productores, industriales, empresarios, transportistas y otros sectores ratificaron su rechazo a la disposición confiscatoria, debido a que consideran que genera zozobra y preocupación.

Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que la norma es necesaria para combatir el agio, la especulación y el contrabando, actividades ilícitas que afectaron la economía nacional durante todo 2024. Pero aquellos que operen dentro del marco de la ley, no deben preocuparse.

“Los gremiales, no tiene sentido, guardan en su casa, compran mercadería para ir vendiendo de a poco. Guardan en su casa cinco cajas de atún, por decir algo, eso no es agio, no es especulación; pero si encuentras un almacén de atún, eso ya es agio y especulación”, ejemplificó el viceministro.

Torrico también consideró que el ocultamiento se presentó durante todo 2024 con productos como el arroz y el aceite, pero que cuando se tomaron medidas, los productos volvieron a aparecer.

Por ello, el Gobierno, al menos por ahora, no pretende eliminar la disposición, pero sí invita a los sectores a participar en su reglamentación antes de su entrada en vigencia.