Economía

domingo 25 jul 2021 | Actualizado a 17:18

Hasta junio de 2013 se nivelarán tarifas de electricidad en La Paz

Servicio. Los precios se mantendrán invariables en el área urbana, dice el Gobierno

Resguardo. Las oficinas de Electropaz en la sede de gobierno fueron resguardadas luego de la nacionalización. Foto: Andrés Rojas

/ 1 de enero de 2013 / 04:10

El Gobierno se fija un plazo de seis meses para bajar las tarifas de energía eléctrica en el área rural de La Paz. En el caso de Oruro el proceso es complejo pues se tienen que iniciar conversaciones con las 146  empresas encargadas de distribuir este servicio en las zonas rurales.

El anuncio fue hecho ayer por la viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, durante una entrevista en el programa Hola País de la red Pat, en la que explicó los alcances de la nacionalización de las distribuidoras de energía en La Paz y Oruro, filiales de la española Iberdrola.

“Vamos a trabajar de manera conjunta para ir identificando a las 146 (empresas distribuidoras de Oruro) y poder entablar las conversaciones requeridas, esperamos que no sea largo (…). En el caso de La Paz, esperemos poder nivelar las tarifas en el primer semestre” de 2013, anticipó.

El sábado, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto 1448 de nacionalización de las distribuidoras Electricidad de La Paz SA (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro SA (Elfeosa), además de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la Empresa de Servicios Eléctricos (Edeser).

El gerente general interino de Electropaz y Elfeosa, René Ustáriz, explicó a La Razón que “las 146 pequeñas empresas” de Oruro le compran la energía “al mayoreo” a esta firma y la distribuyen al área rural.

Ustáriz aclaró que estas 146 empresas no serán afectadas con la nacionalización porque de igual manera podrán comprarle la energía eléctrica por mayor a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que tiene a su cargo a Elfeosa desde el sábado.

En la actualidad, la tarifa que se cobra por el consumo eléctrico en la ciudad de La Paz es de Bs 0,63 por kilovatio hora (kwh) y el suministro está a cargo de Electropaz. En el área rural el pago asciende a Bs 1,59 por kwh y la Empresa Rural de Electricidad La Paz (Emprelpaz) está a cargo.

En Oruro la tarifa del servicio de electricidad en el área urbana es Bs 0,69 por kwh y en el área rural Bs 1,59. El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, informó el domingo que como la Empresa de Electricidad de La Paz (Emprelpaz) estaba en quiebra por algunas irregularidades, no se pudo nivelar las tarifas, razón por la que se procedió a su intervención a fin de conocer cuál es su situación financiera actual.

Una vez que se tenga los resultados de la intervención, Sosa anticipó que ENDE se hará cargo de Emprelpaz pero continuará distribuyendo energía eléctrica al área rural.

La diferencia que existe entre las tarifas del área rural con la urbana en el departamento de La Paz será cubierta con el 15% de las utilidades de Electropaz, añadió Sosa el domingo. La Viceministra de Electricidad y Energías Alternativas dijo que en el área urbana de La Paz hay más de 400 mil usuarios, en tanto que en el área rural 90 mil, y es a quienes se debe llegar con tarifas bajas.

El Ministro de Hidrocarburos y Energía indicó el domingo que espera tener una reunión “cordial” esta semana con los ejecutivos de Iberdrola para empezar a dialogar sobre la compensación económica que se le dará por la expropiación.

La medida ha sido respaldada por sectores leales al Gobierno y criticada por empresarios y opositores.

Inversión, energía y Utilidades

Retraso
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, informó que Electropaz y Elfeosa no cumplieron con los planes de inversión que debían realizar en 2011 respecto al tendido de líneas de alta tensión para ampliar y mejorar el servicio de electricidad.

Tarifas
La viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, garantizó que las tarifas en las áreas urbanas de La Paz y Oruro “se mantendrán invariables”, por lo que no hay motivo alguno para que la gente se preocupe.

Viceministra Jiménez justifica expropiación

EFE

El Gobierno justificó ayer la expropiación de las filiales de la española Iberdrola en Bolivia con el argumento de que la firma no quiso ampliar la distribución de electricidad a las áreas rurales de las regiones de La Paz y Oruro, ni igualar las tarifas de esas zonas con las de las ciudades.

En una entrevista con la radio Erbol, la viceministra de Electricidad y Energías Alternativas, Hortensia Jiménez, ratificó que el Ejecutivo pidió a Iberdrola que ampliara sus operaciones a las áreas rurales de La Paz y Oruro para que bajara el coste de los servicios en el campo, pero la firma no les dio una “respuesta definitiva”. “Ellos no veían posible una solución de este tipo, no lo demostraron de manera directa (…). Hubo un acercamiento en el que el Estado les planteó la necesidad, no hubo una respuesta concreta que diera lugar a que ellos pudieran asumir los sistemas eléctricos rurales y se toma la decisión”, señaló Jiménez, según el reporte de la agencia EFE.

La medida fue anunciada por sorpresa el sábado por el presidente Evo Morales, que presentó un decreto que expropia las acciones de Iberdrola en las principales distribuidoras eléctricas de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeosa, en la empresa de servicios Edeser y en una gestora de inversiones. Con la nueva expropiación se pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas urbana y rural de ambas regiones, pues mientras en las ciudades el coste promedio es de Bs 0,63 por kilovatio/hora, en el campo sube hasta los Bs 1,59.

Jiménez sostuvo que las filiales de Iberdrola “nunca tuvieron la decisión ni la voluntad de poder entrar en el área rural para poder prestar su servicio”, lo que ocasionó que surjan pequeñas cooperativas de servicios que distribuyen electricidad.

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Arce confirma recibimiento del informe del GIEI sobre la violencia y muertes en 2019

El Presidente confirmó que ahora resta esperar los plazos fijados en el acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer público el documento.

Foto: Rodwy Cazón

/ 24 de julio de 2021 / 15:26

El presidente Luis Arce confirmó este sábado que recibió el informe en borrador del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación de los hechos de violencia y muertes ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019.

“El documento oficial se hará público de acuerdo a protocolo de plazos acordado con este organismo”, explicó sobre el contenido del informe que ahora deberá ser sometido a una revisión por parte del Gobierno para ver si hay o no observaciones.

El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado que, “ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”.

Durante el periodo de estudio los hechos más violentes se dieron en Sacaba y Senkata, donde más de una veintena de personas perdieron la vida por impactos de bala por la intervención de las protestas sociales por parte de fueras combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía.

“Comunicamos oficialmente al pueblo boliviano, especialmente a las y los familiares de las víctimas de las masacres de #Senkata y #Sacaba, que hoy hemos recibido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”, explicó Arce en un mansaje en su cuenta en Twitter.

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El CEO quema un vehículo en Huachacalla y pobladores anuncian bloqueo de carreteras

El vehículo pertenecía a una familia que había llegado de Paraguay y debido a desperfectos técnicos dejaron el motorizado en la carretera.

Por Rosío Flores

/ 23 de julio de 2021 / 13:59

El alcalde de Huachacalla, Iván Rodríguez, denunció que el personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) quemó un vehículo que le pertenecía a una familia que había llegado de Paraguay.

Según la autoridad, la familia, oriunda de Huachacalla pero que radica en Paraguay, llegó el 22 de abril a la región e ingresaron con dos vehículos por la frontera con Villamontes donde presentaron la documentación que acredita la legalidad de ambos motorizados.

La noche del miércoles, padre e hijo se aprestaban a trasladarse a otra comunidad en los vehículos, y uno de ellos sufrió un desperfecto. “Ellos estaban viendo cómo cambiar una de las llantas que se había pinchado y en ese momento aparecieron los del CEO y los acusaron de que el vehículo era de contrabando”.

Los propietarios, luego de presentar la documentación legal de los vehículos, les habrían pedido a los del CEO ayudarles a solucionar el problema del automóvil a lo que habrían respondido que estaban ocupados, por lo que decidieron dejar el motorizado en la carretera.

“Al día siguiente volvieron para recoger el automóvil, sin embargo lo encontraron quemado”, relató Rodríguez.

Este viernes se reunieron con uno de los efectivos del CEO, quien habría mencionado que “tienen toda la potestad de quemar, que la ley les ampara y que el vehículo es sospechoso de ser de contrabando”.

El Alcalde denunció ese atropello y sostuvo que de no dar una solución y que se le restituya el vehículo a la familia procederán con el bloqueo de carreteras desde el lunes.

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El Gobierno destinará $us 83,9 MM a la realización del censo del 2022

El vocero presidencial Jorge Richter informó que el Gobierno del presidente Luis Arce garantiza la realización del proceso censal fijado para el 16 de noviembre de 2022

Jorge Richter

/ 23 de julio de 2021 / 00:46

El censo del 2022 le presentará a Bolivia un costo de al menos $us 83,9 millones, $us 28,9 millones más que similar proceso de 2012. Los recursos económicos provendrán del Tesoro General y del Banco Mundial, informó el vocero presidencial Jorge Richter.

Mediante decreto 4546, el Gobierno declaró de “prioridad nacional” la realización del censo que estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE). La recolección de los datos fue fijada para el 16 de noviembre de 2022.

“Está garantizado (el presupuesto), no es una suma pequeña, esos recursos pudieron haber sido trasladada a la pandemia”, consideró Richter en una entrevista en la red Uno. Dijo que por la pandemia Argentina, Ecuador y Brasil suspendieron similares proceso.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el dirigente cívico Rómulo Calvo están entre los que exigían la realización de este censo que, entre otros aspectos, redefine la asignación de recursos económicos y escaños legislativos.

El empadronamiento del Censo de Población y Vivienda – 2022 será ejecutado por el INE en fecha 16 de noviembre de 2022. “En las áreas urbanas el empadronamiento durará un (1) día, mientras que en las áreas rurales con población dispersa, el empadronamiento se podría extender hasta por tres (3) días”, refiere el parágrafo II del artículo 5 del decreto 4546.

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A junio, el movimiento de carga por el puerto de Ilo creció en 105% respecto de 2020

Entre enero y junio de este año fueron movilizadas 79.672 toneladas de carga por el puerto peruano de Ilo.

Los barcos de carga en el puerto peruano de Ilo. Foto: ABI

/ 22 de julio de 2021 / 13:56

La Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) reportó que al primer semestre de este año, el movimiento de carga por el puerto peruano de Ilo se incrementó en 105% respecto a similar periodo de 2020, cifra que evidencia la reactivación del comercio exterior favorable para el país.

El reporte precisa que por ese puerto peruano fueron movilizadas 79.672 toneladas de carga entre enero y junio de este 2021 respecto al mismo periodo de 2020, cuando se despacharon 38.761 toneladas.

El gerente ejecutivo de ASP-B, Dante Justiniano, destacó este incremento del flujo de carga por ese puerto peruano y consideró que este movimiento es muestra de la reactivación del comercio exterior.

“Este movimiento de exportaciones e importaciones que involucran a Bolivia, sin duda, es un buen síntoma de la dinamización de la economía en el país”, afirmó.

De acuerdo con los datos de la ASP-B, la carga movilizada entre enero y junio de este año alcanzó 79.672 toneladas y superó a todas las gestiones anteriores. En todo 2020 fueron movidas 58.289 toneladas, en 2019 llegó a 70.083, mientras que en el primer año de operaciones de la ASP-B en Ilo se registró 22.097 toneladas.

Estos datos muestran que la cifra despachada en el primer semestre de este año superó con creces a los registros anuales, por separado, de 2018, 2019 y 2020.

Estos registros señalan que al primer semestre de este año se superó el doble de lo que se movió en el mismo periodo en 2019 cuando llegó a 37.107 toneladas y 38.761 toneladas en 2020.

En abril de 2018, se comenzó a mover carga de importación y exportación, constituyéndose en nueva alternativa de puerto para los bolivianos.

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El Gobierno desembolsa Bs 1.854 millones para empresas constructoras en el país

En los primeros ocho meses de esta gestión se reactivó un total de 303 construcciones camineras en todo el territorio nacional.

El ministro Édgar Montaño, en conferencia de prensa de este jueves. Foto: APG

/ 22 de julio de 2021 / 13:48

El Gobierno desembolsó Bs 1.854 millones para las empresas constructoras que trabajan en diferentes tramos carreteros en el país. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó que con esos recursos las compañías no tienen justificativo para paralizar las obras.

“Hemos podido desembolsar recursos económicos para las empresas constructoras que están a cargo de las carreteras la suma de 1.854 millones de bolivianos; entonces, aquí ya no hay ningún pretexto de ninguna empresa constructora que no se le haya inyectado recursos económicos y que no estuviera pudiendo arrancar”, explicó en conferencia de prensa.

Desde noviembre de 2020 hasta junio de este año, el Gobierno reactivó un total de 303 proyectos camineros en todo el país, los cuales fueron paralizados durante la administración de Jeanine Áñez.

Montaño dijo que los recursos económicos desembolsados son inyectados en construcciones de los nueve departamentos. Para ello, las empresas deben tener sus carpetas al día, cumplir con el pliego de especificaciones técnicas y el avance de obra de acuerdo al contrato y “nosotros cumplimos con el pago de planillas”.

Indicó que son unas tres empresas que al momento no se reactivaron debido a la falta de las condiciones, por lo que Montaño pidió a esas firmas “hacer los esfuerzo” para reactivarse.

Según datos del Ministerio de Obras Públicas, en los ocho meses de gestión del gobierno del presidente Luis Arce (noviembre 2020-junio 2021) se reactivaron 303 proyectos camineros en todo el país, de los cuales 139 son de construcción, 147 de conservación, 16 de rehabilitación y uno de mejoramiento. Esos trabajos son ejecutados con una inversión de Bs 1.854.243.108.

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