Gobierno y COB ponen condiciones y complican reinicio de diálogo
El Ejecutivo exige la suspensión de las medidas de presión, mientras que la dirigencia de los trabajadores la libertad de todos los detenidos en protesta y la presencia en la negociación del presidente Evo Morales; vicepresidente Álvaro García y ministros. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el Ministerio a su cargo iniciará acciones legales contra el juez de Oruro que puso ayer en libertad a los mineros detenidos en operativos de desbloqueo.
El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) ponen condiciones y complican el reinicio del diálogo en busca de una solución al conflicto de rentas de jubilación. El Ejecutivo exige levantar las medidas de presión, mientras los trabajadores piden la libertad de los detenidos durante las protestas, y la presencia en el diálogo del presidente Evo Morales; del vicepresidente Álvaro García, y de ministros de Estado.
La dirigencia de la COB, a la cabeza de su principal dirigente Juan Carlos Trujillo, y los ministros de Trabajo, Daniel Santalla, y de Economía, Luis Arce, sostuvieron hoy un encuentro, tras un intercambio de invitaciones a dialogar, en el que las partes fijaron posición sobre las condiciones para iniciar las negociaciones que hasta el momento no tienen definida de común acuerdo ni hora ni fecha.
Al cabo del encuentro, Trujillo informó que expresaron a los delegados del gobierno de Morales la predisposición de dialogar siempre y cuando se deje en libertad a las 43 personas detenidas ayer en Ventilla, En Alto, como en Santa Cruz, y estén presentes en las conversaciones el Presidente, el vicepresidente y los ministros de la Presidencia, Juan ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, y Arce.
“El diálogo puede instalarse a las 19.00 de hoy bajo el pedido de la COB. Nos dijeron (los ministros) que ellos van a consultar el pedido que está haciendo la COB para instalar el diálogo”, informó el dirigente cobista en puertas del Ministerio de Trabajo, donde se concretó el encuentro preliminar.
Minutos después y en conferencia de prensa, Santalla informó que plantearon a la delegación de los trabajadores iniciar el diálogo a las 10.00 de mañana pero previa suspensión de las medidas de presión que encaran desde el lunes y que se traducen en bloqueo de caminos, marchas en las ciudades capitales y parto de actividades de sectores como salud.
“Nosotros también les hemos pedido que para el reinicio del diálogo deben suspender todas las medidas; esa es la condición por parte del Gobierno para reiniciar el diálogo. Ellos (COB) han que dado en consultar y nosotros también lo vamos a hacer”, afirmó el ministro de Trabajo.
A diferencia de Trujillo, el ministro explicó que los trabajadores sólo pidieron la presencia de su colega de la Presidencia y que gestionará ese pedido, como también –señaló- la libertad de los detenidos en El Alto y Santa Cruz siempre que estén arrestados y no hubieran sido remitidos a jurisdicción de la Justicia.
La COB exige una jubilación con dineros del Fondo Solidario de 8.000 bolivianos para los mineros y de 5.000 bolivianos para el resto de asalariados. El Gobierno cerró ayer cualquier posibilidad de atender la demanda laboral y reafirmó la oferta de 4.000 bolivianos para los mineros y de 3.200 bolivianos de renta de jubilación con el Fondo Solidario que, insistió, permite mejorar la renta de los que menos ingresos tienen.
Arce explicó hoy que cualquier negociación debe ser sobre esa base y demandó a la COB presentar una oferta y no una hecha “a mano alzada”.
La Policía informó que los 43 detenidos en El Alto pasaron a medidas cautelares, en la que un juez deberá definir si se defienden en libertad desde la cárcel.
Pasados el mediodía, la dirigenta de las mujeres campesinas Bartolina Sisa Juanita Ansieta informó que ya se había llegado al acuerdo para reinstalar el diálogo a partir de las 18.00 de hoy por tiempo y materia. Situación que fue desmentida por las declaraciones de las partes en conflicto.
En la mañana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que esa cartera de Estado iniciará acciones legales contra el juez de Oruro Julio Huarachi por liberar a 30 mineros detenidos en el desbloqueo de Caracollo y Caihuasi a pesar de que sobre ellos existía pruebas de portar armas blancas y haber participado en hechos de daño a la propiedad pública con la detonación de dinamitas.
La juez liberó ayer a los mineros, que fueron detenidos entre el 7 y 8 pasado. Aseguró que, según la agencia ABI, que fue sorprendente que el juez ‘en tiempo record haya desarrollado todas las audiencias’ y ponga en libertad, a los acusados, de manera inmediata, sin valorar elementos objetivos y probatorios sobre la voladura y destrozo del puente Caihuasi, además de la portación irregular de dinamitas y gran cantidad de explosivos en una ambulancia.
La Policía también detuvo ayer a 43 personas en el desbloqueo en la zona de