A través de un nuevo decreto supremo, que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, el Gobierno incrementó las sanciones penales y, ahora, aquel que incurra en el delito de contrabando, llevando productos nacionales hacia los países vecinos, puede recibir una condena de hasta 14 años.

“Comete delito de contrabando de exportación agravado cuando se transporte o intente extraer alimentos, sin cumplir los requisitos legales, será sancionado con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los elementos del delito”, leyó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

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La Ley 100, de 2011, establecía sanciones de entre ocho a 12 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito.

Sin embargo, debido a que el contrabando a la inversa se incrementó en el último periodo, el Gobierno consideró que se debe endurecer las sanciones para que los casos no sean replicados.

El viceministro de Derechos del Usuario y Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, a la fecha, al menos 60 personas fueron detenidas por dedicarse a delitos de agio, especulación y contrabando. Sin embargo, protestó que no se hayan iniciado procesos legales contra personas que incurren en delitos.

Según el Gobierno, una de las principales causas del alza de precios en el país es que los productores y vendedores llevan la mercancía hacia los países vecinos.

“Vamos a contribuir a que ese contrabando disminuya y que también se estabilicen los precios en el mercado interno”, señaló Huanca.

Más allá del control, el decreto también plantea la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las zonas fronterizas para permitir una respuesta ante aquellos que infrinjan la normativa.

Para evitar el contrabando a la inversa, el Gobierno aprobó un decreto supremo que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, cuyo fin es el control de productos llevados hacia las zonas fronterizas y luego sacados del país de manera ilegal.

“Con esta medida continuaremos garantizando la estabilidad de los precios y el abastecimiento de alimentos para las familias bolivianas a precios justos”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

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Decreto

El decreto supremo establece medidas de prevención y control. Una de ellas, que responde a una solución de corto plazo al problema que atraviesa el país, es la elaboración de una lista de alimentos que pueden ser trasladados hacia las fronteras.

“Hoy por hoy necesitamos controlar el traslado del arroz, carne de pollo, aceite, azúcar, carne de res, papa”, afirmó el ministro.

Esos productos son los más “contrabandeados” hacia países vecinos, donde cuestan incluso más del doble de precios que en Bolivia.

Huanca explicó que el decreto establece también la emisión de certificados de abastecimiento para garantizar el volumen suficiente de quienes viven en zonas fronterizas y que estos no se vean afectados. De esta manera, si se transporta en demasía, se realizará el decomiso, pues el Gobierno verificará con el certificado que esa región tiene abastecimiento.

Sin embargo, esta norma no alcanza al traslado de alimentos destinados al consumo doméstico. Asimismo, la exportación formal tampoco se verá afectada, debido a que cuenta con la autorización correspondiente.

Oficinas

Además, el ministro explicó que se gestionará, junto al Ministerio de Defensa, la apertura de oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en los municipios fronterizos para una rápida respuesta.

La aprobación del decreto responde a un incremento del ‘contrabando al inverso’; mediante el cual los productos bolivianos son llevados a otros países para venderse, inclusive, al doble de precio.

Para detener este delito, el presidente Luis Arce ordenó la militarización de las zonas fronterizas, medida para la que se desplazó 1.000 efectivos militares.

Con el objetivo de hacer frente a la lucha contra el contrabando a la inversa que afecta al precio de los productos del mercado interno, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC) anunció la construcción de ‘zanjas’ con el fin de obstruir los ‘pasos clandestinos’ en el municipio de Guaqui, La Paz, cerca de la frontera con Perú.

“Como otra medida, el VLCC, en coordinación con las autoridades de Guaqui, hemos instalado una maquinaría para que puedan hacer zanjas y evitar, bloquear, neutralizar, los caminos clandestinos que existen y bordean los puntos de control”, explicó en conferencia de prensa.el titular de esta cartera de Estado, Luis Velásquez.

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Según explicó la autoridad, en los últimos controles, luego de que se ordenara reforzar el control militar en las fronteras, se identificó que existen más de 150 pasos clandestinos en la parte occidental de Bolivia.

Estos son utilizados por los camiones que se dedican al contrabando de productos para poder ingresar o salir del país sin ser identificados.

Ahora que se localizó cuáles son esos puntos clandestinos, se realizarán algunas aperturas en la tierra para que los vehículos no puedan transita. Así, deberán recurrir a los caminos oficiales si quieren llegar a su destino.

Además, tras la orden de militarización de las fronteras por parte del presidente Luis Arce, Velásquez informó que aproximadamente 1.000 efectivos militares se encuentran desplegados en más de 7.000 kilómetros de línea fronteriza.

El director del Servicio Nacional de Migración de Chile, Luis Thayer, informó que los bolivianos que trabajan en Chile, entre residentes temporales y definitivos, envían, en remesas, $us 300 millones en un promedio anual de los últimos años.

“El Banco Central de Chile hizo un cálculo, que es un poco difícil, puesto que muchas remesas se dan por vías informales, por tanto, no queda un registro. En 2023, se estima que se envió a Bolivia $us 300 millones”, dijo en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

En su criterio, es un volumen significativo para ambos países. “Eso se debe a que es una migración de trabajadores que contribuyen a Bolivia y Chile. Son trabajadores estratégicos en la agricultura”.

Indicó que su país está interesado en que la migración de los bolivianos se dé en condiciones de respeto de los trabajadores migrantes. 

En cuanto a la cantidad de migrantes, Thayer señaló que su país, en lo que va de 2024, entregó 85.000 visas temporales solicitudes desde el extranjero, de las cuales el 30% son trabajadores bolivianos. “Son el principal usuario del del Servicio Nacional de Migración de Chile”.

Sobre el trámite de la visa Mercosur, afirmó que es procedimiento liviano y flexible en términos de burocracia. “En 2022, otorgamos a ciudadanos bolivianos 1.800 visas Mercosur; en 2023, 5.700 visas; y en 2024, casi 12.000”.

“Es un instrumento que se otorga con una vigencia de dos años”, dijo.

En caso de que los bolivianos quieran tener una visa de residencia definitiva deberán cumplir con algunos requisitos. “Nosotros tenemos una población boliviana que se acerca a casi 200.000 personas. Es una de las comunidades más importantes”. 

España, Estados Unidos, Chile, Brasil y Argentina, en ese orden, son los principales países de origen para las remesas que son enviadas al país. Entre los cinco suman, hasta junio de este año, el 84% ($us 538,27 millones) de los flujos de dinero que reciben los hogares bolivianos por parte de sus familiares que trabajan en el exterior.

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Con el objetivo de mitigar los efectos de la ‘inflación importada’, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que, a través de un nuevo decreto supremo, se redujo a cero el gravamen arancelario para la importación de productos de aseo.

“El gabinete del presidente Luis Arce ha aprobado un decreto supremo que reduce y difiere temporalmente el arancel a cero en los productos de aseo”, informó este miércoles en conferencia de prensa.

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Aseo

Montenegro explicó el lunes que el incremento de la inflación en el país, que llegó a 5,53% a septiembre de este año, se debe al aumento de los costos de los productos en su país de origen.

Debido a que la industria nacional no produce shampoo, desodorante, acondicionador y dentríficos, entre otros, estos productos de aseo aumentaron su precio de manera considerable, ya que son importados.

Con el decreto supremo se pretende quitar el impuesto que normalmente se cobra cuando se traen al país productos de limpieza e higiene desde otros países. Esto significa que serán más baratos de importar.

Mitigar

“Es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera”, explicó Montenegro.

Con esta medida, el Gobierno espera que los costos puedan reducirse y regularizarse en el mercado interno.

El ministro recordó que la reducción del gravamen arancelario también se aplicó con el maíz, con productos de repuesto para el sector de transporte y con el insumo de medicamentos.

Ahora, la Aduana Nacional tendrá un plazo de tres días para modificar su sistema y permitir que se importe a precios más bajos. La medida aplicará hasta el 31 de diciembre de este año.

En su criterio, esto es una muestra de la adaptabilidad que tiene la política fiscal del Gobierno para generar un “alivio en los precios” que se ven incrementados por la “inflación importada”.