El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó ayer que el Gobierno tiene la intención de invertir $us 70 millones en el distrito minero de Colquiri y además consideró que la labor conjunta entre mineros asalariados y cooperativistas para aprovechar esta inversión es la única manera de resolver el conflicto que se ha desatado en la zona.
“Colquiri se ha de fortalecer con estos $us 70 millones y se convertirá en una empresa de primer nivel”, manifestó este domingo en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, que se transmite por los medios del Estado. Explicó que con estos recursos se mejorará el equipamiento, ya que permitirán comprar maquinarias, construir rampas, abrir nuevos recortes, instalar chimeneas de servicio y galerías de ventilación, además de “construir una nueva planta” que servirá a ambos sectores.
“Ese es el fondo del tema, ampliar el ingenio y construir una planta metalúrgica de zinc”, afirmó y agregó que esta nueva industria permitirá además la producción de zinc para su exportación en metálico y ya no en concentrado como ahora.
Los mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri se encuentran enfrentados por la disputa de la veta Rosario desde la anterior semana. Los primeros piden la nacionalización del 100% de la mina y los segundos el cumplimiento del Decreto 1337 que les otorga en arrendamiento el 70% del filón en conflicto. Ninguno de los sectores cede en sus posiciones.
El Ministro de Minería anunció que la propuesta de inversión es parte de un plan quinquenal para dar solución a este problema y además dijo que será presentado al presidente Evo Morales de manera detallada. Sin embargo, insistió en que es muy importante que ambos sectores se unifiquen para que compartan la explotación y la empresa sea una sola.
Para la autoridad, la solución es factible en el tema “económico, social y técnico”, aunque advirtió que existen “divergencias” en el tema político. Por ello pidió a las organizaciones que los representan, como la Central Obrera Boliviana, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia que hagan esfuerzos para sentarse a dialogar.
El ministro Virreira consideró innecesaria la demanda de los mineros asalariados de nacionalizar la mina Colquiri. “Todos somos bolivianos, en este momento no debemos hablar de nacionalizar el 100%, todo está nacionalizado, sólo que hay dos operadores: uno es el Estado, a través de Comibol y la Empresa Minera Colquiri, y el otro es la Cooperativa 26 de Febrero”.
Aclaró que lo que se está discutiendo es la actualización del contrato de arrendamiento de la Cooperativa 26 de Febrero con la Comibol y de ninguna manera una “concesión”. Los plazos y los términos de ese contrato deben ser definidos por la Comibol, precisó la autoridad.
Después de brindar un largo informe sobre los niveles de explotación de la veta Rosario, Virreira también mencionó que los cooperativistas no pagan los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las utilidades (IU), como lo hacen con el 13% las empresas privadas y que son fondos para el Estado. “No quieren facturar”, apuntó como otro tema que debe ser resuelto en el diálogo de este martes.
De acuerdo con el último convenio suscrito, la Fedecomin otorga un plazo hasta mañana para que el Gobierno entregue un informe detallado que transparente toda la información sobre las denuncias del sector y responda a las observaciones presentadas por los trabajadores cooperativistas. Este proceso abarca la revisión de listas de asociados entregados por la Cooperativa 26 de Febrero y el informe solicitado a la Comibol acerca de la situación de cobertura de la Empresa Minera de Colquiri.
El origen del conflicto
El problema se desató con la reversión a manos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) del área arrendada a la compañía Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore, y la dotación de parte de la veta Rosario a los cooperativistas. Ambos sectores ratificaron sus movilizaciones en la ciudad de La Paz.
Comisión no logra persuadir a los asalariados
Una comisión de alto nivel conformada por autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía intentó ayer, sin éxito, que los mineros asalariados pertrechados en Colquiri permitan el retorno de los cooperativistas hasta esa población. La comisión, conformada por el inspector general de la Policía Boliviana, Carlos Flores; el director de Régimen Interior, Douglas Sahagun, además de otras autoridades policiales, llegó hasta la localidad denominada La Cumbre, donde los asalariados instalaron un puesto de control para evitar el ingreso de los cooperativistas.
El encuentro, que La Razón no pudo cubrir debido a que un contingente policial al mando de un oficial de apellido Callejas impidió su circulación, comenzó a las 10.30 y duró algo más de media hora. Callejas argumentó que se trataba de una medida de seguridad, pero otros vehículos circulaban por el sector sin problemas.
Más tarde, el secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, Orlando Gutiérrez, confirmó a este medio que “efectivamente recibimos la visita de las autoridades policiales y de Gobierno”. Dijo que les pidieron que dejen ingresar a los cooperativistas y que “incluso la Policía se ofreció a llevar a cada cooperativista hasta su domicilio, en caso de ser necesario”, lo que al final rechazaron.
Además de La Cumbre, los asalariados también instalaron puntos de control en Mamuta, Ocavi y Lagunillas, todas zonas altas.
Mientras, permanecen desplegados 350 policías en la localidad de Caracollo, haciendo una labor “que tiene un fin preventivo”, según dijo a este medio el Inspector General. “Esta es nuestra misión constitucional de brindar seguridad a ambos sectores, en la vía precautoria estamos acá”, insistió, tras aclarar que no recibieron ninguna instrucción para ingresar a Colquiri. Ayer, los policías realizaban un celoso control de los vehículos que circulaban por la zona.