El proyecto de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras presentado por el Órgano Ejecutivo al Legislativo pretende revertir al Estado los yacimientos en los que se verifique la “inexistencia” de esta actividad, para que luego la misma sea declarada como reserva fiscal.
La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Minería y Metalurgia y ayer se debatió en la Cámara de Diputados. Empero, su tratamiento quedó en cuarto intermedio hasta la siguiente semana por observaciones de los cooperativistas y otros sectores, a quienes se les explicará la norma.
Sobre el tema, el titular de dicha cartera de Estado, Mario Virreira Iporre, argumentó que en el país “no pueden haber enormes extensiones de áreas registradas sin actividad minera”, por lo que cree “que una norma ha de permitir que estos operadores, que aún no han iniciado actividades, se interesen por aquello y así no pasarán al Estado” boliviano.
El presidente en ejercicio de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Javier Santiváñez, que presidió la sesión, explicó a La Razón que esta propuesta de ley trata “de revertir las áreas mineras a favor del pueblo boliviano ya que en épocas neoliberales se entregaron concesiones a diestra y siniestra, y en cuyos lugares a la fecha no se está trabajando”.
El proyecto indica que la verificación de inactividad debe realizarlo el Ministerio de Minería y Metalurgia de acuerdo con procedimientos técnico-operativos que deberán ser aprobados en el plazo máximo de 30 días mediante norma expresa.
De constatarse aquello, la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM) determinará la caducidad de la concesión. En las disposiciones finales del documento propuesto se establece que la reversión de áreas mineras no tendrá lugar a una indemnización.
Para el caso de contratos mineros vigentes, que fueron suscritos por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), éstos serán resueltos cuando se constate la inexistencia de actividad pero sobre la base de verificación del ministerio del área. En este caso, las concesiones se mantendrán a favor de la empresa estatal.
La norma establece que no se reconocerán derechos a las personas que realicen asentamientos no autorizados o a los avasallamientos. Cuando entre en vigencia, se dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas destine recursos del Tesoro General de la Nación.
Operaciones paradas por las tomas
Privados
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, se mostró preocupado por el tratamiento del proyecto de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras, ya que en su sector hay concesiones que están paradas. “Hay temor de avasallamientos de parte de campesinos que, cuando nos ven trabajar, nos expulsan”, dijo.
Argumentos
El empresario señaló que el Gobierno deberá tomar en cuenta los avasallamientos que sufrieron sus afiliados.
Garzón: Falta ley sectorial
El exministro de Minería, Dionisio Garzón, aseguró ayer que ante la falta de una nueva ley del sector que establezca las normas de trabajo, muchas áreas fueron abandonadas por sus operadores porque sus inversiones no estaban garantizadas. “Hay muy pocas áreas ociosas, y lo que hay más bien son grandes hectáreas que se estaban explorando para producir nuevas minas y llevan años sin trabajarse. Y como no hay ley minera, varios operadores han salido del país”, consideró la exautoridad.
Ante la falta de una normativa y al tratamiento del proyecto de Ley de Control y Fiscalización de Áreas Mineras, Garzón añadió que lo que se generará para el país es que no haya inversiones y se cree más bien inseguridad jurídica.
Sin embargo, criticó que con esta propuesta de ley no se pague por la reversión. “Va a tener una contradicción esta ley, no va a ser constitucional del todo, no es lo más justo, hay que respetar las inversiones. El Estado puede apropiarse de cualquier área o predio, pero con el pago correspondiente”, sostuvo Garzón.
Respecto a la conclusión de la nueva ley minera, el ministro del área, Mario Virreira Iporre, indicó que mientras los actores involucrados no unifiquen criterios, la norma seguirá en discusión. “No se ponen de acuerdo”, afirmó el Ministro de Minería. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, dijo a principios de este mes que dicha norma debería estar concluida antes del 6 de abril. Similar posición fue expresada por el presidente Evo Morales.