Los inversionistas que quieran socios de cualquier banco, fondo financiero privado, mutual o cooperativa de ahorro y crédito deberán demostrar la legitimidad de los recursos que aporten al capital social de la entidad financiera y tendrán que ser personas de “probada moralidad e idoneidad”.
Así lo establece el anteproyecto de Ley de Servicios Financieros que comenzó a ser analizado el sábado por el gabinete ministerial. “Podrán ser accionistas, socios o asociados fundadores de una entidad financiera, personas naturales o jurídicas de probada moralidad e idoneidad que demuestren la legitimidad de los recursos que constituyen aportes al capital social de la entidad”, cita el artículo 151 de la norma.
El expresidente del Banco Central de Bolivia, Armando Méndez, explicó que esta medida refleja “presiones internacionales sobre Bolivia” para que el Gobierno “emita señales claras de que está luchando abiertamente contra el narcotráfico —al parecer muy en boga en el país en los últimos años—, evitando que se blanqueen capitales ilícitos en el sistema financiero”.
No obstante, agregó, este artículo es “político” y “declarativo”, y “no necesariamente viable”, debido al profundo carácter complejo del sector. Para el presidente de la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), Nelson Hinojosa, la iniciativa “es buena”.
“Para que el sistema financiero sea transparente, uno de los deberes del Estado es tratar de cuidar que las inversiones que se hagan en el sector sean de gente idónea, con respaldo moral y buenos antecedentes. Eso es algo muy razonable y se enmarca dentro de lo que a nivel mundial se está buscando”. Sin embargo, añadió: “Habrá que estudiar el artículo con mayor detalle”.
En octubre de 2011, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aprobó reglas para la prevención, detección y control de operaciones vinculadas con la legitimación de ganacias ilícitas, el financiamiento al terrorismo y otros delitos en actividades de intermediación financiera.
Estrategia. El 3 de junio, la directora de la Asfi, Lenny Valdivia, explicó a La Razón que estas medidas dan cumplimiento a una de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene el objetivo de prevenir los delitos mencionados.
Sin embargo, estas disposiciones no estaban orientadas al control de los capitales del sistema financiero, sino al control de los recursos del cliente. Por ejemplo, los usuarios que realizan transacción o transferencias iguales o mayores a $us 10 mil deben brindar información personal más detallada y justificar el origen de esos recursos.
En Bolivia, la entidad que “norma el régimen de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo e investiga los casos en los que se presume la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo” es la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). De acuerdo con el borrador del anteproyecto de Ley de Servicios Financieros, la UIF dejará de depender de la Asfi y pasará a tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El traspaso de la UIF
Auditoría
Para que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pase a tuición del Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero deberá realizarle una auditoría de los activos asignados.
BCB fijará tasa mínima y máxima en el sistema
El Banco Central de Bolivia (BCB) establecerá las fórmulas y procedimientos para el cálculo de las tasas mínimas o máximas de interés para los créditos y depósitos del sistema y las publicará en un plazo no mayor a una semana.
“Las entidades de intermediación financiera calcularán las tasas de interés anuales efectivas, fijas o variables, utilizando las fórmulas y procedimientos establecidos por el BCB”, señala el artículo 63 del anteproyecto de Ley de Servicios Financieros.
El ente emisor dispondrá la forma y periodicidad de los reportes de dicha información, que será publicada con una periodicidad no mayor a una semana. Ayer, La Razón informó que para “mejorar” los derechos de los usuarios del sistema financiero, el Gobierno establecerá vía decreto tasas “mínimas” de interés para los depósitos y fijará límites máximos para el interés, entre otros, del crédito productivo y el de vivienda.
“Esta nueva ley tiene dos características fundamentales: preservar la estabilidad financiera macroeconómica de Bolivia y mejorar los derechos de quienes utilizan los servicios financieros en todas las instancias del país”, aseguró el viernes el ministro de Economía, Luis Arce Catacora.