La Comisión Europea ha hecho llegar a Bolivia su «preocupación» por la expropiación de SABSA, la filial de Abertis y AENA que gestiona varios aeropuertos bolivianos, pero carece de instrumentos de represalia para actuar contra las inversiones bolivianas en la UE, según admitió el responsable de Comercio, Karel de Gucht.
«No hay ninguna vía legal evidente para que la UE actúe contra las inversiones y propiedades bolivianas en Europa», afirmó De Gucht en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado del PP Europeo Diogo Feio, en la que se interesaba por posibles represalias ante la nacionalización de SABSA, señala una nota publicada en la página digital europapress.es.
«La posible respuesta está determinada por el Tratado de Inversión bilateral entre Bolivia y España, y corresponde a las empresas activar las disposiciones del mismo», añadió el comisario.
De cualquier forma, el Ejecutivo comunitario planteó su inquietud por este caso directamente al embajador boliviano ante la UE, y éste «confirmó el compromiso de Bolivia de garantizar una compensación adecuada a las compañías en cuestión».
El gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó el 18 de febrero el paquete accionario de la empresa SABSA, filial de la española Abertis y Aena, debido a la falta de inversión para mejoras en los aeropuertos del eje troncal boliviano.
Bruselas admitió que el Gobierno boliviano tiene derecho a llevar a cabo nacionalizaciones, pero matiza que estas «sólo pueden realizarse por objetivos legítimos de política pública, de conformidad con el debido proceso legal, de manera no discriminatoria y pagando de forma rápida una compensación adecuada y eficaz».
«Las nacionalizaciones recurrentes de empresas extranjeras envían una señal perjudicial a los operadores económicos extranjeros», afirmó De Gucht, publicó el portal digital europapress.es.
Morales afirmó el día de la nacionalización que SABSA pagó en 1997 Bs 26.050, correspondiente a 2.603 acciones, para administrar los aeropuertos del eje troncal valuados en $us 430 millones.
Abertis calculó en unos 90 millones de dólares (unos 67,6 millones de euros al cambio actual) la «justa compensación» por la nacionalización de sus acciones, señaló en febrero el consejero delegado del grupo, Francisco Reynés.