La Gobernación de Chuquisaca anunció ayer que apelará ante el Tribunal Supremo de Justicia el fallo que la obliga a pagar a Soboce $us 93,3 millones por la expropiación del 33,34% de sus acciones en Fancesa. Además, el gobernador Esteban Urquizu amenazó con no pagar a la Sociedad Boliviana de Cemento SA (Soboce) ese monto de dinero y le declaró una “guerra política” para defender los intereses de esa fábrica y del departamento de Chuquisaca.
La reacción de Urquizu surgió luego de que se hizo público un fallo judicial, el cual determina que la Gobernación debe pagar a Soboce $us 93,35 millones por el 33,34% de acciones que poseía en Fancesa y que le fue revertido a través de un decreto aprobado el 1 de septiembre de 2010.
Urquizu, dentro de sus argumentos, expresó que no pagará a Soboce “mientras el señor Samuel Doria Medina no solucione en las instancias legales, en el Órgano Judicial lo que es el daño económico a Chuquisaca, lo que es el convenio Universidad-Soboce”.
La Alcaldía de Sucre inició a Soboce dos juicios. El primero fue por el convenio que fue firmado entre esta compañía y la Universidad San Francisco Xavier para administrar Fancesa por el lapso de diez años. A cambio, la cementera paceña le entregó Bs 12,5 millones. El otro proceso fue abierto contra Soboce por competencia desleal.
Urquizu convocó a todos los sectores sociales a pronunciarse. “El pueblo me tiene que ordenar si es que llegamos a cancelar al señor Samuel Doria Medina o es que este señor (…) va a pagar a los chuquisaqueños. Que no sea tan testarudo de venir aquí a hacernos creer que el gobierno departamental no quiere cumplir con la norma”, puntualizó.
La Gobernación responderá con las leyes y normas, señaló la autoridad y añadió que no tiene ningún problema en llegar a las instancias legales. No obstante, advirtió que detrás del gobierno departamental también hay organizaciones y sectores sociales que lo apoyan y respaldan.
Recurso. “Ahora sí, si entramos a la guerra política, como él quiso entrar, vamos a entrar, lo vamos a asumir porque al final quien les habla no va a ir a negociar de manera personal como él quiso, así de clarito”, enfatizó Urquizu.
De su lado, el asesor jurídico de la gobernación, Johnny Céspedes, informó que en el plazo de diez días presentará la apelación. Explicó que existen argumentos como para revertir esa sentencia. Cuestionó que el juez interpretara el decreto sabiendo que los 180 días eran para hacer un estudio de valuación de la fábrica y no para el pago. Dijo que el monto a pagar se hizo sin previo estudio de la Gobernación.
Empresa pide acatar la ley
Soboce pidió ayer que se cumpla el fallo judicial que dispone que la Gobernación de Chuquisaca debe pagar a esta empresa $us 93,3 millones de las acciones que le fueron expropiadas. Así lo indicó el gerente general de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), Armando Gumucio, luego de que el gobierno departamental anunciara que apelará el fallo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“El hecho de que (las autoridades de) Chuquisaca anuncien públicamente que no van a cumplir la ley, creemos que no es lo más apropiado”, manifestó el ejecutivo. Gumucio indicó que la Gobernación “tiene todo el derecho” de presentar la apelación para revertir ese fallo, aunque señaló que la cementera ratificará todas las pruebas que se presentaron en el proceso judicial, las cuales “han servido de base para haber aprobado nuestra demanda”. Según el gerente de Soboce, el fallo emitido es “justo” porque la firma sólo pedía el cumplimiento de las leyes.