En dos operativos realizados entre el lunes y martes en la zona Gran Poder, el Ministerio Público halló en cinco almacenes que fueron intervenidos cerca de 5.500 quintales (qq) de arroz, los cuales fueron puestos a la venta a la población a Bs 65 la arroba.
El fiscal Humberto Quispe, a cargo de las intervenciones en los comercios de esa populosa zona, detalló que el lunes en la noche se hizo un primer operativo en dos almacenes donde habían guardados 2.500 qq del grano, los que posteriormente fueron comercializados a precio justo a la gente.
Precisó que en el control del martes, en el que también participaron autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía, se identificó la existencia de 1.000 qq en un depósito y se estima que hay otros 2.000 qq en dos almacenes que fueron precintados. En total, en ambos operativos, se encontró cerca de 5.500 qq de arroz.
El viceministro interino de Comercio Interno y Exportaciones, Humberto Zambrana, indicó que tras constatar el lunes que habían dos negocios que tenían almacenado el alimento, pero que no estaba siendo comercializado debido a su elevado precio (el quintal era vendido a Bs 380), se inició una investigación. Ese día se intervino ambos comercios y el martes se procedió a comercializar el grano a la población a Bs 65 la arroba.
“Con estas medidas esperamos que el precio del arroz se regularice y haya una cantidad suficiente del alimento para abastecer de forma adecuada y a un precio justo a la ciudadanía”, manifestó la autoridad a este medio.
El fiscal Quispe indicó que la distribución del arroz a la gente es un derecho fundamental y que si las tiendas de abarrotes no entregan el grano a precio justo, se harán los controles correspondientes y el Ministerio Público utilizará “la fuerza pública”.
Pesquisa. Apuntó que según las declaraciones de los dueños de los comercios intervenidos, el alza del precio se debe a que los ingenios arroceros les entregaron el producto a ese costo. Por ello, señaló que la Policía se trasladará a la ciudad de Santa Cruz para corroborar esta denuncia.
Afirmó que si se verifica este extremo, se procederá a la aprehensión de los propietarios de estas industrias. Quispe agregó que hay más denuncias de otros centros de abastecimiento donde almacenan el producto y que los agentes del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) efectúan un trabajo de inteligencia.
En ese marco, advirtió que si estas personas no venden el alimento a un precio justo serán sancionadas con una pena privativa de libertad de uno a tres años por el delito de agio, tal como lo establece el Código Penal.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se integró al operativo realizado por la Fiscalía, dijo que se pudo comprobar que en los negocios intervenidos las bolsas de arroz estaban acomodadas en varios ambientes y camufladas detrás de envases de fideo.
Romero criticó la actitud de los comerciantes de la zona de especular con los precios del producto y generar “incertidumbre para obtener un beneficio”. Confirmó que la cartera de De- sarrollo Productivo se querellará contra estas personas por el delito de agio. La Intendencia Municipal de La Paz también coadyuvó en la verificación del “ocultamiento del producto”. Quispe acotó que en la tarde se harían operativos en la urbe alteña porque habría otro depósito donde se estaría acopiando el producto.
Comercios garantizan su venta
Reunión
La exdirigente de la Asociación de Comerciantes de Abarrotes en Gran Poder Jimena Calani informó ayer que se reunieron en la tarde con el viceministro Morales y llegaron a un acuerdo con el fin de garantizar el abastecimiento de arroz en el mercado interno e implementar medidas para disminuir el precio del alimento. No quiso detallar otros aspectos del convenio.
Negocios están inscritos en un régimen al que no pertenecen
El fiscal Humberto Quispe afirmó ayer que en los depósitos de varios comerciantes de la zona Gran Poder se constató que éstos tienen una gran cantidad de mercadería, por lo que no deberían estar inscritos en el Régimen Tributario Simplificado (RTS).
Quispe dijo que se verificó que los dueños de los centros de abasto de esta zona están inscritos “como comerciantes minoristas”. “¿Cuándo tiene uno tanta mercadería y dice que es del régimen minorista? No, no corresponde (que estén) en ese régimen”, afirmó.
Asimismo, señaló que se establecerá qué sector está “ocultando” el arroz: si son los comerciantes minoristas, los mayoristas o los ingenios arroceros. Para ello, manifestó que la Fiscalía efectuará las investigaciones respectivas.