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Un juez dispone aprehensión de la agente legal de Makitesa

La representante legal de Makitesa, Daisy Jiménez de Zeballos, fue declarada en rebeldía, se dispuso su arraigo y se libre mandamiento de aprehensión en su contra. La AFP Futuro de Bolivia le sigue un proceso por el delito de apropiación indebida de aportes.

La determinación fue asumida por el juez 5° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, con el objetivo de garantizar la presencia de la imputada durante la próxima audiencia cautelar, según una nota de prensa enviada a este medio por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).

A mediados de abril, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de la representante legal de la empresa Makitesa SRL por el delito de apropiación indebida de aportes al Sistema Integral de Pensiones (SIP). La textilera adeuda a sus trabajadores unos Bs 665.000 por retención de aportes correspondientes a las gestiones 2011 y 2012.

Éste es uno de los primeros procesos penales que se han iniciado en contra de representantes legales de empresas que, habiendo descontado los aportes de sus trabajadores para el SIP, no los llegaron a depositar a sus cuentas.

Antes de que sea aprobada la nueva Ley de Pensiones, todos los procesos y juicios a los empleadores eran por la vía administrativa.

Esa situación ha cambiado radicalmente a la fecha, por lo que los juicios son más expeditos.

En el caso específico de la representante legal de Makitesa, la imputación formal fue presentada en cumplimiento a la Ley de Pensiones, que incorpora el artículo 345-I bis al Código Penal y que establece que el  empleador que se apropiare de las contribuciones destinadas al SIP, en su calidad de agente de retención, y no los depositare en la entidad señalada por ley, dentro de los plazos establecidos para el pago, incurrirá en la privación de libertad de 5 a 10 años y de una multa de 100 a 500 días.

El director ejecutivo de la APS, Iván Rojas Yanguas, aseguró que la entidad a su cargo está realizando un estrecho seguimiento a los procesos penales por apropiación indebida de aportes. La deuda al Sistema Integral de Pensiones llega actualmente a los $us 100 millones, según datos oficiales.