La compañía española Abertis, propietaria del 90% de la empresa aeroportuaria SABSA nacionalizada hoy por Bolivia, negó las acusaciones de falta de inversión lanzadas por el presidente Evo Morales y afirmó esperar «una compensación adecuada».
«Desde la adquisición de SABSA, Abertis ha realizado un importante esfuerzo inversor en sus tres aeropuertos», Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, afirmó la empresa en un comunicado.
«En el período 2005-2012, SABSA invirtió 12,6 millones de dólares (…) además de pagar cánones a la autoridad concedente por importe de 38,6 millones de dólares e impuestos por 9,4 millones», aseguró.
Morales anunció la nacionalización alegando la falta de inversiones por parte de sus gestores, las españolas Abertis y Aena.
Morales también prometió pagar indemnizaciones por la expropiación, en unas negociaciones que deben comenzar en un plazo de 180 días.
Afirmando respetar la decisión del gobierno boliviano, «siempre que este proceso se lleve a cabo conforme a los principios internacionales de derecho», Abertis se puso a disposición de La Paz «para comenzar las negociaciones».
La compañía «confía en llegar a un acuerdo para alcanzar una compensación adecuada», subrayó.
Además de defender su gestión, la empresa española denunció «los diversos incumplimientos del Estado de Bolivia», entre ellos el régimen aplicable a las tarifas por servicios de embarque y aterrizaje, por el que en 2011 inició un procedimiento de arbitraje internacional.
Desde 2003 Bolivia «congeló la actualización de dichas tarifas y en 2005 las rebajó de manera arbitraria, ilegal y sin seguir un proceso que hubiera permitido una adecuada defensa por parte de SABSA», afirmó, recordando que ya reclamó «en su día una indemnización compensatoria» por unos 90 millones de dólares.
«A esto hay que añadir que en el período 2005-2012 el Gobierno de Bolivia ha ido decretando año tras año una subida de los costes laborales muy por encima de la inflación, lo cual sitúa a SABSA en una situación financiera cada vez más delicada», agregó Abertis, asegurando que esta expropiación «tiene un impacto nulo» en sus cuentas.