El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la nueva estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) contemplará los artículos y los alimentos que son más “representativos” para la población boliviana.

El director del INE, Luis Pereira, consultado sobre si la nueva estructura del IPC contemplará 364 productos, dijo “que eso depende de la estructura que salga, debido a que cuando uno arma el IPC se tiene que ver toda la gama de bienes, desde los cereales hasta los electrodomésticos, (porque) éstos deben estar representados en la canasta”. La autoridad detalló que se debe efectuar el seguimiento de cada uno de esos grupos para ver cuál ha sido el cambio de precios.

En la actual estructura del IPC o inflación, que fue aplicada desde abril de 2007, se incorporó a los nueve departamentos del país y considera 364 productos y servicios, a diferencia de los 332 que eran tomados en cuenta en el índice inflacionario de base del año 1991. Antes de la modificación sólo se tenían como referentes a las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba.

Pereira explicó que las categorías que se incluirán en el IPC se definirán en la Encuesta de Presupuestos Familiares de Ingresos y Gastos. “Esa encuesta definirá si ha aumentado el número de artículos representativos, se han diversificado o se han concentrado”.

Señaló que se seleccionará los productos más representativos así como los bienes y servicios. Indicó que la encuesta establecerá por ejemplo si la demanda de cereales se ha diversificado a otros como el tarwi, quinua y otros.

Detalló que la encuesta definirá si los celulares de alta gama o las tablets “son artículos representativos del hogar o sólo son de un conjunto o de la mayor parte de los hogares bolivianos”.

Agregó también que es probable que algunos productos ya no sean incluidos en el IPC como las especies piscícolas que han desaparecido, como la boga. En esa línea, Luis Pereira aseguró que para la ejecución de dicha encuesta se recogerá datos de los hogares en boletas por una semana, lo que otorgará la posibilidad de tener un cálculo exacto de las ponderaciones en términos de gastos que hacen hoy las familias.

“La encuesta determinará la estructura de gastos de los hogares no sólo en productos alimenticios, sino también toda la gama de necesidades que tienen las familias como vestimenta, vivienda, esparcimiento, salud, entre otros”. Para ello, el director expresó que el Ejecutivo efectúa las gestiones para ampliar el financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para  realizar dicha encuesta en 2015.

Ante los avasallamientos de tierras, suscitados principalmente en Santa Cruz, el Instituto Nacional de Estadística (INE) anunció ayer que hasta la fecha se empadronaron cinco unidades productivas agropecuarias en las oficinas de la institución estatal. Así lo informó ayer el director del INE, Luis Pereira, quien además indicó que una de las unidades productivas registradas pertenecía al municipio cruceño de Pailón.

Recordó que ante la toma ilegal de tierras se ha desarrollado una estrategia en coordinación con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y los productores que consiste en que si los agentes censales no pueden ingresar a las unidades productivas porque hay un lío de límites, el registro de datos se hará en las oficinas del INE.

El 4 de octubre, La Razón dio a conocer que la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios Avasallados (ASPPA) reveló que en Santa Cruz se contabilizaron 75 predios intervenidos de manera ilegal por los avasalladores.

El titular del INE manifestó que “es probable” que muchas de estas unidades productivas sean empadronadas en el mismo lugar debido a que “el propietario no ha perdido el control de toda su tierra”. Reiteró que en tres comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) no se hizo el registro de datos de las unidades productivas, como San Vicente.

Pereira indicó que al no contar con información de esas comunidades los municipios son los que tendrán dificultades para atender sus requerimientos en el área del desarrollo agropecuario.

“Que las comunidades no doten información estadística para su municipio le genera problemas al mismo Gobierno local porque no podrá establecer la seguridad alimentaria de esa comunidad”. Aclaró que evitar que los empadronadores recojan información de las unidades productivas  perjudica a las propias comunidades y no a la institución estatal.

La Aduana abrió la posibilidad de habilitar el paso fronterizo de Charaña para permitir la salida de camiones de alto tonelaje vacíos hacia puertos chilenos a fin de agilizar el tránsito de mercaderías en Tambo Quemado.

“Se ha abierto la posibilidad de habilitar el puesto de control fronterizo de Charaña para que circulen camiones vacíos hacia Chile y así podremos reducir el flujo de vehículos en el paso de Tambo Quemado”, dijo a La Razón la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya.

La autoridad indicó que se efectuarán las gestiones correspondientes con la Aduana de Chile para rehabilitar el paso fronterizo por Visviri, en el lado chileno. Agregó además que en los siguientes días se efectuará una inspección al lugar con representantes del transporte pesado para ver si se habilita o no este paso.

Desde el 22 de septiembre, la situación de la recepción y despacho de carga aduanera se volvió lenta en el paso de Chungará, lo que provocó que un centenar de vehículos de alto tonelaje se queden varados. Cinco días después, el Gobierno boliviano exigió a Chile agilizar los trámites de los operadores de comercio exterior.

Por otro lado, Ardaya indicó que el miércoles, en una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se analizó la posibilidad de que la Aduana efectúe la selección de determinados tránsitos para agilizar los despachos.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) indicó ayer que la inflación acumulada del 5,6% al tercer trimestre de este año no es un indicador de que el crecimiento económico disminuirá.

Entre enero y septiembre de 2013, la inflación acumulada llegó a 5,65% y superó la proyección realizada por el Gobierno para este año, que era de 4,8%. “No creemos que este indicador sea algo para alarmarse y esperemos que con la aplicación de algunas medidas se pueda controlar, pero esto no significa que si el indicador sube no habrá crecimiento”, manifestó ayer el presidente de la CEPB, Daniel Sánchez.

Por ello, expresó que el sector espera que el índice no suba más hasta cerrar este año como en los dos últimos meses en los que las sequías y heladas afectaron la producción de algunos alimentos, lo que provocó el aumento de los precios.

En ese marco, sugirió que para controlar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debería agilizar la aprobación de la Ley de Inversiones y autorizar la importación con arancel cero de otros productos que escasean y son costosos.

A septiembre, los pobres asimilan inflación de 7,04%

ANF

La Fundación Jubileo informó que en septiembre el alza de precios de los alimentos fue de 3,93%, lo cual influyó en que la inflación acumulada al tercer trimestre sea de 5,65% y que los sectores más pobres serán los que soporten sus efectos.

“En septiembre los precios de los alimentos subieron en 3,93% y esto ha influido para que la inflación acumulada a septiembre sea del 5,65%”, dijo Jaime Pérez, investigador de la Fundación Jubileo. Aseguró que las personas  pobres tiene un índice mayor de inflación y que para ellos éste sería del 7,04%.

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reiteró que la Cooperativa de Teléfonos La Paz Ltda (Cotel) puede acogerse a un plan de pagos de hasta tres años para cancelar su deuda tributaria de Bs 120 millones, cuya sentencia judicial salió a favor del fisco.

El presidente del SIN, Erik Ariñez, explicó ayer que según la norma vigente el plan de pagos permite que los contribuyentes que “tienen deudas importantes, hagan un pago anticipado, constituyan una garantía y programen sus deudas. Puede llegar hasta los tres años y en ese tiempo se tendría que hacer este pago”.

Ariñez indicó que la cooperativa tiene “más de tres deudas” impositivas pero que “aún  no son definitivas”, de las cuales reiteró que una fue ejecutoriada y llega a Bs 120 millones.

El 28 de septiembre, La Razón informó que la interventora de la cooperativa, Nila Heredia, expresó que se negociará con el fisco el pago en cuotas de una deuda tributaria de Bs 120 millones, cuya sentencia judicial salió a favor del fisco. La decisión asumida busca evitar que el monto señalado se incremente en el tiempo.

Ariñez dijo que se reunió con Heredia y le detalló las deudas que tiene la cooperativa. Destacó que la interventora tienen una “buena predisposición para pagar esta deuda ejecutoriada, (ahora) si se cumplen con todas las condiciones, daríamos vía libre a este pago”.