Economía

jueves 24 jun 2021 | Actualizado a 21:14

Policía interviene en Konani y hay 3 heridos; una agente fue liberada

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) decidió abandonar la mesa de diálogo instalada en Oruro después de la intervención policial en Konani

Info bloqueos mineros.

/ 25 de septiembre de 2012 / 06:23

Las cooperativas mineras instalaron ayer 13 puntos de bloqueo en el país para exigir atención a sus demandas. La Policía intervino en Konani, con un saldo de tres heridos. Una agente fue retenida y luego liberada por los cuentapropistas. La Fiscalía iniciará una investigación. Ayer, a las 12.00, se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Policía y los mineros cooperativistas en uno de los principales puntos de bloqueo ubicado en la población de Konani, en la carretera Oruro-La Paz.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer en la tarde que  pese a que varios coroneles de la Policía intentaron persuadir a los cuentapropistas para despejar dicha carretera, sólo recibieron agresiones verbales de los mineros por lo que se produjo un escenario de violencia.

Dijo que producto del hecho se registraron dos heridos de la Cooperativa 26 de Febrero, “que habrían sido impactados por balines de goma”, y un policía herido de gravedad.  La autoridad indicó además que la policía Melva Mamani estaba desaparecida (hasta las 18.00). Romero pidió esclarecer el paradero de la agente debido a que “eso puede complicar terriblemente las cosas”.

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, se comunicó anoche con La Razón e informó que la policía fue liberada a las 22.30, al igual que nueve de sus compañeros que fueron detenidos por la institución del orden. Según el dirigente minero, los cooperativistas fueron maltratados por los efectivos policiales. Dijo que tienen un informe forense y que iniciarán un proceso judicial en contra de los uniformados.

Por la mañana, García había señalado que sus compañeros tenían a dos policías retenidos. “No es que estemos haciéndoles daño, están bajo custodia, pero no los vamos a devolver hasta que liberen a los mineros”.

Investigación. El ministro Romero anunció que el Ministerio Público iniciará una investigación para dar con los responsables del hecho de violencia que causó tres heridos. El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas  Mineras (Fedecomin) de La Paz, Miguel Manuel Coñaja, señaló que la Policía detuvo a cuatro cooperativistas.

La Fencomin, tras cinco horas de diálogo, decidió ayer en Oruro abandonar las negociaciones con el Gobierno debido a la intervención policial en el punto de bloqueo de Konani, sitio donde se apostaron alrededor de 3.000 afiliados al sector.

Romero dijo que se comunicaron con la dirigencia de Fencomin y se dejó sin efecto la “intervención policial” para que no se genere mayor violencia, pero que en el lugar hay un contingente policial para que efectúe tareas de control. En tanto, “ellos analizarían la posibilidad de flexibilizar sus medidas de presión (…). Esperamos que reflexionen los dirigentes de la Fencomin para dejar de perjudicar a la población que necesita cumplir normalmente sus actividades”.

Los cooperativistas iniciaron ayer un bloqueo nacional de caminos que afectó a La Paz, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Beni y Cochabamba en demanda de la atención de los 13 puntos planteados por la Fencomin. Romero  indicó que la demanda central del sector es la aprobación del proyecto de Ley de Cooperativas, que debe ser compatible con la Carta Magna. Coñaja dijo que hoy se reforzarán los bloqueos en Machacamarca, Caihuasi y otros. “Vamos a seguir con los bloqueos hasta las últimas consecuencias”, advirtió el dirigente.

Otros datos sobre el desbloqueo

Amague

El director del Organismo Operativo de Tránsito (OOT) de Oruro, Julio Mendoza, indicó que en el enfrentamiento con los cooperativistas, éstos causaron destrozos de consideración en los buses que transportaron a los efectivos. Además, dijo que quemaron una vivienda y los cultivos de cebada que tenían los comunarios de Konani.

Destrozos

El director del OOT de Potosí, Ramiro Troche, dijo que hubo un amague de enfrentamiento entre los cooperativistas y los transportistas en la tranca de Karachipampa (salida a Sucre) porque éstos últimos pretendían despejar la ruta. No se registraron heridos, añadió.

Los cooperativistas dejan la mesa de diálogo

Los cooperativistas decidieron ayer en Oruro abandonar las negociaciones con el Gobierno debido a que la Policía intervino su principal punto de bloqueo, ubicado en la población de Konani. Tras cinco horas de diálogo, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, indicó que la intervención policial tensionó más la relación con los ministros de Minería, Mario Virreira, y de Trabajo, Daniel Santalla. “Las cooperativas, traicionadas por una actitud como ésta (intervención policial), hemos decidido no participar de la segunda reunión (planificada para las 15.00) hasta que no se retire el contingente policial que existe en el sector de Konani”.

Añadió también que deben retirar a los policías de todos los sectores donde están “acechando” a los bloqueadores, como Santa Cruz y Potosí, entre otras regiones.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se replegó a los efectivos de la población de Konani para no generar mayor violencia y que sólo hay un contingente que hace tareas de vigilancia. “Los cooperativistas se comprometieron a flexibilizar sus medidas de presión”, añadió. García pidió al Ejecutivo presentar en la mesa de negociaciones normas concretas, porque ayer “no trajeron nada, volvieron a decirnos de que hay que dialogar”.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, dijo que pese al abandono de la mesa de diálogo existe una comisión técnica que “está trabajando”. “Tenemos un informe concreto y una respuesta para cada uno de los puntos”. El sector inició ayer un bloqueo de caminos que afectó sobre todo a la región occidental del país. La Fencomin demanda la atención de su agenda de 13 puntos.

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Fiscalía halla unos 5.500 qq de arroz en 5 almacenes

Operativo. Comercios recibieron    la orden de ponerlos a la venta a la población a Bs 65 la arroba

/ 8 de mayo de 2013 / 05:55

En dos operativos realizados entre el lunes y martes en la zona Gran Poder, el Ministerio Público halló en cinco almacenes que fueron intervenidos cerca de 5.500 quintales (qq) de arroz, los cuales fueron puestos a la venta a la población a Bs 65 la arroba.

El fiscal Humberto Quispe, a cargo de las intervenciones en los comercios de esa populosa zona, detalló que el lunes en la noche se hizo un primer operativo en dos almacenes donde habían guardados 2.500 qq del grano, los que posteriormente fueron comercializados a precio justo a la gente.

Precisó que en el control del martes, en el que también participaron autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía, se identificó la existencia de 1.000 qq en un depósito y se estima que hay otros 2.000 qq en dos almacenes que fueron precintados. En total, en ambos operativos, se encontró cerca de 5.500 qq de arroz.

El viceministro interino de Comercio Interno y Exportaciones, Humberto Zambrana, indicó que tras constatar el lunes que habían dos negocios que tenían almacenado el alimento, pero que no estaba siendo comercializado debido a su elevado precio (el quintal era vendido a Bs 380), se inició una investigación. Ese día se intervino ambos comercios y el martes se procedió a comercializar el grano a la población a Bs 65 la arroba.

“Con estas medidas esperamos que el precio del arroz se regularice y haya  una cantidad suficiente del alimento para abastecer de forma adecuada y a un precio justo a la ciudadanía”, manifestó la autoridad a este medio.

El fiscal Quispe indicó que la distribución del arroz a la gente es un derecho fundamental y que si las tiendas de abarrotes no entregan el grano a precio justo, se harán los controles correspondientes y el Ministerio Público utilizará “la fuerza pública”.

Pesquisa. Apuntó que según las declaraciones de los dueños de los comercios intervenidos, el alza del precio se debe a que los ingenios arroceros les entregaron el producto a ese costo. Por ello, señaló que la Policía se trasladará a la ciudad de Santa Cruz para corroborar esta denuncia.

Afirmó que si se verifica este extremo, se procederá a la aprehensión de los propietarios de estas industrias. Quispe agregó que hay más denuncias de otros centros de abastecimiento donde almacenan el producto y que los agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) efectúan un trabajo de inteligencia.

En ese marco, advirtió que si estas personas no venden el alimento a un precio justo serán sancionadas con una pena privativa de libertad de uno a tres años por el delito de agio, tal como lo establece el Código Penal.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se integró al operativo realizado por la Fiscalía, dijo que se pudo comprobar que en los negocios intervenidos las bolsas de arroz estaban acomodadas en varios ambientes y camufladas detrás de envases de fideo.

Romero criticó la actitud de los comerciantes de la zona de especular con los precios del producto y generar “incertidumbre para obtener un beneficio”. Confirmó que la cartera de De- sarrollo Productivo se querellará contra estas personas por el delito de agio. La Intendencia Municipal de La Paz también coadyuvó en la verificación del “ocultamiento del producto”. Quispe acotó que en la tarde se harían operativos en la urbe alteña porque habría otro depósito donde se estaría acopiando el producto.

Comercios garantizan su venta

Reunión

La exdirigente de la Asociación de Comerciantes de Abarrotes en Gran Poder Jimena Calani informó ayer que se reunieron en la tarde con el viceministro Morales y llegaron a un acuerdo con el fin de garantizar el abastecimiento de arroz en el mercado interno e implementar medidas para disminuir el precio del alimento. No quiso detallar otros aspectos del convenio.

Negocios están inscritos en un régimen al que no pertenecen

El fiscal Humberto Quispe afirmó ayer que en los depósitos de varios comerciantes de la zona Gran Poder se constató que éstos tienen una gran cantidad de mercadería, por lo que no deberían estar inscritos en el Régimen Tributario Simplificado (RTS).

Quispe dijo que se verificó que los dueños de los centros de abasto de esta zona están inscritos “como comerciantes minoristas”. “¿Cuándo tiene uno tanta mercadería y dice que es del régimen minorista? No, no corresponde (que estén) en ese régimen”, afirmó.

Asimismo, señaló que se establecerá qué sector está “ocultando” el arroz: si son los comerciantes minoristas, los mayoristas o los ingenios arroceros. Para ello, manifestó que la Fiscalía efectuará las investigaciones respectivas.

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Fiscalía halla unos 5.500 qq de arroz en 5 almacenes

Operativo. Comercios recibieron    la orden de ponerlos a la venta a la población a Bs 65 la arroba

Inspección. El ministro Romero y el fiscal Quispe contabilizan la cantidad de arroz en una tienda.

/ 8 de mayo de 2013 / 05:55

En dos operativos realizados entre el lunes y martes en la zona Gran Poder, el Ministerio Público halló en cinco almacenes que fueron intervenidos cerca de 5.500 quintales (qq) de arroz, los cuales fueron puestos a la venta a la población a Bs 65 la arroba.

El fiscal Humberto Quispe, a cargo de las intervenciones en los comercios de esa populosa zona, detalló que el lunes en la noche se hizo un primer operativo en dos almacenes donde habían guardados 2.500 qq del grano, los que posteriormente fueron comercializados a precio justo a la gente.

Precisó que en el control del martes, en el que también participaron autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía, se identificó la existencia de 1.000 qq en un depósito y se estima que hay otros 2.000 qq en dos almacenes que fueron precintados. En total, en ambos operativos, se encontró cerca de 5.500 qq de arroz.

El viceministro interino de Comercio Interno y Exportaciones, Humberto Zambrana, indicó que tras constatar el lunes que habían dos negocios que tenían almacenado el alimento, pero que no estaba siendo comercializado debido a su elevado precio (el quintal era vendido a Bs 380), se inició una investigación. Ese día se intervino ambos comercios y el martes se procedió a comercializar el grano a la población a Bs 65 la arroba.

“Con estas medidas esperamos que el precio del arroz se regularice y haya  una cantidad suficiente del alimento para abastecer de forma adecuada y a un precio justo a la ciudadanía”, manifestó la autoridad a este medio.

El fiscal Quispe indicó que la distribución del arroz a la gente es un derecho fundamental y que si las tiendas de abarrotes no entregan el grano a precio justo, se harán los controles correspondientes y el Ministerio Público utilizará “la fuerza pública”.

Pesquisa. Apuntó que según las declaraciones de los dueños de los comercios intervenidos, el alza del precio se debe a que los ingenios arroceros les entregaron el producto a ese costo. Por ello, señaló que la Policía se trasladará a la ciudad de Santa Cruz para corroborar esta denuncia.

Afirmó que si se verifica este extremo, se procederá a la aprehensión de los propietarios de estas industrias. Quispe agregó que hay más denuncias de otros centros de abastecimiento donde almacenan el producto y que los agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) efectúan un trabajo de inteligencia.

En ese marco, advirtió que si estas personas no venden el alimento a un precio justo serán sancionadas con una pena privativa de libertad de uno a tres años por el delito de agio, tal como lo establece el Código Penal.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se integró al operativo realizado por la Fiscalía, dijo que se pudo comprobar que en los negocios intervenidos las bolsas de arroz estaban acomodadas en varios ambientes y camufladas detrás de envases de fideo.

Romero criticó la actitud de los comerciantes de la zona de especular con los precios del producto y generar “incertidumbre para obtener un beneficio”. Confirmó que la cartera de De- sarrollo Productivo se querellará contra estas personas por el delito de agio. La Intendencia Municipal de La Paz también coadyuvó en la verificación del “ocultamiento del producto”. Quispe acotó que en la tarde se harían operativos en la urbe alteña porque habría otro depósito donde se estaría acopiando el producto.

Comercios garantizan su venta

Reunión

La exdirigente de la Asociación de Comerciantes de Abarrotes en Gran Poder Jimena Calani informó ayer que se reunieron en la tarde con el viceministro Morales y llegaron a un acuerdo con el fin de garantizar el abastecimiento de arroz en el mercado interno e implementar medidas para disminuir el precio del alimento. No quiso detallar otros aspectos del convenio.

Negocios están inscritos en un régimen al que no pertenecen

El fiscal Humberto Quispe afirmó ayer que en los depósitos de varios comerciantes de la zona Gran Poder se constató que éstos tienen una gran cantidad de mercadería, por lo que no deberían estar inscritos en el Régimen Tributario Simplificado (RTS).

Quispe dijo que se verificó que los dueños de los centros de abasto de esta zona están inscritos “como comerciantes minoristas”. “¿Cuándo tiene uno tanta mercadería y dice que es del régimen minorista? No, no corresponde (que estén) en ese régimen”, afirmó.

Asimismo, señaló que se establecerá qué sector está “ocultando” el arroz: si son los comerciantes minoristas, los mayoristas o los ingenios arroceros. Para ello, manifestó que la Fiscalía efectuará las investigaciones respectivas.

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Conflicto por vetas llega a Porco; el diálogo por Colquiri avanza

Colquiri. Los ministros Romero y Virreira instalaron la reunión con los sectores en conflicto a las 00.30 de hoy.

/ 19 de junio de 2012 / 07:10

El conflicto que enfrentó a asalariados y cooperativistas de Colquiri por áreas de trabajo se extendió ayer a Porco. Los cooperativistas de esa región tomaron las oficinas de la Empresa Minera Porco, administrada por Sinchi Wayra, en demanda de la ampliación de áreas de trabajo.

Entre tanto, el diálogo entre los sectores en conflicto por Colquiri fue reinstalado pasada la medianoche. Cuatro horas antes, a las 20.30, el encuentro estuvo a punto de naufragar porque el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no había llegado a La Paz, provocando la molestia de mineros asalariados y cooperativistas.

Antes de ingresar a la reunión, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, declaró que la Cooperativa 26 de Febrero aceptó devolver las vetas Blanco y Alto Colquiri, lo que permitirá allanar el camino para solucionar el conflicto en esa región. Lo único que resta ahora es afinar algunos detalles del preacuerdo, añadió.

La madrugada del domingo, autoridades de gobierno y representantes de los mineros sindicalizados y de la Cooperativa 26 de Febrero firmaron un preacuerdo que dio una solución parcial al conflicto generado por las áreas de trabajo en el distrito de Colquiri. De los ocho puntos que tiene el documento, siete fueron consensuados. Quedó pendiente de solución el punto relativo a las áreas concesionadas a la cooperativa que deberán ser revertidas al Estado.

Mientras esto sucedía en La Paz, trabajadores afiliados a la Cooperativa Minera Porco Limitada tomaron ayer por la tarde las oficinas administrativas de la Empresa Minera Porco, también gerenciada por Sinchi Wayra, que sufre una ocupación por segunda vez en tres semanas. “Hemos ocupado las oficinas administrativas en Porco”, informó ayer a la agencia AFP su presidente, Enrique Quispe.

El sector exige a la empresa Sinchi Wayra que ceda parte del yacimiento de zinc y plata a las cooperativas de la localidad, en producción minera desde el siglo XIX. En tanto, una fuente del Ministerio de Minería y Metalurgia, que prefirió mantener su nombre en reserva, confirmó a la AFP que tomaron “las oficinas administrativas, pero no el yacimiento minero. Hay tranquilidad en Porco”.

El municipio de Porco está ubicado en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí. La compañía privada prefirió no emitir ningún comentario. Quispe dijo que hasta la fecha no está clara la participación de dicha cooperativa minera en el “subarriendo” que tienen con la empresa, según reportó la radio Aclo de la red Erbol.

El dirigente de la Federación de Trabajadores Mineros de Potosí, Édgar Rejas, pidió a los cooperativistas que aclaren su posición. “Que nos digan qué quieren, es un problema interno o nacional, o es una instrucción de su federación nacional”. El dirigente minero solicitó al sector que “abandone su postura”, porque “esto representa un atentado a sus fuentes laborales”. Caso contrario, Rejas amenazó con desalojarlos “a la fuerza de donde estamos trabajando”.

El 30 de mayo, Colquiri fue tomada por segunda vez por al menos 1.000 afiliados de la Cooperativa 26 de Febrero. Colquiri está ubicada en la provincia paceña de Inquisivi.

Datos del conflicto en Colquiri

Diálogo

El ministro Mario Virreira indicó que se espera “concluir con las últimas conciliaciones —con relación a la reversión de áreas (concesionadas a la Cooperativa 26 de Febrero)— para luego emitir un decreto, una vez que se terminen las negociaciones”.

Inversión

Virreira reiteró que una vez que se aplique la rescisión del contrato de arrendamiento con Sinchi Wayra y ésta pase a manos de la Comibol, se invertirá $us 56 millones en “el desarrollo de áreas sólidas, maquinaria y un ingenio”.

Se revisarán los contratos con Sinchi Wayra

El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, informó ayer que se revisarán todos los contratos que suscribió la empresa minera Sinchi Wayra SA, subsidiaria de la suiza Glencore, con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) a fin de precautelar los recursos del Estado.

“La negociación que vamos a tratar con Sinchi Wayra es del total de los contratos que tiene en nuestro país (…). Nosotros estamos revisando todos los contratos (…) y la negociación que vamos a encarar con esta empresa está en función de su presencia integral en el país. Considero que es nuestra obligación precautelar los recursos del Estado”, manifestó ayer el funcionario en conferencia de prensa.

La Razón intentó comunicarse con los ejecutivos de Sinchi Wayra para conocer su posición al respecto, pero en su oficina central indicaron que los personeros se encontraban en una reunión fuera del lugar.

El ministro precisó que en el caso de Colquiri su contrato de arrendamiento tenía una duración de 17 años más.
Virreira señaló que la empresa tiene suscritos varios contratos de arrendamiento con el Estado y ha efectuado varias inversiones en el país. Por tal motivo, reiteró que en la negociación que se encare con Sinchi Wayra no sólo se tratará el “yacimiento de Colquiri”, sino que se examinarán todos los contratos que tiene la firma en el país.

Según la página web de la suiza Glencore, Sinchi Wayra opera cinco minas en  Oruro, Potosí y La Paz, explotando principalmente zinc, plomo y estaño. Las minas Porco y Colquiri fueron arrendadas a la empresa, y la mina Bolívar está bajo un contrato de riesgo compartido con la Comibol. Un preacuerdo firmado ayer por los mineros asalariados y cooperativistas de Colquiri permite la reversión de la concesión minera concedida en arrendamiento a Sinchi Wayra para que ésta pase a manos de la Comibol.

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